Una localización geográfica en unas fechas concretas ofrece la foto fija que se moviliza para dejar rastro del paso del tiempo: cambios en los rostros, en los objetos y en los hechos de quienes se mueven en esa imagen. Personas, objetos y prácticas construyen y reconstruyen el pasado y las expectativas que éste generó en el espacio colectivo que los agentes comparten. Las expectativas se construyen en un escenario cultural de relaciones propias de cada tiempo. En qué medida cada cual tiene autonomía es algo a determinar: las limitaciones de la autonomía se producen en esas interacciones y serían la base para considerar cada cultura como una co-construcción.

El rastro de la Segunda Guerra Mundial se sigue en la historiografía de la recuperación de la devastación. En esa posguerra se forjaron las tendencias que se convertirían en pasos obligados al desarrollo económico e industrial, a la superación de ruinas de guerra y de la carencia de alimentos. Hacia una prosperidad que se produjo con éxito se diseñaron el PlanMarshall y la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) en 1948 y finalmente en 1961 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Como organismo evaluador y vigilante de las políticas en Europa, la influencia política de la OCDE no tiene parangón.

La capacidad para generar medidores del tiempo y el espacio en forma de estadísticas, de la OECE y luego del organismo que la sucedió con el fin del Plan Marshall, la OCDE, y producir maneras de afrontar la recuperación económica e industrial, generaron una forma de pensar el desarrollo que ha sobrevivido hasta la actualidad, ha estabilizado el liderazgo y el protagonismo occidental y ha marcado los caminos a seguir para superar las diferencias entre países.

A la búsqueda de genealogías de la geopolítica del denominado desarrollo, exploraré aquí en primer lugar las prácticas en la OECE y en los primeros años de la OCDE en lo que atañe a la investigación científica y técnica. En segundo lugar, repasaré la trayectoria de las políticas que afectaban a las ciencias y a las técnicas, así como la construcción de algunas clases profesionales en España durante esos mismos años, desde la posguerra hasta la década de 1960, para dar cuenta del tipo de interacciones que se dieron entre las redes propias de las organizaciones internacionales occidentales y algunas clases profesionales españolas.

La red de intercambios de prácticas políticas entre Estados Unidos y Europa en plena segunda posguerra mundial contribuye a comprender la aceptación en su momento del valor de los medidores de la economía y su valor en la clasificación (Godin, 2002). Tal clasificación por productos interiores brutos, porcentajes de gasto y números de mano de obra contribuyó a la construcción de las zonas geopolíticas. Procedentes de los Estados Unidos se recibían en la oficina europea del Plan Marshall tanto los fondos que la ley de Cooperación Económica dedicaba a la ayuda a Europa como la forma en la que se administraría esa ayuda para que fuera realmente eficaz y participara en la recuperación.

En ese momento se produce la estabilización de conceptos tales como desarrollo y productividad industrial, determinados con referencia a los países pioneros en la reconstrucción política y económica. En ellos se practicaban las actividades de recuperación. Lo que para los países que comenzaron a reconstruirse con las ayudas del Plan Marshall fue una recuperación de la devastación, para España fue promoción del desarrollo.

En este trabajo haré una propuesta historiográfica sobre la construcción de influencias cruzadas entre naciones y de las influencias que los organismos internacionales ejercieron al marcar tendencias y generar recursos retóricos para el establecimiento de políticas destinadas a promover las ciencias y las técnicas y que tendrían su parte en España. Para ello me referiré a las condiciones locales de España y su gobierno durante la larga posguerra que fue la dictadura de Francisco Franco, que resultó en todo un periodo hacia el enriquecimiento, la tecnificación y la legitimación de la dictadura. En ese medio que sufriría diversos cambios se recibió la influencia extranjera, más intensamente de las organizaciones internacionales, gestionadas por la diplomacia de la dictadura y en ocasiones promovida por ella misma. Por ello repasaré las políticas de promoción de la investigación en Europa que se reciben en España como parte de un proceso de adaptación del gobierno y de la administración pública, y también de las comunidades investigadoras con el objeto de sugerir un conjunto de factores que pueden denominarse culturales porque son no solo administrativos y de gestión sino de prácticas profesionales y sociales que tomaron parte en la trayectoria española a la prosperidad(1).

Plantearé que en esas circunstancias se manufacturó en España la dependencia técnica, como práctica que parecía aceptar una situación seguidora respecto de aquellos que tuvieron el liderazgo cultural, económico y político en Europa y desde Estados Unidos a partir de los primeros años de la década de 19502. España habría tenido sobre sí misma a partir de entonces una idea de país dependiente de modernizaciones que se inventaban en otros lugares, en otros países. Tecnócratas y profesionales abordaron un conjunto de reformas entre finales de los años 1950 y mediados de los sesenta que en buena parte acusaba esas influencias y que habría consolidado una dependencia técnica que era sobre todo política y cultural. Ese saber de sí misma y sus prácticas habría condicionado las políticas destinadas a la promoción de la investigación y el denominado desarrollo tecnológico e industrial.

I. La investigación científica y técnica en la OECE y en la OCDE

Mientras la dictadura modelaba y remodelaba sus normas, los países aliados que habían vencido en la Segunda Guerra Mundial crearon un conjunto des organismos internacionales. El acceso de España a la mayoría de ellos se produjo tras ser aceptada en 1955 miembro de Naciones Unidas, ingreso que se había rechazado previamente por carecer de gobierno democrático.

La OECE se creó en 1948 con el fin de gestionar los fondos de ayuda a Europa que proporcionó Estados Unidos y que se conocen como el Plan Marshall. El sobrenombre se debe al secretario de Estado George C. Marshall quien, en una conferencia en la universidad de Harvard en junio de 1947, había propuesto que Estados Unidos colaborara en la reconstrucción europea tras la Segunda Guerra Mundial. Sus propuestas de entonces parecen haberse recogido casi en su totalidad a la vista de los acontecimientos. Según propuso, los países que recibieran la ayuda deberían ponerse de acuerdo sobre sus necesidades y sobre su propia participación en la reconstrucción.

El Plan Marshall formó parte de una trayectoria política y económica de Estados Unidos y Europa. Se destaca aquí por su función en el origen de la OCDE, una de las organizaciones internacionales cuyo prestigio creció desde su creación. La OCDE sustituyó a la OECE con el fin del Plan Marshall y añadió entre sus miembros a Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y posteriormente a España, entre otros. Recibido inicialmente por algunos como un desafío a las soberanías nacionales, muy pronto el Plan Marshall se tomó como un instrumento que contribuiría a mejorar la productividad que en Europa estaba al 50 por ciento respecto a la de 1938.

Para Estados Unidos la estabilidad económica y política de Europa era esencial en la paz mundial. Las consideraciones económicas estaban por tanto inmersas en una red de factores y circunstancias en las que los aspectos defensivos y militares, a menudo denominados “de seguridad”, entraban en muy seria consideración. La misma aprobación del Plan Marshall estuvo sujeta a negociaciones en las que se valoraron esos aspectos en el Congreso y por la opinión pública de Estados Unidos con el fin de convencer de la necesidad de tal plan para la propia seguridad del país. La idea de una estabilidad económica que sentaría las bases de una estabilidad política es una de las características de la justificación habitual de la ayuda Marshall y de muchas otras desde entonces.

En julio de 1947, Inglaterra y Francia convocaron a veintidós países europeos a una Conferencia en la que se creó el Comité para la Cooperación Económica Europea (CCEE). El Comité tuvo cuatro prioridades iniciales expresadas por los correspondientes subcomités: alimentos y agricultura, fuentes de energía, siderometalurgia y transportes; cuatro áreas industriales consideradas esenciales para la recuperación. Entre todos, Comité y subcomités, elaboraron un informe que se ha considerado respuesta a la oferta de ayuda de los Estados Unidos. El Programa de Recuperación Europea data de diciembre de 1947 y pretendió aumentar la producción y las exportaciones, y suprimir la inflación para superar la inestabilidad económica. Estas propuestas, una vez recibidas por Estados Unidos dieron lugar a la Foreign Assistance Act que se aprobó en 1948, cuando ya los soviéticos ocupaban Checoslovaquia, lo que aumentó el apoyo público en Estados Unidos a esta dotación presupuestaria. La ayuda así aprobada contaría con una Administración de Cooperación Económica en una oficina europea en París.

Los países que recibirían las ayudas, y que formaban parte de la Conferencia de Cooperación Económica Europea (CCEE) y Estados Unidos emitieron un comunicado conjunto en el que expresaban su acuerdo para crear una organización permanente que gestionara la ayuda. El acuerdo para la creación de la Organización Europea de Cooperación Económica fue firmado por dieciséis países en abril de 1948. En él reconocían la interdependencia de sus economías y de su prosperidad.

Este proceso, así narrado por Mary Carr (2000) con el material de archivo a mano, sugiere que el presupuesto del Plan Marshall y su distribución en Europa era en sí mismo una poderosa influencia de los Estados Unidos en cuya gestión los países europeos implicados desplegaron influencia comparable. La atracción intensa que ejercían los Estados Unidos, como país rico y productivo ha tenido su reflejo en muchos relatos de testigos y participantes en ese proceso. Y su correlato en la definición de los objetivos de la ayuda que proporcionaron tras la Segunda Guerra Mundial no debe excluirse. En su prosperidad, de la que era reflejo fiel la cuantía de la ayuda, se miraría Europa hasta la actualidad.

El carácter internacional del propio Plan Marshall y de la OECE favoreció las relaciones exteriores de los países participantes y receptores de la ayuda. La definición de las necesidades europeas fue un producto del intercambio de saberes y prácticas entre los países miembros del Comité (CCEE) desde 1947. Estos encuentros e intercambios crearon estilos de trabajo y promovieron una circulación de influencias políticas que deben considerarse la base del desarrollo económico y político de la década de 1960 y en general de las políticas públicas contemporáneas.

El mundo occidental parecía querer protegerse de otras guerras por medio precisamente de la creación de foros internacionales cuyos miembros serían los países, representados por autoridades políticas, funcionarios, militares y científicos, según el caso. El mismo año en el que se creó la OECE una reunión en La Haya hizo un primer llamamiento a una Europa unida. Al año siguiente, en 1949, se creó la Organización para el Tratado del Atlántico Norte (OTAN), como alianza militar de países occidentales que garantizaría la seguridad frente a las pretensiones expansionistas de la Unión Soviética. Ese mismo año se fundó el Consejo de Europa, en respuesta a aquella reunión de La Haya para promover la cooperación entre sus países miembros en asuntos legales, sociales, administrativos y científicos.

Según Guzzetti (1995) fue la energía atómica lo que copó la agenda de la promoción de la investigación científica y técnica en Europa. La energía atómica se convirtió en uno de los elementos centrales. En Europa logró un apoyo político y presupuestario para su desarrollo al menos comparable a su fuerza durante la propia guerra en Estados Unidos cuando, bajo la dirección de Vannevar Bush, se puso en marcha y se desarrolló con éxito conocido el proyecto Manhattan destinado a la fabricación de las bombas atómicas.

En plena invención de su política de Estado para la ciencia, Estados Unidos tuvo desde la inmediata posguerra estrategias destinadas a mantener las investigaciones atómicas entre sus actividades, en buena parte como política de defensa pero también como política académica y científica. Europa, por su parte, tuvo éxito con el proyecto de creación de un centro internacional de investigaciones nucleares (CERN), las negociaciones para cuya creación comenzaron un grupo de científicos desde los primeros años 1950. Algunos de ellos ligados a UNESCO, promoverían la construcción de un gran acelerador de partículas financiado por el conjunto de Estados que accediera a participar.

El protagonismo político de la física atómica llevó a acuñar el término “gran ciencia” para aquella que usaba aparatos de gran tamaño y muy alto coste, como un valor añadido a la investigación que proporcionaría la cooperación internacional en este dominio. Hermann, Krige, Mersit y Pestre (1987) y Pestre y Krige (1992) han analizado el papel influyente de los científicos, quienes acudían como representantes de sus respectivos países a defender sus propias posturas en ausencia de posiciones nacionales respecto a la investigación atómica civil.

Con todo ese peso atómico en la agenda política y pese a las aportaciones presupuestarias que concentró, con el consiguiente protagonismo de la física en la política del siglo xx, hubo otros espacios de actuación política que en aquellos años tendrían una influencia mayor por sus efectos en la economía y el nivel de vida de la ciudadanía en Europa y en América del Norte. Tal es el caso de la productividad industrial, la gestión empresarial y la innovación tecnológica. Estos asuntos resultaron promovidos desde los primeros días de la sede de la OECE en el Chateau La Muette en París. Aquel palacete que había pertenecido a la familia Rothschild albergó desde 1948 algunas de las discusiones sobre políticas públicas que más han influido en Europa.

El representante británico ante la OECE, Alexander King, fue finalmente el encargado de dirigir el Grupo de Trabajo sobre Información Científica y Técnica que, constituido en 1949, logró implicar a los Estados miembros en el proyecto de promoción de la investigación y la formación científica y técnica en el viejo continente como factor esencial en el crecimiento económico (Salomón, 1964; King, 1965; Mesthene, 1965; Le Rous y Ramuni, 2000).

Era un momento en el que la mayoría de los países europeos no contemplaba la investigación científica más que como una actividad de tipo cultural, sin relación con la productividad industrial o sin deseos de relacionarla con ella. Esta idea de la ciencia libre de contaminación industrial debía superarse, según se vio desde la OECE y según lo ha contado el propio King. Según él, se asumió a partir de entonces, “fundamentalmente a consecuencia de la enorme importancia de la ciencia en la Segunda Guerra Mundial que a más investigación y desarrollo, mayor prosperidad, mejor salud, más seguridad frente al enemigo y aumento del prestigio nacional, lo que llevó a parlamentarios en todas partes a votar a favor de proyectos enormes destinados a áreas y proyectos sobre los cuales apenas sabían. Los investigadores, por su parte, no han tardado en explotar esta mística” (King, 1974).

Entre 1949 y 1959, el grupo de trabajo de la OECE para la información científica y técnica se concentró en el problema de la productividad. Realizó estudios sobre ésta en diversos sectores. Varias misiones internacionales enviadas por el grupo dieron a conocer en Europa las tecnologías de los Estados Unidos. Y tras esos viajes se produjeron los correspondientes análisis. Comenzaron a promoverse algunos proyectos de aplicación de nuevas técnicas, relacionados con la producción de energía y con la siderometalurgia.

Las actividades del comité sugerían la necesidad de una red de agencias nacionales de productividad y finalmente se creó con apoyo presupuestario de Estados Unidos una Agencia Europea de Productividad (EPA) en 1953. Tenía por misión recoger información y ser un centro de discusión sobre medidas destinadas a mejorar la productividad aunque sus actividades se centraban en la gestión de la educación y de la producción. Los métodos de gestión introducidos en las escuelas de negocios estadounidenses marcaron una de las formas de abordar el aumento de la productividad. Las visitas de sus responsables a las escuelas de negocios de Harvard, Columbia, Pittsburg y Chicago llevaron a la creación de un Instituto Europeo de la Administración con el apoyo de la Fundación Ford. Los desarrollos de métodos para medir la productividad se publicaban periódicamente en el órgano de la AEP Productivity Measurement Review. La AEP se ocupó de asuntos tales como materiales y métodos para la construcción de carreteras, que incluían la consideración de aspectos tales como la duración de las superficies y la prevención de accidentes (King, 1974 y 2006).

Según John Krige (2006), desde los primeros días del Plan Marshall hubo en Estados Unidos interés por la situación de la investigación en Europa, al menos en el caso de la física de altas energías, aunque no se apoyara directamente ningún proyecto europeo concreto en aquel momento. En la OECE, la actividad científica e investigadora como tal no se tomaba explícitamente en cuenta como un área a promover; durante los primeros años la vía que se abría para articular posibles apoyos fue el grupo de trabajo sobre información científica y técnica. La productividad permanecía como un concepto desarrollista que evocaba crecimiento económico y sintonizó con los grandes objetivos y las primeras necesidades de la posguerra en los países europeos receptores de la ayuda y diseñadores de su administración.

Mientras tanto, se había lanzado en 1957 el primer satélite soviético. Tomado como un desafío político, militar y científico-técnico, provocó el aumento de las dotaciones presupuestarias para la formación y la investigación científica y técnica, en Estados Unidos más intensa y rápidamente pero también en las organizaciones internacionales y en Europa.

En 1959 la OECE tomaba medidas acordes con esas circunstancias. Ese año, Dana Wilgress, hasta entonces embajador de Canadá en la OECE y en la OTAN, fue encargado por la OECE de estudiar la organización científica y los principales problemas de la ciencia en los países miembros. Wilgress realizó numerosas entrevistas con responsables políticos y administradores de organismos científicos, redactó informes confidenciales sobre cada país y un informe general sobre cooperación científica y técnica. En él se recomendaba que cada país elaborara su propia política científica, de inversión equilibrada de recursos entre investigación básica e investigación aplicada, en la que la ciencia se tomaba como base de la innovación tecnológica y del crecimiento económico, y que se fomentara la cooperación internacional (Wilgress, 1960).

El presupuesto público se convertiría en aportación principal a la investigación científica y técnica. Era una suerte de “europeización”, pues en el Viejo Continente se encontraban los precedentes de tales acciones de la política pública de los Estados nacionales a favor de la actividad científica. Pero como tantas otras europeizaciones emprendidas desde aquel país, devino posteriormente “americanización”, como comenzó a denominarse en Francia (Servant-Schreiber, 1968; Bayo, 1970). La influencia fue devuelta a Europa provista de la retórica sobre la relación entre investigación científica y desarrollo económico y, lo que parece igualmente relevante, provista de objetos, -instrumentos, teorías, modos de trabajo, de gestión, de formación especializada- que captarían la atención y la acción de las autoridades políticas nacionales y de los más diversos sectores profesionales y sociales desde la inmediata posguerra.

Todo lo cual recorría Europa rápidamente. España dedicó mucho esfuerzo diplomático a intentar recibir ayuda del Plan Marshall. Pero en ese momento la opinión pública estadounidense y su presidente Truman eran muy sensibles al poder dictatorial de Francisco Franco en España y ningún pedazo del presupuesto Marshall llegó. La guerra fría iría marcando una hoja de ruta, o al menos la trayectoria de la diplomacia estadounidense puede explicarse a través de ella. Y así fue como en los primeros años de la década de 1950 Estados Unidos incluyó a España en su área de influencia política y también de defensa militar. La incorporación de España y su gobierno a la comunidad internacional se produjo primero con el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos y con la Santa Sede en 1953 y después, tras el ingreso en la Organización de Naciones Unidas en 1955, a partir de 1957 en las relaciones con el Banco Mundial.

II. Comunidades profesionales en la dictadura de Franco

La larga posguerra española, con el fin de la Guerra Civil, suele darse por zanjada con la supresión de las cartillas de racionamiento en 1952 y la paulatina desaparición del mercado negro de productos básicos y de medicinas. La corrupción ligada al control por el gobierno y por su burocracia leal de productos y procedimientos de producción fue una de las manifestaciones más evidentes del poder totalitario que gestionaba, precisamente, esa corrupción: una parte de la ciudadanía se beneficiaba de ella y la otra permanecía en estado de subsistencia como recuerdan los trabajos de Conxita Mir (1997), Saz y Gómez Roda (1999) y Cazorla (2000) sobre la vida en la España de la década de 1940.

De la pobreza y la represión de la década de 1940, cuando la lealtad al régimen dictatorial era la única protección ante las nuevas autoridades, surge otra década que comenzó prometedora. Los años 1950 son el origen del despegue económico, industrial y social, con sus profundas limitaciones, que se produjo en España (Braña, Buesa y Molero, 1979). La apertura del comercio exterior, el establecimiento de relaciones industriales, los viajes al extranjero de quienes visitaban fábricas y centros de trabajo industrial e investigador en Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, estuvieron acompañados de relaciones diplomáticas del gobierno de Franco (Viñas, 1981; Portero, 1989; Moreno Juste, 1998; Delgado, 2001). Estas se desplegaron en la inmediata posguerra en variados grupos profesionales y en distintos niveles de la diplomacia. Formalmente despegaron en 1953 con los acuerdos con la Santa Sede y aquellos otros secretos con Estados Unidos cuando, en plena Guerra Fría, España era una aliada geoestratégica para la defensa occidental. Se emprendían negociaciones diplomáticas que convivían con intercambios comerciales y científicos previos.

Del extranjero llegaban a finales de los años cuarenta los procedimientos para obtener antibióticos y para realizar investigaciones con extractos de tejidos de seres vivos, procedimientos de cultivo celular in vitro y reactivos purificados y listos para su uso en el laboratorio. Las diplomacias nacionales exhibieron capacidades negociadoras y persuasivas muy temprano, algunas de ellas a iniciativa de otros sectores profesionales.

Tal fue el caso de las relaciones establecidas a consecuencia de la puesta a disposición de isótopos radiactivos por la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos (AEC). Los isótopos radiactivos habían comenzado por ser, en plenos años treinta, productos obtenidos por radiactividad en las pilas atómicas. Como átomos de elementos que conservaban sus propiedades tras la pérdida de una partícula nuclear, las emisiones energéticas que producían permitían detectarlos gracias a los aparatos que se diseñaban en ese momento como parte de los proyectos de la física de altas energías. En el caso de los isótopos radiactivos del yodo, el fósforo y el nitrógeno, su uso en investigaciones biológicas y en medicina experimental generaron un interés adicional, médico, de la radiactividad. Ese aspecto biológico y médico de la radiactividad permitió un uso civil de la energía atómica antes de la manufactura de las bombas atómicas (Creager, 2006). Con el fin de la guerra, tras el lanzamiento de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, los usos médicos y en investigación biológica de los isótopos radiactivos constituyeron la principal fuente de civilización, en el sentido de desmilitarización, de la energía atómica.

Recién terminada la guerra la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos creó un departamento destinado a producir estos radioisótopos y a distribuirlos por laboratorios de biología y clínicos en Estados Unidos. En cuanto esta actividad se hizo pública en junio de 1946, los científicos estadounidenses apoyaron que los radioisótopos que ofrecía el catálogo de Oak Ridge pudieran ser suministrados también a científicos de otros países. El asunto fue polémico pues atañía a la energía atómica y se relacionaba por tanto con la seguridad y la defensa de los Estados Unidos en pleno comienzo de la Guerra Fría. En ese medio, los isótopos eran material de uso y distribución restringidos, según las autoridades de la AEC. Los científicos estadounidenses discutieron esas restricciones y finalmente, aunque los debates siguieron, el envío de radioisótopos en el extranjero se autorizó en el otoño de 1947 (Creager, 2002).

Tras recibirse en la AEC las primeras peticiones españolas, la embajada de España en Washington fue requerida para un acuerdo específico que permitiera el envío de este tipo de material a investigadores que lo solicitaran. En marzo de 1949 la embajada de España envió al Departamento de Estado un acuerdo de dos páginas que cumplía los requisitos de la AEC para atender las peticiones de isótopos radiactivos que se recibieran de España. La Embajada haría de mediadora y la AEC quedaba excluida de responsabilidad por el manejo incorrecto del material. Y así fue como mucho antes de reestablecerse las relaciones diplomáticas entre ambos países, cuando España estuvo más intensamente aislada de la vecindad geográfico y política, se firmó este acuerdo de apariencia modesta para recibir material radiactivo y contribuir a las bases políticas y académicas de lo que en 1955 sería la gran campaña de usos pacíficos –civiles– de le energía atómica, que llegó a España y la incluyó como país interesado en nuevas fuentes de energía procedentes de la fisión atómica (Santesmases, 2006 y 2009a).

Se previó su uso en investigaciones biológicas y médicas, cuando su manejo acarreaba la promesa de su utilidad en diagnosis y terapia de enfermedades como el cáncer y los desórdenes del sistema endocrino. Un radioisótopo concreto se ingería en forma de sal y por su carácter radiactivo podía detectarse el lugar del organismo por el que pasaba y en el que se albergaba. Del mismo modo, esas radiaciones emitidas se imaginaron apropiadas para matar selectivamente las células cancerosas, idea inspirada en la capacidad destructora de esasmismas células que previamente las radiaciones de los rayos X habían mostrado.

Mientras la radiactividad extendía sus usos a la medicina y la salud, España abría sus relaciones con el exterior. Esta para la recepción de radioisótopos fue solo una de ellas: la lista más larga ha sido hecha por Guirao (1998) sobre los acuerdos comerciales, la venta de cítricos entre ellos. Los bancos privados y algunas industrias comenzaban a finales de esa misma década de 1940 a buscar y firmar acuerdos con empresas extranjeras para obtener licencias con las que fabricar en España los nuevos productos; entre ellos los antibióticos penicilina, a partir de 1951, y estreptomicina, un poco después, fármacos que curaban las infecciones y ambos hasta entonces solo disponibles en cantidades muy limitadas adquiridas por el gobierno y en elmercado negro. Por medio del pago de las correspondientes licencias a Merck, la Compañía Española de Penicilinas y Antibióticos fue una de las dos empresas que desde principios de 1950 puso en el mercado penicilinas y otros antibióticos fabricados en España (Santesmases, 2009b).

Posteriormente, los modos de gestión de las empresas y de las oficinas del gobierno se actualizarían también. Durante la dictadura, y especialmente desde el establecimiento de las relaciones político-económicas con el Banco Mundial a partir de 1957, se produjo el desarrollo de la burocracia y, de alguna forma asociada a esta, de lameritocracia. Una nueva generación administradora accedió a los trabajos de la burocracia española, generación que no había pasado la guerra y, lo que seguramente resultó de mayor influencia a esas alturas, no había estado sometida a las leyes que ya desde Burgos en 1938 el gobierno rebelde del general Franco había impuesto al conjunto de funcionarios y burócratas para depurarlos en función de criterios de lealtad al nuevo régimen de la dictadura (Claret, 2006; Otero Carvajal, 2006).

Con ímpetu devastador, como ha dicho Alejandro Nieto (1986), desde la ley de 10 de febrero de 1939 el conjunto de la administración y de la comunidad académica y científica en España habían quedado literalmente diezmados. Durante la década de 1940 la lealtad al nuevo Estado fue el principal criterio de selección del personal de las oficinas de los ministerios. En esa década había en las universidades exámenes denominados patrióticos que tomaban esa fidelidad como cualidad para lograr la titulación universitaria. Las normas de la dictadura pasaron de estar en manos de un conjunto de funcionarios de lealtad certificada a adjudicarse a burócratas universitarios.

En 1964 entró en vigor una nueva ley de funcionariado que clasificaba a los puestos en cuatro cuerpos en función de las titulaciones de cada funcionario y reguló el acceso a la Administración del Estado de técnicos cualificados (y el género masculino hace al caso). Las jerarquías parecían responder a las cualificaciones y de ellas el cuerpo de la administración civil fue el que incluyó la titulación universitaria como requisito para quienes optarían a los cuerpos de élite y con mayores responsabilidades políticas. En este grupo, las vinculaciones con el poder político fueron estrechas pero la reforma tuvo efectos que Miguel Beltrán (1977) ha calificado de importantes.

La jerarquía administrativa hizo posible la carrera funcionarial que vino a sustituir a la antigüedad y los méritos de guerra. Con sus limitaciones, esas reformas estuvieron ligadas esencialmente a un proyecto de administración que lideró un alto cargo de la Presidencia del Gobierno, Laureano López Rodó.

La denominada tecnocracia de la administración y el gobierno de España en aquellos años disfrazó la influencia política directa de cualificación técnica para los puestos más altos de las jerarquías administrativas. Aunque estos seguían siendo cargos de confianza, la reforma de la administración tuvo la función de poner las bases para un sistema meritocrático basado en la eficacia, procedente esta a su vez de la formación y los niveles educativos, según sugieren Miguel Beltrán (1977) y Alejandro Nieto (1986).

La reconstrucción histórica de la burocracia española que hace Nieto evoca la que se ha observado en la reconstrucción de la comunidad científica e investigadora en España, si es que puede denominarse así al conjunto de personas que dedicadas a la experimentación en condiciones muy precarias y escasa influencia político-científica ponían en marcha sus agendas académicas e investigadoras desde finales de la década de 1940. Las comunidades profesionales, por usar un término bajo el que situar tanto al personal burocrático como al investigador, de la España de la década de 1960 estaban compuestas por grupos de personas cualificadas, con estudios superiores y ambiciones profesionales. La meritocracia y, especialmente para el caso de este trabajo, su paulatino arraigo entre la comunidad académica e investigadora a partir de los primeros años sesenta, generó el escenario en el cual los conocimientos científicos y técnicos se tomarían como estables, fiables, contrastados y aparentemente ajenos al poder político.

La introducción de burócratas con formación superior es difícilmente aislable del fin de la política económica de las dos primeras décadas de la dictadura, la autarquía, que había favorecido el control por el Estado de la producción industrial, esencialmente pública y que fomentaba los productos nacionales. Los comienzos de la liberalización económica y de la apertura formal a las relaciones con el exterior estuvieron acompañados de la formación de empresarios como parte de la ayuda técnica de Estados Unidos. En 1955 se creó la Escuela de Organización Industrial y a lo largo de la década otros centros privados nuevos mostraban la influencia de las escuelas de negocios de Estados Unidos. Se ha considerado que esas escuelas introdujeron modos de gestión que tendrían influencia duradera en el desarrollo industrial y económico de España (Puig, 2003).

A la vista de lo cual se puede sugerir una conexión entre el movimiento de modernización de la gestión a través de la formación de empresarios –influencia directa del paulatino establecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos y con las organizaciones internaciones más influyentes en Europa– y las reformas en la organización burocrática que finalmente administraría las políticas del gobierno a lo largo de la década siguiente de 1960.

La jerarquización de la administración fue en paralelo a la trayectoria seguida por quienes optaron a la carrera investigadora en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Este organismo creado en 1939, pocos meses después de la entrada de Franco y su ejército en Madrid como expresión física y simbólica de su victoria en la guerra civil, tuvo en sus primeros años una política de reclutamiento de personal dirigida por su secretario general que consistió en atraer a los laboratorios a los catedráticos de universidad leales al nuevo régimen.

Entre 1945 y 1947 se aprobaron los niveles científicos de su personal investigador y aunque los procedimientos de selección del personal por comités compuestos de profesores universitarios, denominadas oposiciones, se tomaban como procedimientos relacionados con el poder político, el hecho de que personas formadas en el extranjero optaran a puestos investigadores a partir del final de la primera década de la dictadura produjo un paulatino cambio en las formas de valorar el trabajo investigador.

En áreas tales como la bioquímica, la microbiología y, desde mediados de la década de 1960, la biología molecular, las publicaciones en revistas extranjeras de amplia difusión, y especialmente de las revistas que se publicaban en Estados Unidos, se convirtieron en reguladoras de la calidad del trabajo desarrollado de quienes firmaban esos trabajos. Se tomaban como herramienta de legitimación académica; se atribuía a los editores extranjeros los conocimientos suficientes para evaluar el trabajo que se les enviaba para solicitar su publicación, autoridad que no solían tener, por falta de conocimientos especializados en esas nuevas materias de quienes en España tenían entonces poder académico y político (Santesmases y Muñoz, 1997).

Este acceso lento pero permanente a los puestos de doctores más jóvenes con ambiciones investigadoras y profesionales ligadas a los resultados de sus experimentos en el laboratorio contribuyó a una creciente valoración de la calidad científica basada en el reconocimiento obtenido en el extranjero. Se intentaba publicar en revistas extranjeras como un mecanismo para asegurar el valor que, en lugares más cualificados que el espacio académico español, se concedía a los trabajos de sus autores. De esta forma, la cualificación académica comenzaba a depositarse en el extranjero. Su lejanía del poder político en España pudo haber sido una razón para tal depósito.

En ese momento, por una distancia cultural que la ausencia de derechos individuales y colectivos impuesta por la dictadura española puede explicar, las ciencias, los experimentos y las publicaciones en el extranjero se toman, por los académicos españoles más jóvenes y preocupados por las carencias de la actividad científica española, como estables, fiables y dignos de ser la base de unas mejoras en las que aspiraban a participar. Estabilidad de conocimientos expertos y prácticas académicas cuyas certezas sugerían protección de la actividad científica frente a la política, en este caso frente a la dictadura. O al menos un distanciamiento respecto del poder político de quienes aspiraban a una carrera académica.

III. Ecos

El rastro de una dictadura tan larga es el poso en que descansa –y que saquea– las formas de pensar España hoy. Se construían fuera de las fronteras del país las cifras y las retóricas del mundo moderno sobre investigación científica, innovación, gestión y desarrollo económico e industrial. Se extendían las técnicas, los cables de la luz eléctrica y en general del suministro de energía para mover máquinas y hacer posible una producción industrial creciente y el desarrollo del transporte, de vehículos y de vías –carreteras y ferrocarriles–. Todo lo cual movilizaba recursos económicos y mano de obra y generaba comodidades a las que la sociedad se acostumbraría, imágenes colectivas del desarrollo de la década del milagro económico que fue la de 1960 en Occidente.

Las tendencias en políticas públicas que la administración de los presupuestaos Marshall diseminaban por Europa incluían, como se ha dicho, la productividad industrial, los modelos de gestión y la formación científica y técnica. La investigación científica experimental resultó promovida inicialmente porque se la consideró un medio que llevaría a desarrollos industriales que contribuirían a esa productividad, como lo harían las formas de gestión empresarial aplicadas a la educación y a la propia industria. En la productividad como proyecto político europeo de la posguerra condensaron los apoyos a las ciencias y a las técnicas, a la mejora de la educación y de la gestión.

Las singularidades locales y nacionales no fueron meras receptoras de los presupuestos Marshall, por más que la ayuda económica viajara provista de la ideología hegemónica que Krige (2006) achaca a los Estados Unidos. La intensa participación de los países europeos, ministros y gentes expertas en áreas muy diversas, altos funcionarios que viajaban constantemente por Europa y por América del Norte, especialistas que promovían determinadas políticas en detrimento de otras, tomaron parte en el despegue de Europa tras la devastación que fue la Segunda Guerra Mundial.

La reconstrucción de la Europa de la posguerra se produjo con ideas, culturas y políticas europeas junto a una intensa influencia ideológica y de gestión de los Estados Unidos. Un conjunto compacto, y parcialmente solapante, de organizaciones vio la luz entre 1948 y 1949: entre ellas la OECE, y también la OTAN, con fines de defensa militar, que caracterizaría a la Guerra Fría que se afrontaba respecto a posibles ambiciones expansionistas de la Unión Soviética, y los primeros llamamientos a una Europea unida que tuvieron lugar en la reunión de La Haya de 1948, así como la creación del Consejo de Europa en 1949.

Los efectos de ese proceso fueron el desarrollo de la sociedad española, de su economía, de su industrial y de sus profesionales en la década de 1960. Desde los científicos interesados en recibir isótopos radiactivos para sus investigaciones biológicas y médicas a la Administración del Estado, pasando por la formación de empresarios, España produjo una vía propia al desarrollo por medio de sucesivas introducciones de innovaciones consideradas como de tipo técnico porque están ligadas a la formación de personas cualificadas que sostendrían el despegue industrial y económico dentro del movimiento europeo de promoción de la productividad.

Las relaciones españolas con el exterior, informales a finales de la década de 1940 y que se formalizarían a partir de principios de 1950, comenzaron muy pronto. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial se generó un escenario en el extranjero al que no parece haber podido permanecer ajena en España la trayectoria de un conjunto variado de sectores como los repasados aquí. Las innovaciones aparecieron asociadas a dependencias políticas y culturales, con manifestaciones que se calificaron de técnicas y que estuvieron relacionadas con un conjunto muy variado de relaciones con el extranjero, gestionadas o impulsadas, según el caso, por la diplomacia de los sucesivos gobiernos de Franco.

Del extranjero vinieron las modernizaciones, el comercio exterior y la diplomacia de la segunda posguerra mundial. Los fondos Marshall de Estados Unidos, a la que España no tuvo acceso, eran una aportación presupuestaria a partir de la cual se construyeron las indicaciones de organismos extranjeros e internacionales, autoridades monetarias y asesoramiento técnico estadounidense, informes de la OCDE sobre la situación de la educación y la investigación en España. Esas indicaciones y tendencias de las políticas públicas para España estaban avaladas por documentos que acarreaban una dependencia política, científica y técnica de España respecto de países que habían construido las suyas en regímenes democráticos. Quizá haya sido esa dependencia específica una de las contribuciones al desarrollo de España, en cuya sociedad floreció, como en todo Occidente, la economía y simultáneamente un apoyo estable a la dictadura de Franco.

La profesionalización de la gestión –administrativa y empresarial– y de la investigación así como el atributo de estabilidad fiable, comprobada su fiabilidad por la prosperidad que generó y administró en otros lugares, creaba trayectorias profesionales e inserciones sociales en plena dictadura. Desde la España de la posguerra civil hasta el auge intenso de los contratos de compra de tecnología de las empresas españolas a lo largo de la década de los años 1960, se construye una vía singular de España hacia la prosperidad por medio de la readaptación de criterios extranjeros e internacionales de gestión y productividad al espacio político de la dictadura y a su geografía profesional y económica.

La narrativa de la historiografía económica española suele acudir al fracaso o al atraso para calificar los desarrollos limitados de la industria a lo largo del siglo XX, la escasez de liquidez de las instituciones financieras, la fiscalidad insuficiente. En los casos explorados aquí, fueron los intercambios de prácticas políticas entre el occidente democrático y la dictadura española los que generaron unas culturas singulares en España. Las relaciones exteriores de los sucesivos gobiernos de Franco resultaron esenciales al convertirse al mismo tiempo en una legitimación de la dictadura y de sus políticas y, por vías distintas, en receptoras y mediadoras en el establecimiento de criterios para valorar la profesionalización desde un lugar distante de los poderes directos de los ministerios en Madrid.

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Notas:

* Mi interés por el origen de las políticas científicas y tecnológicas procede de conversaciones con Jean-Jacques Salomon y Hebe Vessuri. Agradezco a Emilio Muñoz, Eulalia Pérez Sedeño y Ana Romero los comentarios y las sugerencias que hicieron a una versión previa de este artículo.

(1) Sobre las ciencias y la diplomacia en ese periodo, véanse Doel (1997), la compilación de Krige y Barth (2006), y Krige (2006).

(2) Sobre la dependencia técnica en España, muchas de las ideas de este artículo se inspiran en Cebrián (2004); López y Cebrián (2004); López y Santesmases (2006). Es una indagación adicional en torno a problemas que se planteaban en Santesmases (2008).

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