I. Democracia, desigualdad y violencia

La democracia en América Latina tiene líneas de falla. Desde mediados de la década de los años ochenta se re-institucionalizó la democracia electoral. La mayoría de los países que tuvieron gobiernos en los que imperó la doctrina de seguridad nacional -término neutro para las dictaduras militares o cívico-militares- necesitó de un período relativamente largo de transición, de 10 a 15 años, para superar las secuelas de este período y conseguir algunos avances, no sin retrocesos. Como bien afirma Rojas (2003), la seguridad interna y hemisférica es ahora una competencia de los gobiernos civiles y democráticamente electos. El restablecimiento de un orden democrático y de relaciones entre los actores civiles y legítimos en los países del Cono Sur, en los países andinos y en Centroamérica fue acompañado por un largo período de crisis económica y por la implantación de los programas de ajuste estructural que tuvieron un gran impacto sobre la economía y el orden social.

Los años de re-estructuración económica y social tuvieron considerables consecuencias para las clases medias, la clase obrera urbana, los pobladores de los barrios populares y la población rural. Se transformó no solamente el orden político, sino también la estructura económica y social de la región latinoamericana. El resultado global de estos cambios profundos durante los años ochenta y noventa se refleja en una pobreza masiva, en una informalización de la economía y de la sociedad, y en un proceso de exclusión social de una gran parte de la población. América Latina ha sido durante el siglo XX el continente con la distribución de ingresos más desigual del mundo, incluso en comparación con los continentes africano y asiático. La crisis de los años ochenta y noventa consolidó esa desigualdad.

Por lo tanto, la democracia reconquistada se sustenta en un orden económico que está basado en un desequilibrio, en una brecha profunda que tiene graves consecuencias para la estabilidad y para las posibilidades de desarrollo armónico de la región latinoamericana. En la actualidad, ningún gobierno latinoamericano ha encontrado una solución adecuada para cerrar esta brecha. De una manera u otra, la pobreza se presenta con un rostro de violencia. Sin embargo, la relación entre la pobreza transgeneracional y los altos niveles de violencia no es simple. El problema, como veremos más adelante, no es una simple y directa correlación entre los fenómenos relacionados con la pobreza y el contexto en el que se produce la violencia. Se trata de un número complejo de factores cuyo potencial está en enmascarar la causa y la consecuencia y que da lugar también a articulaciones de diferente orden, producidas por distintos actores.

La pobreza, que hasta la primera parte del siglo XX se había manifestado en el ámbito rural, a partir de los años cincuenta pasó a ser un fenómeno también de carácter urbano, especialmente en las grandes metrópolis. La exclusión masiva y probablemente transgeneracional en el ambiente urbano empezó a ser sinónimo de conflictos sociales y radicalización política en las dos últimas décadas del pasado siglo. Relacionada con la cultura de la pobreza y la orientación política de los excluidos existe una profunda desconfianza -expresada en las diversas ediciones del Latinobarómetro- en las instituciones formales de la democracia, tales como el parlamento, los partidos políticos, el sistema legal y las cortes, e incluso los sindicatos laborales. En otras palabras, una de las principales consecuencias sociales y políticas de la pobreza y la exclusión social ha sido la gradual erosión de la legitimidad del orden civil, político y público.

Un segundo fenómeno es la manifestación de nuevas formas de violencia, esta vez no asociadas con la existencia de dictaduras y regímenes militares como en el pasado, sino con la presencia y la actuación de los nuevos actores armados. La pobreza, la exclusión social y el incremento de la violencia han aparecido de forma simultánea. Aparentemente se nutren mutuamente, cuando las autoridades del orden y de la ley tienen una presencia relativamente simbólica, se retiran o solamente están presentes de forma represiva; por ejemplo, utilizando unidades especializadas en la lucha urbana, que generalmente están incorporadas dentro de las filas de las fuerzas policiales.

Es necesario resaltar que muchos de estos problemas por analizar no se producen exclusivamente en el ambiente urbano. Es un hecho que tres de cada cuatro ciudadanos latinoamericanos vive en ciudades. Más aún, es en el entorno urbano donde se presenta, en primer lugar, la mayor concentración de la pobreza nacional. Y en segundo lugar, la brecha social más grande entre el bienestar de las élites e integrantes de las clases medias, y la precariedad de los pobladores de los barrios populares, de las comunas, de las barriadas, de las villas, de las favelas, donde se encuentra el denominador común de la pobreza, la exclusión social, la desigualdad y la marginalización de manera aglomerada, en el sentido económico, social y espacial. La asociación entre la pobreza y la violencia no se debe solamente a un síndrome de miedo que tienen las élites y los integrantes de las clases medias, con respecto a la amenaza que constituirían los pobres. Ellos identifican los barrios marginales como la cuna de la violencia social, de la criminalidad, de la venganza. Sin embargo, como lo han demostrado los estudios de Rotker et al (2002), Koonings y Kruijt (2004), de Moser y McIlwaine (2004) y de Perlman (2004) también los pobres identifican, y esta vez como víctimas, la coincidencia entre la pobreza y la marginalización. Esto se explica por la presencia de actores armados que compiten por la hegemonía sobre el espacio urbano con las autoridades legítimas de la ley y el orden, que con frecuencia, por su ausencia o por su falta de acción, dejan el campo libre a quienes por la fuerza buscan un liderazgo territorial urbano.

En los años ochenta y noventa se ha consolidó la brecha económica, social y política en términos de un continuum entre la formalidad y la informalidad (Menjívar y Pérez Sáinz, 1989; Tokman, 1992; Rakowski, 1994; Tardanico y Menjívar Larín, 1997). La idea fundamental fue que los contextos de economía irregular, entonces denominada "informal", invadió la economía "normal" o formal, que funcionaba respetando la ley y el orden. La pobreza e informalidad urbana se han manifestado con la aparición en las grandes aglomeraciones urbanas de un número creciente de pobres. Se trata de una nueva clase transgeneracional de habitantes urbanos pobres, de "ciudadanos informales" que surge en la década de los ochenta, tal y como hemos señalado en otras publicaciones (Kruijt, Sojo y Grynspan, 2002). De igual modo, el PNUD (2004) lanzó la noción de "ciudadanía de baja intensidad", en su informe sobre la democracia latinoamericana.

Al comienzo del siglo XXI, América Latina es el continente donde sectores significativos de la población, en algunos casos la mayoría, son a la vez pobres, informales y excluidos. La informalidad tiene también un rostro étnico, dado que la etnicidad es un factor de estratificación. Entre los mecanismos de sobrevivencia predominan los lazos de etnicidad y de religión, las relaciones de familia (reales o simbólicas) y la cercanía en términos de lugar de nacimiento o de pertenencia a los barrios populares. La economía y la sociedad informal se hallan excluidas del empleo estable, del ingreso regular, de los sindicatos laborales, de la legislación laboral y del acceso a las instituciones sociales, que proveen tales necesidades básicas como los servicios de educación, salud pública y vivienda popular.

Parece evidente, que la desigualdad arriba mencionada tiene todas las características de un complejo múltiple, que afecta profundamente a la calidad de la ciudadanía latinoamericana. Se trata de hecho, de una brecha multidimensional, que se da en los diferentes ámbitos, que se articula de distintos modos y que genera diversos actores entre la economía formal e informal, entre la sociedad de inclusión y exclusión, entre la legalidad y la a-legalidad, entre el respeto por la ley y la decencia y las actividades criminales, y, por último, entre lo "civil" y lo "no-civil". En diferentes aspectos medulares del orden económico, social y político de América Latina, los derechos y deberes de la ciudadanía están fragmentados y son inconclusos.

Hay una gradual expansión de la zona gris que demarca la diferencia entre lo formal y la informalidad, la decencia y la ilegalidad, el respeto por la ley y la criminalidad, la sociedad civil y la sociedad incivil. Esta zona gris de indiferencia e indefinición genera formas híbridas de injusticia dentro de la legalidad, de inseguridad dentro del marco de la ley y de informalidad dentro de las instituciones del orden. En vez de negociar con sindicatos laborales, el empresario moderno despide a gran parte de sus trabajadores estables y subcontrata "cooperativas" que contratan jornaleros sin derechos laborales por días o por semanas (Colombia, 2007). Un ministro de trabajo progresista propuso recientemente dejar inoperante la legislación laboral existente que establece el horario de ocho horas diarias, la prohibición del trabajo infantil y el pago de un salario mínimo en las microempresas (Perú, 2005).

Esta configuración explica también el proceso de descomposición de clase y la restructuración del orden social en toda América Latina. Sectores económicos paralelos, jerarquías sociales paralelas y estructuras institucionales paralelas se originaron en la formalidad y la informalidad, la legalidad y la a-legalidad o la criminalidad -pequeña y grande-, teniendo como resultado un orden económico, social, político y cultural mucho más heterogéneo, que gira alrededor de la división de la riqueza y la pobreza y de la integración y la exclusión. Se desarrolló una institucionalidad desarticulada y compleja con una lógica, moralidad y sanciones propias.

También se presentan nuevas y profundas fracturas demográficas que afectan directamente a la vida familiar y al tejido social en los países centroamericanos y andinos. El proceso masivo -y en parte disfrazado- de las migraciones hacia los Estados Unidos y la Unión Europea implica una gradual mayor dependencia de muchos países y en consecuencia de un número importante de la población, de las remesas enviadas desde el exterior (Fajnzylber y López, 2007). Se estima que de los 30 millones de centroamericanos, un millón ciento treinta mil, viven ahora de forma permanente en los Estados Unidos; de éstos, un 40% proviene de El Salvador. Pérez Sáinz (2004) complementa estos datos con un análisis más preciso de la dependencia familiar de las remesas, debido a la reducción estructural del mercado de trabajo centroamericano, a las tasas de desempleo de las mujeres y de los jóvenes, el número de las familias desestructuradas y la desesperación de los familiares que se quedaron en el país, mientras los miembros masculinos salieron al exterior por la imposibilidad de conseguir un salario en el mercado laboral doméstico.

II. Desborde de la pobreza, desborde de la violencia

En este contexto es especiamente pionero el trabajo del antropólogo peruano Matos Mar que, a mediados de los años ochenta, publicó un ensayo sobre el "desborde popular" de los centros urbanos en Perú y sobre todo la capital de Lima Metropolitana (Matos Mar, 1984). Este autor predijo la descomposición de las estructuras sociales tradicionales y la emergencia de una sociedad urbana cualitativamente diferente, según el papel de los pobladores de las barriadas y los migrantes en barrios de invasión. Predijo también el nacimiento tímido de una diversidad de nuevas organizaciones que pretenden representar a los empresarios informales y a los autoempleados, como las cámaras regionales de los artesanos y los comedores populares en las barriadas de Lima Metropolitana. Todas esas organizaciones tienen en común la relación ambivalente de dependencia de las instituciones profesionales de desarrollo como las fundaciones religiosas y eclesiásticas, las ONG, los donantes extranjeros, los bancos privados con una cara humana y de la financiación de los gobiernos municipales y nacionales. Veinte años más tarde, en una edición actualizada que también toma en cuenta los procesos de las dos décadas intermedias, Matos Mar (2004) analizó el colapso efectivo de las instituciones que tradicionalmente funcionaron como el sostén del orden democrático: el declive de los partidos políticos, la erosión del estatus del poder legislativo y del sistema judicial, el ocaso del prestigio de los magistrados y de las autoridades de la ley y del orden, el colapso de las anteriormente poderosas centrales y confederaciones de los sindicatos de los trabajadores y el debilitamiento de otras entidades de la sociedad civil, como las cámaras de industria y comercio y los colegios profesionales de los médicos, los abogados, los ingenieros, etc. Las instituciones paralelas, las jerarquías paralelas y los sectores paralelos que emergieron en el cauce de las líneas divisorias de la pobreza, la informalidad y la exclusión social han constituido un orden económico, social y político mas o menos duradero y heterogéneo.

Esta es la razón para que se produzca el desborde de la violencia. Un rasgo importante es que la nueva cara de la violencia post dictatorial en América tiene un rostro urbano. Durante los años ochenta se ha analizado el fenómeno de "ciudades divididas" o fragmentadas, sobre todo en términos de la miseria o la exclusión urbana. Sin embargo, a partir de los años noventa comenzó a identificarse la profunda desigualdad urbana con la falta de seguridad humana y la falta de la presencia de las autoridades del orden en las zonas degradadas del territorio urbano, donde la pobreza suele coincidir con la violencia. Por ejemplo, el caso de Río de Janeiro, cuyas favelas paupérrimas son áreas de acceso limitado dentro de las fronteras metropolitanas, con una reputación deprimente en el círculo de autores y analistas de la violencia urbana. La publicación de Ventura (1994) sobre la "cidade partida" abrió el camino para una serie de estudios sobre la violencia urbana brasileña. El debate sobre la situación de la violencia urbana en los territorios metropolitanos de América Latina ha continuado hasta la actualidad, con estudios comparativos, como los de De Olmo et al. (2000), Briceño-León et al. (2002), Koonings y Kruijt (2007), Moser y Mcllwaine (2004), Alba Vega y Kruijt (2007), y Serbin et al. (2007).

Las prolongadas guerras civiles de los países de Centroamérica y los países andinos dejaron un legado de violencia, que se manifiesta en el uso de la fuerza como forma de resolver los conflictos. Actores armados procedentes por un parte, de las instituciones y bandas de excombatientes -de las fuerzas armadas, de los paramilitares, de los frentes guerrilleros- y por otra parte, perteneciendo a bandas criminales y pandillas juveniles constituyeron "sistemas de violencia" de carácter local y nacional en países como Colombia, Guatemala y México y, de una forma más restringida en Argentina, Brasil, El Salvador, Honduras y Perú.

Hasta finales de los años ochenta existían en Colombia cuatro agrupaciones guerrilleras diferentes. Hoy en día, solamente las FARC (fuerza mayoritaria) y el ELN (fuerza minoritaria) se mantienen activas. La mayoría de los grupos guerrilleros locales recaudaban un "impuesto de guerra" entre los productores de la coca y los narcotraficantes en "sus" regiones. Posteriormente muchos frentes (formaciones militares-políticas locales) de las guerrillas incorporaron la protección y el cultivo ilícito en sus logísticas militares y financieras, a la par con otras fuentes financieras como el secuestro y los "impuestos de guerra" recaudado sobre los comerciantes locales. También en los años ochenta, narco-empresarios en Cali y Medellín crearon unidades paramilitares. Otros empresarios rurales siguieron rápidamente este ejemplo que tuvo como resultado la aparición de los grupos regionales de vigilantes y sicarios (asesinos a sueldo profesionales). Estas bandas paramilitares, con o sin cooperación informal de las fuerzas armadas regionales, se constituyeron rápidamente en una alternativa de contrainsurgencia. Establecieron gradualmente "zonas limpias" donde hacían cumplir la ley por medio de la violencia, la extorsión y la intimidación. En 1997 estas fuerzas regionales se unieron para formar las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). La cúpula de los paramilitares utilizó luego su poder para ingresar en actividades "legítimas": adquirieron propiedades rurales y financiaron políticos locales y regionales "mansos", fenómeno que se indica como la "parapolítica". A finales de 2007, alrededor de 30.000 combatientes quedaron desarmados tras negociaciones con el gobierno, auspiciados por obispos regionales. A la fecha, la mayoría de miembros de rango y tropas que constituían las bases han iniciado el proceso de reinserción, con una reducción considerable de las penas. Mientras que la mayoría de los analistas están de acuerdo en que ha habido una reducción considerable de la violencia paramilitarista, otros apuntan que se ha producido la reconstitución de bandas paramilitares y criminales representadas en pandillas locales de menor tamaño, comparable con la formación de los mini-cárteles después del desmantelamiento de los dos cárteles de Cali y Medellín. La secuela de la proliferación de actores armados ha dejado profundas huellas con la aparición de bandas, pandillas, y agrupaciones locales que entre sí se disputan pequeños territorios de poder y de extorsión. Un reciente estudio sobre Medellín muestra que los ex guerrilleros y ex paramilitares han establecido en los barrios marginales de esta ciudad un control diario y unas reglas de conducta, prohibiendo reuniones informales en las calles, exigiendo impuestos a los dueños de los negocios, de los supermercados, de las empresas de taxi y del transporte público local (Rozema, 2007).

En Guatemala, un país que sufrió 36 años de guerra civil entre 1960 y 1996 se observan tres diferentes categorías de actores armados en la década de la posguerra. Primero está el fenómeno de los "poderes oscuros" (Peacock y Beltrán, 2004): agrupaciones de ex militares, algunos de ellos asociados a la ex inteligencia militar, que se juntaron con los incipientes cárteles dentro de la floreciente nueva narcoeconomía. La segunda categoría de actores armados lo forman las bandas de la criminalidad común, especializadas en robo de vehículos, secuestros y matanzas subcontratadas. La tercera categoría son las pandillas juveniles que en la Centroamérica posbélica son llamadas "maras". Son bandas que establecieron sus territorios en los barrios populares de El Salvador, Honduras, Guatemala y en menor grado en Nicaragua y en México. Participan en pequeñas guerras territoriales y extorsionan a la vez a pequeños empresarios, comerciantes, taxistas y chóferes del transporte público en los barrios populares. Al comienzo de este siglo, las maras son oficialmente consideradas como la amenaza principal de la seguridad nacional. Miles de jóvenes entre 12 y 30 años de edad pertenecen a una de las maras o pandillas juveniles, que tienen una presencia nacional macabra por ser responsables en Guatemala del 20% de los homicidios, en El Salvador y Honduras del 45% de los homicidios en 2003 (Peetz, 2004). La economía marera centroamericana depende del control territorial, del acceso al transporte y el comercio local de drogas. La escala de operaciones en términos de la violencia percibida es tan grande que los parlamentos salvadoreños y hondureños aprobaron una legislación especial anti-marera que permite intervenir a los comandos especiales, compuestos por efectivos de las fuerzas policiales y militares. En 2004 los presidentes de Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras firmaron un acuerdo para concertar esfuerzos para combatir la violencia criminal juvenil en los tres países.

El involucramiento de juventud en la narcoeconomía y el fenómeno de las bandas juveniles se presenta también en las grandes ciudades y las áreas metropolitanas de Brasil. Miles de niños y adolescentes funcionan como soldados de la droga en las guerras urbanas en Río de Janeiro. Con mucha razón, Zaluar (2000, 2001) tipificó la relación entre bandas juveniles y el comercio de drogas en las favelas de Río de Janeiro, como una integración perversa de la economía clandestina y de la violencia urbana. También aquí encontramos un legado de la violencia política en las décadas anteriores. Leeds (1996) y Koonings y Veenstra (2007) resaltan el hecho de que la criminalidad organizada está vinculada en su origen con el surgimiento de la guerrilla urbana, cuyos líderes y militantes fueron encarcelados junto con los traficantes y criminales. Los primeros transfirieron su experiencia organizativa, hasta elementos de su ideología. Organizaciones criminales de gran escala y operando en todo Río de Janeiro Metropolitano, como el "Comando Vermelho", surgieron en los años noventa como "poder paralelo" en las favelas cariocas. Organizaciones de la narcoeconomía, lideradas por el traficante local y apoyadas por pequeños ejércitos juveniles, ejercen la función de seguridad y de justicia local como una autoridad paralela, que convive a la vez en simbiosis con la población común y está dominando la sociedad local en los barrios populares. Entre las asociaciones de vecinos, las bandas criminales y la policía municipal existen complicadas relaciones de convivencia, de conflicto, de financiación, de extorsión y de dominación.

No se trata de pequeños bolsones o de territorios olvidados dentro de las aglomeraciones urbanas, sino de jurisdicciones de facto de un tamaño considerable y que conforman el 25% del entorno urbano en la metrópolis de Río de Janeiro y São Paulo, Buenos Aires, Bogotá, Medellín, México DF, Guadalajara y otras ciudades importantes. Los traficantes, mayoritariamente jóvenes o adultos jóvenes, son los nuevos dueños urbanos de la violencia. Ellos actúan en sus barrios también como los nuevos representantes de la ley paralela, no por la justicia sino por estar ajusticiando. A veces cobran también impuestos paralelos y demuestran una cierta benevolencia hacia el desarrollo local, ofreciendo financiar las ONG locales en las favelas y villas marginalizadas. En algunos casos también negocian explícitamente con los líderes religiosos locales, quienes aprendieron a convivir en relaciones de coexistencia pragmática. El mismo fenómeno se presenta en el Gran Buenos Aires. Los traficantes en las villas argentinas, las favelas brasileñas, los tugurios colombianos y las zonas guatemaltecas han reproducido escenarios de guerra o guerrilla nacional en los territorios urbanos plagados. Una considerable parte de la juventud masculina en los barrios populares y en las zonas de miseria está desempleada y no tiene posibilidades de entrar en el mercado laboral. Este segmento juvenil encuentra un cierto estatus, una forma de identidad en las pandillas, maras y bandas, fenómeno que explica también la relativa popularidad de los mareros en Centroamérica, en Colombia y en México (Rozema, 2007, Savenije, 2007). En las áreas metropolitanas argentinas, brasileñas, centroamericanas, colombianas y venezolanas florece el tráfico de armas de fuego en un mercado paralelo de fuerte expansión. El escaso e inefectivo control de la policía metropolitana en estas ciudades hace que los jóvenes de los barrios populares sean a la vez victimarios y víctimas de la violencia (Briceño-León, 2007, Saín, 2007, Pansters y Castillo Berthier, 2007).

III. Debate

La proliferación de los actores armados no estatales en América Latina está relacionada con el fenómeno de los vacíos locales de gobierno. Estos vacíos se forman a raíz de una prolongada ausencia de las autoridades y representantes de la ley y el orden en áreas específicas. En estos vacíos emerge una simbiosis osmótica entre el Estado -más precisamente la policía y el sistema legal-, la criminalidad común y elementos criminalizados de ex miembros de las fuerzas armadas, la policía, las unidades paramilitares y los combatientes guerrilleros. Entonces la ley y la justicia local se adaptan al orden que oscila entre las fuerzas paralelas de los grupos locales de poder y las autoridades morales, como los representantes electos de las asociaciones de vecinos, pobladores o moradores, sacerdotes o pastores evangélicos, a veces los empresarios exitosos o los propietarios de emisoras locales de radio o TV en alianzas fluctuantes.

Es interesante puntualizar, que en este contexto de violencia inherente y de microguerras fluctuantes por el control de pequeños territorios, con un alto grado de volatilidad, las fuerzas armadas no desempeñan un papel preponderante. En los países del Cono Sur y en cierto modo también en los países andinos y centroamericanos, como en las décadas anteriores en México, las fuerzas armadas se retiraron de la arena pública para reformular sus objetivos institucionales en la dirección de los militares profesionales. Las instituciones armadas dejaron prudentemente la confrontación pública con los actores violentos no estatales a las fuerzas especiales de la policía, entrenados en el combate de la contragresión urbana. No obstante, mientras que las manifestaciones de esta nueva violencia gradualmente asumen rasgos permanentes, la anomalía de esta situación comienza a indicar el fenómeno del Estado ausente (por lo menos parcialmente) en materia de seguridad y de justicia.

Otro rasgo es la proliferación de la vigilancia privada: la policía privada, serenazgos, guardianes privados nocturnos en los barrios de la clase media e incluso en los distritos populares, serenazgos particulares, escuadrones especiales de protección, fuerzas de protección del sistema bancario y financiero, fuerzas de justicia privada, comandos paramilitares, escuadrones de la muerte. Originalmente asociadas con las guerras civiles prolongadas en países como Colombia y Guatemala, estas asociaciones de orden y protección privadas se expandieron en toda América Latina y en algunos Estados en el Caribe, como es el caso de Jamaica.

En tercer lugar podemos mencionar los nuevos actores armados en las favelas, villas, barriadas o comunas de miseria donde la autoridad local de facto es el traficante que da órdenes para los ajusticiamientos, pero funciona también como proveedor financiero de las ONG en su territorio. Últimamente, muchos pobladores que tienen que escoger entre una relación con la policía municipal -que cada cierto tiempo invade el barrio- o con los líderes de los agrupamientos violentos, prefieren la alternativa de entenderse con quienes están permanentemente presentes y quienes actúan diariamente como guardián del orden informal.

La complicada articulación entre los fenómenos asociados con el entorno de la formalidad e informalidad, de la inclusión y la exclusión, de la ley y orden y la criminalidad, de la civilidad y la no civilidad, conforma un contexto fértil para que puedan brotar los gérmenes de la violencia y el terror en los segmentos pobres y marginados, en las metrópolis y en las grandes conglomeraciones urbanas. Cuando la brecha social, como en el caso de América Latina, se profundiza o se consolida en ciudades divididas, de manera espacial, de manera social, de manera cultural, cuando la ausencia de los actores legítimos de la ley y del orden se manifiesta de forma crónica, se abre el camino para que los actores armados privados e informales ocupen el lugar de la policía y la justicia, transformando los barrios pobres y marginados en espacios de desintegración, dominados por los criminales, el terror y el miedo.

Hay una tendencia para la consolidación de este fenómeno, teniendo en cuenta que la juventud de estos barrios, favelas, barriadas o comunas de miseria se socializa desde su niñez en la "normalidad" de la violencia, siendo "catequizada" por la violencia domestica habitual, por la violencia omnipresente en la calle y por la actuación represiva incesante de la policía que, cuando está presente, lo hace con pistola o con ametralladora en la mano. Las políticas públicas que pretenden combatir la exclusión social y "pacificar" la relación cívico policial, parecen ser en lugar de una solución al menos un freno en este proceso de deterioro. Combatir la exclusión social, fortalecer el tejido social local, equilibrar bien entre las tareas represivas y preventivas de la policía nacional y local, fortalecer los gobiernos municipales y locales y, sobre todo, ganar y mantener la confianza de las organizaciones populares locales parecen ser los ingredientes del cóctel de un buen gobierno en los asuntos de seguridad cívica. Uno de los ejes centrales es la confianza mutua entre las fuerzas del orden y la población local, y la participación voluntaria en los comités de seguridad local.

El informe del PNUD (2004) mencionado, explica que en la actualidad la mayoría de la población latinoamericana preferiría un gobierno de tinte autoritario que fuera capaz de encontrar una solución para la pobreza masiva. Esto plantea la pregunta sobre el carácter de la estabilidad del orden político que implica la existencia generalizada de una ciudadanía de segunda clase. Pobreza dentro de un contexto de violencia parece ser el mecanismo estándar de integración de los marginalizados urbanos. Segmentos considerables de la población de América Latina sobreviven en la economía y sociedad informal, donde se comparte la pobreza y la violencia diariamente. Muchos de los actores armados de esta nueva violencia son reclutados de las filas de los informales y los excluidos. Este fenómeno de la exclusión con violencia compartida por las masas de los pobres urbanos contribuye a la destrucción de los fundamentos morales del orden democrático y los perímetros de la ciudadanía. La violencia crónica, incluso dentro de los límites de los enclaves territoriales restringidos, contribuye a la erosión de la legitimidad del orden político. Es paradójico que varios gobiernos latinoamericanos, como los líderes populares y las autoridades religiosas en su contexto local, han aceptado una coexistencia pacífica de facto con los actores no estatales de la violencia, mientras que ellos públicamente no constituyen una amenaza para las autoridades políticas de nivel nacional. La pregunta clave es, por supuesto, cuanto tiempo más la estabilidad del orden económico, social y político en América Latina puede ser garantizada en este precario equilibrio entre los niveles "aceptables" de exclusión y los niveles "aceptables" de la violencia.

Referencias bibliográficas

ALBA VEGA, Carlos y Dirk KRUIJT (eds.) (2007), Violencia urbana en América Latina. Número especial de Foro Internacional, nº 189 Vol. XLVIII (3) (julio-septiembre).

BRICEÑO - LEÓN, Roberto (ed.) (2002), Violencia, sociedad y justicia en América Latina. Buenos Aires, CLACSO.

BRICEÑO - LEÓN, Roberto (2007), ‘Violencia, ciudadanía y miedo en Caracas', Foro Internacional, nº 189 Vol. XLVIII (3) (julio-septiembre), pp. 551- 576.

FAJNZYLBER, Pablo y J. Humberto LÓPEZ (2007), Close to Home. The Impact of Remittances in Latin America. Washington, World Bank (Conference Edition), 2007.

KRUIJT, Dirk, Carlos SOJO y Rebeca GRYNSPAN (2002), Informal Citizens. Poverty, Informality and Social Exclusion in Latin America. Ámsterdam, Rozenberg Publishers (Latin America Research Series).

KOONINGS, Kees y Dirk KRUIJT (eds.) (2004), Armed Actors. Organised Violence and State Failure in Latin America. Londres, Zed Books.

KOONINGS, Kees y Dirk KRUIJT (eds.) (2007), Fractured Cities. Social Exclusion, Urban Violence and Contested Spaces in Latin America. Londres, Zed Books.

KOONINGS, Kees y Sjoerd VEENSTRA (2007), ‘Exclusión social, actores y armados y Violencia urbana en Río de Janeiro', Foro Internacional # 189 Vol. XLVIII (3) (julio - septiembre), pp. 616 - 636.

LEEDS, Elisabeth (1996), ‘Cocaine and Parallel Politics in the Brazilian Urban Periphery: Constraints on Local - Level Democratization', Latin American Research Review XXXI (3), pp. 47 - 84.

MATOS MAR, José (1984), Desborde popular y crisis del estado. El nuevo rostro del Perú en la década de 1980. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

MATOS MAR, José (2004), Desborde popular y crisis del estado. Veinte años después. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.

MENJÍVAR LARÍN, Rafael y Juan Pablo PÉREZ SÁINZ (eds.) (1989), Informalidad urbana en Centroamérica. Evidencias e interrogantes. Guatemala: FLACSO - Fundación Friedrich Ebert.

MOSER, Caroline y Cathy MCILWAINE (2004), Encounters with Violence in Latin America. Urban Poor Conceptions from Colombia and Guatemala, Londres, Routledge. OLMO, Rosa de et al. (2000), ‘Inseguridad, violencia y miedo en América Latina', número especial de Nueva Sociedad, nº 167, mayo-junio 2000.

PANSTERS, Wil y Héctor CASTILLO BERTHIER (2007), ‘Violencia e inseguridad en la Ciudad de México. Entre la fragmentación y la politización', Foro Internacional nº 189 Vol. XLVIII (3) (julio-septiembre), pp. 577-615.

PEACOCK, Susan C. y Adriana BELTRÁN (2004) Poderes ocultos. Grupos ilegales armados en Guatemala pos conflicto y las fuerzas detrás de ellos. Washington: Washington Office on Latin America (WOLA).

PEETZ, Peter (2004), ‘Zentralamerikas Jugendbanden. "Maras" in Honduras, El Salvador und Guatemala', Brennpunkt Lateinamerika. Politk- Wirtschaft-Gesellschaft 2004, 5, pp. 49-63.

PERLMAN, Janice (2004), ‘Marginality: From Myth to Reality in the Favelas in Rio de Janeiro', en Anaya ROY y Nezar ALSAYYAD (eds.), Urban Informality. Transitional Perspectives from the Middle East, Latin America and South Asia. Lanhan, Lexington Books, pp. 105-146.

PÉREZ SÁINZ, Juan Pablo (2004), ‘La pobreza urbana en América central: Evidencias e interrogantes de la década de los 90', en Shelton H. DAVIS, Estanislao GACITÚA y Carlos SOJO (eds.) Desafíos del desarrollo social en Centroamérica. San José y Washington, FLACSO y Banco Mundial, pp. 63-103.

PNUD (2004), La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay.http://www.democracia.UNDP.org, abril (versión electrónica).

RAKOWSKI, Cathy A. (ed.) (1994), Contrapunto. The Informal Sector Debate in Latin America. Albany, State University of New York Press.

ROJAS ARAVENA, Francisco (ed.) (2003), La seguridad en América Latina post 11 de septiembre. Caracas, Nueva Sociedad. ROTKER, Suzana, en colaboración con Katherine GOLDMAN y Jorge BALÁN (eds.) (2002), Citizens of Fear. Urban Violence in Latin America, New Brunswick, Rutgers University Press.

ROZEMA, Ralph (2007) ‘Paramilitares y violencia en Medellín, Colombia', Foro Internacional nº 189 Vol. XLVIII (3) (julio - septiembre), pp. 535 - 550. SAÍN, Marcelo Fabian (2007), ‘Seguridades e inseguridades en el Gran Buenos Aires', Foro Internacional nº 189 Vol. XLVIII (3) (julio - septiembre), pp. 517 - 534.

SAVENIJE, Wim (2007), Las pandillas transnacionales o "maras". Violencia urbana en Centroamérica', Foro Internacional nº 189 Vol. XLVIII (3) (julio - septiembre), pp. 637 - 659.

SERBIN, Andrés (ed.) (2007), Paz, conflicto y sociedad civil en América Latina. Barcelona, Icaria - IDCR - CRIES.

TARDANICO, Richard & Rafael MENJÍVAR LARÍN (eds.) (1997), Global Restructuring, Employment, and Social Inequality in Latin America. Miami, North-South Center Press, 1997.

TOKMAN, Víctor E. (ed.), Beyond Regulation. The Informal Economy in Latin America. Boulder, Lynne Rienner Publishers, 1992.

VENTURA, Zuemir (1994), Cidade partida. Río de Janeiro: Editora Companhía das Letras.

ZALUAR, Alba (2000), ‘Perverse Integration: Drug Trafficking and Youth in the Favelas of Rio de Janeiro', Journal of International Affairs, 53, 2, pp. 654-671. ZALUAR, Alba (2001) ‘Violence in Rio de Janeiro: Styles of Leisure, Drug Use, and Trafficking', International Social Science Journal, 3, pp. 369- 379.

http://www.pensamientoiberoamericano.org/articulos/2/73/0/violencia-y-pobreza-en-america-latina-los-actores-armados.html