Globalización y violencia en América Latina. Debilidad estatal, inequidad y crimen organizado inhiben el desarrollo humano.

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Introducción

Sin atacar los factores que construyen el contexto y la base para la violencia y el crimen no se lograrán progresos en el desarrollo humano sostenible en América Latina y el Caribe. La inseguridad se transfiere con facilidad. La seguridad es interdependiente. Ello requiere un abordaje comprensivo que dé cuenta de manera simultánea de diferentes políticas públicas tales como las referidas a: reformas de los sistemas de seguridad y defensa; reformulación de las políticas sociales; el desarrollo de políticas que contribuyan a la cohesión e integración social; y un conjunto de iniciativas que permitan mejorar la gobernabilidad democrática. Un esfuerzo de este tipo sólo podrá ser asumido sobre la base de grandes consensos nacionales y el desarrollo de políticas de Estado. Todo ello demandará, además, una importante contribución de la cooperación internacional, tanto de la ayuda oficial, como de las entidades de la sociedad civil. La cooperación para la paz es un objetivo esencial en las relaciones internacionales de la hora presente.

Las premisas fundamentales desarrolladas por el PNUD-Costa Rica, en su Informe "Venciendo el Temor", posibilitan comprender de mejor manera el fenómeno y desarrollar políticas públicas apropiadas para superar las principales vulnerabilidades que facilitan el desarrollo de la violencia y la inseguridad. Ellas son: "1) la inseguridad no es causada por un factor, sino por la convergencia de muchos, ligados a vulnerabilidades humanas y sociales. 2) La inseguridad ciudadana es un obstáculo para el desarrollo humano por cuanto limita las posibilidades individuales para concebir y concretar un proyecto de vida, y erosiona la cooperación social y la vida cívica necesaria para tal efecto. 3) Es posible construir una sociedad más segura si se atienden las formas de vulnerabilidad social en que proliferan la violencia y el despojo, y se fortalecen los mecanismos colectivos de protección y capacidad de las personas para activarlos" (PNUD-Costa Rica. 2005). El trasfondo de estas premisas se fundamenta en el concepto de seguridad humana. Una de sus definiciones básicas señala que "la seguridad humana consiste en proteger la esencia vital de todas las vidas humanas de una forma que realce las libertades humanas y la plena realización del ser humano" (CSH.2003). En síntesis, construir un mundo libre de temor y de necesidades.

Para enfrentar esta tarea es esencial "desbanalizar" la violencia. Frente a un importante incremento del 18,2% de las ejecuciones del narcotráfico en México, al comparar las cifras del año 2006 y 2007, un informe de los responsables de combatir esta situación señalaba, que "no hay razones para preocuparse: que es más probable que un mexicano muera de sida que por las balas del narcotráfico; que hay 30,1 más probabilidades de contraer diabetes que acabar encobijado; y que se tienen 31 veces más probabilidades de ‘pegarle al gordo' de la lotería que de acabar sepultado en una narcofosa" (Universal, 16/01/08. pp A11). La trivialización de la violencia transforma en "normal" el horror. La responsabilidad de los medios de comunicación es fundamental para mantener el equilibrio informativo y prevenir la banalización de la violencia.

Una sociedad informada potencia a las personas para encontrar respuestas y desarrollar acciones cooperativas. Por el contrario, en una sociedad con miedo se inhiben las capacidades, se incrementa la desconfianza y con ella la falta de cooperación. El aislamiento incrementa los riesgos. Comprender las diferentes expresiones de la violencia en América Latina y el Caribe permitirá desarrollar mejores políticas públicas que tengan como norte el desarrollo humano, es decir, aumentar las opciones de las personas para que puedan mejorar sus vidas.

En este trabajo nos referiremos sólo a algunas formas de violencia: la violencia entre Estados, la violencia generada por la debilidad o ausencia del Estado, la violencia del crimen organizado, la respuesta de los linchamientos, y algunas otras. Los incentivos que producen el trafico de drogas ilícitas y el de armas livianas y pequeñas. La violencia intrafamiliar -que no abordo- debe ser objeto de atención especial. Los costos de la violencia afectan cada vez con más fuerza las oportunidades del desarrollo. Ello requiere explorar los principales factores que están detrás de las expresiones de violencia, entre los que cabe mencionar la inequidad, la urbanización, el desempleo, la pobreza y las debilidades de la institucionalidad democrática.

I. Contexto: la debilidad estatal como remanente de la guerra fría

Las heridas dejadas por las dictaduras en la región en muchos casos siguen abiertas. Ello es producto de las secuelas directas del terror ejercido por décadas; y en otros, por la impunidad que ha prevalecido y que ha impedido que la justica actúe en la etapa de transición a la democracia. La doctrina de la seguridad nacional fue un producto de la Guerra Fría, ella conllevó graves violaciones a los derechos humanos. El terrorismo ejercido desde el Estado se expresó en genocidios, en desapariciones forzosas, en tortura y en las formas más aberrantes de ejercicio de la violencia desde el Estado. Las sociedades y las poblaciones de América Latina debieron convivir con las "guerras internas", la violencia, la opresión y el miedo por décadas. Se buscó imponer un "orden" por la fuerza, fue la negación de la política y la legitimidad del poder. No hubo Estado de derecho, había un régimen de terror. La violencia era ejercida no sólo por actores "oficiales" sino por actores armados amparados por el Estado, pero al margen del respeto a la ley. "La naturaleza de la violencia política ejercitada en los años de dictadura militar no tiene paralelo con ningún momento de la historia latinoamericana" (Torres-Rivas, 1998). Sólo la conquista de América puede ser equivalente.

Los gobiernos perdieron autoridad y con ella capacidades de gobernabilidad, de allí que hicieran uso de la violencia indiscriminada. En Centroamérica luego de décadas de conflicto se alcanzaron acuerdos de paz, ellos permitieron el paso a sociedades más abiertas y plurales. Se abría una oportunidad a la democracia en sociedades post conflicto. Las transiciones a la democracia se abrieron paso por diferentes caminos: por colapso del régimen, luego de la guerra de las Malvinas, en Argentina; por procesos de negociación más o menos complejos desde Brasil, pasando por Uruguay a Chile, último país en tener gobierno civil, en 1990. En Perú la violencia terrorista de "Sendero Luminoso" se expresó ya en democracia. La guerra en Colombia se ha mantenido -con altos y bajos- por más de medio siglo.

Este conjunto de cambios en los sistemas políticos fue acompañado de un cambio en los patrones de inserción económica. El resultado fue debilitar aún más las capacidades del Estado para proveer bienes públicos y seguridad a sus ciudadanos. La polarización económica- social y la inequidad se asentaron como un rasgo característico de la región. Las sociedades post conflicto, las transiciones a la democracia y los desarrollos del modelo neoliberal redujeron las capacidades del Estado y le abrieron espacios a nuevos actores armados, a una nueva violencia.

La inseguridad en las sociedades latinoamericanas se encuentra más ligada a las debilidades del Estado que a las nuevas fuerzas y actores. Nuevos tipos de conflictos reducen la capacidad de los estados. Los países de la región encuentran grandes dificultades para enfrentar estos nuevos retos. Es decir, los actores no estatales ilegales poseen capacidad para constituirse en amenazas efectivas al Estado. La debilidad del Estado es una condición de inseguridad que lo afecta a él mismo, como a su población. Y va más allá. La inseguridad en un Estado genera una expansión de ésta a los vecinos. La inseguridad fluye más allá de las fronteras. De allí la preocupación creciente sobre los "espacios sin ley" que se ha manifestado en las reuniones de Presidentes, como en las Cumbres de Ministros de Defensa de las Américas. La seguridad es interdependiente. Además, posee un carácter multidimensional, como lo expresaron los Estados del hemisferio en la Declaración sobre Seguridad en las Américas, de la OEA, de octubre de 2003, efectuada en México.

Si el exceso de Estado generaba la mayor amenaza para la población, durante las dictaduras y la Guerra Fría, en la actualidad la debilidad o la ausencia del Estado se constituye en el mayor detonante de la inseguridad en América Latina y el Caribe.

Los estados están desarrollando una guerra continua contra el crimen organizado internacional el cual posee múltiples manifestaciones. Esta forma de enfrentamiento corresponde a lo que se denominan las "guerras de la globalización" o "nuevas guerras". Éstas "implican un desdibujamiento de las distinciones entre guerra (normalmente definida como la violencia por motivos políticos entre estados o grupos políticos organizados), crimen organizado (la violencia por motivos particulares, en general el beneficio económico, ejercida por grupos organizados privados) y violaciones a gran escala de los derechos humanos (la violencia contra personas individuales ejercida por estados o grupos organizados políticamente)". Las nuevas guerras se vinculan a la erosión del Estado, a la aparición de estados debilitados que en lo esencial han perdido el monopolio de la violencia. Es en estos casos donde los factores transnacionales adquieren una mayor gravitación (Kaldor, 2001). Las nuevas guerras son esencialmente guerras internas. Son redes transfronterizas las que sostienen. En segundo lugar, involucran a un amplio abanico de actores internacionales y en tercer lugar, se desarrollan en zonas de estados frágiles o fallidos. Las principales víctimas son los civiles y las violaciones a los derechos humanos se masifican (Kaldor, 2003).

1. La violencia interestatal: baja probabilidad.

Los estados se preparan para ejercer la violencia en defensa de su soberanía y de intereses esenciales de cada uno de ellos. Las guerras mundiales han evidenciado ese poder destructivo, así como la secuela de guerras de la Guerra Fría en diferentes partes del mundo. Las armas de destrucción masiva tienen la capacidad para destruir a la humanidad. América Latina y el Caribe es una Zona de Paz. Ésta es una región libre de armas atómicas, químicas y bacteriológicas, lo que ha sido refrendado por acuerdos internacionales vinculantes. Las guerras interestatales en América Latina fueron pocas en el siglo XX, en comparación con otras regiones del planeta. Sin embargo, las tensiones limítrofes y las crisis generadas por ellas estuvieron presentes de manera importante. Con el fin de la Guerra Fría y, principalmente, con el advenimiento de gobiernos democráticos, se puso fin a una política fundada en una geopolítica autorreferente y se desarrollaron mecanismos efectivos para resolver los contenciosos limítrofes. Los litigios que se mantienen en la actualidad han tendido a "judicializarse". Es decir, han sido llevados a la Corte Internacional de Justicia; entre éstos están los casos de Nicaragua y Colombia; Nicaragua y Honduras; Costa Rica y Nicaragua. El caso de El Salvador y Honduras había sido resuelto con anterioridad por la Corte Internacional de Justicia. Recientemente se ha sumado la presentación de Perú con relación a la delimitación de la frontera marítima con Chile.

No obstante lo anterior, el desplazamiento masivo de colombianos a Ecuador y los conflictos que se desarrollan en la frontera de ambos países han tensionado las relaciones entre ambas naciones al punto de que las autoridades ecuatorianas han expresado que su país limita al norte con las FARC (El Tiempo 8/02/08). En medio de la polarización políticosocial venezolana, el gobierno del Presidente Chávez ha subido el tono de sus discursos respecto a su relación con Colombia (El Tiempo 18/01/08). La crisis entre Colombia y Ecuador y Venezuela se agudizó por la incursión de las fuerzas armadas de Colombia, el 1 de marzo de 2008, al territorio ecuatoriano que terminó con la muerte del segundo hombre de las FARC (Ecuador Presidencia, 2008). Ecuador rompió relaciones diplomáticas. Nicaragua adoptó la misma decisión. Venezuela retiró su embajador y el personal de la embajada de Colombia. Ecuador y Venezuela movilizaron tropas a la frontera. Durante unos días se evidenció un clima de gran tensión que incluía la posibilidad del uso de la fuerza.

Una reunión Cumbre de las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política -Grupo de Río- reunidos en ocasión de la XX Reunión Cumbre en Santo Domingo, República Dominicana, alcanzó una solución satisfactoria para todas las partes. Allí se indicó "Son motivo de profunda preocupación para toda la región los acontecimientos que tuvieron lugar el 1 de marzo de 2008 cuando fuerzas militares y efectivos de la policía de Colombia incursionaron en territorio de Ecuador, en la provincia de Sucumbíos, sin consentimiento expreso del Gobierno de Ecuador para realizar un operativo en contra de miembros de un grupo irregular de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se encontraba clandestinamente acampando en el sector fronterizo ecuatoriano". Seguidamente y en lo que constituye un amplio, sólido e irrenunciable compromiso regional, los y las Jefes de Estado señalaron: "Rechazamos esta violación a la integridad territorial de Ecuador, y por consiguiente reafirmamos el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera fuera el motivo, aun de manera temporal". La reunión de Consulta de Cancilleres, mecanismo formal de la OEA, luego de largas negociaciones reiteró, el 17 de marzo de 2008, la vigencia del principio de soberanía territorial y de los principios referidos a la abstención del uso o amenaza de uso de la fuerza, así como el de la injerencia en asuntos de otros estados. A la vez, rechazó la incursión de fuerzas armadas y policiales de Colombia, del 1 de marzo 2008, las que constituyen una violación a los principios antes mencionados (OEA, 2008).

Los temas relativos a la soberanía territorial son los más sensibles para los estados. Más aún en el caso latinoamericano, en donde las intervenciones de la potencia hegemónica del continente han quedado marcadas en la memoria política de los países de la región. De allí la importancia de la institucionalización de mecanismos de fomento de la confianza y de resolución de conflictos. El desarrollo de medidas de alerta temprana posee gran importancia, al igual que los mecanismos de transparencia referidos a las adquisiciones y la homologación del gasto militar.

II. Percepción de temor y carencia de seguridad

Las estadísticas mundiales indican que 520.000 personas fueron víctimas de homicidio en el año 2000. De éstos se estima que 199.000 fueron homicidios de jóvenes. Las cifras reales son muchísimo más altas dada la baja calidad de la información en esta materia. (WHO. 2004) América Latina y el Caribe, considerados como región, poseen tasas de homicidios que obligan a pensar que este tipo de violencia constituye una pandemia. El Caribe presenta la tasa mayor con 30 homicidios por 100.000/hab. El promedio de Sudamérica es de 26 y el de América Central de 22 (UN-WB. 2007). Sin embargo, al mirar los casos nacionales, la región es tan diversa y heterogénea como en otras dimensiones. En efecto, algunas subregiones y países poseen cifras muy altas, por sobre la media regional y mundial; y en otros muestra cifras muy bajas. Es así como Chile, Costa Rica, Uruguay y Cuba, muestran cifras bajas, en contraste con el Caribe, Colombia, El Salvador, Brasil y Venezuela.

En la mayoría de los países de la región ha crecido la violencia y las tasas de homicidios. Las tasas de América Latina, en el período 2000- 2004, son de 25,4 por 100.000/hab. Para enfrentar este flagelo existe una frágil, débil e inconsistente institucionalidad regional, hemisférica e iberoamericana. Ésta es la única área en la cual no existe una Cumbre de los Ministros del tema. No hay una reunión de los Ministros del Interior y/o de Seguridad Pública de los países del hemisferio. Es una paradoja que se tengan encuentros regulares en prácticamente todas las áreas, desde finanzas a turismo, de la defensa a la salud; pero que no se desarrollen encuentros de los responsables de la seguridad pública. El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha convocado para el mes de octubre 2008, en México, la Primera Conferencia Ministerial sobre Crimen y Violencia en las Américas. En algunos esquemas subregionales se han establecido secretarías con un mínimo de institucionalidad en este tema, para generar más coordinación y cooperación, pero aún son débiles. Avanzar requiere de mayor integración y transferencia de competencias, lo que en el marco de los conceptos de soberanía vigentes es difícil. Se requerirá una mayor voluntad política para enfrentar mancomunadamente estas tareas.

La violencia deteriora la integración social; rompe el tejido social; impacta negativamente el crecimiento y desarrollo económico. Ahuyenta la inversión nacional y en especial la extranjera. Erosiona la legitimidad del Estado y aumenta la desconfianza de la ciudadanía; y reduce el apoyo a la democracia. Sin seguridad no hay predictibilidad y las incertidumbres aumentan. Sin seguridad no hay desarrollo humano. Los costos de la seguridad individual y de las sociedades aumentan, con ellos la inequidad y la fragmentación de las ciudades. La violencia aumenta la ingobernabilidad, debilita la democracia, incrementa la desconfianza y genera las condiciones para violaciones a los derechos humanos.

Fuente: World Bank. Crime,Violence and Economic Development in Brazil: Elements of Effective Public Policy. Poverty Reduction and Economic Management Sector Unit. World Bank. Washington DC. 2006

La seguridad pública, la seguridad doméstica, la seguridad ciudadana, son bienes públicos que deben reforzarse y perfeccionarse. Ésta es un área de déficit en la región. Allí se evidencian las mayores vulnerabilidades de los gobiernos democráticos; éstas afectan las capacidades de gobernabilidad democrática. Para poder enfrentar esta situación la construcción de políticas públicas de Estado es una condición esencial. Sin ellas surgirán propuestas autoritarias y populistas que agravarán los problemas, además de politizar y polarizar las opciones. Su carácter de Estado está dado por la construcción de una visión nacional y de largo plazo. Ésta va más allá de la del partido en el poder o de la coalición gubernamental; y de su período de gobierno. Ellas incorporan perspectivas de diferentes actores, con un horizonte temporal que cruza los períodos de gobierno. Es un tipo de política pública sobre la cual se ha construido una efectiva voluntad política. Es decir, metas y objetivos; un camino para alcanzarlas; y los recursos humanos y materiales necesarios para ello; expresado todo lo anterior en un marco institucional, con discursos coherentes de los diferentes actores. Ello no significa la ausencia de debates, por el contrario éstos son más profundos y profesionales y apuntan a mejorar la calidad de la política pública y los logros de ellas. Enfrentar la violencia en América Latina y el Caribe requiere de un conjunto de políticas públicas, desde las de seguridad y defensa a las relativas a la violencia intrafamiliar.

El apoyo a la democracia en América Latina y el Caribe se ha mantenido por sobre el 50% a lo largo de los últimos 12 años, con la excepción del año 2001, cuando cayó al 48 %. El año 2006, ascendió a un 58%, para caer al 54%, en el año 2007. En lo referente al grado de satisfacción con la democracia, el promedio regional es de un 37%. Es un nivel bajo de satisfacción con los gobiernos democráticos. Salvo Uruguay y Venezuela, que manifiestan un 66% y un 59% de satisfacción respectivamente, en el resto de los países está por debajo del 50%. Cuatro países están bajo el 30% y uno de ellos, Paraguay, el grado de satisfacción es sólo de 9%. (Latinobarómetro, 2007). En la región hay un descontento con los gobiernos democráticos, independientemente de su orientación.

En este contexto, se hace notar con más fuerza que las ciudadanas y los ciudadanos se sienten cada día más inseguros. La violencia, la inseguridad afectan y deterioran la calidad de vida de las personas. El miedo limita el pleno ejercicio de los derechos e inhibe las capacidades para el emprendimiento y relaciones sociales que propendan al desarrollo de sus comunidades. Un 63% de las personas en América Latina y el Caribe se sienten inseguras, es decir, sienten temor. Un 73% de las personas en la región teme ser víctima de un delito violento. Esta percepción se sustenta en el hecho que las víctimas de delitos han aumentado significativamente desde 1995, cuando el 29% fue víctima de algún delito; en el año 2006 subió a un 32% y en el año 2007, esta cifra aumenta al 38%. (Latinobarómetro, 2007). La violencia y la inseguridad adquieren cada día más relevancia en las agendas gubernamentales y políticas de los diferentes países. Ello demanda mejores y renovadas políticas públicas; diseñadas, ejecutadas y evaluadas con carácter de política de Estado.

III. Condiciones que generan la violencia

1. Inequidad, desempleo y falta de oportunidades: factores fundantes de la violencia.

Muchas de las políticas públicas aplicadas para combatir la violencia y la criminalidad lo que hacen es reprimir el delito, atacar a la delincuencia, pero con ello no se atacan las diferentes causas que los generan. Es esencial mirar a las causas junto con las manifestaciones que posibilitan su desarrollo. Sobre esta materia el presidente Óscar Arias señaló "He hablado de acciones nacionales e internacionales que responden a la pregunta de cómo tratar a la criminalidad, pero no responde a la pregunta de por qué existe la criminalidad" (Arias Sánchez, 2008) La violencia es un síntoma; debemos buscar las causas detrás de ese síntoma.

Una de las situaciones más graves en la región es su nivel de inequidad. La pobreza es grave, pese a que ha disminuido de manera lenta y progresiva desde el año 1990 cuando alcanzó al 48,3% de la población. En el año 2006 se había reducido en 10 puntos, alcanzando la cifra de 38,5% de pobres y de ellos un 14,7% eran indigentes. No obstante lo anterior, en términos del número de personas los pobres habían crecido de 200 millones en 1990, a 205 millones en el año 2006 (CEPAL, 2007).

La Organización Mundial de la Salud efectuó un estudio comprehensivo del estado del arte en relación con los factores que inciden en la violencia interpersonal. Allí, luego de revisar más de 21 trabajos internacionales, sistematizó los hallazgos más importantes (WHO, 2004). Entre éstos se destacan:

• La pobreza parece ser un factor agravante en todo tipo de violencias.

• La inequidad en el ingreso muestra una fuerte asociación con el crimen violento, mientras que éste tiene una débil asociación con niveles absolutos de pobreza.

• El desempleo motiva el crimen, pero las teorías que exploran las relaciones macroeconómicas como determinantes del crimen deben evaluar además aspectos de las políticas de control social.

• La relación entre inequidad y homicidios poseen un conjunto de factores intervinientes tales como desempleo, privaciones económicas, frustración y desintegración social; todo lo que hace complejizar dicha relación.

• Crecimiento urbano y crimen violento se ligan.

• Las inequidades socioeconómicas dirigen sus efectos sobre otros factores tales como pobreza, raza y localización geográfica de la violencia. Esto provee referencias útiles para argumentar que la inequidad más que la privación absoluta producida por la pobreza, es un riesgo para la violencia interpersonal.

• La inequidad es un mejor predictor de la violencia que el desarrollo económico. El incremento de las inequidades predispone para la violencia letal.

• Inequidad en los ingresos están fuertemente correlacionada con el crimen violento armado. Por otra parte, pobreza y homicidios demuestran sólo una débil relación.

• La relación entre inequidad económica y tasas de homicidios no fueron consistentes para diferentes rangos de edad o género, en general fueron más fuertes para jóvenes y hombres

• El alcohol -las drogas- impactan todo tipo de violencias

Del conjunto de factores descritos podemos destacar una serie de factores que generan condiciones para las manifestaciones de violencia y crimen. Entre éstos están la inequidad, que se puede visualizar con el índice de Gini; la pobreza, el grado de urbanización, las tasas de desempleo, en especial el juvenil. También la corrupción como indicador de impunidad se debe incluir.

Si correlacionamos los 10 países con más altas tasas de homicidios de la región y comparamos con los indicadores señalados encontramos una importante superposición en los primeros lugares con los otros indicadores. Esta situación se evidencia en el cuadro N° 2.

Allí encontramos que Colombia, que aparece con tasa mayor de homicidios, también ocupa uno de los 10 primeros lugares en el índice de inequidad, de pobreza, de desempleo urbano y juvenil. En el caso de El Salvador, 2° en la tasa de homicidios, surge sólo entre los 10 primeros lugares en el índice de pobreza. Venezuela, que se ubica en el tercer lugar de la tasa de homicidios, irrumpe entre los 10 primero en corrupción, urbanismo, desempleo urbano y juvenil. Brasil, ubicado en 4° lugar en la tasa de homicidios, emerge entre los 10 primeros lugares en inequidad, urbanización, desempleo urbano y juvenil. Guatemala, que es el quinto país con la mayor tasa de homicidios, se manifiesta entre los 10 primeros lugares en corrupción, inequidad y pobreza.

2. Acceso desigual a la justicia e impunidad

Las bandas criminales se han beneficiado más que algunos estados de la revolución en las comunicaciones y de la globalización. En América Latina y el Caribe existe una fuerte percepción sobre la incapacidad de los estados para hacer cumplir las leyes. Esto afecta las bases de la gobernabilidad y con ella de la estabilidad democrática. De acuerdo con el informe del Latinobarómetro, una preocupación fundamental de los ciudadanos de la región está vinculada a la incapacidad de los estados para que las leyes se cumplan. Los fundamentos de la incapacidad para hacer cumplir las leyes están radicados en, por un lado, la dificultad de ejercer un control territorial pleno, quedando zonas sin ley, urbanas y rurales. Por el otro, el país aparece que no está gobernado para el bien del pueblo, sino que está gobernado para los intereses de los poderosos. Consecuentemente en 16 países más de un 50% de los entrevistados señala que "un poco de mano dura del gobierno no viene mal" (Latinobarómetro, 2004). Lo que de aplicarse posee resultados contraproducentes. La percepción ciudadana es que no funciona el Estado de Derecho, que no se cumplen las leyes, lo que deteriora a los sistemas democráticos y a la vez menoscaba la cultura de la legalidad. Por otro lado, ello genera también inequidad, la ley deja de ser para todos. Sobre esto existe una clara conciencia entre los latinoamericanos y latinoamericanas, sólo el 22% estiman que existe un acceso con iguales oportunidades. Por el contrario, el 75%, es decir, 3 de cada 4 personas, consideran que el acceso es desigual. La erosión del Estado se incrementa, la confianza en la justicia disminuye y aumenta la sensación de impunidad.

Fuente: Corporación Latinobarómetro. Informe Latinobarómetro 2004 y 2005. Santiago, Chile. (1 ninguna ley se cumple, 10 todas ellas se cumplen). En:http://www.latinobarometro.org.

Como resultado tenemos una sensación de mayor inseguridad y de desprotección. Los espacios sin ley, los territorios donde está ausente el Estado aparecen como situaciones de "normalidad". Es allí, en esas zonas, surgen otros poderes para imponer "su orden" y sus normas" por medio de la violencia. Son actores armados al margen del Estado de Derecho.

Fuente: Corporación Latinobarómetro, Informe Latinobarómetro 2007. Santiago, Chile. 2007

Uno de los problemas más graves es la falta de conocimiento de los nuevos fenómenos de violencia y de sus efectos en los diferentes estados. Ello redunda en que los actores estatales están desarrollando políticas y estrategias con instrumentos ineficaces, sin coordinación internacional y en ausencia de acuerdos que generen las condiciones de una mayor cooperación y una reducción de los "espacios sin ley" en donde no llega la acción del Estado, ni el imperio del derecho. Esta situación es especialmente sensible y de gran vulnerabilidad en las fronteras. Allí actores armados ilegales usan esos territorios, como zonas protegidas, para accionar en diferentes espacios, burlando la débil soberanía que se ejerce por parte de los estados en esas zonas.

Esta situación es particularmente grave en América Latina y el Caribe si consideramos su alta inestabilidad. Ésta es una de las regiones en donde existe el peligro de desarrollo de "estados erosionados y debilitados". Es decir, estados sin capacidad para potenciar el imperio de la ley; detentar el monopolio de la violencia, proveer de servicios y bienes al conjunto de la población, en especial el de la seguridad. En estos casos se reducen las áreas donde opera el Estado de Derecho y se amplían los "espacios sin ley". El ejercicio del control territorial es responsabilidad nacional, de cada país. La acción del crimen organizado genera una fuerte desafección de la política, de sus partidos y en definitiva del sistema democrático; además de grandes costos. La percepción de corrupción generalizada recorre la región y con ella se erosionan las débiles instituciones y abren espacios al crimen organizado y se facilita la desafección democrática y se incrementa la violencia y el crimen.

3. El tráfico de armas livianas. Un factor acelerador de la violencia.

La proliferación de armas pequeñas, su tratamiento y su control, constituyen una amenaza constante a nivel internacional. Se estima que el 75% de las armas en el mundo se encuentra fuera de las manos del Estado. El impacto de las armas pequeñas debilita el Estado de Derecho, erosiona la democracia, desafía la paz y generan inestabilidad e incertidumbre.

Asimismo, en muchos de los casos las armas y municiones se encuentran en lugares inseguros desde donde son hurtados, contribuyendo al tráfico y proliferación de éstas. En América Latina las cifras de homicidios por armas de fuego convierten a la región en una de las más peligrosas, y en la que mueren más personas por armas de fuego sin estar asociadas a conflictos armados. De las trece ciudades con mayores tasas de homicidio de este tipo en el mundo, diez de ellas corresponden a América Latina y el Caribe, situación que evidencia la existencia de una alta circulación de armas y una carencia de instrumentos efectivos de control de éstas.

La desigualdad económica y social, sumada con la alta tenencia de armas de fuego por parte de la población civil, ha producido el aumento de la percepción de inseguridad ciudadana y de las tasas de mortalidad a causa de armas de fuego.

La proliferación de armas y su tenencia en manos de civiles no sólo tiene que ver con los grupos que se encargan de su comercialización ilícita, sino que, además, existe en diferentes casos, un traspaso ilegal entre militares/policías y la población. De hecho la desviación de arsenales desde el sector privado y público son uno de los recursos más importantes que tienen los criminales y otros grupos para armarse.

Cabe destacar que el control de estas "fugas" se complejiza aún más en los territorios post-conflicto, como por ejemplo en la mayoría de los países centroamericanos, en donde luego de finalizar el conflicto armado, la tenencia de armas en manos de civiles representa un desafío adicional. El área andina se debe incluir por el derrame del conflicto colombiano y los remanentes en el caso peruano. Diversos estudios muestran cómo el Caribe y la Centroamérica son puentes estratégicos de trasbordo para la droga y refugio para organizaciones que dirigen diferentes ilícitos internacionales, entre los que se cuenta el de armas livianas.

En síntesis, con respecto al control y regulación de armas, algunas deficiencias en la región son evidentes: existe poca confiabilidad de los datos en todos los países; concurre una urgencia por vincular las instituciones de control intraestatales, mediante la definición de políticas que establezcan entidades de coordinación con capacidad decisoria; la vinculación institucional debe hacerse también a nivel subregional, armonizando procedimientos y mecanismos. Por último, se debe tener claro que los esfuerzos en el diseño de políticas a nivel regional requieren partir de un análisis contextual, en donde el conflicto colombiano resulta un factor fundamental para comprenderlo.

En este contexto regional, producto de la preocupación internacional y regional con respecto al tema, el 13 de noviembre de 1997 fue aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA). La CIFTA ha sido firmada y ratificada por todos los países latinoamericanos con excepción de República Dominicana, que está pendiente de ratificación. En el caso caribeño, Surinam, San Vicente y las Granadinas, Jamaica, Guyana y Dominica no han ratificado la Convención. Cabe destacar que Estados Unidos y Canadá tampoco la han ratificado.

4. El tráfico de drogas. Estimulador de la violencia

En la "guerra en contra de las drogas" luego de más de una década los resultados son decepcionantes. La presencia de la droga es uno de los factores que incrementa la violencia en los hechos delictivos. Drogas y tráfico de armas livianas son sinónimo de más homicidios.

En el caso de la cocaína los países andinos son los principales proveedores. La producción de droga aumentó en el año 2007 o por lo menos se mantiene estable con una producción que emana de entre 178 a 255 mil hectáreas, lo que posibilita una producción cercana a las 1.000 toneladas. (International Crisis Group. 2008) Para distribuir estas inmensas cantidades de drogas las redes criminales trasnacionales se han expandido por todos los países de la región. Junto a ellas se ha propagado la violencia y la criminalidad, desde mayor corrupción hasta el sicariato. Uno de los fenómenos que explica esta situación es la lucha entre bandas rivales por el control de los mercados locales. Parte del pago por el tránsito dejó de efectuarse en dinero y se paga en droga, que debe ser vendida en los países de la región. El consumo se incrementa en todos los países y con ello la criminalidad asociada.

Una víctima menos visible, pero que posee graves consecuencias para las sociedades es la feminización del micro-tráfico, nacional e internacional. Las cárceles para mujeres se están llenando de internas vinculadas al micro-tráfico de drogas. Esto destruye las familias y erosiona los tejidos sociales de las comunidades de origen. En muchos casos el "llevar un encargo" aparece como una alternativa al desempleo y la privación. O el comercio ilícito como una alternativa de resolver en forma rápida la pobreza, incluso se percibe como "una opción laboral", que no es dañina y "más honesta que el robo" (Arias B, 2007).

Si la guerra contra las drogas no es posible ganarla y la ilegalización y las políticas de tolerancia cero no han dado resultados esperados es necesario buscar nuevos enfoques. Éstos se centran no en la reducción de la demanda sino en la reducción del daño. Es decir, disminuir el número de muertes, reducir la violencia de la delincuencia, de las enfermedades y del sufrimiento ligado al mal empleo de los narcóticos y las políticas prohibicionistas. Si esto es así, se requiere pensar nuevas políticas que no repitan el fracaso de décadas de una guerra que no se gana (Ethan Nadelmann, 2007).

5. Política de deportaciones: altos costos e impactos negativos

La política de deportaciones de Estados Unidos a los países del Caribe y Centroamérica realizada desde inicios de los años noventa, significó el regreso de un número significativo de convictos, éstos -para el caso del Caribe- alcanzan a un promedio superior a los 5.000 deportados anuales en 2004 y 2005 (UN y BN, 2007). Ellos emigraron muy jóvenes a EEUU y luego de ser detenidos y encarcelados son enviados a sus países de origen. Esto ha generado una percepción de que el incremento de la violencia encuentra una de sus causas en este hecho. No existen investigaciones que permitan fundamentar o desmentir estas percepciones. Lo que sí es claro es que los países receptores no poseen los recursos económicos para monitorear los deportados.

Éstos muchas veces han perdido completamente sus vínculos con sus comunidades de origen. Sus relaciones quedaron en EEUU y es hacia allí donde mantendrán sus relaciones, con lo que la transnacionalización de los vínculo se incrementa, sean éstos legales o ilegales.

Queda claro que con estas deportaciones se debilita la cultura de la legalidad, se deben destinar recursos a la prevención y a la atención de esta población. Los gobiernos necesitan establecer planes de reinserción. Son recursos que se distraen de otras tareas y se restan en definitiva al desarrollo. En síntesis, es un alto costo que transfiere EEUU a los países más pobres y vulnerables de las Américas.

6. Corrupción: erosiona al Estado, debilita la democracia y abre espacio a la violencia

De los 9 mandatarios latinoamericanos destituidos o renunciados, entre 1995 y 2005, en buena parte de los casos la corrupción ocupó un lugar determinante en su destitución. La ausencia de capacidad estatal se ha constituido en una seria amenaza para el mundo desarrollado (Fukuyama, 2004). Las percepciones de erosión de la estatalidad y el desarrollo de "espacios sin ley" y la posibilidad de incremento de estados colapsados, generan grandes vulnerabilidades externas a las que los estados de la región deberán responder con nuevas formas de coordinación y nuevas maneras de enfrentar a fuerzas como el crimen organizado, para lo cual la cooperación internacional es esencial. Cuando se analizan los problemas de seguridad se destaca que la democracia es una condición indispensable para la estabilidad, la paz, la seguridad y el desarrollo, junto con ello se subraya que la corrupción es uno de los elementos que afectan con mayor fuerza a las democracias y generan espacios para la acción del crimen transnacional, el cual posee un alcance que va mucho más allá de las fronteras nacionales. Sólo en dos países se tiene una percepción de baja corrupción: Chile 7,0 y Uruguay 6,7. En 21 países la ponderación es menor que la mitad del índice, es decir, están bajo 5,0 y en Haití la ponderación es muy baja de 1,6 (Transparencia Internacional, 2007).

Fuente: Corporación Latinobarómetro Informe Latinobarómetro 2007. Santiago, Chile. 2007. En:http://www.latinobarometro.org; Corporación Latinobarómetro Informe Latinobarómetro 2006. Santiago, Chile. 2006. En:http://www.latinobarometro.org

Oponerse a la corrupción es una tarea esencial para la democracia. También lo es para enfrentar el crimen organizado. Adicionalmente el delito organizado posee una marcada dimensión transnacional y una gran capacidad para la adaptación y la especialización en ámbitos específicos como lo son el tráfico ilegal de estupefacientes, armas, personas y el blanqueo de dinero asociado con los anteriores. Las redes ilegales se manifiestan tanto en el mundo desarrollado como en los países en desarrollo. Para las Naciones Unidas éste es un tema de preocupación creciente (ONU, 2004). Tres obstáculos impiden una respuesta eficaz: I) cooperación insuficiente entre los estados; II) falta de coordinación entre los organismos internacionales; III) incumplimiento por parte de muchos estados. En general, los países más pobres y con mayores niveles de inequidad son más vulnerables a la corrupción y por lo tanto a la erosión de su institucionalidad. La lucha contra la corrupción adquiere cada vez mayor significación política. La erosión que produce genera intersticios para la intromisión del crimen organizado y con él de la violencia. Es una lucha compleja, con resultados a largo plazo y son pocas las buenas prácticas que permitan replicarlas inmediatamente. El rol de la sociedad civil es crucial en esta materia.

La corrupción se liga a la confianza. Los grados de confianza de las y los latinoamericanos es muy baja con relación a tres instituciones esenciales en la democracia: los tribunales, el parlamento y los partidos políticos. Ello incide en el bajo grado de participación de la ciudadanía, en el respaldo a la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho.

El grado de desconfianza de la ciudadanía y los altos niveles de corrupción facilitaron la participación del crimen organizado en Guatemala. Esto se evidenció con el asesinato de tres parlamentarios centroamericanos y el asesinato posterior de los policías involucrados y responsables materiales de dichas muertes. Un diputado fue sindicado como uno de los autores intelectuales. El ex-presidente Berger señaló que su país estaba sobrepasado por el accionar del crimen organizado (Nación 8/7/07). En ese contexto se aprobó por parte del parlamento una solicitud de ayuda a Naciones Unidas para crear la Comisión Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala (CICIG). La CICIG tiene como misión: a) determinar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos contra los derechos de los guatemaltecos; b) colaborar con el Estado en la desarticulación de esto por medio de la persecución penal; c) recomendar al Estado las reformas y las políticas públicas para erradicar estos cuerpos legales. A cargo de la CICIG fue nombrado el juez español Carlos Castresana Fernández. (Véase anexo).

IV. Algunas expresiones de la violencia en América Latina y el Caribe

1. El secuestro

Los secuestros se han transformado en una forma de extorsión cada vez más usual en las diversas regiones del mundo. Sin embargo, más del 50% de los secuestros ocurren en América Latina. Naciones Unidas ha estado preocupada por este tema. En el año 2003 realizó una encuesta entre los países para conocer la situación de este delito y avanzar hacia la "Cooperación internacional para prevenir, combatir y eliminar el secuestro y prestar asistencia a las víctimas" (ONU, 2003).

La Asamblea General de la ONU adoptó una resolución, en su 74° sesión plenaria, el 20 de diciembre del 2004, en la que además de su preocupación por el aumento de este delito, reitera que el secuestro de personas, en cualquier circunstancia e independientemente del propósito, constituye un delito grave y una violación de la libertad individual que menoscaba los derechos humanos. Además, la Asamblea General indicaba que, convencida de que los vínculos entre las diversas actividades ilícitas, incluido el terrorismo, y la delincuencia organizada plantean una amenaza adicional contra la seguridad y la calidad de vida, obstaculizado el desarrollo económico y social. Señala que la Convención de la UN contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ofrece el marco jurídico necesario para la cooperación internacional contra el secuestro (ONU, 2005).

Fuente: Coparmex. (Confederación Patronal de la República Mexicana) Casos denunciados: 1: 2001; 2: 2000; 3: 1999.

Uno de los casos más dramáticos en cuanto al número de secuestrados es el de Colombia. Allí la situación de Ingrid Betancourt ha puesto de relieve este grave flagelo que ha concitado el repudio mundial. Luego de una importante alza en el año 2000, se ha logrado reducir este delito a una cifra de 500 secuestros anuales, según la Fundación País Libre de Colombia. La mayoría, el 64,4% de los secuestros tiene fines extorsivos. El 52% de los secuestros tienen como actores responsables a los grupos irregulares de las FARC y el ELN. Un 22% sin establecer; y entre las Autodefensa y Delco un 21,4% (Fundación País Libre, 2007).

La "industria" del secuestro reportaría más de 1.500 millones de dólares anuales a quienes lo perpetran (Aznarez, 2008). La ONU identifica cuatro elementos comunes en este delito: 1) aprehensión ilegal; 2) empleo de la violencia; 3) retención de la víctima en un lugar donde no podría encontrarse; 4) el objetivo es obtener beneficios económicos o financieros y/o influencia política o de otro tipo, inclusive mediante la práctica de la extorsión. Todos los Estados lo consideran un delito grave

2. Las maras: ¿tema militar o tema social?

Las pandillas juveniles se han convertido en uno de los nuevos rostros de la violencia en América Latina y el Caribe. Han adquirido fuerza e importancia particularmente en Centroamérica y crecientemente en México, aunque son originarias de los Estados Unidos, especialmente de Los Ángeles. El análisis de la violencia juvenil ligado a la exclusión social, política, económica se ubica en el centro del problema. La principal conclusión a la que han arribado los investigadores de FLACSO (Savenije y Beltran, s/f ; Luis G. Solís, 2007; Rojas Aravena, 2005) en esta materia es que la violencia de las pandillas juveniles no es el resultado de conductas sin sentido o irracionales sino que es su respuesta a las necesidades y dinámicas que hayan por vivir en situación de exclusión social. Su identidad social se establece por su pertenencia a estas pandillas y la violencia se transforma en un instrumento de comunicación.

La exclusión, la marginación tanto de la educación como, principalmente, del acceso al trabajo y en especial al trabajo digno, son uno de los incentivos para que los jóvenes se agrupen en organizaciones que les otorguen identidad y protección; lo que en la actualidad no les entrega ni el sistema político, ni el sistema económico, ni la familia. El desempleo es un indicador crucial. Tradicionalmente las pandillas fueron analizadas como un fenómeno eminentemente local, jóvenes que compartían un vecindario y que establecían formas de organización para defenderse o disuadir a otros provenientes de comunidades distintas, promover la lealtad y la solidaridad. Sin embargo, en la actualidad reflejan esencialmente un problema transnacional, es decir, estos grupos se encuentran relacionados bajo una denominación común internacional, con fuerte identidad grupal, aunque poseen plena autonomía y no se evidencia una estructura jerárquica transnacional, ni nacional.

Fuente: Fundación Género y Sociedad GESO, 2005. Con base en datos de PNUD para Guatemala, Instituto de Medicina Legal y Policía Nacional Civil para El Salvador y Poder Judicial para Costa Rica.

Este fenómeno se liga a la política de deportación de los Estados Unidos de jóvenes que son apresados en ciudades estadounidenses y deportados hacia los países latinoamericanos y caribeños. La Mara Salvatrucha y la Mara 18 se han transformado en dos nombres relevantes a nivel internacional. El origen de ambas se encuentra en los barrios de Los Ángeles; en la actualidad su accionar se extiende por el norte de Centroamérica, México y los Estados Unidos.

El accionar delictivo de bandas juveniles violentas se ha incrementado de manera muy importante, han establecido "nuevos tipos de violencia", nuevas formas de delincuencia, las cuales corren el peligro de vincularse al crimen transnacional y con ello producir una escalada en el tipo de delitos y de la violencia asociada. Los jóvenes entre 18 y 29 años constituyen las principales víctimas y victimarios de las pandillas.

La respuesta estatal tiende a militarizarse. Por ejemplo, en el caso de El Salvador primero fue el Plan Mano Dura, luego vino el Plan Super Mano Dura. Las Naciones Unidas han expresado su preocupación por estas leyes dado que vulneran la convención de derechos de los niños. Como resultado específico se encuentra en que con el Plan Mano Dura en un año, entre julio del 2003 y julio del 2004 en El Salvador se detuvo a 17.162 personas, de estas el 91%, 15.618 fueron sobreseídas. Detenidas judicialmente quedaron 858 personas lo que representa un 5% del total de los detenidos y un 4% está pendiente de audiencia (Gamarra, 2005).

El tema de la posesión de armas livianas y las pandillas juveniles adquiere cada vez más importancia en particular en situaciones como las de la Favelas en Río de Janeiro. El tema de las maras muestra de mejor manera que cualquier otro tipo de violencia el vínculo con la exclusión y la falta de empleo, así como una débil cohesión social. De allí que los errores que se cometan en su combate tendrán no sólo graves consecuencias para los derechos humanos, sino para las posibilidades de reinserción de un importante número de jóvenes. La militarización no resuelve el problema; se requiere de políticas multidimensionales, acuerdos sociales y económicos permitirán reducir la violencia y mejorar las oportunidades de acceso, en especial al trabajo.

3. La justicia por la propia mano: linchamientos

La falta de acceso a la justicia, potencia la búsqueda de formas alternativas de justicia altamente violentas. Tal es el caso de los linchamientos. Estas situaciones ocurren en diferentes países, en especial en aquellos lugares donde los índices del Desarrollo Humano son desfavorables. En la región se han reportado linchamientos en Guatemala, México, Perú, Haití, Brasil. También ha habido intentos en Buenos Aires y Santiago. En muchos casos esto coincide con poblaciones originarias a las cuales se les han negado de manera sistemática sus derechos.

En México, una investigación que cubrió de 1987 a 1998, recogió 103 linchamientos. La definición operativa indicó que linchamiento se consideraba a: 1) una acción colectiva, 2) de carácter privado e ilegal, 3) que puede provocar la muerte de la víctima, 4) en respuesta a actos o conductas de ésta, 5) quien se encuentra en inferioridad numérica abrumadora frente a los linchadores. La mayoría de los casos fueron en zonas rurales, en torno a un 73%, y en un 54% el método usado fueron golpes. Esto último refuerza el sentido de justicia por "mano propia" en forma literal. Las víctimas en un 95,4% fueron hombres. En lo referido a la situación económica y social no hay diferencias, es una forma de violencia de pobres contra pobres. (Vilas, 2001) También se dan casos -en diferentes países- en los cuales las víctimas fueron autoridades acusadas de corrupción u otro tipo de abusos.

Naciones Unidas, en Bolivia ha expresado su preocupación por el aumento de linchamientos en los dos primeros meses del año 2008. El año 2007 fueron reportados casos que afectaron a más de 15 personas en diferentes ciudades. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, indicó que la debilidad del aparato de justicia, sumada, en algunos casos, a la reacción tardía de los agentes, produce un cuadro de impunidad que alienta a la repetición de este tipo de conductas. El 1 de marzo de 2008, tres policías fueron asesinados por pobladores del pueblo de Epizana, Cochabamba, a los que los pobladores acusaron de extorsión y cobros irregulares a los conductores (Cable DPA, 2008).

En Guatemala, MINUGUA ha registrado 552 víctimas, la mayoría hombres entre 18 y 49 años. Entre 1999 y 2002, veinte y cuatro de las víctimas eran menores de edad y 8 con menos de 16 años. En los lugares en donde la Comisión de Esclarecimiento Histórico señaló que hubo graves hechos de violaciones a los derechos humanos y masacres es donde se realizaron el 64% de los linchamientos o intentos de linchamiento (MINUGUA, 2002). Los linchamientos "concentran en nuestro caso todas las crueldades y horrores del pasado conflicto armado. Revela también las tensiones y ambigüedades de una paz que no ha llegado a todo el país y que, en visión retrospectiva hace presente tiempo idos, atrae fantasmas que no podemos olvidar. Pesadillas de nuestro atrasado tiempo social" (Torres-Rivas, 2003). El Estado contrainsurgente dejó un Estado débil. A ello se une la dinámica de una cultura autoritaria heredada de la misma época, que privilegió la violencia y la coacción; así como la impunidad. Es una sociedad civil violenta y desprotegida, por lo que ante la ausencia del Estado busca protegerse por mano propia.

4. El terrorismo, una expresión ausente

La "guerra contra el terrorismo" es una de las principales políticas de Estados Unidos. El terrorismo de alcance global no ha tenido ninguna expresión en América Latina y el Caribe. Desde la región no han probado vínculos con las organizaciones terroristas globales ligadas a extremismos religiosos.

La región suscribió la Convención Interamericana Contra el Terrorismo que se encuentra vigente desde el año 2003. En forma paralela se creó un Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) cuya función principal es la prevención de estos actos.

Los actos de terrorismo en la región se han reducido de manera considerable. Colombia concentra la mayoría de hechos. En términos comparativos el terrorismo está ausente de esta región del planeta. No obstante, es crucial implementar medidas preventivas permanentes dado el daño que estos actos pueden producir.

V. El crimen organizado: el principal generador de violencia colectiva

La presencia del crimen organizado se manifiesta con gran fuerza en América Latina. Ello ha demandado conocer de mejor forma el fenómeno, para poder estudiar sus efectos negativos sobre la sociedad y a la vez considerar las mejores opciones de políticas para enfrentarlo.

Un primer debate se produce en la discusión teórica en torno a la definición de crimen o delito organizado. ¿Cómo se define crimen o delito, y si éste es organizado? Tal discusión, principalmente jurídica, señala la existencia de un tipo de delincuencia que se diferencia de lo que se denomina "delincuencia común" debido a los procesos de evolución o perfeccionamiento que caracterizan este antiguo fenómeno rejuvenecido con el advenimiento de la sociedad de la información. Varios elementos señalan esta diferencia: a) rebasa los controles gubernamentales, b) establece líneas especiales de operaciones basadas en un sistema complejo de tipo empresarial, bien estructurado para la comisión de hechos delictivos, c) persigue por medio de determinadas acciones violentas la búsqueda y obtención de poder económico y social, no tanto político d) la delincuencia está delante de lo que caracteriza a la delincuencia común tradicional y convencional. e) adicionalmente, se puede señalar que el delito organizado posee una marcada dimensión transnacional y una alta capacidad de adaptación al nuevo contexto, f) una fuerte especialización en los ámbitos específicos como lo son el tráfico ilegal de estupefacientes, armas, personas, así como el blanqueo de dinero asociado con los delitos anteriores.

La transnacionalización del crimen ha aumentado los problemas que de él se derivan. El crimen organizado cruza las fronteras y sus acciones se relacionan con los distintos tipos de amenazas de carácter global. Para poder enfrentar esta nueva forma de criminalidad es necesario contar con una perspectiva y visión transnacional; esto significa coordinar políticas globales y locales, convirtiéndose esto en uno de los principales retos que poseen los Estados, las sociedades y todos los actores que buscan enfrentar este flagelo.

El crimen organizado tiene un objetivo esencialmente económico, sin embargo, para poder recibir esos recursos ocupa la extorsión y la violencia como instrumentos fundamentales. Esta característica es la que representa el mayor peligro para las sociedades latinoamericanas y caribeñas. El crimen organizado posee una fuerte coherencia interna, altos grados de especialización y sofisticación. No es ideológico, no busca el poder político como tal, lo que busca es la influencia y la capacidad de decisión sobre los agentes del Estado, con independencia de la ideología de éstos. Es una empresa ilegal, aunque normalmente penetran empresas legítimas.

Para desarrollar una acción efectiva en este campo, se necesita una mirada sistémica, multifactorial y que recoja las visiones de una pluralidad de actores para, sobre esas bases, construir confianza como uno de los activos más importantes. Esto sólo será posible si se desarrollan miradas y percepciones integrales sobre el fenómeno, que a la vez puedan manifestarse en acciones locales, circunscritas, y específicas las cuales pueden ser evaluadas y revisadas para alcanzar los resultados propuestos. La cooperación internacional es esencial para enfrentar el fenómeno (Rojas Aravena, 2006). El crimen organizado se vincula a los más variados ámbitos, entre éstos destacan: 1 La democracia y el crimen organizado. 2. Corrupción y crimen organizado. 3. El crimen organizado y el tráfico de armas. 4.. El tráfico internacional de personas. 5. Políticas de deportaciones y el crimen organizado. 6. El crecimiento económico, el crimen organizado y el lavado de dinero. 7. Los medios de comunicación y el crimen organizado. 8. La ciberseguridad y el crimen organizado. 9. Crimen organizado y tráfico ilegal de especies naturales. 10. La institucionalidad y el crimen organizado.

VI. Los costos económicos de la violencia

Los países y las sociedades invierten cada vez más recursos para protegerse y mitigar los efectos de la violencia y la inseguridad. El gasto militar global en la región es bajo, sin embargo podrían establecerse acuerdos multilaterales que posibilitarán establecer acuerdos sobre limitación en las adquisiciones, pero ello requiere de acuerdos vinculantes, verificables primero sobre homologación de los gastos y luego dar cumplimiento efectivo a la convención interamericana sobre transparencia en las adquisiciones.

De igual forma, los estados deben destinar cada vez mayores recursos para prevenir, atenuar y reprimir la violencia interpersonal. Entre estos costos están los incrementos de policías y sus equipamientos, de patrullajes, costos vinculados a los procesos judiciales, servicios legales, la infraestructura carcelaria. Los costos de atención de emergencias en hospitales y otros servicios de salud, como atención psicológica y otras formas de atención a las víctimas. Muchos de estos costos directos se incrementan por la pérdida de oportunidades de inversión en desarrollo. El costo de tiempos implicados en atender estas situaciones son altos. Los costos en pérdidas de capital humano y social son difíciles de revertir. El incremento en los seguros y las bajas en la productividad. También en los casos más graves implican la salida de inversionistas extranjeros y nacionales. Así como el alejamiento o caídas del turismo.

Los costos directos asociados al crimen poseen una alta significación en todos los países. En el caso de Brasil se ha estimado entre un 3% y un 5% del PIB al año (Banco Mundial, 2006). En el caso de Jamaica el costo estimado es de un 3,7% del PIB (Banco Mundial, 2007). En el caso de Costa Rica el costo estimado es un 3,6% del PIB (PNUD-Costa Rica, 2005). El BID ha calculado que el costo en América Latina fluctúa entre el 2% y 15% del PIB (Carrillo-Flores, 2007). Sobre la base de estos números se ha proyectado para el caso del Ecuador un gasto cercano al 7% del PIB (Carrión, 2007). En el caso de El Salvador los costos estimados, para el año 2003, fueron de 11.5% del PIB (Betancourt, 2007). Pero no sólo están los costos efectivos sino la pérdida de oportunidades y la menor tasa de crecimiento como consecuencia del crimen y la violencia. Una caída en las tasas de homicidios a un rango de un 6 por cada 100.000/hab puede significar incrementos sustanciales del PIB. Si Jamaica y Haití lograran reducir la tasa de homicidios, al nivel de la de Costa Rica, podrían obtener un crecimiento anual del 5,4%. (Banco Mundial, 2007). Mejorar la calidad de la información permitirá mejorar los presupuestos y establecer políticas públicas más eficientes, con mejores grados de focalización en los problemas que buscan solucionar.

VII. Conclusión: la violencia inhibe el desarrollo humano en América Latina y el Caribe

La violencia inhibe el desarrollo humano, se transforma en un obstáculo para el crecimiento y limita las oportunidades de construir sociedades, en donde la libertad posibilite una plena y efectiva legitimidad democrática. La violencia limita, disminuye y reduce las opciones para una vida mejor, aspecto central en el desarrollo humano.

Como señalamos, una serie de factores inciden sobre el incremento de la violencia, el crimen, el despojo y la inseguridad, entre éstos se destacan: la inequidad y polarización económico- social; la urbanización; la pobreza y marginación; la informalidad y el desempleo; la ausencia del Estado y la debilidad de sus instituciones; las políticas represivas que criminalizan a la pobreza y a los jóvenes; la falta de integración y cohesión social, en especial de poblaciones nativas. Junto a estos factores, nuevos actores armados se hacen presentes. Éstos enfrentan a las policías y las FF.AA., en especial en zonas en las cuales la presencia estatal es débil. Entre estos actores se destacan: vigilantes, guardianes, paramilitares, guerrillas, narcos y sicarios, crimen organizado, maras. Junto a ellos crece el número de policías privados. Estos nuevos actores buscan imponer un "orden" por medio de la violencia, fuera del marco del imperio de la ley.

Los impactos de la violencia se manifiestan en diversas áreas: 1) sobre la calidad de vida, con más temor; 2) sobre la convivencia cívica, con menores grados de confianza; 3) en la convivencia democrática, con mayor desafección; 4) en las inversiones privadas, con un retraimiento; 5) en el gasto en seguridad, más gasto público y privado; 6) en el espacio público, con el abandono; 7) en la privatización de las respuestas; 8) en las políticas públicas, incrementando las complejidades de la gestión y los diseños institucionales; 9) sobre las decisiones; generando un sentido de urgencia y de carencia de efectividad. 10) los costos de la violencia reducen las oportunidades del desarrollo, en especial del desarrollo humano y sustentable.

Uno de los principales escenarios de inseguridad, en especial para las mujeres, es el propio hogar. Pese a que la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, "Convención de Belem do Para", de julio de 1994, ha sido plenamente ratificada por todos los países de la región.

Las situaciones anteriores reflejan problemas más profundos de las sociedades y sistemas políticos latinoamericanos. Nuestros sistemas no sólo son altamente polarizados e inequitativos, sino que poseen bajos niveles de inclusión social y política. Ello se expresa, entre otros, en la falta de reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas. Las dificultades para incorporar a los jóvenes y la ausencia de políticas para proteger a los más vulnerables, niños, mujeres y tercera edad. Todo ello se manifiesta en sociedades polarizadas con débil cohesión social.

Si no se resuelven los temas esenciales para la vida de las personas, la educación, salud, vivienda y trabajo decente; la polarización continuará y con ella se reproducirán las condiciones para el desarrollo de una cultura de exclusión. Ésta, en el contexto de sociedades cada vez más inequitativas y segmentadas, facilita expresiones de violencia, y con ello se truncan las oportunidades para el desarrollo humano. En vez de potenciar a las personas les reduce sus capacidades. En vez de limitar los riesgos, los aumenta. En vez de fomentar la cooperación incrementa la desconfianza.

Concertar políticas públicas nacionales e internacionales para reducir la violencia y fomentar sociedades más inclusivas y democráticas es esencial para la estabilidad, la cooperación, la cohesión social y el desarrollo humano.

ANEXO.

La Comisión Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala

(CICIG)

Desde la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala (1996), el incremento de la violencia, como resultado de las actividades de delincuencia común y crimen organizado, han debilitado la capacidad del Estado guatemalteco de proteger los derechos humanos y de combatir la impunidad y fortalecer el ejercicio de la ley.

Como resultado de esta situación, en noviembre de 2006 la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de Guatemala firmaron un acuerdo para crear la Comisión Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala (CICIG). El 1 de agosto de 2007 el Congreso guatemalteco la aprobó, el 16 de agosto fue publicada en el Diario Oficial, y, finalmente el 4 de setiembre entró en vigor. En enero de 2008 inició sus operaciones bajo el mando del Comisionado Dr. Carlos Castresana Fernández.

Esta iniciativa conjunta entre la ONU y un país miembro es una innovación en las acciones de las Naciones Unidas para fortalecer el Estado de Derecho en países post-conflicto.

La CICIG tiene como misión: a) determinar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos contra los derechos de los guatemaltecos; b) colaborar con el Estado en la desarticulación de esto por medio de la persecución penal; c) recomendar al Estado las reformas y las políticas públicas para erradicar estos cuerpos legales.

La Comisión se creó con el fin de cumplir tres objetivos principales:

a Investigar la existencia y las modalidades de operación de los grupos de seguridad ilegales y de las organizaciones clandestinas de seguridad, identificando sus estructuras y vínculos entre funcionarios del Estado y el crimen organizado.

b Apoyar el trabajo de las instituciones del Estado de Guatemala, en especial al Fiscal General, en su función de investigar y procesar a los individuos involucrados en estos grupos.Además realizar recomendaciones respecto a nuevas políticas públicas y procedimientos relacionados con el tema.

c Proveer asistencia técnica a las instituciones del Sector Justicia.

La CICIG no tiene facultades para denunciar ni perseguir penalmente de manera autónoma, aunque sí puede brindar su apoyo al Ministerio Público en estas tareas. Las acciones de la Comisión se enfocarán en actividades presentes de los grupos ilegales y/o clandestinos; y no las del pasado.

Por último, la Comisión es una organización independiente financiada en su totalidad por contribuciones voluntarias de donantes y de Estados miembros de la ONU. Para enero de 2008 había recibido contribuciones que suman más de US $21 millones.

Fuente: ONU. International Commission Against Impunity in Guatemala. Peace and Security Section of the United Nations Department of Public Information and United Nations Department of Political Affairs. 2008; ONU. Aspectos del Mandato y del Funcionamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. 2007