I. Introducción

El estado Bolívar, al sudeste del río Orinoco en la frontera con Brasil, es una tierra de contrastes. Entre los 24 estados de Venezuela, es el primero en extensión ocupando el 26% del territorio nacional, el séptimo en población con 1.490.612 habitantes, y es uno de los estados con menor densidad de población, ocupando el vigésimo lugar con 0,63 habitantes por m2. Posee un alto valor estratégico por ser un estado fronterizo, su potencial turístico, los recursos minerales e hídricos, y las especies vegetales, de fauna y flora endémicas que posee. Es asiento de la industria básica nacional, produce la totalidad del mineral de hierro, aluminio primario y oro del país, y el 90% de la producción de acero. Contiene uno de los mayores reservorios de agua dulce de América Latina, como es la Cuenca del Río Caroní, que es la fuente de energía del mayor complejo hidroeléctrico del país, el Guri, el cual sirve a casi el 80% de las necesidades nacionales, e incluso se exporta una parte al Brasil. Es igualmente el primer productor de yuca.

La casi totalidad del territorio del estado Bolívar, junto con el de Amazonas al sur, está comprendido en el Macizo o Escudo Guayanés, uno de los bloques continentales más antiguos de la tierra, con un basamento ígneo-metamórfico de unos 3.000 millones de años. Buena parte de la superficie está cubierta de selvas, con árboles que alcanzan 30 metros de altura. A lo largo de la ribera de los ríos que cruzan las sabanas, se forman bosques de galería y morichales. Hasta los 2.000 metros en los tepuyes (nombre indígena que designa las montañas de cima plana), predominan los bosques nublados, constituidos por formaciones hidrófilas con características similares a las de la selva, mientras que en las cimas predomina, por la excesiva permeabilidad de los suelos, la formación vegetal de sabana.

En el estado Bolívar se encuentra una de las denominadas "Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE)" establecidas por el Estado venezolano mediante la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio de 1983 debido a una serie de características y potencialidades ecológicas importantes para llevar a cabo funciones productoras, protectoras y recreativas. Se trata del Parque Nacional Canaima (PNC), que representa el 12,60% de la superficie del estado Bolívar. Este Parque es el segundo en extensión a nivel nacional (30.000 Km2) y fue decretado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en 1994, por la singularidad de su geología y paisajes escénicos.

Hoy se asocia el PNC con abundancia de agua, y su nombre es sinónimo de belleza, de naturaleza virgen, prístina. La población del PNC, que es mayoritariamente de la etnia Pemón, con más de tres cuartas partes de la misma dentro del perímetro del Parque, todavía conserva muchas de sus costumbres ancestrales. Este grupo étnico forma parte de la familia lingüística Caribe y es uno de los grupos más numerosos del país. El vocablo Pemón significa "gente" y ha sido empleado para agrupar a todas las etnias que comparten una cultura común y que habitan la región sureste del Estado Bolívar y áreas vecinas de Guyana y Brasil, la cuales pueden agruparse en tres grupos atendiendo a sus variantes dialectales: Kamarakotos, Taurepán y Arekunas.

La imagen tradicional bucólica compartida por las mayorías urbanas, sin embargo, ha dejado de ser cierta. El PNC está plagado de problemas, muchos de los cuales comparte con otras regiones de Venezuela: población creciente, inmigración de población foránea y emigración de la población autóctona, deterioro de sus fuentes aparentemente inagotables de agua, desperdicios no biodegradables, alta incidencia de incendios (entre 2.000 y 3.000 al año), deterioro y reducción acelerada de los bosques, pérdidas de suelo o de sus escasísimos nutrientes, pérdidas de biodiversidad, daño de especies de plagas introducidas y efectos del cambio climático. En relativamente poco tiempo el pueblo Pemón ha sufrido un acelerado proceso de transculturación, inducido entre otros por la presencia de agentes externos desde mediados de la década de los cuarenta, tales como las misiones capuchinas y adventistas, la introducción de actividades mineras (oro y diamantes) y la penetración del estado venezolano con la creación del PNC (Mata, 2007).

Los problemas ambientales del PNC incluyen un conjunto de factoresmás omenos serios que constituyen verdaderos riesgos para los ecosistemas, sus habitantes y el propio país dada la importancia estratégica de la región. Su población autóctona presenta problemas crecientes de escasez de recursos debido a la degradación del hábitat, aunque todavía en el Parque la calidad de vida es relativamente buena. Hay una emigración del estado y del propio Parque Nacional. Al mismo tiempo ingresan individuos y grupos sin experiencia previa de las condiciones de vida del PNC. Los Pemón cohabitan actualmente con una gama heterogénea de actores con competencias e intereses diferentes, y en muchos casos conflictivos, en torno al uso y gestión de los recursos del Parque. El crecimiento poblacional de las últimas décadas y la consiguiente presión sobre la tierra para la subsistencia, aunado a las demandas heterogéneas de usos de los recursos del PNC está produciendo un acelerado proceso de degradación de la cobertura vegetal que ya está afectando las actividades de subsistencia de los Pemón y compromete su supervivencia futura.

Estas condiciones son las que, entre otras, están en el origen del proyecto de investigación de carácter multidisciplinario e interinstitucional (1), Factores de riesgo en la reducción de hábitats en el Parque Nacional Canaima: vulnerabilidad y herramientas para el desarrollo sostenible (Bilbao, 2006), del cual forma parte este trabajo. Dicho proyecto se propone evaluar la vulnerabilidad del sistema socio-ecológico del Parque ante los cambios climáticos, cambios en el patrón de usos de la tierra, incidencia de incendios, y los factores sociales, culturales, económicos y políticos a diferentes escalas espacio-temporales, y pretende articular el conocimiento con la acción para la solución de los problemas prioritarios del desarrollo, contribuyendo a la construcción de capacidades a lo largo de las distintas actividades y escalas espaciales. En la presente contribución nos concentramos en argumentar, por un lado, la existencia de factores reales de riesgo de pérdida de hábitat en el Parque, las dificultades que resultan de las visiones contrastantes y a menudo conflictivas de sus propios habitantes y de otras personas que tienen intereses diversos en la región y, por el otro, algunas dimensiones que resultan esenciales para el tratamiento de estos problemas con vistas a proponer soluciones a los mismos.

II. ¿Por qué hablar de riesgo y de desarrollo ambientalmente compatible en el PNC?

Cuando no hace muchos años, en 2006, comenzamos a plantear ante el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACIT) el estudio de riesgo de reducción de hábitat en la Gran Sabana, la idea fue descartada de plano. Simplemente no entraba dentro de la concepción del riesgo que tenían las personas a las que se encargó evaluar la propuesta del proyecto, en su mayoría ingenieros sismólogos, que tuviera sentido y prioridad preocuparse por riesgos en la Gran Sabana, una de las regiones más prístinas y menos pobladas del país, aparentemente con mucho menos problemas ambientales y demográficos que el resto del territorio nacional, donde había tantas urgencias en los contextos urbanos agobiados por derrumbes, deslaves, sismos, inundaciones y otros desastres reales o que planteaban amenazas inmediatas. Sin embargo, continuamos insistiendo, y en 2007 recibimos el primer financiamiento una vez que el estudio fue aprobado, aunque hasta hoy seguimos pensando que todavía el tema no ha calado en la agenda de problemas de los funcionarios responsables de las políticas públicas.

No obstante, la temática ha adquirido una vigencia extraordinaria en el ámbito internacional donde macro programas como el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el Partenariado de los Programas de Investigación de la Ciencia del Sistema Tierra (ESSP), el Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU), el Programa Internacional sobre las Dimensiones Humanas del Cambio Ambiental Global (IHDP), diversas agencias de las Naciones Unidas, ONG, etc., debaten con urgencia renovada las cada vez más difíciles condiciones para la supervivencia del planeta en vista de los actuales patrones de consumo y agotamiento de recursos, y los efectos encadenados al cambio climático. En las próximas décadas es muy probable que cobre forma una sociedad planetaria real, más allá de los discursos ideológicos de la sociedad o la economía del conocimiento tan frecuentemente debatidos en el presente. Sin embargo, si bien conocemos el punto de partida, el logro final es incierto, aunque cada día los síntomas alarmantes de descomposición socioambiental son mayores.

El riesgo como fenómeno es difícil de asir debido a su carácter multifacético. De manera sencilla, un riesgo puede definirse como la probabilidad o posibilidad de ocurrencia de un fenómeno, suceso o evento que, por sus implicaciones, reviste connotaciones negativas. Para que un riesgo se produzca es necesario que estén presentes simultáneamente dos factores: amenaza y vulnerabilidad. La amenaza es un factor externo a un individuo, población, sistema o ambiente que posee el potencial de hacer daño (infarto, sequía, golpe de Estado, huracán). Pero la amenaza no es suficiente para que un sujeto o sistema se vea afectado, es necesario que éste tenga una predisposición a sufrir daño ante un fenómeno desestabilizador, sea éste de origen antrópico o natural (hipertensión arterial, agotamiento de fuentes de agua, ruptura de la institucionalidad, débil/inadecuada capacidad de respuesta). Esta propensión es la vulnerabilidad, la cual se relaciona estrechamente con la resiliencia que es la capacidad que tiene un sistema para absorber un impacto o de reponerse luego de haber sido afectado. Se entiende que una alta resiliencia de un sistema le confiere una menor vulnerabilidad ante una eventual agresión. A la inversa, una resiliencia muy baja lo hace altamente vulnerable. (Resilience Alliance, 2009; Cardona, 2001).

Sin embargo, los riesgos no son siempre fáciles de identificar y menos de cuantificar su impacto. En parte porque existen algunas amenazas que por su propia naturaleza pasan desapercibidas o permanecen ocultas: unas por producirse en lugares o momentos lejanos; otras como resultado de las condiciones socioculturales propias en las que se producen y que hacen difícil distinguirlas de otros factores socio-económicos.

Para Kasperson y Kasperson (2005a), los riesgos escondidos pueden ser el resultado de varios factores, tales como fenómenos de carácter global, ideológicos (insertos en una serie de valores y supuestos que idealizan o satanizan sus consecuencias), marginales (aquellos ocultos por las condiciones de exclusión y relegamiento propio de los grupos o sectores marginados de la sociedad), amplificados (como resultado de los vacíos e imprecisiones científicas y tecnológicas que no contribuyen a reducir las incertidumbres creadas), y peligros sobrevalorados (aquellas amenazas que colocan en riesgo a la humanidad, su estilo de vida y valores básicos). Adicionalmente, los países en desarrollo enfrentan otra serie de amenazas ocultas que son más complejas y conspicuas que las que sufren los países en desarrollo (Kasperson y Kasperson, 2005b). Entre los riesgos del subdesarrollo están una serie de factores que incrementan la vulnerabilidad de estos países, como son la pobreza, la sequía, enfermedades infecciosas, la pérdida de los cultivos por fitopatologías, etc. Justamente en relación con los países en desarrollo, una tendencia a minimizar los riesgos ambientales ha frustrado muchos posibles avances hacia un desarrollo más ambientalmente compatible.