Pensamiento Iberoamericano
Número 4

Apuntes sobre las políticas culturales en América Latina, 1987-2009

Juan Luis Mejía

Universidad EAFIT, Medellín

Número de páginas: 5

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Resumen: El presente artículo hace un recorrido por la evolución de las políticas culturales de América Latina desde 1987 hasta 2009. Se toma como fecha referencial 1987, año de publicación del libro "Las Políticas Culturales en América Latina" editado por Néstor García Canclini. En estos veintidós años han ocurrido profundos cambios en el continente, los cuales han influido en la concepción, formulación y aplicación de la política cultural de los Estados. Uno de los cambios más profundos radica en la llamada crisis del Estado-Nación y el consecuente tránsito de un constitucionalismo cultural implícito a uno explícito. Los Estados latinoamericanos se construyeron bajo el supuesto implícito de una nación homogénea culturalmente, blanca, cristina y de habla castellana. La institucionalidad cultural estaba diseña para interpelar a esa nación imaginada. Desde la Constitución canadiense de 1984, hasta las recientes constituciones de Bolivia y Ecuador, los Estados se reconocen desde lo diverso, lo multiétnico y pluricultural. Este cambio supone una transformación de la institucionalidad cultural la cual debe acomodarse a las nuevas realidades. Este cambio de concepción del Estado supone también un gran salto en el tema de los derechos. La legislación cultural anterior se sustentaba en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La diversidad implica derechos. Es el paso del derecho a la cultura a los derechos de la cultura según la tesis del profesor Jesús Prieto de Pedro. En la actual agenda se encuentra el tránsito de la declaración de los derechos a la efectividad de los mismos. Ante la timidez de los órganos legislativos, ha sido el poder judicial el encargado de dotar de contenidos y fijar los alcances de los derechos colectivos. Otro tema tratado son las relaciones entre economía y cultura y, por último, el impacto de la segunda generación de Convenciones de la UNESCO.

Palabras clave: política cultural, diversidad cultural, interculturalidad, cooperación internacional cultural,
economía y cultura, convenciones culturales

Abstract: The present article runs through the evolution of cultural policies in Latin America between 1987 and 2009. The year 1987 is taken as a starting point due to the publication, in that year, of "Cultural Policies in Latin America", edited by Néstor García-Canclini. During the subsequent twenty-two years, moreover, profound changes have taken place on the continent, which have influenced the conception, formulation and application of the cultural policies of the continental States. One of the most profound changes lies in the so-called crisis of the Nation-State and the subsequent shift from an implicit to an explicit cultural constitutionalism. The Latin American States were built under the implicit assumption of a culturally homogenous nation, white, Christian and Spanish-speaking. Cultural institutions were then designed in order to interpellate this imagined nation. From the Canadian constitution of 1984 to the recent constitutions of Bolivia and Ecuador, however, the States
now see themselves as diverse, multiethnic and pluricultural. This change arguably implies a transformation in cultural institutions, one that must indeed accommodate the new realities. Such a change in the conception of the State also necessitates a great leap forward in terms of rights, since previous cultural legislation was based on article 27 of the Universal Declaration of Human Rights, whilst the new diversity implies new rights. According to the argument of Professor Jesús Prieto de Pedro, this represents the step from the right to culture to the rights of culture. In the current agenda, one sees this in the move from the declaration of rights to their effective implementation. Faced with the timidity of the legislative bodies, moreover, the power of the judiciary has been employed in fleshing out the law and formalising gains in collective rights. Another relevant theme is that of the relation between economy and culture, and finally that of the impact of the second generation of UNESCO Conventions.

Keywords: cultural policy, cultural diversity, interculturality, international cultural co-operation, economy and culture, cultural conventions

Resumo: O presente artigo faz uma trajetória sobre a evolução das políticas culturais da América Latina desde 1987 até 2009. Utiliza-se como data de referência o ano de 1987, ano de publicação do livro As Políticas Culturais na América Latina, editado por Néstor García-Canclini. Nestes vinte e dois anos há ocorrido profundas mudanças no continente, que influenciaram a concepção, formulação e aplicação da política cultural dos Estados. Uma das mudanças mais profundas radica na chamada crise do Estado-Nação e o conseqüente trânsito de um constitucionalismo cultural implícito para um explícito. Os Estados latino-americanos constituíram-se sobre a hipótese ilícita de uma nação hegemônica culturalmente, branca, cristã e de fala castelhana. A institucionalidade cultural estava desenhada para interpelar essa nação imaginada. Desde a Constituição de 1984, até as recentes constituições da Bolívia e do Equador, os Estados reconhecem-se pelo diverso, o multi-ético e pluri-cultural. Esta mudança supõe uma transformação da institucionalidade cultural, que deve se acomodar às novas realidades. Esta mudança de concepçáo do Estado supóe também um grande salto nos assuntos dos direitos. A legislação cultural anterior sustentava-se no artigo 27 da Declaração Universal dos direitos humanos. A diversidade implica direitos. É o passo do direito à cultura conforme a tese do professor Jesús Prieto de Pedro. Na atual agenda encontra-se em trânsito a declaração dos direitos à efetividades dos mesmos. Frente à timidez dos órgãos legislativos, foi o poder judiciário o encarregado de estabelecer de conteúdos e fixar os alcances dos direitos coletivos. Outro assunto tratado são as relações entre economia e cultura e, por último, o impacto da segunda geração das Convenções da UNESCO.

Palavras clave: política cultural, diversidade cultural, interculturalidade, cooperação internacional cultural, economia e cultura, convenções culturais

1. Introducción

Para ubicar temporalmente el propósito de este artículo, se ha tomado como punto de partida el año de 1987 en el que apareció la primera edición del ya clásico libro Las políticas culturales en América latina, cuyo editor fue Néstor García Canclini y en el que se publicaron textos de Jean Franco, Sergio Miceli, Guillermo Bonfil, Oscar Landi y José Joaquín Brunner.

Era aquel el primer esfuerzo intelectual por hacer un repaso a las políticas culturales que se habían instaurado en el continente en el marco del modelo de desarrollo que se impuso en América Latina, a partir de los años sesenta del siglo XX. Ya el título con el que García Canclini iniciaba el libro, marcaba el derrotero: Políticas culturales y crisis del desarrollo: un balance latinoamericano.

Para quienes leímos aquel libro con fruición y marcado interés, parecería que el tiempo transcurrido ha sido muy poco y que el libro conserva vigencias. Pero cuando nos detenemos un poco y miramos el pasado reciente, podemos constatar que los cambios en la región han sido vertiginosos y profundos. Basta hacer un pequeño recuento: en 1987 no había concluido la terrible noche de las dictaduras, el narcotráfico apenas se insinuaba, internet era una fantasía de la ciencia ficción, el neoliberalismo y las nuevas concepciones sobre el papel del Estado se cocinaban en Washington, aún no se hablaba de desarrollo sustentable, Hugo Chávez era un joven oficial del ejército venezolano, el muro de Berlín dividía un mundo bipolar. En fin, tantos acontecimientos en tan solo veintidós años. Las políticas culturales no pueden ser ajenas a tantos cambios. Trataremos de reseñar algunas de las transformaciones más protuberantes.

2. De la identidad homogénea a la diversidad

Cuando se publicó el libro de García Canclini, las políticas culturales de los países latinoamericanos seguían teniendo como soporte legal el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tenían como objetivo el fortalecimiento de la identidad cultural.

2.1 La identidad cultural

El tema de la identidad cultural fue el eje predominante en las Conferencias de Yakarta, Accra y Bogotá, preparatorias de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales –Mondiacult– celebrada en México, entre el 26 de julio y el 6 de agosto de 1982.

Como era de esperarse, el tema de la identidad cultural, asociado al de la finalidad del desarrollo, se convirtió en el eje articulador de la Conferencia de México. En el documento final y en muchas de las recomendaciones a los Estados miembros de la UNESCO, se hace énfasis en el tema de la identidad entendida como: “El ámbito en que la cultura es vivida como subjetividad, en que la colectividad se piensa como sujeto. Si el patrimonio cultural contiene todo aquello que una cultura ha producido y continúa produciendo, la identidad cultural contiene, en potencia, todo lo que ésta es susceptible de producir… es el principio dinámico en virtud del cual una sociedad, apoyándose en su pasado, nutriéndose de sus propias virtualidades y acogiendo selectivamente los eventuales aportes exteriores, prosigue el proceso incesante de su propia creación”, (Informe final de Mondiacult. París, noviembre de 1982, pág. 184).

De igual manera, la Conferencia de México “reconoció que la idea de identidad cultural se sitúa en el centro de la problemática del desarrollo: identificado desde hace mucho tiempo con el simple crecimiento económico lineal, medido por los indicadores del PNB e inspirado en un evolucionismo inconsciente e inconfesado, el desarrollo se reveló como un proceso infinitamente más complejo, de carácter global y multidimensional, que sólo es eficaz si responde a la voluntad de cada sociedad y si expresa realmente su identidad profunda” (op cit, pág. 10).

En los años posteriores a la Declaración de México, la mayoría de documentos sobre política cultural en América Latina reproducían casi textualmente el informe final. La preservación y promoción de la identidad, y la dimensión cultural del desarrollo se convirtieron en el objetivo central de las políticas.

2.2 El derecho a la cultura

Como antecedente inmediato a la consagración del derecho a la cultura, consagrado por las Naciones Unidas, se encuentra la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, que se realizó en Bogotá entre el 30 de marzo y el 2 de mayo de 1948. El artículo XII de la Declaración de Bogotá reconoce que “toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos”. El segundo parágrafo protege la creación al consagrar que “tiene asimismo derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de los inventos, obras literarias, científicas o artísticas de que sea autor”.

Unos meses más tarde, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre los que se encuentra el derecho de todo individuo a pertenecer a una cultura. La redacción del artículo 27.1 es muy similar a la de la declaración americana, que se aprobó semanas antes. Dice así el artículo 27.1: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”.

Así entendido, el derecho individual a la cultura se descompone en cuatro elementos: posibilidad de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes, disfrutar de los beneficios del progreso científico y recibir por parte del Estado protección jurídica a su creación –Régimen del derecho de autor–.

Con el fin de garantizar el derecho individual a la cultura, surge el deber del Estado de protegerlo a través de las políticas culturales. De manera clara, lo expresaba el entonces director general de la UNESCO, René Maheu, en el discurso inaugural de la Conferencia de Venecia de 1971: “En realidad desde el instante en que el acceso, o mejor aún, la participación en la vida cultural están reconocidos como un derecho del hombre, que cada individuo de una colectividad constituida pueda reivindicar por su cuenta, ocurre forzosamente que los responsables de esa colectividad tienen el deber de crear en toda medida de sus posibilidades, las condiciones indispensables para el ejercicio eficaz de ese derecho. El fomento de la vida cultural de la nación entra de esa manera dentro de las funciones del Estado moderno. Ha terminado en este punto como en mucho otros, el laissez-faire en el que los favores de un mecenazgo, más o menos ilustrado, bastaban para dar al poder una reputación de bienhechora apariencia. Frente a unos problemas de justicia –quiero decir la satisfacción de los derechos del hombre– que son también problemas de masa y que, por ello, hacen intervenir consideraciones de recursos y de organización en gran escala, los gobiernos han de tener una política cultural como tienen una política económica, una política social, una política fiscal, una política de educación, una política de ciencia, etc.” (Harvey, 37).

2.3 ¿Cual identidad? De la homogeneidad a la diversidad

Mientras los documentos oficiales pregonaban la preservación y promoción de la identidad como eje de las políticas, las ciencias sociales (antropología, sociología, historia) cuestionaban la existencia de una identidad. El mito de las naciones homogéneas culturalmente se empezó a desvanecer, más aún, cuando los movimientos sociales impulsaron procesos de reconocimiento y valoración de las culturas ancestrales, de otras formas de ver y permanecer en el mundo. En los Estados no había cultura, sino culturas. El mito fundacional de la homogeneidad cultural, sobre el que se construyeron los Estados nacionales latinoamericanos, se derrumbó. La diversidad se abría paso de una manera rotunda. Aún hoy nos encontramos imbuidos en este proceso de repensar los Estados a partir del reconocimiento de lo diverso, lo plural, lo heterogéneo.

Por tanto, la política cultural basada en la preservación de LA IDENTIDAD quedó hecha añicos. De la misma manera el soporte jurídico de reconocer la acción estatal en la garantía al derecho individual A LA CULTURA quedó corto en su alcance. En efecto, como lo ha sustentado el profesor Jesús Prieto de Pedro en su libro Cultura, culturas y Constitución, la diversidad lleva implícita la existencia de otros derechos, no ya individuales sino colectivos, que son LOS DERECHOS DE LA CULTURA. El derrumbe afectó, también, la institucionalidad cultural pensada para interpelar la cultura y no las culturas.

El panorama cultural sufre la misma complejidad que viven los Estados. Para usar la terminología constitucional, a partir de las últimas dos décadas del siglo XX y en la primera del XXI, los Estados latinoamericanos se “refundan”, se “reconstituyen”, se “reconocen” desde la diversidad, lo multiétnico, lo pluricultural, lo plurinacional, lo intercultural. (Conceptos tomados de las distintas constituciones).

El punto de partida lo da la Constitución de Canadá, de 1984. La siguen la de Guatemala, 1985; Nicaragua, 1987; Brasil, 1988; Colombia, 1991; México, 1992; Perú, 1993; Argentina, 1994; Venezuela, 1999; Bolivia, 2009; y Ecuador, 2009.

Los postulados varían de constitución a constitución, pero todos llevan el mismo contenido: a partir de su promulgación, los Estados reconocen la diversa composición étnica y la pluralidad de culturas que conviven en el territorio. Algunas de las fórmulas están tímidamente entreveradas en el articulado, como la Argentina, que en el capítulo concerniente al del Congreso de la República, estipula que una de sus atribuciones es “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural”.

Otras son rotundas desde el preámbulo, como la de Paraguay: “Esta constitución reconoce la existencia de los pueblos indígenas, definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo”. O el preámbulo de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “Se refunda la República para establecer una sociedad democrática y protagónica, multiétnica y pluricultural, en un Estado de justicia, federal y descentralizado”. En las constituciones de Perú y Colombia la fórmula es muy parecida: “El Estado reconoce la pluralidad étnica y cultural de la Nación”.

Las más recientes constituciones aprobadas en países de América Latina (Bolivia y Ecuador) se fundamentan en los Principios de la interculturalidad y el plurinacionalismo. “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”. (Artículo primero de la Constitución de Bolivia de 2009).

Por su parte la Constitución ecuatoriana define: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”. (Artículo primero de la Constitución de Ecuador de 2009).

Al definir la plurinacionalidad, es decir la coexistencia de pueblos originarios, comunas, comunidades o nacionalidades en el territorio del Estado, de manera consecuente, las constituciones reconocen los derechos colectivos. Además de los tradicionales reconocimientos de los derechos fundamentales, civiles, políticos y económicos, ambas constituciones dedican de manera explícita un capítulo a los derechos colectivos de las naciones y los pueblos indígenas.

El artículo 30 de la Constitución boliviana define como “nación o pueblo indígena originario campesino a toda colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española… En el marco de la Unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos…”.


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