Pensamiento Iberoamericano
Número 2

Violencia y pobreza en América Latina:Los actores armados.

Dirk Kruijt

Universidad de Utrecht

Número de páginas: 3

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En tercer lugar podemos mencionar los nuevos actores armados en las favelas, villas, barriadas o comunas de miseria donde la autoridad local de facto es el traficante que da órdenes para los ajusticiamientos, pero funciona también como proveedor financiero de las ONG en su territorio. Últimamente, muchos pobladores que tienen que escoger entre una relación con la policía municipal -que cada cierto tiempo invade el barrio- o con los líderes de los agrupamientos violentos, prefieren la alternativa de entenderse con quienes están permanentemente presentes y quienes actúan diariamente como guardián del orden informal.

La complicada articulación entre los fenómenos asociados con el entorno de la formalidad e informalidad, de la inclusión y la exclusión, de la ley y orden y la criminalidad, de la civilidad y la no civilidad, conforma un contexto fértil para que puedan brotar los gérmenes de la violencia y el terror en los segmentos pobres y marginados, en las metrópolis y en las grandes conglomeraciones urbanas. Cuando la brecha social, como en el caso de América Latina, se profundiza o se consolida en ciudades divididas, de manera espacial, de manera social, de manera cultural, cuando la ausencia de los actores legítimos de la ley y del orden se manifiesta de forma crónica, se abre el camino para que los actores armados privados e informales ocupen el lugar de la policía y la justicia, transformando los barrios pobres y marginados en espacios de desintegración, dominados por los criminales, el terror y el miedo.

Hay una tendencia para la consolidación de este fenómeno, teniendo en cuenta que la juventud de estos barrios, favelas, barriadas o comunas de miseria se socializa desde su niñez en la "normalidad" de la violencia, siendo "catequizada" por la violencia domestica habitual, por la violencia omnipresente en la calle y por la actuación represiva incesante de la policía que, cuando está presente, lo hace con pistola o con ametralladora en la mano. Las políticas públicas que pretenden combatir la exclusión social y "pacificar" la relación cívico policial, parecen ser en lugar de una solución al menos un freno en este proceso de deterioro. Combatir la exclusión social, fortalecer el tejido social local, equilibrar bien entre las tareas represivas y preventivas de la policía nacional y local, fortalecer los gobiernos municipales y locales y, sobre todo, ganar y mantener la confianza de las organizaciones populares locales parecen ser los ingredientes del cóctel de un buen gobierno en los asuntos de seguridad cívica. Uno de los ejes centrales es la confianza mutua entre las fuerzas del orden y la población local, y la participación voluntaria en los comités de seguridad local.

El informe del PNUD (2004) mencionado, explica que en la actualidad la mayoría de la población latinoamericana preferiría un gobierno de tinte autoritario que fuera capaz de encontrar una solución para la pobreza masiva. Esto plantea la pregunta sobre el carácter de la estabilidad del orden político que implica la existencia generalizada de una ciudadanía de segunda clase. Pobreza dentro de un contexto de violencia parece ser el mecanismo estándar de integración de los marginalizados urbanos. Segmentos considerables de la población de América Latina sobreviven en la economía y sociedad informal, donde se comparte la pobreza y la violencia diariamente. Muchos de los actores armados de esta nueva violencia son reclutados de las filas de los informales y los excluidos. Este fenómeno de la exclusión con violencia compartida por las masas de los pobres urbanos contribuye a la destrucción de los fundamentos morales del orden democrático y los perímetros de la ciudadanía. La violencia crónica, incluso dentro de los límites de los enclaves territoriales restringidos, contribuye a la erosión de la legitimidad del orden político. Es paradójico que varios gobiernos latinoamericanos, como los líderes populares y las autoridades religiosas en su contexto local, han aceptado una coexistencia pacífica de facto con los actores no estatales de la violencia, mientras que ellos públicamente no constituyen una amenaza para las autoridades políticas de nivel nacional. La pregunta clave es, por supuesto, cuanto tiempo más la estabilidad del orden económico, social y político en América Latina puede ser garantizada en este precario equilibrio entre los niveles "aceptables" de exclusión y los niveles "aceptables" de la violencia.

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