Esta es la razón para que se produzca el desborde de la violencia. Un rasgo importante es que la nueva cara de la violencia post dictatorial en América tiene un rostro urbano. Durante los años ochenta se ha analizado el fenómeno de "ciudades divididas" o fragmentadas, sobre todo en términos de la miseria o la exclusión urbana. Sin embargo, a partir de los años noventa comenzó a identificarse la profunda desigualdad urbana con la falta de seguridad humana y la falta de la presencia de las autoridades del orden en las zonas degradadas del territorio urbano, donde la pobreza suele coincidir con la violencia. Por ejemplo, el caso de Río de Janeiro, cuyas favelas paupérrimas son áreas de acceso limitado dentro de las fronteras metropolitanas, con una reputación deprimente en el círculo de autores y analistas de la violencia urbana. La publicación de Ventura (1994) sobre la "cidade partida" abrió el camino para una serie de estudios sobre la violencia urbana brasileña. El debate sobre la situación de la violencia urbana en los territorios metropolitanos de América Latina ha continuado hasta la actualidad, con estudios comparativos, como los de De Olmo et al. (2000), Briceño-León et al. (2002), Koonings y Kruijt (2007), Moser y Mcllwaine (2004), Alba Vega y Kruijt (2007), y Serbin et al. (2007).

Las prolongadas guerras civiles de los países de Centroamérica y los países andinos dejaron un legado de violencia, que se manifiesta en el uso de la fuerza como forma de resolver los conflictos. Actores armados procedentes por un parte, de las instituciones y bandas de excombatientes -de las fuerzas armadas, de los paramilitares, de los frentes guerrilleros- y por otra parte, perteneciendo a bandas criminales y pandillas juveniles constituyeron "sistemas de violencia" de carácter local y nacional en países como Colombia, Guatemala y México y, de una forma más restringida en Argentina, Brasil, El Salvador, Honduras y Perú.

Hasta finales de los años ochenta existían en Colombia cuatro agrupaciones guerrilleras diferentes. Hoy en día, solamente las FARC (fuerza mayoritaria) y el ELN (fuerza minoritaria) se mantienen activas. La mayoría de los grupos guerrilleros locales recaudaban un "impuesto de guerra" entre los productores de la coca y los narcotraficantes en "sus" regiones. Posteriormente muchos frentes (formaciones militares-políticas locales) de las guerrillas incorporaron la protección y el cultivo ilícito en sus logísticas militares y financieras, a la par con otras fuentes financieras como el secuestro y los "impuestos de guerra" recaudado sobre los comerciantes locales. También en los años ochenta, narco-empresarios en Cali y Medellín crearon unidades paramilitares. Otros empresarios rurales siguieron rápidamente este ejemplo que tuvo como resultado la aparición de los grupos regionales de vigilantes y sicarios (asesinos a sueldo profesionales). Estas bandas paramilitares, con o sin cooperación informal de las fuerzas armadas regionales, se constituyeron rápidamente en una alternativa de contrainsurgencia. Establecieron gradualmente "zonas limpias" donde hacían cumplir la ley por medio de la violencia, la extorsión y la intimidación. En 1997 estas fuerzas regionales se unieron para formar las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). La cúpula de los paramilitares utilizó luego su poder para ingresar en actividades "legítimas": adquirieron propiedades rurales y financiaron políticos locales y regionales "mansos", fenómeno que se indica como la "parapolítica". A finales de 2007, alrededor de 30.000 combatientes quedaron desarmados tras negociaciones con el gobierno, auspiciados por obispos regionales. A la fecha, la mayoría de miembros de rango y tropas que constituían las bases han iniciado el proceso de reinserción, con una reducción considerable de las penas. Mientras que la mayoría de los analistas están de acuerdo en que ha habido una reducción considerable de la violencia paramilitarista, otros apuntan que se ha producido la reconstitución de bandas paramilitares y criminales representadas en pandillas locales de menor tamaño, comparable con la formación de los mini-cárteles después del desmantelamiento de los dos cárteles de Cali y Medellín. La secuela de la proliferación de actores armados ha dejado profundas huellas con la aparición de bandas, pandillas, y agrupaciones locales que entre sí se disputan pequeños territorios de poder y de extorsión. Un reciente estudio sobre Medellín muestra que los ex guerrilleros y ex paramilitares han establecido en los barrios marginales de esta ciudad un control diario y unas reglas de conducta, prohibiendo reuniones informales en las calles, exigiendo impuestos a los dueños de los negocios, de los supermercados, de las empresas de taxi y del transporte público local (Rozema, 2007).

En Guatemala, un país que sufrió 36 años de guerra civil entre 1960 y 1996 se observan tres diferentes categorías de actores armados en la década de la posguerra. Primero está el fenómeno de los "poderes oscuros" (Peacock y Beltrán, 2004): agrupaciones de ex militares, algunos de ellos asociados a la ex inteligencia militar, que se juntaron con los incipientes cárteles dentro de la floreciente nueva narcoeconomía. La segunda categoría de actores armados lo forman las bandas de la criminalidad común, especializadas en robo de vehículos, secuestros y matanzas subcontratadas. La tercera categoría son las pandillas juveniles que en la Centroamérica posbélica son llamadas "maras". Son bandas que establecieron sus territorios en los barrios populares de El Salvador, Honduras, Guatemala y en menor grado en Nicaragua y en México. Participan en pequeñas guerras territoriales y extorsionan a la vez a pequeños empresarios, comerciantes, taxistas y chóferes del transporte público en los barrios populares. Al comienzo de este siglo, las maras son oficialmente consideradas como la amenaza principal de la seguridad nacional. Miles de jóvenes entre 12 y 30 años de edad pertenecen a una de las maras o pandillas juveniles, que tienen una presencia nacional macabra por ser responsables en Guatemala del 20% de los homicidios, en El Salvador y Honduras del 45% de los homicidios en 2003 (Peetz, 2004). La economía marera centroamericana depende del control territorial, del acceso al transporte y el comercio local de drogas. La escala de operaciones en términos de la violencia percibida es tan grande que los parlamentos salvadoreños y hondureños aprobaron una legislación especial anti-marera que permite intervenir a los comandos especiales, compuestos por efectivos de las fuerzas policiales y militares. En 2004 los presidentes de Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras firmaron un acuerdo para concertar esfuerzos para combatir la violencia criminal juvenil en los tres países.

El involucramiento de juventud en la narcoeconomía y el fenómeno de las bandas juveniles se presenta también en las grandes ciudades y las áreas metropolitanas de Brasil. Miles de niños y adolescentes funcionan como soldados de la droga en las guerras urbanas en Río de Janeiro. Con mucha razón, Zaluar (2000, 2001) tipificó la relación entre bandas juveniles y el comercio de drogas en las favelas de Río de Janeiro, como una integración perversa de la economía clandestina y de la violencia urbana. También aquí encontramos un legado de la violencia política en las décadas anteriores. Leeds (1996) y Koonings y Veenstra (2007) resaltan el hecho de que la criminalidad organizada está vinculada en su origen con el surgimiento de la guerrilla urbana, cuyos líderes y militantes fueron encarcelados junto con los traficantes y criminales. Los primeros transfirieron su experiencia organizativa, hasta elementos de su ideología. Organizaciones criminales de gran escala y operando en todo Río de Janeiro Metropolitano, como el "Comando Vermelho", surgieron en los años noventa como "poder paralelo" en las favelas cariocas. Organizaciones de la narcoeconomía, lideradas por el traficante local y apoyadas por pequeños ejércitos juveniles, ejercen la función de seguridad y de justicia local como una autoridad paralela, que convive a la vez en simbiosis con la población común y está dominando la sociedad local en los barrios populares. Entre las asociaciones de vecinos, las bandas criminales y la policía municipal existen complicadas relaciones de convivencia, de conflicto, de financiación, de extorsión y de dominación.

No se trata de pequeños bolsones o de territorios olvidados dentro de las aglomeraciones urbanas, sino de jurisdicciones de facto de un tamaño considerable y que conforman el 25% del entorno urbano en la metrópolis de Río de Janeiro y São Paulo, Buenos Aires, Bogotá, Medellín, México DF, Guadalajara y otras ciudades importantes. Los traficantes, mayoritariamente jóvenes o adultos jóvenes, son los nuevos dueños urbanos de la violencia. Ellos actúan en sus barrios también como los nuevos representantes de la ley paralela, no por la justicia sino por estar ajusticiando. A veces cobran también impuestos paralelos y demuestran una cierta benevolencia hacia el desarrollo local, ofreciendo financiar las ONG locales en las favelas y villas marginalizadas. En algunos casos también negocian explícitamente con los líderes religiosos locales, quienes aprendieron a convivir en relaciones de coexistencia pragmática. El mismo fenómeno se presenta en el Gran Buenos Aires. Los traficantes en las villas argentinas, las favelas brasileñas, los tugurios colombianos y las zonas guatemaltecas han reproducido escenarios de guerra o guerrilla nacional en los territorios urbanos plagados. Una considerable parte de la juventud masculina en los barrios populares y en las zonas de miseria está desempleada y no tiene posibilidades de entrar en el mercado laboral. Este segmento juvenil encuentra un cierto estatus, una forma de identidad en las pandillas, maras y bandas, fenómeno que explica también la relativa popularidad de los mareros en Centroamérica, en Colombia y en México (Rozema, 2007, Savenije, 2007). En las áreas metropolitanas argentinas, brasileñas, centroamericanas, colombianas y venezolanas florece el tráfico de armas de fuego en un mercado paralelo de fuerte expansión. El escaso e inefectivo control de la policía metropolitana en estas ciudades hace que los jóvenes de los barrios populares sean a la vez victimarios y víctimas de la violencia (Briceño-León, 2007, Saín, 2007, Pansters y Castillo Berthier, 2007).

III. Debate

La proliferación de los actores armados no estatales en América Latina está relacionada con el fenómeno de los vacíos locales de gobierno. Estos vacíos se forman a raíz de una prolongada ausencia de las autoridades y representantes de la ley y el orden en áreas específicas. En estos vacíos emerge una simbiosis osmótica entre el Estado -más precisamente la policía y el sistema legal-, la criminalidad común y elementos criminalizados de ex miembros de las fuerzas armadas, la policía, las unidades paramilitares y los combatientes guerrilleros. Entonces la ley y la justicia local se adaptan al orden que oscila entre las fuerzas paralelas de los grupos locales de poder y las autoridades morales, como los representantes electos de las asociaciones de vecinos, pobladores o moradores, sacerdotes o pastores evangélicos, a veces los empresarios exitosos o los propietarios de emisoras locales de radio o TV en alianzas fluctuantes.

Es interesante puntualizar, que en este contexto de violencia inherente y de microguerras fluctuantes por el control de pequeños territorios, con un alto grado de volatilidad, las fuerzas armadas no desempeñan un papel preponderante. En los países del Cono Sur y en cierto modo también en los países andinos y centroamericanos, como en las décadas anteriores en México, las fuerzas armadas se retiraron de la arena pública para reformular sus objetivos institucionales en la dirección de los militares profesionales. Las instituciones armadas dejaron prudentemente la confrontación pública con los actores violentos no estatales a las fuerzas especiales de la policía, entrenados en el combate de la contragresión urbana. No obstante, mientras que las manifestaciones de esta nueva violencia gradualmente asumen rasgos permanentes, la anomalía de esta situación comienza a indicar el fenómeno del Estado ausente (por lo menos parcialmente) en materia de seguridad y de justicia.

Otro rasgo es la proliferación de la vigilancia privada: la policía privada, serenazgos, guardianes privados nocturnos en los barrios de la clase media e incluso en los distritos populares, serenazgos particulares, escuadrones especiales de protección, fuerzas de protección del sistema bancario y financiero, fuerzas de justicia privada, comandos paramilitares, escuadrones de la muerte. Originalmente asociadas con las guerras civiles prolongadas en países como Colombia y Guatemala, estas asociaciones de orden y protección privadas se expandieron en toda América Latina y en algunos Estados en el Caribe, como es el caso de Jamaica.