I. Democracia, desigualdad y violencia

La democracia en América Latina tiene líneas de falla. Desde mediados de la década de los años ochenta se re-institucionalizó la democracia electoral. La mayoría de los países que tuvieron gobiernos en los que imperó la doctrina de seguridad nacional —término neutro para las dictaduras militares o cívico-militares— necesitó de un período relativamente largo de transición, de 10 a 15 años, para superar las secuelas de este período y conseguir algunos avances, no sin retrocesos. Como bien afirma Rojas (2003), la seguridad interna y hemisférica es ahora una competencia de los gobiernos civiles y democráticamente electos. El restablecimiento de un orden democrático y de relaciones entre los actores civiles y legítimos en los países del Cono Sur, en los países andinos y en Centroamérica fue acompañado por un largo período de crisis económica y por la implantación de los programas de ajuste estructural que tuvieron un gran impacto sobre la economía y el orden social.

Los años de re-estructuración económica y social tuvieron considerables consecuencias para las clases medias, la clase obrera urbana, los pobladores de los barrios populares y la población rural. Se transformó no solamente el orden político, sino también la estructura económica y social de la región latinoamericana. El resultado global de estos cambios profundos durante los años ochenta y noventa se refleja en una pobreza masiva, en una informalización de la economía y de la sociedad, y en un proceso de exclusión social de una gran parte de la población. América Latina ha sido durante el siglo XX el continente con la distribución de ingresos más desigual del mundo, incluso en comparación con los continentes africano y asiático. La crisis de los años ochenta y noventa consolidó esa desigualdad.

Por lo tanto, la democracia reconquistada se sustenta en un orden económico que está basado en un desequilibrio, en una brecha profunda que tiene graves consecuencias para la estabilidad y para las posibilidades de desarrollo armónico de la región latinoamericana. En la actualidad, ningún gobierno latinoamericano ha encontrado una solución adecuada para cerrar esta brecha. De una manera u otra, la pobreza se presenta con un rostro de violencia. Sin embargo, la relación entre la pobreza transgeneracional y los altos niveles de violencia no es simple. El problema, como veremos más adelante, no es una simple y directa correlación entre los fenómenos relacionados con la pobreza y el contexto en el que se produce la violencia. Se trata de un número complejo de factores cuyo potencial está en enmascarar la causa y la consecuencia y que da lugar también a articulaciones de diferente orden, producidas por distintos actores.

La pobreza, que hasta la primera parte del siglo XX se había manifestado en el ámbito rural, a partir de los años cincuenta pasó a ser un fenómeno también de carácter urbano, especialmente en las grandes metrópolis. La exclusión masiva y probablemente transgeneracional en el ambiente urbano empezó a ser sinónimo de conflictos sociales y radicalización política en las dos últimas décadas del pasado siglo. Relacionada con la cultura de la pobreza y la orientación política de los excluidos existe una profunda desconfianza —expresada en las diversas ediciones del Latinobarómetro— en las instituciones formales de la democracia, tales como el parlamento, los partidos políticos, el sistema legal y las cortes, e incluso los sindicatos laborales. En otras palabras, una de las principales consecuencias sociales y políticas de la pobreza y la exclusión social ha sido la gradual erosión de la legitimidad del orden civil, político y público.

Un segundo fenómeno es la manifestación de nuevas formas de violencia, esta vez no asociadas con la existencia de dictaduras y regímenes militares como en el pasado, sino con la presencia y la actuación de los nuevos actores armados. La pobreza, la exclusión social y el incremento de la violencia han aparecido de forma simultánea. Aparentemente se nutren mutuamente, cuando las autoridades del orden y de la ley tienen una presencia relativamente simbólica, se retiran o solamente están presentes de forma represiva; por ejemplo, utilizando unidades especializadas en la lucha urbana, que generalmente están incorporadas dentro de las filas de las fuerzas policiales.

Es necesario resaltar que muchos de estos problemas por analizar no se producen exclusivamente en el ambiente urbano. Es un hecho que tres de cada cuatro ciudadanos latinoamericanos vive en ciudades. Más aún, es en el entorno urbano donde se presenta, en primer lugar, la mayor concentración de la pobreza nacional. Y en segundo lugar, la brecha social más grande entre el bienestar de las élites e integrantes de las clases medias, y la precariedad de los pobladores de los barrios populares, de las comunas, de las barriadas, de las villas, de las favelas, donde se encuentra el denominador común de la pobreza, la exclusión social, la desigualdad y la marginalización de manera aglomerada, en el sentido económico, social y espacial. La asociación entre la pobreza y la violencia no se debe solamente a un síndrome de miedo que tienen las élites y los integrantes de las clases medias, con respecto a la amenaza que constituirían los pobres. Ellos identifican los barrios marginales como la cuna de la violencia social, de la criminalidad, de la venganza. Sin embargo, como lo han demostrado los estudios de Rotker et al (2002), Koonings y Kruijt (2004), de Moser y McIlwaine (2004) y de Perlman (2004) también los pobres identifican, y esta vez como víctimas, la coincidencia entre la pobreza y la marginalización. Esto se explica por la presencia de actores armados que compiten por la hegemonía sobre el espacio urbano con las autoridades legítimas de la ley y el orden, que con frecuencia, por su ausencia o por su falta de acción, dejan el campo libre a quienes por la fuerza buscan un liderazgo territorial urbano.

En los años ochenta y noventa se ha consolidó la brecha económica, social y política en términos de un continuum entre la formalidad y la informalidad (Menjívar y Pérez Sáinz, 1989; Tokman, 1992; Rakowski, 1994; Tardanico y Menjívar Larín, 1997). La idea fundamental fue que los contextos de economía irregular, entonces denominada “informal”, invadió la economía “normal” o formal, que funcionaba respetando la ley y el orden. La pobreza e informalidad urbana se han manifestado con la aparición en las grandes aglomeraciones urbanas de un número creciente de pobres. Se trata de una nueva clase transgeneracional de habitantes urbanos pobres, de “ciudadanos informales” que surge en la década de los ochenta, tal y como hemos señalado en otras publicaciones (Kruijt, Sojo y Grynspan, 2002). De igual modo, el PNUD (2004) lanzó la noción de “ciudadanía de baja intensidad”, en su informe sobre la democracia latinoamericana.

Al comienzo del siglo XXI, América Latina es el continente donde sectores significativos de la población, en algunos casos la mayoría, son a la vez pobres, informales y excluidos. La informalidad tiene también un rostro étnico, dado que la etnicidad es un factor de estratificación. Entre los mecanismos de sobrevivencia predominan los lazos de etnicidad y de religión, las relaciones de familia (reales o simbólicas) y la cercanía en términos de lugar de nacimiento o de pertenencia a los barrios populares. La economía y la sociedad informal se hallan excluidas del empleo estable, del ingreso regular, de los sindicatos laborales, de la legislación laboral y del acceso a las instituciones sociales, que proveen tales necesidades básicas como los servicios de educación, salud pública y vivienda popular.

Parece evidente, que la desigualdad arriba mencionada tiene todas las características de un complejo múltiple, que afecta profundamente a la calidad de la ciudadanía latinoamericana. Se trata de hecho, de una brecha multidimensional, que se da en los diferentes ámbitos, que se articula de distintos modos y que genera diversos actores entre la economía formal e informal, entre la sociedad de inclusión y exclusión, entre la legalidad y la a-legalidad, entre el respeto por la ley y la decencia y las actividades criminales, y, por último, entre lo “civil” y lo “no-civil”. En diferentes aspectos medulares del orden económico, social y político de América Latina, los derechos y deberes de la ciudadanía están fragmentados y son inconclusos.

Hay una gradual expansión de la zona gris que demarca la diferencia entre lo formal y la informalidad, la decencia y la ilegalidad, el respeto por la ley y la criminalidad, la sociedad civil y la sociedad incivil. Esta zona gris de indiferencia e indefinición genera formas híbridas de injusticia dentro de la legalidad, de inseguridad dentro del marco de la ley y de informalidad dentro de las instituciones del orden. En vez de negociar con sindicatos laborales, el empresario moderno despide a gran parte de sus trabajadores estables y subcontrata “cooperativas” que contratan jornaleros sin derechos laborales por días o por semanas (Colombia, 2007). Un ministro de trabajo progresista propuso recientemente dejar inoperante la legislación laboral existente que establece el horario de ocho horas diarias, la prohibición del trabajo infantil y el pago de un salario mínimo en las microempresas (Perú, 2005).

Esta configuración explica también el proceso de descomposición de clase y la restructuración del orden social en toda América Latina. Sectores económicos paralelos, jerarquías sociales paralelas y estructuras institucionales paralelas se originaron en la formalidad y la informalidad, la legalidad y la a-legalidad o la criminalidad —pequeña y grande—, teniendo como resultado un orden económico, social, político y cultural mucho más heterogéneo, que gira alrededor de la división de la riqueza y la pobreza y de la integración y la exclusión. Se desarrolló una institucionalidad desarticulada y compleja con una lógica, moralidad y sanciones propias.

También se presentan nuevas y profundas fracturas demográficas que afectan directamente a la vida familiar y al tejido social en los países centroamericanos y andinos. El proceso masivo –y en parte disfrazado– de las migraciones hacia los Estados Unidos y la Unión Europea implica una gradual mayor dependencia de muchos países y en consecuencia de un número importante de la población, de las remesas enviadas desde el exterior (Fajnzylber y López, 2007). Se estima que de los 30 millones de centroamericanos, un millón ciento treinta mil, viven ahora de forma permanente en los Estados Unidos; de éstos, un 40% proviene de El Salvador. Pérez Sáinz (2004) complementa estos datos con un análisis más preciso de la dependencia familiar de las remesas, debido a la reducción estructural del mercado de trabajo centroamericano, a las tasas de desempleo de las mujeres y de los jóvenes, el número de las familias desestructuradas y la desesperación de los familiares que se quedaron en el país, mientras los miembros masculinos salieron al exterior por la imposibilidad de conseguir un salario en el mercado laboral doméstico.

II. Desborde de la pobreza, desborde de la violencia

En este contexto es especiamente pionero el trabajo del antropólogo peruano Matos Mar que, a mediados de los años ochenta, publicó un ensayo sobre el “desborde popular” de los centros urbanos en Perú y sobre todo la capital de Lima Metropolitana (Matos Mar, 1984). Este autor predijo la descomposición de las estructuras sociales tradicionales y la emergencia de una sociedad urbana cualitativamente diferente, según el papel de los pobladores de las barriadas y los migrantes en barrios de invasión. Predijo también el nacimiento tímido de una diversidad de nuevas organizaciones que pretenden representar a los empresarios informales y a los autoempleados, como las cámaras regionales de los artesanos y los comedores populares en las barriadas de Lima Metropolitana. Todas esas organizaciones tienen en común la relación ambivalente de dependencia de las instituciones profesionales de desarrollo como las fundaciones religiosas y eclesiásticas, las ONG, los donantes extranjeros, los bancos privados con una cara humana y de la financiación de los gobiernos municipales y nacionales. Veinte años más tarde, en una edición actualizada que también toma en cuenta los procesos de las dos décadas intermedias, Matos Mar (2004) analizó el colapso efectivo de las instituciones que tradicionalmente funcionaron como el sostén del orden democrático: el declive de los partidos políticos, la erosión del estatus del poder legislativo y del sistema judicial, el ocaso del prestigio de los magistrados y de las autoridades de la ley y del orden, el colapso de las anteriormente poderosas centrales y confederaciones de los sindicatos de los trabajadores y el debilitamiento de otras entidades de la sociedad civil, como las cámaras de industria y comercio y los colegios profesionales de los médicos, los abogados, los ingenieros, etc. Las instituciones paralelas, las jerarquías paralelas y los sectores paralelos que emergieron en el cauce de las líneas divisorias de la pobreza, la informalidad y la exclusión social han constituido un orden económico, social y político mas o menos duradero y heterogéneo.