Este informe publicado por el Banco Mundial y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) pretende ofrecer "una herramienta para involucrar a los líderes de opinión -gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos y socios internacionales- en un diálogo serio sobre crimen y violencia, basado en pruebas y en buenas prácticas llevadas a cabo dentro y fuera de la región". Aunque no deja de subrayar las deficiencias en cuanto al registro y al análisis de datos al respecto en la región, el presente documento pone sobre la mesa dos tesis fundamentales con base en las estadísticas:

• El crimen y la violencia suponen un problema para el desarrollo en la región. Este extremo es apoyado en la apertura del informe por las declaraciones de varios gobernantes de la zona que insisten en los nefastos efectos de la delincuencia en la vida de su países.

• El factor de riesgo que mejor explica la gravedad de este fenómeno es el narcotráfico.

Los autores relacionan en dos sentidos el protagonismo del crimen y la violencia en el Caribe con el desarrollo. Por un lado, el informe desestima que el nivel de desarrollo sea una causa de este fenómeno, pues es una de las regiones del mundo que más sufre el crimen, y la proporción de robos y asesinatos es mucho mayor que en otros países con el mismo nivel de desarrollo. Por otro lado, los autores consideran que la delincuencia y la violencia suponen un problema de desarrollo en la región, puesto que, debido a su proliferación, el crecimiento de los países caribeños se ve frenado. Según estimaciones citadas en el informe, si Haití y Jamaica redujeran su tasa de homicidios al nivel de Costa Rica, cada país vería crecer su economía un 5,4% per capita al año. Cabe señalar que esta hipótesis muestra una concepción de desarrollo muy limitada, alejándose de consideraciones más completas y cercanas a la situación real de la sociedad como el desarrollo humano, que no sólo tiene en cuenta el crecimiento del PIB per capita, sino también la situación en cuanto a la prestación de servicios sociales básicos, como la educación y la salud. Aparte de considerar los costes de la delincuencia en términos económicos, el Banco Mundial y la UNODOC reflejan el coste social del terror que infligen la delincuencia y la violencia entre los habitantes del Caribe.

En el informe se estudian las causas (aquí denominadas "factores de riesgo", para evitar, el determinismo) del crimen y la violencia en la zona. Se relaciona este fenómeno con diferentes indicadores, como la tasa de robos y asesinatos en función de la población, el crecimiento del PIB per capita, el índice Gini -que mide el grado de desigualdad de la renta entre la población de un país-, la cantidad de hogares en los que la mujer es cabeza de familia -fenómeno que hace referencia a la desestructuración de los lazos sociales, según los autores del informe-, la proporción de hombres jóvenes y el nivel educativo medio de la población medido en años de escolarización. El documento revela que algunos indicadores son relevantes en un país y no en otro. No obstante, se puede concluir que los países o poblaciones ricos sufren más robos que asesinatos, la desigualdad social no puede considerarse un factor explicativo de la violencia, a mayor proporción de población masculina joven mayor es la incidencia de los asesinatos y cuantos más años dure la educación media, menor es el protagonismo de la violencia en la vida del país. Sin embargo, al analizar estas variables en el ámbito de cada país (en este caso, los autores sólo recogen datos de Jamaica, República Dominicana y Haití) la relación entre crimen y violencia de un lado y estos factores de riesgo por otro, no puede considerarse causal. Por eso, los autores concluyen una idea que será un hilo conductor del informe: el protagonismo de la violencia y el crimen en la vida de la región no se explica por la pobreza, el subdesarrollo ni ningún factor socioeconómico. Según el informe, los países caribeños, cada uno de ellos caracterizado por una situación social y económica diferente, tienen en común el ser lugares de tránsito de la droga del sur al norte. Y este papel en el narcotráfico explica la elevada presencia de armas en la zona, la debilidad de la economía formal, la tendencia de los jóvenes a buscar su futuro en el mundo de la droga y el crimen, la normalización del comportamiento ilegal, el fomento de los robos para satisfacer el coste de la droga en el caso de los drogadictos y la corrupción de las instituciones y estructuras sociales. La importancia del narcotráfico en estos países es mayúscula: el valor en el mercado de la droga que transita por ellos es mucho mayor que el valor total de la economía legal del Caribe.

Los autores recogen varios estudios de casos (la violencia juvenil en República Dominicana, el papel de los deportados jamaicanos -la mayoría de ellos ajenos al mundo de la delincuencia-, la proliferación de armas en Trinidad y Tobago, el narcotráfico en las Antillas holandesas y la situación de los sistemas de justicia en República Dominicana y Jamaica).

Los autores concluyen varias recomendaciones importantes, cuyo punto de partida es la necesidad de un mejor diagnóstico y análisis de la información sobre el tema. Además, el Banco Mundial y la ONUDD consideran que debería superarse el enfoque excesivamente centrado en la justicia penal para hacer frente al problema. El esfuerzo por la prevención, emprendido hasta ahora por organizaciones de la sociedad civil, debería incorporarse a la lucha contra la delincuencia. Precisamente la importancia de la prevención, especialmente mediante la oferta de mejores perspectivas de futuro a los jóvenes, se considera útil para tratar de poner freno a la proliferación de armas.

Pero si una demanda imperiosa surge de este informe es la de una mayor coordinación de todos los estados y la implicación de los donantes para enfrentar el crimen asociado al narcotráfico, pues se trata de un fenómeno globalizado. Políticas como las de Holanda, que confisca la droga proveniente de las Antillas y deporta a los que intentan introducirlas, y un mayor protagonismo de los donantes en programas de prevención del crimen en el Caribe y de reducción de la demanda de droga en el Norte, son las principales apuestas de los autores para hacer frente a este problema en un mundo cada vez más interdependiente.