Algunos aportes para el debate sobre las políticas públicas

Abordar la seguridad de las mujeres desde una perspectiva de políticas públicas requeriría un alto compromiso de la sociedad con la erradicación la violencia de género, no sólo en el espacio público sino también en el privado, y sin duda una alta voluntad política de los gestores públicos que dé visibilidad a esta problemática a fin de instalarla en la agenda de los problemas que afectan al conjunto de la sociedad. No es posible pensar este fenómeno desde un enfoque urbanístico formal, o "delictivo" puesto que deja de lado la idea que el espacio público es también un espacio de encuentro y minimiza el efecto de las políticas públicas sobre la organización urbana. Esta idea es sintetizada por Laub (2007: 73) cuando dice que "El espacio público es uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía, que permite reconstruir el derecho a la asociación, a la identidad y a la polis, y se inscribe en el respeto al derecho al otro al mismo espacio. No sólo necesitamos un espacio donde encontrarnos sino también donde construir tolerancia y ejercitar -como dice Carrión en la obra citada- una "pedagogía de la alteridad" que nos dé la posibilidad de aprender a convivir con otras y otros de manera pacífica y tolerante". Asimismo, autoras como Segovia (2007: 9) señalan la necesidad de abordar más global e integralmente las diversas dimensiones de esta temática. Es decir, se deben diseñar políticas que consideren la coproducción de la seguridad, políticas de seguridad que tengan la capacidad de movilizar y articular a los diversos actores de la sociedad.

Las medidas de intervención que se pongan en marcha deben partir de programas de sensibilización a la población sobre la gravedad del problema, demostrando que la violencia es un intolerable social y debe estar basada en una educación dirigida a abordar las desigualdades y a sancionar las conductas violentas, como otra forma de prevención. Desde esta perspectiva, la contribución a una mayor igualdad y a la prevención de las violencias de género no son sólo temas técnicos sino esencialmente políticos, por lo que su respuesta, requiere de la definición de planes a largo plazo que partan tanto de una participación activa de las mujeres, como de una profunda voluntad política que se traduzca en un mensaje institucional claro. Asimismo, es imprescindible la erradicación de estereotipos y pautas culturales arraigadas tanto en la población como en las y los funcionarios responsables del cumplimiento de las normativas. La ausencia de las mujeres en los espacios de toma de decisión de las políticas públicas, agrega una dificultad más para la inclusión de la violencia de género en las agendas de gestión pública. Por eso es importante que estén presentes en el debate de las políticas de seguridad y se sugiere revisar las políticas de financiación y recursos en el área. La movilización de actores con experiencia de participación en el tema, puede, asimismo, enriquecer el debate y la formulación de las mismas.

Cualquier respuesta a este fenómeno debería incluir una serie de medidas que nos permitan entender y enfrentar el problema de las violencias de género de una manera integral y de esta manera promover las dos estrategias que requiere la seguridad humana: protección y empoderamiento:

Asegurar que los derechos de las mujeres establecidos por los instrumentos internacionales sean reconocidos, y traducidos a la legislación local y que se hayan tomado medidas adecuadas para su observación en las diversas áreas involucradas (salud, justicia, planificación territorial, etc.), enfrentando la impunidad efectiva de los delitos que constituyen violaciones de los derechos de las mujeres.

Institucionalización: La perspectiva de género y la violencia contra las mujeres deben ser parte en las políticas municipales en áreas de seguridad urbana, sociales, y de obras públicas, transporte, vivienda y planificación territorial de manera transversal, y ser incorporadas en los presupuestos de manera participativa así como en los Consejos de Presupuestos (Rainiero et al, 2006: 50). Es necesaria la instalación de mecanismos de rendición de cuentas por parte de las instituciones policiales y de aplicación efectiva de control parlamentario, o fortalecimiento de instituciones como las Defensorías del Pueblo (Tamayo, 2003:101).

Educación y sensibilización: La sensibilización y la educación sobre la especificidad de género que subyace en las violencias contra las mujeres debería ser una cuestión fundamental entre el personal estatal relacionado con la aplicación de justicia. Habría que fomentar el conocimiento, desarrollo y aplicación de instrumentos nacionales e internacionales que conforman el marco jurídico de los distintos países y, fundamentalmente, generar procesos de diálogo, sensibilización y capacitación orientadas especialmente a los varones, y a las y los jóvenes.

Creación de una infraestructura social y urbana: en general las distintas instituciones y organizaciones que existen para atender los casos de violencias de género tienen problemas de coordinación y, en numerosas ocasiones, se duplican esfuerzos, por lo que habría que hacer amplios esfuerzos de coordinación a nivel local. Asimismo, los municipios deberían promover iniciativas para revisar sus planes de desarrollo, incluyendo en los mismos una visión de la planeación del territorio y de los servicios provistos más sensible al género. Sería necesaria, asimismo, una planificación intersectorial con objetivos estratégicos a largo plazo en materia de seguridad ciudadana, con evaluaciones periódicas que incluyan indicadores de género, con financiación de tales planes y procesos que comprometan presupuesto público a fin de asegurar su puesta en práctica efectiva.

Capacitación de las y los funcionarios políticos y técnicos de los municipios, que permita comprender la violencia hacia las mujeres, y los mecanismos de socialización de los mismos, y de que manera, la planificación urbana, tanto en su aspecto físico y como social, puede promover ciudades más seguras para mujeres y varones (Rainiero, 2006: 47).

Conocimiento, Información y medición: Usar herramientas y marcos específicos para desarrollar un análisis de género y la recogida de información con el objeto de tener una representación más ajustada del contexto donde operan mujeres y varones. Esta responsabilidad no debería recaer únicamente en el trabajo de las organizaciones civiles. Se debería fomentar y apoyar investigaciones, diagnósticos, encuestas y, en general, estudios que ayuden a comprender las violencias contra las mujeres en el espacio público y que mejoren el diseño y ejecución de políticas públicas que permitan una mejor y mayor socialización de las mujeres en el espacio público, un reconocimiento de sus niveles de vulnerabilidad y victimización, y un mejor análisis de los elementos que conforman su percepción de inseguridad. Para algunas autoras (Dammert 2007:90) las encuestas de victimización no son buenas herramientas para algunos delitos más sensibles como los delitos sexuales o la violencia intrafamiliar. Para detectarla o medirla adecuadamente es necesaria una metodología específica que permita establecer un contacto directo con las víctimas sin la potencial presencia del agresor y que ayuden a dar luz sobre la forma en que la victimización y el temor femenino se presentan. Desde la perspectiva de las políticas públicas, la creación de sistemas nacionales de información centralizados sobre la situación de las mujeres y, sobre todo, específicos del número de mujeres que han muerto violentamente, así como desagregar por sexo estadísticas policiales, judiciales y criminales se convierten en herramientas claves.

Participación de las redes y organizaciones de mujeres: La participación organizada de las mujeres en el ámbito local y regional, así como la promoción de su liderazgo, y de mecanismos que favorezcan el control democrático es fundamental para incluir sus demandas en los planes locales, fiscalizar su implementación y participar de sus programas.

Desarrollo e identificación de Buenas Prácticas: Evaluar programas y proyectos y extraer lecciones aprendidas como parte de un proceso. Para avanzar en este ámbito, es necesario identificar y replicar buenas prácticas a nivel regional y local que aporten a la seguridad de las mujeres, jóvenes, niñas y niños. Es decir, hay que identificar aquellos proyectos, programas y planes que presentan algún aspecto innovador, que proponen cambios y acciones positivas que tienen como objetivo la equidad de género, y que entre otras, promuevan mejoras en las condiciones de vida a través de procesos participativos de planificación territorial, que promuevan la convergencia de intereses y acciones entre actores sociales, organizaciones de mujeres y gobiernos locales, que muestren los mecanismos utilizados en cada contexto, intercambien experiencias, y que promuevan la participación y liderazgo de las mujeres. Resumiendo, programas e intervenciones den respuesta a la pregunta: ¿En qué modelo de ciudad nos sentimos seguras las mujeres?

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Notas: