Paralelamente al aumento de estos crímenes, las organizaciones sociales y de mujeres que están trabajando en los casos y denuncian públicamente estas situaciones, están siendo amenazadas.

A esta situación se añade que la violencia de género como problema de seguridad en la ciudad no está reconocido y menos tipificado, siendo una de las limitaciones fundamentales para el ejercicio de la ciudadanía por parte de las mujeres. Los enfoques que han pretendido dar respuesta a la misma se basan en indicadores que reducen la violencia a tipologías delictivas que por lo general excluye la violencia que se ejerce sobre las mujeres, haciéndolas invisibles y deformando la realidad.

Según Rainiero et al (2006: 17) en América Latina se pueden señalar varios factores que contribuyen a la falta de reconocimiento de dicha violencia:

a) En las grandes ciudades latinoamericanas, exceptuando las situaciones de conflicto armado y criminalidad relacionada con el tráfico de estupefacientes, se percibe una violencia generalizada centrada en los delitos contra la propiedad y la violencia concomitante a ellos.

b) La difusión pública de estadísticas de hechos de violencia hacen especial referencia a delitos contra la propiedad y no contemplan las distintas violencias hacia las mujeres.

c) La escasa denuncia que realizan las mujeres de las agresiones de las que son objeto, no permiten estimar la magnitud real de la violencia hacia ellas. Esta situación es sostenida, por la violencia institucional a la que son sometidas por parte de los organismos encargados de la seguridad y la justicia, como asimismo por la indiferencia y/o a la sanción negativa de la sociedad.

d) La violencia que viven las mujeres, de la que dan cuenta los medios de información o las denuncias de organizaciones de mujeres y feministas, es ocultada a través de los mecanismos, que operan tanto en el ámbito de las y los funcionarios del Estado como en la propia sociedad civil, y por lo tanto la violencia de género no es incorporada en los debates sobre las políticas de seguridad ciudadana, limitando a las mujeres en el ejercicio pleno de sus derechos

Como decíamos anteriormente, en la región se ha avanzado en el reconocimiento, tipificación y penalización de la violencia ejercida en los espacios privados, por lo que sería necesario avanzar desde la otra perspectiva, la violencia que se ejerce en los espacios públicos, para ampliar la noción de violencia ejercida contra las mujeres. Sin embargo, el carácter privado del fenómeno (por el espacio donde se da) genera tensiones entre la intimidad/privacidad y las responsabilidades públicas del Estado, y la relación entre la seguridad en el espacio privado y la seguridad en el espacio público no es comprendida en su integralidad. Se sigue pensando que la violencia es un problema de la vida pública asociada a la delincuencia y que los espacios del hogar son espacios protegidos, desconociéndose de esta manera, su correlato autoritario en la intimidad. La violencia en el espacio doméstico, a la que se añade la cultura de violencia y sexismo trasmitida desde diversos medios e instituciones, especialmente a las y los jóvenes, genera miedos que se trasladan al espacio de lo público. Esta situación va definiendo una concepción de la vida urbana, donde lo público es lo hostil, lo peligroso, lo no vigilado. La respuesta es la consideración de lo privado como lugar de seguridad. Los resultados de la encuesta aplicada en cinco ciudades de América del Sur en el marco del programa "Indicadores Urbanos de Género - Instrumentos para la Gobernabilidad Urbana" (Documentos CISCSA, 2002), señalan en cuatro de ellas que las mujeres perciben la ciudad como más peligrosa que los varones, y cambian sus rutinas cotidianas motivadas por el temor a transitar a determinadas horas, especialmente por la noche. Tanto la percepción de inseguridad como la socialización temprana respecto al espacio público marcarían también un comportamiento diferenciado de género, afectando, sin duda sus proyectos vitales.

Esta argumentación está permitiendo alcanzar un consenso sobre la necesidad de un tratamiento integral de las violencias que ocurren en los dos espacios, pero requiere primero, según algunas autoras, que sean reconocidas en su especificidad ya que la violencia de género en el espacio público implica también fuertes limitantes para las mujeres en el ejercicio de su ciudadanía. Cualquier situación de violencia sufrida por una mujer, impacta en el colectivo de mujeres como situación a la que están expuestas por pertenecer al mismo. Si estas situaciones no son abordadas correctamente y se disponen de recursos sociales e institucionales para ello, se multiplicarán las acciones defensivas y de estrategias individuales que implican mayor restricción de movilidad para las mujeres en la ciudad. Por el contrario, las acciones afirmativas de la ciudadanía por los derechos de las mujeres, aportarán a su autonomía y libertad y a construir respuestas basadas en la responsabilidad social (Rainiero et al, 2004)

Asimismo, hay que aclarar que cuando hablamos de violencia, su concepto no cubre un espacio idéntico al de seguridad ciudadana, porque no todas las expresiones de la violencia son relevantes para la misma. La definición de la OMS (2002) sobre el concepto nos ayuda en este propósito. Dada la amplitud del mismo, nos interesa la violencia interpersonal, que incluye la violencia doméstica y comunitaria infligida de una persona a otra por conocidos o desconocidos y la violencia colectiva, entendida como actos dañinos cometidos por un grupo por motivos políticos, económicos o sociales. Siguiendo este argumento, estaríamos hablando de promover estrategias que hagan visible esta situación y desde un marco de seguridad humana, incluyan la seguridad de las mujeres y las niñas como un elemento clave en toda política de seguridad ciudadana, y considerando la complejidad del fenómeno, dé respuestas integrales a la misma.

¿Cómo ha sido abordado el tema desde las políticas públicas?

Diversas autoras consideran que el análisis de las políticas públicas permite identificar las relaciones que el Estado establece con los distintos actores, en el marco de sociedades cada vez más complejas. De esta manera se constituye en un buen indicador del grado de democratización y modernización alcanzadas. Las políticas públicas de género se definen como el conjunto de intenciones y decisiones, objetivos y medidas adoptadas por los poderes públicos en torno a la promoción de la situación de la mujer y de la igualdad de género entre mujeres y hombres (Bustelo, 2006:17) y sin duda son el resultado de procesos complejos tanto técnicos como políticos, que atraviesa concepciones y valores predominantes, calidad del conocimiento producido sobre la temática, múltiples escenarios, esfuerzo y legitimidad del movimiento de mujeres, y tensiones entre prioridades diferentes; donde las demandas de diversos actores devienen en opciones políticas y por lo tanto en objeto de toma de decisión de los poderes públicos. Su origen se encuentra en la idea o el reconocimiento de que el Estado o los poderes públicos pueden y deben hacer algo para paliar las desigualdades de género y la discriminación de la mujer.

Asimismo, hay que señalar que ni el Estado ni las políticas son neutrales sino que reflejan y reproducen valores, normas y sesgos vigentes en la sociedad en la que están inmersas -incluyendo las percepciones acerca de lo femenino y lo masculino. En este sentido, el avance en la inclusión de la perspectiva de género también es el resultado de las tendencias políticas, económicas y sociales de la región y de cómo la agenda de las mujeres ha sido incluida en la agenda de gobernabilidad del país.

Las investigaciones y las evaluaciones de programas en marcha han identificado que si bien numerosas instituciones intervienen en materia de seguridad de las mujeres como resultado de sus políticas públicas, y existen crecientes ejemplos de buenas prácticas en este sentido, no todas las abordan desde un enfoque que promueva su autonomía y que generen procesos de fortalecimiento de ciudadanía tanto para mujeres como para hombres. Se pueden distinguir dos grandes tendencias en los tipos de enfoque de intervención (Comité de Acción Mujeres y Seguridad Urbana - CAFSU, 2002: 4): un enfoque tradicionalista que concibe la seguridad mediante la dependencia y las restricciones; y un enfoque aún en desarrollo, pero creciente en su aplicación, que apuesta por un concepto de seguridad que promueve la autonomía, la libertad, y la convivencia, en un marco de fortalecimiento de la ciudadanía.

Las estrategias propuestas y desarrolladas por el primer enfoque no reconocen las necesidades y demandas de las mujeres en materia de seguridad. Sus defensores trasmiten un mensaje contradictorio tratando con frecuencia de convencerlas que su miedo es infundado, a la vez que recomiendan acciones de prevención (no abra la puerta a desconocidos, hágase acompañar cuando salga por la noche, etc.). La responsabilidad de las acciones tomadas para reducir la inseguridad recae sobre las mujeres y las estrategias desplegadas están encaminadas a cambiar el comportamiento y las creencias de las mismas (control de la víctima). A las mujeres se las sitúa como objeto de intervención y a los agentes como expertos que conocen mejor que ellas el tema de la seguridad. En términos generales se ignora el contexto sociocultural en el que se ha construido su visión de seguridad, se subestima el análisis de género y se ignora la violencia de género (Rainiero et al, 2006: 23). Con esta visión "se recurre a las limitaciones, a la restricción de la movilidad, a la protección de un hombre real o virtual o a la utilización de sistemas de protección" (CAFSU, 2002: 4).

Rainiero et al (2006:24) señalan que se han puesto diversos énfasis en la incorporación de dicho enfoque en las políticas públicas, complementándose en algunos casos:

El segundo enfoque se funda en el derecho de las mujeres a la libertad de elección y en su facultad para tomar decisiones y actuar en función de su propia experiencia. La seguridad es entendida de esta manera como uso de libertad por parte de ciudadanas y ciudadanos, y no sólo como protección de las personas y sus bienes. Desde el mismo se proponen herramientas de prevención más bien que sugerencias limitativas, dejando a las mujeres decidir sobre su propia seguridad, sin que se sientan culpables de sus decisiones. Las y los agentes de intervención tienen un papel de apoyo, escucha y acompañamiento de las mujeres. Las recomendaciones en materia de prevención se presentan como opciones y no como imperativos y se les invita a encontrar las soluciones más convenientes. Desde esta perspectiva, la responsabilidad en materia de prevención de las agresiones recae sobre toda la sociedad y no solamente sobre las mujeres.

Este enfoque, basado en el reconocimiento de las desigualdades socioeconómicas existentes entre hombres y mujeres, considera también la violencia hacia las mujeres como una de las más flagrantes manifestaciones de estas desigualdades y reconoce que la inseguridad sentida por las mujeres es producto de esta violencia. Por lo tanto, la responsabilidad de los hombres en el cambio constituye un elemento importante para acabar con este tipo de violencia. Desde esta perspectiva se propone además, entender la seguridad ciudadana como una "pacto de convivencia" en el que se tomen en cuenta las necesidades y subjetividades de todas y todos, considerando "vital que las mujeres reivindiquemos el derecho a definir la seguridad desde nuestras necesidades como ciudadanas, desde nuestras expectativas, rompiendo así la dinámica de ‘víctimas protegidas' dentro de un modelo de seguridad profundamente masculino".

Asimismo, en el paso de la conceptualización de la seguridad pública a la seguridad ciudadana se observa una ampliación del marco institucional, en la que los municipios están cobrando una importancia cada vez mayor en cuanto a garantizar la seguridad de las personas. El municipio aparece como un lugar privilegiado donde pueden encontrarse con más facilidad la comunidad, el poder local y la policía para la erradicación y la prevención de la violencia de género. En los últimos años se han venido desarrollando algunas acciones pioneras tanto por parte de algunos municipios latinoamericanos en Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Costa Rica, México, El Salvador y Perú, entre otros; como de asociaciones de mujeres con apoyo de organismos internacionales como el Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), PNUD o la Agencia de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN- Hábitat), a la par que se van consolidando redes de actores que promueven un intercambio de experiencias e información sobre la participación de las mujeres en el desarrollo de las ciudades y las comunidades, de formación e investigación, y de promoción de buenas prácticas. Un ejemplo de ello es la Segunda conferencia Internacional "Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas, celebrada en noviembre de 2004, en la ciudad de Bogotá [7], Colombia, cuya declaración final -La Declaración de Bogotá- hace el siguiente llamamiento a las autoridades locales: "Para que implementen políticas municipales de seguridad ciudadana con enfoque de género, que capaciten a quienes tienen bajo su responsabilidad la formulación y puesta en marcha de políticas públicas dirigidas a la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de la responsabilidad cívica, especialmente a la fuerza pública, en temas de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas tanto en el espacio privado como en el público; incrementen el número de mujeres oficiales específicamente dedicadas a la atención de los casos de violencia contra las mujeres y las niñas; programas específicos de prevención para adolescentes y niñas, centros de atención a mujeres maltratadas, infraestructura adecuada, transporte público, iluminación y la promoción de más mujeres en el poder local, incentivar programas de paz y convivencia comunitaria y crear programas especiales para hombres violentos ".

Notas:

• [7]. La ciudad de Bogotá obtuvo el reconocimiento del Premio de la UNESCO "Capitales de la Paz 2002-2003", por su modelo de seguridad ciudadana que potencia en los ciudadanos la libertad frente al temor, al permitir su participación en la construcción de una seguridad que garantice sus libertades y no la victimización, que inhibe el ejercicio de los derechos y deberes por posibles amenazas al entrar en contacto con otros en el escenario público.