Introducción

Sin lugar a dudas, en los últimos años, la violencia urbana ha adquirido un protagonismo sin precedentes en el escenario de las ciudades latinoamericanas. La mayoría de las encuestas y la información producida por los barómetros de la región que identifican las preocupaciones de sus ciudadanas y ciudadanos, señalan que la seguridad de los mismos se destaca como una prioridad, especialmente ligada a la seguridad ciudadana, al incremento de la violencia [1], de la violencia urbana y al temor ciudadano y su percepción. De allí que para muchos gobiernos de la región, como observa Gomáriz (2003:19), haya pasado a ser un tema prioritario de sus agendas políticas generando en muchos casos, tensiones entre la democratización de la idea de seguridad, y el control de la creciente inseguridad ciudadana.

Como señalan los diversos autores que participan en esta revista, éste es un tema complejo, multicausal, con serios impactos sobre el ejercicio de la ciudadanía y sentido de comunidad, y en torno al cual se han ensayado diferentes enfoques que han resultado en diversas intervenciones tanto a nivel local, nacional como subregional. Sin embargo, investigadores como Carrión (2007:21) sostienen que todavía "su conocimiento es limitado tanto en las causas y características del fenómeno, como de los mecanismos que se ponen en marcha para reducir su identidad y efecto. Hasta ahora los estudios se han restringido a temas específicos, lo que inhibe la transferencia de conocimientos, así como de las prácticas que resultan positivas en la prevención y control de la violencia".

A pesar de la dificultad del tema, en las últimas décadas ha habido avances innovadores en el análisis del fenómeno. En la segunda mitad de los años noventa y asociado a los procesos de democratización en América Latina se pasa de un enfoque restrictivo y hegemónico para enfrentar la seguridad como seguridad pública en la región -en el que la violencia es considerada un tema de orden público y policial [2]- a un enfoque que utiliza la noción de seguridad ciudadana, y redefine la relación entre las instituciones gubernamentales y la población. En esta nueva concepción la seguridad ciudadana no aparece sólo como una respuesta al incremento de la violencia sino, principalmente, como un cambio estructural en la relación de la población con el Estado. Se trata de la seguridad de las personas y no de la seguridad del Estado. Mientras la inseguridad va ligada a la desprotección, la seguridad ciudadana se refiere aquí a la existencia de un orden público ciudadano que elimina las amenazas de violencia en la población y permite la convivencia segura. La seguridad ciudadana se obtiene en un Estado social de derecho, y se entiende como un diálogo permanente en el marco del ejercicio democrático ciudadano y de la confianza entre los diversos actores e instituciones. En este proceso tanto los actores institucionales como sociales deben redefinir y asumir nuevas funciones. La seguridad ciudadana es, asimismo, un elemento central de la seguridad humana, y hace referencia a las modalidades específicas de vulnerabilidad -las ocasionadas por la violencia y el despojo- y a la protección de los derechos fundamentales de las personas. Desde esta concepción se entiende por seguridad ciudadana, la condición personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo intencional por parte de otro [3].

En esta línea de argumentación, es importante resaltar que no se puede abordar el concepto de seguridad ciudadana sin comprender las formas de vulnerabilidad y discriminación presentes en toda sociedad. La ciudad como espacio construido no es neutro desde una perspectiva de género, sino que contiene y expresa las relaciones sociales entre hombres y mujeres que se construyen y transforman a lo largo del tiempo en los mismos, definiendo ideas de "feminidad" y "masculinidad" que se traducen espacialmente, y que generan lugares para lo masculino y lugares para lo femenino, afectando su cotidianidad, sus oportunidades y sus derechos. A esto se añade que los fenómenos de violencia en la vida urbana, objetivos o subjetivos, son vividos de forma diferente según el sexo, la edad, la posición social.

Una búsqueda de respuestas pasaría por reducir esos niveles de vulnerabilidad frente a la violencia y por su capacidad de activar mecanismos de protección y en la participación en el diseño de entorno en el que se desea vivir. Sin duda, otro de los desafíos sería lograr desde un marco democrático un equilibrio entre las medidas preventivas y punitivas, otorgando el papel que necesariamente debe asumir el Estado y las instituciones públicas (municipios, policía, justicia, servicios sociales, etc.) desde el ámbito de lo nacional y local, para asegurar la tutela de los derechos fundamentales y para garantizar la responsabilidad colectiva. Desde esta óptica y siguiendo los argumentos de Laub (2007: 73), la seguridad ciudadana podría ser concebida como un "bien público".

Más recientemente, algunos países han comenzado a introducir el concepto de "convivencia y seguridad ciudadana" para ampliar su significado, lo que ha generado reacciones de escepticismo que señalan que el concepto induce a una visión centrada en lo preventivo, con resultados a muy largo plazo. Desde esta perspectiva (Segovia, 2007; Naredo 2003; Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD 2004), la noción de convivencia -vivir en compañía de otros y otras- concibe a la seguridad ciudadana desde la ausencia de violencia en las relaciones interpersonales y sociales, por lo que la política pública resultante estará orientada a modificar las reglas de comportamiento que regulan dichas relaciones y por lo tanto, disminuir los índices de violencia. Asimismo, considerando que las sociedades contemporáneas están caracterizadas por la heterogeneidad y la multiculturalidad, el concepto de convivencia incluye la idea de vivir en la diversidad. En el debate reciente, la participación comunitaria en la prevención del delito está tomando un lugar importante en las políticas públicas, trasladando la responsabilidad del problema de la esfera gubernamental a la pública.

Sin embargo, en gran parte del mundo, el concepto de seguridad ciudadana sigue siendo sinónimo de seguridad en el espacio público. A pesar de las múltiples investigaciones y estadísticas regionales y locales sobre la gravedad de la violencia de género [4] en el espacio doméstico, y los daños y riesgos que sufren las mujeres en la ciudad en el marco del agravamiento de la violencia social fuertemente marcada por la violencia sexual contra ellas, esta perspectiva reafirma la idea de que es en el espacio público donde está la violencia y la inseguridad, y que el hogar es un lugar seguro, exento de violencia. Esta visión ha tenido implicaciones importantes en las respuestas que han dado las políticas de seguridad ciudadana ante la violencia ejercida contra las mujeres, al ignorar que el hogar es el principal espacio de inseguridad para ellas. Esto significa además, que si la violencia se da mayoritariamente en el espacio privado, constituye un problema ajeno y al margen del debate y la responsabilidad pública y política, desconociendo que los hechos o fenómenos de violencia e inseguridad están entrelazados con las condiciones e imaginarios de la convivencia social en toda su complejidad. Se desconoce la relación de conexión entre la seguridad en el espacio público y la seguridad en el espacio privado, siendo dicha relación esencial para entender la inseguridad de las mujeres.

Asimismo, autoras como Tamayo (2003: 91) señalan que realizar una lectura de género a la seguridad ciudadana nos puede dar pistas sobre ámbitos que no se restringen a la violencia que tradicionalmente han ejercido los hombres hacia las mujeres, también informa sobre cómo ciertas construcciones sociales de género influyen en la adopción de comportamientos violentos, en el desarrollo de prácticas de exposición a dichos comportamientos y cómo se sitúan hombres y mujeres en y frente a la perpetración de los delitos. La integración de la perspectiva de género al concepto de seguridad permitiría también, según Backhaus (1999: 54) hacer visibles cómo los conceptos de masculinidad vigentes son un riesgo para la seguridad de toda la ciudadanía, cómo se pueden generar beneficios para los jóvenes y los hombres con su inclusión, y cómo desarrollar estrategias educativas y preventivas más exitosas.

A la escasa adopción de este planteamiento, se ha añadido el déficit histórico de la participación de las mujeres en el diseño del espacio, desconociendo así su experiencia en temas vividos muy de cerca, tales como la seguridad, el cuidado, la educación, el transporte público, la vivienda, los equipamientos y servicios urbanos [5]. En este sentido, es necesario retomar los avances realizados por los movimientos de mujeres en su acción comunitaria y en la reivindicación de sus derechos, para colocar sus demandas, no sólo en la agenda de la democracia, sino también de la gobernabilidad local.

Los debates y las intervenciones desarrolladas en torno a los argumentos expresados anteriormente han permitido, hasta el momento, avanzar en diagnósticos y acciones innovadoras que articulan género y seguridad ciudadana, generando respuestas más complejas e integradoras sobre este fenómeno.

Tal como planteamos en la introducción, este artículo reflexiona en su apartado II en torno a la importancia de profundizar en el diagnóstico de la violencia urbana desde una perspectiva de género para el diseño de intervenciones en materia de seguridad ciudadana. Destaca la necesidad de comprender y hacer visible por qué se sienten inseguras las mujeres, a la vez que ofrece elementos para desentrañar la interrelación de la violencia de género en el espacio privado y público. Seguidamente, analiza los enfoques de respuesta a este fenómeno desde las políticas públicas, y revisa las implicaciones de los mismos. Por último, propone algunos elementos para el diseño de políticas públicas desde una perspectiva de género, con el objeto de superar concepciones asistencialistas, y reformular sus prácticas desde un enfoque de derechos y de construcción de ciudadanía.

La (in)seguridad de las mujeres.

Espacio privado, espacio público En América Latina y el Caribe, donde la mayoría de los Estados han ratificado la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará, 1994), la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y libertades fundamentales, lo cual limita, total o parcialmente, el reconocimiento, goce y ejercicios de tales derechos y libertades de las mismas. Así, los estados están obligados a llevar adelante acciones que van desde la adecuación de la legislación interna, hasta la asignación de recursos técnicos y financieros para garantizar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. A pesar de estos avances, en parte debidos al esfuerzo y activismo de las organizaciones sociales y de mujeres; las cifras muestran respuestas y resultados muy limitados constatando una falta de voluntad política para prevenir, investigar y sancionar estos crímenes por parte de algunos gobiernos.

En estudios recientes, diversas autoras (Massolo, 2007: 8-9) citan casos paradigmáticos como el de Ciudad Juárez, México, donde desde 1993 hasta enero de 2006, más de 430 mujeres han sido asesinadas y más de 600 están desaparecidas (presumiblemente asesinadas también), en un escenario donde se concentran un conjunto de factores explosivos como la industrialización fronteriza, la exclusión, la inmigración, el machismo exacerbado, el narcotráfico, la prostitución, la impunidad y la corrupción política y policial. En Guatemala, al igual que en Ciudad Juárez, cerca de dos mil mujeres fueron asesinadas entre 2001 y 2005. Las mayores víctimas tienen entre 12 y 25 años y viven en las regiones más pobres del país. Podemos citar también casos en el norte de Brasil, en El Salvador y en Colombia. Los métodos son múltiples e incluyen utilización de armas de fuego y armas punzantes, torturas, violación y posterior asesinato. Este fenómeno, cada vez más extendido en los últimos años, frente a la pasividad y falta de voluntad política de los poderes públicos, se ha denominado feminicidio [6].

Notas:

• [1]. La violencia es una acción intencional del uso de la fuerza o el poder, por la cual una o más personas producen daño físico, mental (psicológico), sexual o en su libertad de movimiento o muerte a otras personas, o a sí mismas, con un fin predeterminado. Y que tiene tres componentes básicos: a) la intencionalidad del uso de la fuerza o poder; b) la generación de un daño; c) el fin perseguido, en el que subyace el ejercicio de alguna forma de poder, bien sea en el ámbito del hogar, del público o del grupo.
• [2]. Este enfoque ha dado lugar a tres tipos de políticas:de represión o control, de privatización de la seguridad o políticas de prevención.
• [3]. Tomado del Informe Nacional de Desarrollo Humano, "Venciendo el Temor. (In)Seguridad Ciudadana y desarrollo Humano en Costa Rica", 2005
• [4]. Se considera violencia de género a todas aquellas situaciones de violencia que en particular o desproporcionadamente afectan a las personas por ser mujeres u hombres, por razón de su sexo. Este tipo de violencia se basa en las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, desigualdad que coloca en situación de desventaja a las mujeres, lo cual determina que una significativa mayoría de las víctimas sean mujeres. Esto explica que muchas personas utilicen el término violencia de género como un sinónimo de violencia contra las mujeres. También encontramos, aunque en menor número, violencia de género ejercida contra hombres, como la que afecta a hombres homosexuales o el abuso infantil hacia hombres menores, por ejemplo. En función de quién es la víctima mayoritaria o más frecuente de esta violencia se habla de violencia contra las mujeres o de violencia generacional (hacia niñas, niños y adolescentes). La violencia de género se manifiesta en todas las etapas del ciclo vital de las mujeres y en algunas etapas del ciclo vital de los hombres, especialmente niñez y adolescencia.
• [5]. Jornadas Urbanismo y Género, Barcelona, 27-29 de abril 2005.http://www.urbanismeigenere.net
• [6]. Femicidio o feminicidio se refiere al asesinato masivo de mujeres, representa una escala de la violencia de género o maltrato de mujeres. Está relacionado con el término genericidio creado por Mary Anne Warren en 1985 en su libro Gendercide: The Implications of Sex Selection (Genericidio: las implicaciones de la selección por sexos). Actualmente es parte del bagaje teórico feminista. Sus sintetizadoras son Diana Russell y Jill Radford: "Femicide. The politics of woman killing. La feminista mexicana Marcela Lagarde tradujo femicide como feminicidio y así se ha difundido. En castellano femicidio es una voz homóloga a homicidio y sólo significa asesinato de mujeres. Para diferenciarlo se eligió la voz feminicidio y denominar así al conjunto de hechos de lesa humanidad que contienen los crímenes y las desapariciones de mujeres. Fuente: AWID, tomado de Massolo (2007).