En este contexto, se articula una compleja relación en el seno de la sociedad civil entre movimientos sociales de diferente raigambre, y organizaciones ciudadanas con intereses sectoriales que hace a la heterogeneidad y fragmentación de la ciudadanía organizada, y que se vincula, generalmente de una manera competitiva cuando no conflictiva, con los actores políticos tradicionales, en el marco de la interlocución con el Estado.

Finalmente, es necesario subrayar que, en América Latina, la conformación de la sociedad civil desde el Estado ha dado lugar a numerosas exclusiones, muchas de ellas predominantemente de carácter étnico, pero también de género y edad, que afectan a amplios sectores de la población, tanto rural como urbana. Algunos de los sectores tradicionalmente excluidos, particularmente en el caso de algunos movimientos indígenas, pueden reivindicar posiciones que ponen en cuestión no sólo el sistema democrático existente, sobre la base de sus propias tradiciones políticas, sino también al Estado, percibido como una imposición de la colonización y conquista de la región (Calderón, 2007).

Por otra parte, la tendencia general, de acuerdo a algunos estudios recientes de CIVICUS [6], apunta a establecer una correlación entre mayor desarrollo de las institucionalidad estatal, más altos índices de desarrollo humano, y mayor desarrollo e incidencia de las organizaciones de la sociedad civil. Esta correlación no obsta, sin embargo, para señalar que el activismo social y el empoderamiento de los ciudadanos que promueven las organizaciones de la sociedad civil, está presente en todos los casos estudiados, independientemente de su variable impacto sobre el Estado. Los resultados de estos estudios apuntan a que en realidad la sociedad civil en los países de la región se encuentra en desarrollo, a partir de una matriz estatal y del impulso adquirido por la democratización, pero que fundamentalmente se desarrolla un proceso de ciudadanía en construcción, en busca de ejercer y ampliar sus derechos en un marco democrático, a diferencia de situaciones en otras regiones. Esta construcción de ciudadanía lleva el peso de las dinámicas políticas que caracterizan a cada país, está fuertemente ligada a ellas, y es claramente reflejo, tanto de las debilidades y fortalezas del Estado respectivo, como de las virtudes y de las perversiones del sistema y de la cultura política de cada país.

A su vez, este proceso de construcción de ciudadanía implica tanto un espectro muy amplio y diverso de organizaciones, redes y movimientos sociales con intereses y prioridades sectoriales específicas como también una marcada falta de articulación de sus agendas y objetivos. En este contexto, las organizaciones y movimientos ciudadanos que se centran en los temas de la paz, la violencia en sus diferentes expresiones, la seguridad regional y la seguridad ciudadana, y la prevención de conflictos armados y violentos, presentan características muy similares a las descritas anteriormente en relación al desarrollo de la sociedad civil y asumen, adicionalmente, algunos rasgos distintivos.

III. Sociedad civil, paz y violencia en América Latina

En las sociedades latinoamericanas existe una tradición muy limitada en el trabajo por la paz y la prevención de la violencia y de los conflictos armados por parte de los movimientos y organizaciones de la ciudadanía. Este asunto generalmente se delega al Estado, tanto en el ámbito internacional como en el doméstico.

La región ha presentado fenómenos inéditos a los de otras latitudes en lo referente a la posibilidad de prevenir un conflicto nuclear, como la firma del Tratado de Tlatelolco y la suscripción, por parte de la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños, del Tratado de No-Proliferación Nuclear. Sin embargo, la atención de la ciudadanía organizada ha estado centrada más en la justicia social, los derechos humanos y la erradicación de la pobreza que en la prevención misma de conflictos armados o violentos en la región. A su vez, estas prioridades, cuando se han asociado con temas internacionales, lo han hecho más bien en el marco de movimientos sociales orientados a cuestionar la hegemonía de EE.UU. en la región, su incidencia sobre los procesos de militarización y el impacto de la globalización. Por otra parte, mas allá de las debilidades y falencias del Estado, éste ha tendido, en general, a excluir o a aceptar con mucha reticencia, la participación de la sociedad civil (excepción hecha de la comunidad académica y de los expertos civiles) tanto en los temas vinculados a la defensa y seguridad externa, como a las políticas de seguridad interna, consideradas ambas como privilegio del Estado y de su monopolio de la fuerza. En este contexto, el desarrollo de visiones socio-céntricas sobre el conflicto armado o violento se ha caracterizado por severas limitaciones y ausencias, particularmente a la hora de abordar, de forma efectiva, la prevención o resolución de conflictos concretos. Asimismo, la tendencia general se ha orientado a la reacción frente a la eclosión de la violencia y de crisis de diversa índole, más que a la prevención de las mismas.

En tanto la génesis de nuestras sociedades, particularmente en el ámbito de la América hispano- parlante, surge en el marco de la legitimación del conflicto armado con España en la lucha por la independencia política, existe un condicionamiento inicial en el imaginario popular a favor de la violencia como mecanismo de resolución de conflictos políticos que se ha hecho presente a lo largo de nuestra historia, con especial énfasis en el rol de los líderes y caudillos militares y la apología del heroísmo personal asociado con esa violencia (Sriram, 2004.133). De hecho, esta génesis hace, asimismo, a la violencia estructural y cultural presente en nuestras sociedades desde sus orígenes y en la formación de los Estadosnación en nuestra región.

En este contexto cabe plantearse una serie de interrogantes en torno al rol de la sociedad civil en relación a los conflictos violentos o armados y en los procesos de construcción de la paz. En el caso de nuestra región, el carácter eminentemente político, socio-económico y étnico que caracteriza a los factores conducentes a un conflicto y a su eventual derivación en violencia, plantea con mucha claridad la necesidad de desarrollar las capacidades de la sociedad civil. Ésta puede tener un papel clave en la construcción de un entramado institucional, en el apoyo a un Estado democrático y eficiente, para la formulación e implementación de iniciativas y políticas públicas que aborden los factores estructurales de la violencia y generen los necesarios canales de diálogo, negociación y el establecimiento de acuerdos y pactos entre los sectores enfrentados. El rol de un Estado institucionalmente sólido y efectivo, crucial en el proceso de construcción de una paz justa, necesariamente debe ser complementado con una dinámica vigorosa y activa de la ciudadanía, basada en el empoderamiento real de la sociedad civil a diversos niveles y a través de varios mecanismos, y en la ampliación y profundización de una serie de derechos.

El siguiente interrogante, en consecuencia, se refiere a si esta situación cambia, si el enfoque de las organizaciones ciudadanas apunta a la promoción de una paz positiva que tienda a eliminar la violencia estructural, y a la promoción de la seguridad humana que, sin excluir al Estado de una serie de acciones e iniciativas conjuntas y consensuadas, vaya más allá de una visión estado-céntrica, en la construcción de instituciones democráticas.

En el marco de estos interrogantes, es conveniente establecer, en primer lugar, algunas diferencias sustanciales entre la concepción de la sociedad civil en el contexto de las sociedades noratlánticas, ya señaladas, y la que existe en el marco de las particularidades de la dinámica de desarrollo de la ciudadanía en nuestra región, en particular en relación con el surgimiento, evolución y consolidación de los movimientos de paz en ambas regiones, especialmente si tenemos en cuenta, como señalábamos al principio, la ausencia de una tradición decantada de movimientos de paz en América Latina y el Caribe, a diferencia de lo que sucede en otras regiones y, especialmente, de la experiencia de los movimientos de paz en Europa Occidental y en los EE.UU. (Jeong, 2000:358-359).

Al abordar el desarrollo de los movimientos de paz y contra la violencia, tanto estatal como social, en América Latina y el Caribe, es necesario diferenciar muy claramente el desarrollo de dos tipos de organizaciones. Por una parte, organizaciones y redes no-gubernamentales, frecuentemente con una alta composición de intelectuales y académicos, que presentan una agenda focalizada en los problemas de la paz y la seguridad global o regional, con una preocupación particular por las articulaciones con gobiernos y organismos internacionales, en función de desarrollar redes de incidencia que promuevan la construcción de la paz, la prevención de conflictos armados o violentos, tanto a nivel interestatal como intraestatal. Por otra, aquellas organizaciones y redes de la sociedad civil que priorizan la prevención de la violencia social, generalmente en el marco de propuestas que apuntan a transformar la violencia estructural existente en esta región, con mayor o menor articulación con estrategias de lucha contra la pobreza y la exclusión social y la promoción del desarrollo sostenible, de los derechos humanos y de la justicia social. Y generalmente con fuerte arraigo en experiencias locales, ya sea de prevención, resolución y mediación de conflictos locales, o en la lucha contra la violencia asociada a la criminalidad y a la drogadicción y el narcotráfico.

En la primera categoría entran diferentes iniciativas en torno a la construcción y a la promoción de la paz mundial, el desarme, la desmilitarización y la prevención de conflictos armados o violentos, tanto a nivel interestatal como intraestatal. Se incluyen desde movimientos religiosos por la paz promovidos por organizaciones y redes de raíz religiosa, como Pax Christi, o los movimientos evangélicos por la paz, o por movimientos políticos, o las iniciativas más seculares y, a la vez más plurales y académicas, como la Comisión Sudamericana de Paz y el Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz (CLAIP), vinculado a la International Peace Research Association (IPRA), en la década del ochenta y del noventa, y que en la actualidad se despliegan en torno a la investigación por la paz, como en el caso de la versión contemporánea del CLAIP, la Universidad de la Paz de las Naciones Unidas, con sus sedes y programas en Costa Rica y Uruguay; la Fundación Arias de Costa Rica, y la Plataforma Latinoamericana y Caribeña de Prevención de Conflictos y de Construcción de la Paz, impulsada por la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES) y asociada con el Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC), todas ellas marcadamente influenciadas por la globalización de los derechos humanos, del derecho humanitario internacional, y las experiencias de intervención humanitaria. Estas iniciativas presentan una mayor vinculación con la comunidad académica y de expertos preocupados por temas de defensa y seguridad; por los temas de la seguridad mundial, hemisférica y regional, y por el rol de los organismos intergubernamentales en las operaciones de paz, la gestión de crisis y la intervención humanitaria, como en los casos de la ONU y la OEA. Asimismo, se caracterizan por una mayor capacidad analítica y una interlocución con diversas instancias de estos organismos, de las organizaciones regionales y subregionales, y de los gobiernos.

En la segunda categoría se incluyen las diferentes expresiones de reacción ciudadana frente a la violencia social y a la criminalidad, generalmente a nivel nacional o local, a través de organizaciones de la sociedad civil que buscan una salida frente a la inseguridad cotidiana y que abarcan desde movilizaciones esporádicas en contra de la criminalidad y la violencia de reclamo ante los gobiernos nacionales o locales [7], como lo fueron en su momento las movilizaciones en contra de la inseguridad desplegadas en los últimos años en las grandes ciudades como México D.F., Río de Janeiro o Buenos Aires, y las organizaciones no-gubernamentales de mayor consolidación institucional y permanencia, como es el caso de Viva Río y Sou da Paz en Brasil. También incluyen diversas iniciativas de resolución de disputas y de conflictos a nivel comunitario o grupal, promovido por ONG de diversos tipos, generalmente en base a un entrenamiento previo en mediación y resolución de conflictos [8].

Notas:

• [6]. Para más detalles verhttp://www.civicus.org: Volkhart Finn Heinrich (2004) Assessing and Strenghtening Civil Society Worldwide. A Project Description of the CIVICUS Civil Society Index: A Participatory Needs Assessment and Action-Planning Tool for Civil Society, Johanneburg, South Africa: CIVICUS.
• [7]. Que generalmente alcanzan un clímax coyuntural frente a una crisis y tienden posteriormente a diluirse sin alcanzar una continuidad organizativa ni una sostenibilidad institucional y financiera, cuando no son cooptadas por los respectivos gobiernos.
• [8]. Un caso específico, intermedio entre las dos categorías, se desarrolla en Colombia ante la confrontación entre el gobierno democrático y las fuerzas irregulares de las FARC y del ELN, y los paramilitares de la AUC, donde han proliferado, frecuentemente con apoyo internacional, un conjunto muy amplio de iniciativas ciudadanas por la paz, tanto a nivel local como a nivel nacional, como es el caso de la Asamblea por la Paz en Colombia que articula diferentes iniciativas ciudadanas, con una composición que incluye a sindicatos (algunas de las víctimas más destacadas de la confrontación civil en el país han sido sindicalistas), académicos e intelectuales, organizaciones religiosas, movimientos de mujeres, de indígenas y de campesinos, y organizaciones comunitarias que han sufrido en carne propia el embate de ambas partes del conflicto, con su consecuente acumulación de víctimas y de conculcación de los derechos humanos.