En los años ochenta los conflictos violentos se entendían en clave de violencia autoritaria del Estado y violencia armada de la guerrilla y de los movimientos insurreccionales, es decir, como una violencia eminentemente política que respondía a razones y factores estructurales. En la actualidad, con la consolidación de la democracia, este tipo de conflictos violentos pueden, en principio, ser canalizados institucionalmente en un marco democrático. Aparece entonces una violencia asociada al crimen organizado, al narcotráfico, a la delincuencia común, a las pandillas urbanas, y a fenómenos similares, que penetra en el aparato del Estado, en un marco estructural de desigualdad y exclusión tanto socio-económica como política y cultural [3].

En América Latina y el Caribe, esta violencia social se hace particularmente patente en el ámbito urbano, entre la población masculina joven, y en el marco de altos índices de desempleo. Como señala un informe reciente, "la violencia y el grado de inseguridad ciudadana imperante en América Latina alcanza proporciones epidémicas" (ILACON, 2005), en tanto el desarrollo de la violencia en general y de conductas violentas en zonas urbanas, abarcando inclusive los espacios públicos y las escuelas, se ha convertido en una característica estructural de las sociedades latinoamericanas, hasta el punto de que éstas se inscriben dentro de las mas violentas del mundo (ILACON, 2005). Las condiciones de un Estado de Derecho suponen previsibilidad, seguridad jurídica, vigencia efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos, apertura política, transparencia y rendición de cuentas. Esto es esencial a la hora de fundamentar e implementar estrategias adecuadas contra la violencia, tanto a nivel preventivo como represivo. De hecho, la creciente criminalidad, y la violencia a la que se asocia, refleja frecuentemente el grado de impunidad con que la sociedad retribuye a quienes protagonizan la transgresión de las leyes [4].

Consecuentemente, la violencia y la inseguridad se han convertido en la mayor preocupación de los latinoamericanos, lo que explica las movilizaciones sociales que se han producido en los últimos años en algunas grandes ciudades, exigiendo a los gobiernos medidas y respuestas concretas a este respecto (Smulovitz, 2007:35). No obstante, la concepción del desarrollo basada en la vigencia y cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y, en este marco, la búsqueda de sociedades mas gobernables, como señala Carrillo-Flórez (2007) no sólo implica redefinir el rol del Estado y de las políticas públicas. Supone también revisar las responsabilidades de la sociedad civil, en tanto en la actualidad las demandas de la ciudadanía de más seguridad no sólo están insatisfechas, sino que el aumento de la percepción de inseguridad lleva al círculo vicioso de exigir cada vez más en este campo [5].

En este contexto, ha habido un progresivo desplazamiento de las preocupaciones de la sociedad civil en materia de seguridad, paz y violencia, de los conflictos interestatales a las claves de la violencia estructural presentes en nuestras sociedades. Esta violencia estructural está vinculada, en forma creciente, por un lado, con la violencia social asociada con el incremento de la criminalidad y la debilidad de las instituciones estatales para lidiar con ella. Y, por otro, en los casos de extrema polarización política, al resurgimiento de nuevas formas de violencia política en el marco de los conflictos vinculados con transiciones políticas y procesos de transformación social, frecuentemente asociadas asimismo con larvadas modalidades de violencia étnica, siempre presentes en la región desde la génesis histórica de sus Estados nación. En este sentido, y a diferencia de otras regiones, las amenazas a la paz por la emergencia, irrupción y desencadenamiento de conflictos violentos que puedan devenir en conflictos armados, están asociadas fundamentalmente a la violencia estructural inherente a estas sociedades, exacerbadas por el impacto de procesos transnacionales y por la radicalización política de las polarizaciones sociales. En este marco, el desafío fundamental para las sociedades de la región apunta a cómo encarar una efectiva prevención de conflictos armados y/o violentos, a partir de las tensiones surgidas de las crisis de legitimidad y gobernabilidad, de desarrollo y exclusión social y étnica, y de transición hacia nuevos modelos políticos de organización democrática. Y como desafío adicional, se plantea cómo desarrollar mecanismos efectivos a partir no sólo del Estado y, eventualmente desde el apoyo y la cooperación de los organismos internacionales, sino también con una activa participación y compromiso de la ciudadanía organizada (Serbin y Ugarte, 2007).

II. La sociedad civil en América Latina y el Caribe

América Latina presenta, como región, algunos rasgos distintivos con relación a la conformación de una sociedad civil en sus diferentes países y a nivel regional. En este sentido, y en primer lugar, es necesario señalar que el concepto de sociedad civil para analizar y abordar el desarrollo de actividades asociativas no-gubernamentales, que no se orientan al lucro y que buscan promover el bien común, irrumpe en la región en la década del ochenta, en el marco de los procesos de redemocratización y consolidación democrática post-autoritaria, y coinciden simultáneamente con los cambios en Europa Oriental a raíz de la implosión de la Unión Soviética. En este período, las referencias asociativas mas importante de las organizaciones ciudadanas son, predominantemente, las redes y movimientos de derechos humanos que denuncian los abusos cometidos durante los regímenes militares y que promueven la reafirmación el Estado de Derecho, la ampliación de los derechos de la ciudadanía y la consolidación de la democracia. La construcción de una nueva ciudadanía en el marco democrático se constituye, en consecuencia, en el gran reto del desarrollo de la sociedad civil.

De hecho, es en esta etapa que se comienza a hablar de sociedad civil en la región, se rescata el concepto desde la tradición y la experiencia de las sociedades occidentales, y predominantemente noratlánticas (Kaldor, 2003), y se rescatan algunas tradiciones locales, principalmente relacionadas con el trabajo filantrópico y de asistencia de la Iglesia Católica.

Estas dos vertientes -una de incidencia externa y la otra de raíces propias- presentadas esquemáticamente y que, desde luego admiten numerosas excepciones, contribuyen a configurar el entramado contemporáneo de la sociedad civil en la región, con algunos elementos adicionales importantes. Por un lado, la globalización de los derechos humanos y del derecho internacional impulsa, especialmente a partir de la década de los ochenta, vinculaciones con redes internacionales más amplias. Esto se refleja en el desarrollo de movimientos y organizaciones sectoriales que legitiman su práctica desde la perspectiva de una serie de valores universales y de bienes públicos globales (Kaul et al., 1999), tales como la equidad de género, la lucha contra la discriminación y por la equidad racial, la defensa y protección del medio ambiente, la promoción del desarrollo sustentable y la erradicación de la pobreza. Esto se realiza a menudo, en interacción con organismos internacionales, agencias de cooperación internacional y ONG del Norte, lo que amplía significativamente los derechos a los que aspira la ciudadanía y localizándolas, con frecuencia, en un ámbito que supera los límites del Estado territorialmente definido. Por otro lado, bajo el impacto de las reformas estructurales promovidas en la década del noventa en el marco del llamado "consenso de Washington" y de la primera etapa de ajustes estructurales, se produce un fuerte impulso al desarrollo de un "tercer sector" . Éste se orienta a compensar en el ámbito de las políticas sociales, las deficiencias de un Estado debilitado y poco eficiente, a través de la filantropía y de la solidaridad de sectores no-gubernamentales. De hecho, con frecuencia la concepción de "tercer sector", se diferencia de y entra en colisión con una concepción de la sociedad civil surgida al calor del desarrollo de los movimientos sociales y de las luchas por la ampliación y profundización de los derechos de la ciudadanía. En este sentido, existe un contraste entre la visión del ciudadano como un objeto al que se dirigen las políticas públicas de carácter social, generalmente con el apoyo de redes y organizaciones filantrópicas, y la visión de una ciudadanía activa, como sujeto colectivo, que genera una nueva interlocución con el Estado y promueve la ampliación y profundización de los derechos, cuando no la introducción de nuevos derechos ciudadanos (Dagnino, 2006).

Sin embargo, y pese a esta confluencia de factores endógenos y exógenos, la sociedad civil en América Latina y el Caribe, a diferencia de otras regiones (y especialmente de Europa), no se configura históricamente, como "un tejido asociativo de contrapeso al Estado", organizado desde abajo o promovida desde afuera. Por lo contrario, es el Estado el que constituye desde el principio simbólico de una nación a la sociedad a través de la política", y es "la política y el Estado (que) generan, constituyen, estructuran lo que hoy podría llamarse la sociedad civil y ésta, cualquiera sea su contenido y sus niveles organizativos, no existe autónomamente salvo situaciones o casos excepcionales"( Garretón, 2006:47). De allí que la referencia al Estado es, en América Latina y el Caribe, omnipresente en toda expresión organizativa de la ciudadanía, y la política el ámbito inevitable en el cual se desenvuelve, en tanto es el Estado el que configura la matriz sociopolítica de la sociedad. Esta génesis particular impone, en primer lugar, una fuerte impronta estado-céntrica al origen de la sociedad civil en la región, y, en segundo, como bien lo señalan Hengsterberg, Kohut y Maihold (2002), implica un concepto relacional, en tanto "su fuerza, su forma, sus espacios de acción, todo ello queda vinculado con la actuación del Estado. Quien habla de sociedad civil, también tiene que hablar del Estado".

En este marco, los principales desafíos de las organizaciones de la sociedad civil en la región se han vinculado, en lo interno, a la aplicación en su propio seno de lo que promueven: transparencia, decisiones democráticas, la rendición de cuentas, el cumplimiento de las reglas del juego y de los mandatos de sus bases, representatividad y legitimidad. Esta legitimidad justifica, desde un punto de vista ético, sus mandatos y aspiraciones, pero no necesariamente legitiman su representatividad en el marco de los sistemas democráticos, hasta el punto de que ésta es con frecuencia cuestionada, tanto desde los gobiernos como desde los partidos políticos establecidos (Serbin, 2007; Serbin y Fioramonti, 2007).

Finalmente, una confusión común por parte de las organizaciones de la sociedad civil consiste en creer que son sólo actores sociales, sin asumir que son actores políticos en ámbitos más dinámicos y complejos, condicionados por los contextos socio-políticos nacionales. Pero que, sin embargo, en una democracia, no pueden sustituir a los actores políticos tradicionales -partidos políticos, parlamentos, sindicatos-, y que deben complementar y monitorear su actuación, mas allá de la resistencia de las elites políticas a aceptar la implementación de mecanismos participativos y de empoderamiento para la ciudadanía que impliquen formas más amplias que los del voto en las elecciones establecidas regularmente. En este sentido, de la misma manera que la fase de transición a la democracia fue el momento de los partidos políticos, el proceso de su consolidación se concibe como el momento de la sociedad civil. Es el paso de la democratización política a la democratización social, con especial hincapié en la cohesión social y en la expansión de la ciudadanía (Hengstenberg, Kohut y Maihold, 2002).

El surgimiento de la sociedad civil, en consecuencia, se articula en el marco de un triángulo formado por el nuevo papel del Estado a desarrollar en la región, un adecuado funcionamiento de los partidos políticos y la extensión de una nueva cultura política en la ciudadanía. La reforma del Estado, necesariamente conlleva, en la nueva etapa, un replanteamiento de las relaciones entre la institucionalidad estatal y la sociedad civil organizada; una nueva forma de relación entre los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil (si se apunta a evitar el surgimiento de modalidades de "anti-política" que cuestionan la legitimidad de los primeros), y una gobernabilidad que no sólo busque alcanzar mayores niveles de rendimiento de la gestión pública, sino también expandir la participación de la sociedad civil en las decisiones políticas, particularmente en el ámbito de las políticas públicas. No obstante, como bien observa Dagnino (2006), no es dable confundir el incremento de la participación en la gestión, sobre la base de los recursos humanos (generalmente altamente profesionalizados) y técnicos de la sociedad civil (cada vez más formada e informada), con la necesaria politización de las organizaciones y redes de la sociedad civil, en la búsqueda no sólo de incrementar su participación sino también un empoderamiento que reformule las relaciones de poder existentes en la sociedad.

Notas:

• [3]. Al punto que, como señala Dirk Krujt, existe una "simbiosis osmótica entre el Estado (en concreto, la policía y el sistema legal), la criminalidad común y elementos criminalizados de (ex)miembros de las fuerzas armadas, unidades paramilitares y combatientes guerrilleros", que abren interrogantes sobre la estabilidad del orden económico, social y político de la región, y sobre los niveles "aceptables" de exclusión y niveles "aceptables" de violencia, articuladas a una falta de cohesión social que no es otra cosa que violencia estructural (Schünemann 2007).
• [4]. Como señala, en este sentido, Fernando Carrillo-Flórez, "la gran debilidad institucional de las agencias de poder ejecutivo en estas áreas, de los poderes judiciales y la escasa eficiencia de las herramientas normativas e institucionales de la justicia penal a la hora de enfrentar el crimen y la violencia son limitantes reales del Estado de Derecho" (Carrillo-Flórez 2007).
• [5]. No obstante, como el mismo autor apunta, "el paradigma autoritario que se halla dentro del "código genético" del desarrollo de nuestra región puso a la sociedad como objeto y no como sujeto de la acción estatal" , lo cual probablemente explique la naturaleza y las características de estas demandas y movilizaciones.