En Honduras, en relación con las pandillas juveniles, existe una gama de iniciativas estatales, mixtas Estado-sociedad civil y de sociedad civil y de organismos internacionales para la prevención y el rescate. Entre ellas el Grupo CEIBA y la Asociación para la Prevención del Delito (APREDE) en Guatemala. La Fundación Unidos por la Vida en Honduras. A nivel subregional, la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ) y el trabajo que impulsa la Alianza Internacional para la Paz (Interpeace).

VI. Conclusiones

Latinoamérica es una de las regiones más inseguras del mundo. Al mismo tiempo es un área libre de conflictos armados interestatales y, con una excepción, de guerras internas. A la vez, sus regímenes de seguridad subregional y regional, incluyendo arquitecturas de confianza mutua, se encuentran entre las más avanzadas a nivel mundial.

Es, por ello, una manifestación concreta de la paradoja de la democratización y la inseguridad. Los avances en la democratización y la eliminación de los contenciosos militares tradicionales no se ha traducido en la consolidación de la gobernabilidad democrática debido a los altísimos niveles de violencia criminal.

Desde luego, esa apreciación generalizada tiene variaciones. Varios países gozan de situaciones de buena seguridad, pero otros muestran tal deterioro en ese campo, que acusan síntomas de "Estado fallido".

La subregión centroamericana refleja las dos situaciones descritas. En tanto que los países en el Sur, Nicaragua, Costa Rica y Panamá tienen situaciones estables de seguridad y mantienen enfoques propios de la seguridad democrática para el tratamiento de esos problemas, enfatizando las acciones de prevención, los países en el llamado "Triángulo Norte" son los tres que encabezan las peores tasas de violencia criminal en el continente.

Ello debilita el imaginario de la seguridad democrática y genera una mentalidad, tanto en el seno del Estado como de la sociedad civil, proclive al autoritarismo.

Ello se refleja en la adopción por los gobiernos de políticas públicas que mayoritariamente se concentran en las medidas de contención o represión y en el consiguiente endurecimiento de las legislaciones penales, de la reintroducción de los Ejércitos en la seguridad interna y en el debilitamiento de los principios liberales y democráticos en materia de seguridad.

Y en algo que reviste más gravedad, el retorno al autoritarismo lleva a la aceptación en cuanto a pensamiento y en cuanto a prácticas operativas, de acciones ilegales y violatorias de los derechos humanos para combatir la criminalidad, ejercidas tanto desde el Estado como de la sociedad civil. Entre esas terribles prácticas se encuentran los linchamientos y las ejecuciones extrajudiciales calificadas de "limpieza social". La vindicta se dirige en especial contra las pandillas juveniles.

Sin embargo, esos Estados son todos signatarios del Tratado Marco de Seguridad Democrática que hace vinculantes los principios y la operatividad de la seguridad democrática. Además, aunque con menor intensidad, existe una dimensión normativa e institucional que trabaja la prevención y la dimensión social del fenómeno de la criminalidad.

Probablemente el mayor riesgo para la democracia en varios países de Latinoamérica, especialmente los del "Triángulo Norte" de Centroamérica, se encuentra en el desarrollo de la violencia criminal, en especial del crimen organizado transnacional y en la reversión al autoritarismo que ello provoca. Los gobiernos y sociedades de esos países confrontan el reto de encontrar en la seguridad democrática la forma de afrontar correctamente esas amenazas.

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