Enfrentar la violencia criminal con "mano dura": políticas de contención en Centro América

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Otra manifestación de esa mentalidad es el recurso de grupos ciudadanos a ejercer justicia por mano propia. La más grave manifestación son los linchamientos, que se dan principalmente en Guatemala.

Se trata de hechos de violencia tumultuaria dirigidos contra personas, con independencia del número de víctimas y de que el resultado conlleve o no la muerte; entre 1996 y 2001 se registraron alrededor de 35 casos mortales por año. Usualmente las víctimas son varones y en un 55% de los casos, son acusados de delitos contra la propiedad. La segunda categoría de acusación es por robo de niños, en estos casos los linchamientos incluyen víctimas mujeres. Tienen lugar principalmente en áreas rurales, en su mayoría en las regiones de población indígena, aunque igualmente se han dado casos en áreas urbanas. Entre las causas se suele mencionar la herencia del conflicto armado y la desconfianza en la capacidad de administración de justicia del Estado (Minugua, 2003: 284).

También es manifestación del retorno al autoritarismo el aumento de las ejecuciones extrajudiciales de personas acusadas de actividades delictivas, y que se ejerce por parte de actores civiles o de autoridades gubernamentales. Analizando el caso de Guatemala, manifestó el relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias:

Los hechos son bien conocidos. Se dan hoy más asesinatos por día, de los que se daban durante las épocas más oscuras del conflicto armado interno. Los asesinatos de mujeres; la ejecución de individuos específicos por elementos dentro de la policía y el ejército; los asesinatos relacionados con las maras y la delincuencia común; la limpieza social y otros actos de violencia al azar, han creado una generalizada y extendida sensación de inseguridad entre la población.

En esencia, la sociedad tiene dos opciones. La primera, que parece gozar de un considerable apoyo, es el uso de la mano dura o el puño de terciopelo para acabar con elementos indeseables. Esta solución ignora el hecho de que muchas de las ejecuciones que se están llevando a cabo son cometidas precisamente por los actores que se verían fortalecidos con este enfoque.

También pasa por alto el hecho de que esta retórica tiene un misterioso parecido con la doctrina de "seguridad nacional" que se implementó en muchos países latinoamericanos en los años setenta y ochenta, y que en todos los casos tuvo desastrosos resultados.

La segunda opción es la que se ve reflejada en los Acuerdos de Paz y se basa en el desarrollo de un sistema de justicia funcional, que busque garantizar el estado de derecho. Y todos conocemos lo que contempla un sistema efectivo de justicia: una policía que brinde seguridad en lugar de aterrorizar; un ministerio público que realmente investigue; cortes que no sean corruptas y trabajen eficientemente los casos que les llegan y un sistema de gobierno que apoye, en todos sentidos, a este sistema de justicia. La cruda realidad que yo he visto en Guatemala es que casi todos los componentes de este sistema de justicia se encuentran con pocos recursos, disfuncionales, o ambas cosas. Entonces, lo que sucede con la segunda opción, es que ya ni siquiera está sobre el tablero (Alston, 2006: 1). Igualmente, actores de la sociedad civil han presentado denuncias sobre esas ejecuciones:

En Honduras, 1.211 menores de edad fueron asesinados, muchos de ellos con características de ejecuciones entre 1998 y 2006. En el mismo período, 2.278 jóvenes entre 18 y 23 años fueron asesinados, muchos con las mismas características, siendo un total de 3.489 niños, adolescentes y jóvenes menores de 23 años asesinados (Casa Alianza Honduras). Sólo en los dos meses septiembre y octubre de 2007, la misma institución ha registrado 94 crímenes contra menores de 23 años.

En Honduras y Guatemala se ha demostrado la implicación de agentes policiales en grupos de exterminio, y recientemente se ha descubierto una posible implicación de agentes de la Policía Nacional Civil de El Salvador en la zona oriental del país.

En El Salvador, se dan denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales. La Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador señala que el 59,7% de los homicidios estudiados por esta institución tienen características de ejecuciones extrajudiciales.

Si bien esta cifra no es representativa de todos los homicidios cometidos en el país, demuestra que existe una práctica de ejecuciones extrajudiciales continua (CCPVJ, 07, 3).

De enero a agosto de 2006, se denunciaron 96 casos de ejecuciones extrajudiciales en El Salvador. La caracterización de los mismos fue como sigue:

las muertes siguen presentando las características de ser realizadas con armas reglamentarias o uso exclusivo de la fuerza, los cuerpos presentan señales de tortura, mutilaciones, desmembramientos, siendo abandonados luego en sitios muy alejados o aislados, entre las víctimas continúan prevaleciendo las personas involucradas en maras o pandillas, lo cual es un indicio que da pie a considerar que los grupos de exterminio se han atribuido la tarea de realizar una limpieza social (FESPAD, 2005, 90).

Las ejecuciones extrajudiciales obedecen por una parte a la iniciativa de grupos de particulares que actúan en contra de la delincuencia, generalmente la que actúa en sus zonas comerciales o de residencia. Por otra parte, esos hechos se derivan de la acción de agentes de autoridad que actúan tanto en contra del crimen común como del crimen organizado. En particular esas ejecuciones tienen como blanco a pandilleros juveniles.

En cuanto a las políticas públicas, la amenaza criminal provoca un aumento en las políticas de represión, que tienden a endurecerse mediante reformas a la legislación penal, con medidas tales como aumentar la duración de las penas y reducir la edad de imputabilidad penal buscando efectos a corto plazo que satisfagan la presión de la opinión pública en demanda de seguridad. Esas medidas incluyen la incorporación del ejército en operativos conjuntos con la policía y en general en acciones de seguridad interna. Pueden inclusive reflejarse en la práctica de las ejecuciones extrajudiciales antes analizadas.

En El Salvador, en julio de 2003, se adoptó el Plan Mano Dura dirigido a las pandillas, derivado del mismo la Asamblea Legislativa emitió la Ley Antimaras en el mes de octubre.

Aunque ese cuerpo legal fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea acordó una versión revisada. Entre las oposiciones a la ley, el argumento central era que vulneraba los derechos del menor infractor.

En agosto de 2004 el Presidente Flores anunció el Plan Súper Mano Dura, una variable revisada del Plan Mano Dura. Ambos planes estratégicos eran similares, incluían la participación del Ejército en operativos conjuntos con la Policía para la detención masiva de pandilleros y restablecimiento de la seguridad pública en los barrios de actividad de las maras.

En la versión de Súper Mano Dura, anunciado para ser implementado por 14.000 policías y militares, se buscaba acorralar y desarticular a las maras con redadas y persecución de los cabecillas, así como labor de inteligencia y de penetración en sus redes y de desintegración de sus bases de apoyo y de vínculos con el narcotráfico (FESPAD, 2006: 1-2).

A mediados de 2006, el Director de la Policía Nacional hizo pública una nueva estrategia dirigida a combatir simultáneamente las extorsiones, las pandillas y los homicidios (Ibíd.).

En el campo de las medidas legislativas, en junio del 2006, se reformó la Ley Penitenciaria, para recuperar el control de los centros de las cárceles, desde las cuales se considera que se dirigen actividades criminales. Otro producto de la Asamblea Legislativa fue la Ley Antiterrorista, aprobada en el 2006. Este texto legal fue objeto de controversia durante su discusión, ya que grupos de derechos humanos se opusieron, argumentando que bajo la tipificación de terrorismo se podían penalizar protestas sociales.

En Honduras, se reformó el Código Penal para introducir un artículo llamado "antimaras" para endurecer las penas por pertenencia a pandillas, también se han planteado iniciativas para reformar la Constitución y restringir el derecho de habeas corpus (Raudales, 06,211). Se implementaron las políticas llamadas "Cero Tolerancia" y "Libertad Azul", para el combate a las pandillas.

Una segunda consecuencia es el deterioro en el capital social. Encuestas en Honduras demuestran la correlación entre manifestaciones de inseguridad y la reducción de la confianza interpersonal. Esa confianza disminuía del 68,9% al 59,9% entre personas que habían sido objeto de la violencia y de un 74,8% al 38,9% según el barrio de habitación tuviera o no presencia de pandillas juveniles (Cruz, 2006: 193).

En El Salvador, "el capital social se ve afectado por las condiciones de delincuencia e inseguridad que prevalecen en el país. A mayor delincuencia e inseguridad, la gente tiende a desconfiar de los demás, a alejarse de las instituciones y, consecuentemente, a erosionar las redes de cooperación y convivencia que posibilitan el desarrollo. Los bajos niveles de capital social se traducen en bajos niveles de apoyo al sistema y en insatisfacción con el funcionamiento de la democracia en el país" (Cordova, 2007: XXIV).

Una tercera consecuencia es el impacto económico. En Guatemala se estima que en el 2005 ese impacto ascendía a 2.386 millones de dólares, equivalente al 7,3% del PIB (PNUD, Gua, 2006:11), en El Salvador, para el 2003, el costo fue calculado en 1.717 millones de dólares, equivalentes al 11,5 del PIB. (PNUD, El Sal. 2005: 8).

Una cuarta consecuencia es la privatización de la seguridad. El número de las empresas privadas de seguridad y sus integrantes ha ido aumentando, en la medida que los ciudadanos recurren a ellas para buscar protección en sus barrios y en sus negocios. El número de los agentes de seguridad privada sobrepasa a los efectivos regulares de las policías de los países.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Centro de Estudios de Guatemala: Inseguridad pública: el negocio de la violencia, Guatemala, 14 de septiembre de 2005, pp. 14. Julio Palacios Torres: Los desafíos en seguridad y defensa de una sociedad plus armada con cinco componentes operando legal e ilegalmente en el Estado salvadoreño. REDES, Centro de Estudios Hemisféricos en Seguridad, Marzo de 2001,Washington, DC. Mario Palacios: Empresas Privadas de Seguridad en la mira de Naciones Unidas, revistazo, 27 de marzo de 2007.

Fuente: Elaboración propia con base en: Arévalo, Bernardo (editor) Hacia una política de seguridad para la democracia, WSP, FLACSO, IGEDEP, Guatemala, 2002,Víctor Meza (Coordinador): Honduras: hacia una política integral de seguridad ciudadana, CEDOH,Tegucigalpa, 2004, Casa Presidencial, Discursos: Discurso del Sr. Elías Antonio Saca, Presidente de la República en el Foro experiencias exitosas de control y prevención de la violencia en América Latina, 4 de diciembre de 2006.

Ese proceso implica un abandono por el Estado de su función esencial: prestar seguridad. Una parte considerable de las empresas privadas de seguridad operan deficientemente, sus procedimientos de reclutamiento y operaciones son irregulares y en muchos casos han resultado vinculados a actividades criminales.

Se puede apuntar como otra consecuencia, que al ocupar estos temas el primer lugar en la agenda de seguridad, en las preocupaciones de los ciudadanos y de los gobiernos, se desplazan del eje de concentración y de asignación de recursos temas de la agenda de desarrollo, tales como el combate a la pobreza.

V. Políticas de prevención

No todas las políticas se inclinan por la represión. Aunque sin el mismo énfasis existen instituciones, entre ellas la Comisión Nacional de Prevención de la Violencia y la Promoción Integral de Valores de Convivencia (CONAPREPI) en Guatemala y el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) en El Salvador, así como políticas y legislación, tales como los planes "Mano amiga" y "Mano extendida" en El Salvador y la "Ley para la Prevención, Rehabilitación y Reinserción de Jóvenes vinculados a Maras y Pandillas", de Honduras, y programas gubernamentales de seguridad comunitaria y espacios de interacción de la sociedad civil y el Estado para trabajar los asuntos de seguridad, con énfasis en la seguridad preventiva.

Las experiencias en seguridad comunitaria incluyen organización de la comunidad en prevención y colaboración con las autoridades para el control de la delincuencia común, las pandillas y de cuerpos especializados en policía comunitaria o de proximidad.

Entre esas experiencias se encuentran las Juntas Locales de Seguridad en Guatemala, dependientes del Viceministerio de Apoyo Comunitario y los Comités de Seguridad Ciudadana en El Salvador, dependientes de la Dirección General de Seguridad Ciudadana. Aparte de las iniciativas desde el gobierno central, existen otras impulsadas por autoridades municipales, con énfasis en la seguridad comunitaria (Matul, SF)

En la sociedad civil existen organizaciones para monitoreo, análisis e incidencia en seguridad, impulsando iniciativas tales como la reforma legislativa. Entre ellas el proyecto de Interpeace en Guatemala "Fortalecimiento de Organizaciones Sociales en Temas de Seguridad (FOSS)", red que agrupa a entidades que trabajan seguridad. En El Salvador, la labor de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derechos (FESPAD) y el Programa "Sociedad sin Violencia" apoyado por el PNUD.