I. Introducción

El aumento de la violencia en América Latina es un fenómeno que tiene, cada vez más, vínculos con las actividades y redes ilícitas que operan de forma transnacional. En este artículo se analizan las manifestaciones de la violencia en América Latina, en el contexto de la globalización, y en particular se aborda el caso de Centroamérica, que se ha convertido en una zona de tránsito y destino en el comercio ilícito de armas, en el tráfico de personas y de drogas. Esto tiene un fuerte impacto sobre la región, por el elevado número de homicidios, porque reduce las posibilidades de desarrollo y supone una amenaza a la democracia y la gobernalibilidad. En este artículo se aborda cuáles son la principales respuestas que se están dando desde la cooperación al desarrollo y se definen los ámbitos de acción prioritarios para la cooperación regional. Todo ello, partiendo de un marco de "gobenanza multinivel" que combine acciones en el ámbito local, nacional y global.

II. Violencia en América Latina: factores locales y globales

La violencia no es un fenómeno nuevo para América Latina, pero lo que sí resulta novedoso es la naturaleza y las nuevas formas que ha adquirido esta violencia en el contexto de la globalización. Con el fin de la Guerra Fría se produjeron cambios significativos en los factores que originaban los enfrentamientos, hasta entonces coincidentes con los antagonismos ideológicos propios de la lógica bipolar esteoeste. (Kaldor 2001: 180). El nuevo contexto internacional favoreció el cese de guerras de larga duración y en algunos países se firmaron los acuerdos de paz, que dieron paso a procesos de democratización. Éste fue el caso de Centroamérica, en el que El Salvador y Guatemala pusieron fin a la guerra y se inició una nueva etapa democrática, en la que se crearon nuevas instituciones, se impulsó un programa de Desmovilización, Desarme y Reintegración (DDR), y se sentaron las bases para alcanzar una paz estable y duradera. Este proceso contó con un fuerte apoyo de la comunidad internacional; se promovieron reformas importantes en la constitución del Estado, creando nuevas instituciones, como una nueva policía nacional o el establecimiento de nuevas instituciones judiciales (Sieder, 2003).

Sin embargo, desactivar las causas profundas de la violencia no iba a ser fácil. Se impulsaron proyectos productivos, pero no se pudieron llevar a cabo las reformas estructurales previstas en temas esenciales como la reforma agraria o fiscal; la desmilitarización de la sociedad resultó muy compleja. En el caso de Guatemala, cuando se cumplieron diez años de la firma de los acuerdos, algunos análisis mostraron que muchas de las expectativas que se crearon en el proceso no fueron cubiertas, y una parte de los compromisos internacionales adquiridos no fueron cumplidos (Tamup, 2006; Sieder, 2003, Hauge y Thoresen, 2007). En El Salvador el número de víctimas por violencia supera en la actualidad las que se producían durante la guerra. Además, la región se enfrenta a un incremento de la violencia social, con fuertes vínculos transnacionales que ha colocado los temas de seguridad en un lugar prioritario.

Existen muchos factores que explican esta situación. Por una parte, el legado de violencia fue muy grande y díficil de superar. La militarización de la sociedad se manifiestó en una cultura de la violencia que impregna todos los ámbitos de la vida social. La violencia en la vida cotidiana, en los hogares, contra las mujeres y los niños; la utilización de técnicas de contrainsurgencia en los homicidios y acciones violentas que se producen en la región siembran el horror y recuerdan los peores años del conflicto (Reyes, 2005). Esta situación se ve favorecida por el amplio arsenal de armas disponibles en la región, que muestra el fracaso de los programas de desarme llevados a cabo y la aparición de un creciente tráfico ilegal de armas ligeras, con el que se han rearmado los distintos grupos ilegales. Esto se vio agravado porque los procesos de desmovilización y reinserción de los actores armados no funcionaron como estaba previsto. En el caso de Guatemala algunos de los actores armados pasaron a formar parte de la nueva policía nacional y esto supuso un obstáculo en el proceso de renovación de la institución. Otros se integraron en las empresas de seguridad privada, que debido a su escasa regulación cometen con frecuencia violaciones de los derechos humanos y son un factor que genera violencia e inseguridad. En otros casos, a pesar de las depuraciones que se realizaron en el ejército a los responsables del genocidio y de las grandes masacres, todavía algunos de ellos siguen ocupando puestos de responsabilidad en los aparatos de seguridad del Estado. Esto ha tenido como consecuencia que las instituciones que se ocupan de la seguridad no sean eficaces o, peor, estén corruptas y generen una gran desconfianza en la población.

Por otra parte, el proceso de consolidación democrática y de construcción del Estado en Centroamérica se tuvo que enfrentar a las propuestas neoliberales del Consenso de Washington en la década de los ochenta, que propugnaban un menor papel del Estado en los asuntos económicos, políticos, y sociales. Esas políticas fueron un obstáculo para el fortalecimiento institucional que hubiera sido necesario para hacer frente a los nuevos problemas que emergieron en la región. Junto a esto, la debilidad de las instituciones se vio acrecentada por la escasez de recursos disponibles asociados a una carga fiscal muy baja que no logra proveer al Estado de la financiación básica para ofrecer servicios decentes de salud, educación, de acceso a la justicia y de seguridad ciudadana.

Esta situación se enmarca en un contexto de intensificación de los procesos de globalización en todos los ámbitos, económicos, políticos, sociales y culturales. La globalización se relaciona con frecuencia con los flujos e interconexiones económicas, generalmente de carácter legal, y en particular con la transnacionalización de la producción y las finanzas. La globalización supone una restructuración global de la producción y del trabajo, en la que hay ganadores y perdedores. Se han generado extraordinarios beneficios para ciertos países, regiones, sectores productivos y grupos sociales, al mismo tiempo que otros se han empobrecido y se han visto empujados a la exclusión. Éste es el caso de Centroamérica y de América Latina en el que amplias capas de la población se han visto excluidas del bienestar y de la satisfacción de sus necesidades básicas. Estas dinámicas de exclusión se encuentran entre las causas de la frustracción y la desesperanza de amplios sectores de la población, especialmente de los jóvenes, a los que ni el sistema educativo ni el mercado de trabajo les ofrece opciones para integrarse en la economía y en la sociedad. Al mismo tiempo, se les incita al consumo, en un contexto en el que ciertas actividades delictivas suponen dinero rápido y una particular forma de afirmación y prestigio social. Además hay pocos riesgos de terminar en la cárcel a causa de la ineficacia o la corrupción de la policía y la debilidad del sistema de justicia penal. En suma, la exclusión social, la pobreza, la discriminación y la informalidad unida a la impunidad que comporta un Estado débil, constituyen un terreno fértil para las actividades ilícitas (Kruijt y Koonings, 1999; Kruijt, 2006). Éstas son algunas de las razones que explican el crecimiento del crimen organizado en América Latina.

III. La globalización y violencia transnacional en América Latina

El aumento de la violencia en América Latina se presenta como un fenómeno de carácter local y nacional, pero cada vez más tiene vínculos transnacionales con las actividades y redes económicas ilícitas y con las organizaciones delictivas que actúan más allá y a través de las fronteras. Este fenómeno no se restringe a América Latina, sino que se extiende entre otras zonas a Asia Central, la Federación Rusa, el Caribe y Sudáfrica (ONUDD, 2007). Estos hechos son a la vez causa y consecuencia de la globalización, un proceso que al reducir o eliminar las barreras a la actividad económica, y debilitar a los Estados, hace más fácil la interconexión entre los diferentes grupos armados y las redes ilícitas. Las políticas de liberalización favorecieron las eliminación de barreras a la circulación de bienes, servicios, y capitales en muchos países. Asimismo, supusieron un debilitamiento de la soberanía del Estado y sus capacidades para ejercer sus competencias al interior de las fronteras. Como explica Moisés Naim (2006), las fuerzas que impulsan el auge económico y político de las redes mundiales del crimen organizado y otras actividades ilícitas, son las mismas que las que impulsan la globalización. Las políticas de liberalización económica y la transnacionalización de la producción y las finanzas ha creado condiciones más favorables para la actuación de las redes delictivas organizadas internacionalmente, cuya actividad se ha incrementado y, con ella, su poder económico.

Estas redes económicas ilícitas surgen cuando existe oferta y demanda de un producto, cuya prohibición genera rentas extraordinarias, y hay grupos que pugnan por el control de la producción, tránsito y comercialización del mismo. Estos grupos tratan de sortear el control del Estado y, si son lo suficientemente fuertes, tratarán de debilitarlo para que no pueda imponer la ley, creando de forma deliberada "vacíos de poder" en los que el Estado no puede actuar, y esas actividades pueden desarrollarse sin impedimentos. Es decir, como ocurre con las drogas, las armas, o los emigrantes, cuando los intercambios no se producen de forma lícita, de iure, se producen de facto, a partir de mecanismos ilegales y resultan aún más lucrativas a causa de las barreras legales. Estas organizaciones se benefician de estas actividades ilícitas y utilizan las ventajas de la globalización para expandirse y adquirir poder y operando principalmente en el espacio regional.

El Fondo Monetario Internacional estima que el lavado de dinero procedente de actividades económicas ilícitas de carácter transnacional oscila entre 500.000 millones y 1,5 billones de dólares en la segunda mitad de los noventa. Esto supone entre un 2% a un 5% del PIB mundial. Pero otros trabajos elevan la cifra hasta 3 billones de dólares, lo que supone alrededor de una tercera parte del valor de todo el comercio internacional mundial anual (Quirk, 1996; Reuter y Truman, 2004: 12-13). Aunque los cálculos de los beneficios y de los flujos financieros originados por estas redes no son fiables, nadie pone en cuestión que éstos son cuantiosos y van en aumento. El blanqueo y la acumulación de ganancias, en cifras que no tienen precedentes en el mundo contemporáneo, se ha visto favorecida por la liberalización financiera y por los numerosos instrumentos disponibles para ocultarlas y blanquearlas, sean paraísos fiscales, fondos de inversión, o "sociedades pantalla", que permiten a las redes del crimen organizado invertir sus beneficios con gran facilidad, y realizar transacciones financieras desde cualquier parte del mundo en cuestión de segundos. La libre circulación de capitales permite que estas redes ilícitas combinen espacios legales e ilegales en las distintas fases del proceso, lo que hace aún más díficil su control (Naim, 2006).

Con su enorme potencial financiero, estas redes corrompen los poderes del Estado, los medios de comunicación y el sector financiero, e irrumpen en los procesos electorales financiando partidos y candidatos. Sufragan milicias privadas, adquieren armas en el mercado negro y se convierten en el poder de hecho en amplias áreas geográficas, desplazando, sustituyendo y/o corrompiendo el poder estatal o, como ha ocurrido en Italia en los años ochenta, coexisten con él. Para Susan Strange, el narcotráfico y las mafias internacionales representan un verdadero "contra-gobierno" organizado. No existen normas internacionales eficaces que establezcan controles efectivos a las actividades económicas delictivas, puesto que se basan en los instrumentos nacionales y éstos no son capaces de afrontar un fenómeno que trasciende las fronteras. En la mayoría de los Estados, la legislación nacional se basa en concepciones tradicionales de la soberanía, por lo que no pueden ser eficaces para combatir este fenómeno, dada su naturaleza transnacional. Existen algunas iniciativas internacionales frente a estos problemas, y en particular con relación al lavado de dinero, como el Grupo de Trabajo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) de la OCDE. Sin embargo, como señala Strange, el problema del blanqueo y sus conexiones con el crimen internacional organizado sólo podrán afrontarse eficazmente en el momento que el mercado internacional de capitales y los flujos financieros internacionales estén sometidos a autoridades y reglamentaciones supranacionales, que de momento no parecen cercanas debido a que su creación supondría importantes renuncias en materia de soberanía nacional por parte de los Estados (Strange 2001, 161-176; Andreas y Friman, 1999; Schenel y Abraham, 2005).

Notas: