Además de los efectos históricos de la violencia directa, en las últimas décadas Latinoamérica se ha visto inmersa en procesos de reforma económica con resultados desiguales en las diferentes subregiones. Esta diversidad no sólo responde a características históricas particulares sobre todo relacionadas con la transformación de las capas empresariales y la fortaleza y legitimidad del Estado, sino al efecto de las demandas mundiales propias de la globalización y tratados de libre comercio. En ese sentido, la débil institucionalidad de las relativamente nuevas democracias se traduce en la ausencia de políticas públicas con visión de largo plazo, con lo que las acciones, sobre todo aquellas orientadas a garantizar el bien común de la seguridad ciudadana, terminan convirtiéndose en acciones represivas coyunturales, perdiendo de vista la inversión en la prevención como garantía de sostenibilidad de los espacios seguros. La desigualdad y la exclusión se reflejan en la ausencia de políticas sociales enfocadas a reducir la inequidad, que en definitiva es el detonante de la violencia social, a todos los niveles. La debilidad institucional también se manifiesta en las dificultades para alcanzar plenamente el Estado democrático de derecho. Este supone entre otras cosas, previsibilidad, seguridad jurídica, vigencia efectiva de los derechos fundamentales ciudadanos, apertura política, transparencia, rendición de cuentas, como elementos esenciales para fundamentar cualquier estrategia contra la violencia, tanto a nivel preventivo como represivo (Carrillo-Flórez, 2007: 186).

III. Feminicidio y violencia contra la mujer

La violencia contra la mujer es histórica y se ha producido antes de los conflictos armados, durante los mismos y una vez éstos hayan finalizado. La guerra solamente agudiza la situación de exclusión y la discriminación hacia la mujer. La Organización Mundial de la Salud define violencia como "el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones" (OPS/OMS, 2003:5). Esta definición lleva a una concepción del fenómeno de la violencia como algo que afecta a la persona en todas sus dimensiones, sean éstas la individual, la de sus interrelaciones más directas y cercanas, las comunitarias y las sociales en general.

En las últimas décadas violencia de género se ha aplicado principalmente a señalar los actos violentos contra la mujer. La violencia contra la mujer se define internacionalmente (ONU 1994) como "todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada". La violencia puede ser ejercida por otra persona, un grupo de personas o por el Estado, sea por una acción directa o por omisión, lo cual se convierte en situaciones de discriminación y de exclusión. Las estadísticas regionales arrojan cada vez más el crecimiento del femicidio y del feminicidio en América Latina. Los casos más relevantes se han producido en México en Ciudad Juárez [4] y en Guatemala. La persistencia, características e incremento de los casos ameritan incorporar la categoría de feminicidio al análisis de la violencia de género.

La principal referencia de las investigaciones y del propio concepto sobre femicidio está en el libro de Jill Radford y Diane Russell: Femicide. The politics of women killing. A partir de esa investigación se han desarrollado otras en varios países en el mundo, tomando en cuenta la diversidad cultural, de raza, de edad, en distintos momentos históricos, en distintos espacios públicos y privados (CLADEM, 2007). Hay autores que plantean una diferencia entre femicidio (como concepto homólogo de homicidio: dar muerte a un hombre) y feminicidio, entendido éste como producto de un conjunto de formas de violencia que concluye en asesinatos de mujeres. Por ello, el análisis de los crímenes contra mujeres y niñas, debe realizarse integralmente con un enfoque social, económico, político y cultural de las causas [5]. El feminicidio sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados contra la integridad, el desarrollo, la salud, las libertades y la vida de las mujeres. También forma parte de este concepto la ausencia de un marco jurídico y de políticas de gobierno, lo que genera una convivencia insegura para las mujeres, pone en riesgo su vida, favorece la invisibilidad de la violencia contra la mujer y por ende, los crímenes contra la misma.

El feminicidio es entonces un crimen para cuya concurrencia se necesitan factores y circunstancias que responsabilizan a varios actores de la sociedad, en especial al Estado, a través de su acción o su omisión, como la negligencia en la prevención, la deficiente investigación y la ausencia de persecución y sanción. Existe un vacío en la legislación ya que el concepto de feminicidio no ha sido incluido en la normativa de ningún país en América Latina. Se trata de un término político, que no sólo abarca a los agresores individuales sino a la estructura estatal y jurídica, ya que por un lado al no existir el feminicidio como delito instituido dentro de la legislación, no se le da el tratamiento jurídico y sociológico adecuado a los casos que presentan las características que lo individualizan: que la persona sea asesinada y se trate de una mujer; y por otro lado, que el Estado, a través de su inoperancia, contribuya a la impunidad, al silencio y a la indiferencia social (Muralles, 2005:14-15).

En Guatemala han muerto, desde el 2001 más de 2.000 mujeres en forma violenta. Algunos de estos homicidios, la minoría [6], han sido investigados y esclarecidos. Como reflejo de la discriminación dentro del sistema de justicia, la investigación de los crímenes contra las mujeres rara vez se produce. El sistema no está habilitado para escuchar las denuncias o las entrevistas se realizan en condiciones en que las mujeres son doblemente victimizadas: cuando ocurre la agresión y cuando debe relatar el hecho. Por otra parte, las características físicas o de extracción socioeconómica de las víctimas suelen ser suficientes para que las autoridades desestimen la investigación. De esa cuenta, los asesinatos de sexoservidoras, jóvenes con tatuajes o mujeres indígenas, son normalmente desechados por considerarse que nunca serán resueltos o que existen otros casos prioritarios. En materia de cumplimiento de órdenes de detención, aquellas correspondientes a casos de agresión sexual contra mujeres, se dejan en último lugar.

Según los datos aportados por las diferentes fuentes, las mujeres han sido asesinadas con arma de fuego principalmente, apuñaladas, muertas a machetazos, estranguladas o golpeadas hasta morir. Una de las características que se incrementa cada año es la saña con que las mujeres son asesinadas. Las víctimas reflejan en sus cuerpos todo tipo de abuso: violaciones, desmembramientos, golpes, fracturas, quemaduras y mutilaciones. El sadismo y la impunidad con que se han cometido estos crímenes, hace que puedan señalarse como "crímenes con marca", por los niveles de violencia que se ejerce contra las víctimas (de León-Escribano, 2005:2).

En las muertes de mujeres pueden establecerse patrones diferentes de conducta del agresor lo que lleva a determinar tipologías de criminalidad contra la mujer. Dentro de ellas se encuentra: la psicopática, atribuida a criminales con conductas de agresión y ensañamiento o asesino en serie; violencia en general o delincuencia común; violencia contra la mujer ejercida por alguien vinculado a la víctima; maras o pandillas, asociada a disputas por territorio o venganza entre pandillas; limpieza social, ejecución extrajudicial cometida por grupos paralelos al Estado por la vinculación de la víctima a pandillas o redes de narcotráfico; y hechos fortuitos. La mayor parte de víctimas (86%) vivían en el área urbana y se encontraban entre los 10 y los 30 años. Las muertes individuales llegan a 81% de los casos, lo que sugiere una enorme y agravante condición relativa a la violencia contra la mujer, en el sentido de que el acto estaba dirigido específicamente contra las víctimas femeninas ya que sólo en el 19% se da en un contexto en que se involucra a víctimas masculinas (Kepfer, 2007:13-16).

En general las muertes de mujeres correspondían mayoritariamente en su orden a violencia intrafamiliar, delincuencia común, ataques entre pandillas y ajustes de cuentas entre bandas criminales. Es significativo el incremento de muertes por armas de fuego, siguiendo la tendencia anual de los homicidios en el país.

Vale la pena destacar que al igual que en Ciudad Juárez (Zermeño, 2004), al analizar los asesinatos de mujeres en Guatemala con relación al numero de población femenina por departamento, saltó como una de las zonas más peligrosas para las mujeres, después de la Ciudad de Guatemala y los departamentos con alta presencia de narcotráfico, Chimaltenango, área geográfica en que se encuentran concentradas las maquilas (de León-Escribano, 2005:10). Esto confirma que una de las vulnerabilidades que tiene la mujer para hacerla víctima propicia de una agresión es el desempeñar un trabajo asalariado en entornos culturales y socioeconómicos donde puede trastocar los roles en la pareja. Según la OMS/OPS, los factores que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres son: la violencia sexual perpetrada por la pareja, lo que lleva a concluir que uno de los factores de riesgo más importantes para las mujeres (en cuanto a su vulnerabilidad ante la agresión sexual) es estar casada o convivir con un hombre. Otros factores que influyen en el riesgo de violencia sexual comprenden: ser joven; consumir alcohol u otras drogas; haber sido violada o abusada sexualmente con anterioridad; tener muchos compañeros sexuales; ser profesional del sexo; mejorar el nivel de instrucción y aumentar la independencia económica, al menos cuando lo que está en juego es la violencia sexual en la pareja; y la pobreza. Además de ello, las mujeres corren mayor riesgo de violencia sexual y de violencia física por parte de su pareja cuanto mayor sea su nivel de instrucción y, por ende, su capacidad de realización social. La explicación probable es que una mayor capacidad social de la mujer genera mayor resistencia a las normas establecidas por la costumbre por lo que los hombres suelen recurrir a la violencia para tratar de recuperar el control (OMS/OPS, 2003:171).

Si algo esta claro en el fenómeno del feminicidio es, por una parte, la ausencia de datos que permitan realizar una aproximación estadística y metodológica al problema. Por otra, que el Estado reproduce los mecanismos sociales de exclusión ya que los delitos contra las mujeres están invisibilizados a lo largo de la cadena de justicia, sin mencionar el poco registro de la violencia intrafamiliar, lo que dificulta la investigación. Ejemplo de ello es la percepción de las autoridades policiales guatemaltecas y mexicanas que siguen atribuyendo la muerte de mujeres a las pandillas, crimen organizado o asesinos en serie, cuando las escasas cifras disponibles y las investigaciones realizadas por diversos autores y organizaciones de acompañamiento a los familiares de las víctimas arrojan la violencia de pareja como la principal causa de muerte.

Como mecanismos para prevenir la violencia contra la mujer y reducir el feminicidio en la región, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) propone en su informe Ni una Más (2007), medidas que incidan integralmente en los diversos ámbitos relacionados con la seguridad y la protección a las mujeres. Dentro de ellas mencionan acciones orientadas a mejorar los marcos jurídicos, facilitar el acceso a la justicia, elaborar planes, programas y estrategias sectoriales y territoriales, impulsar un modelo integral de prevención que aborde el espacio intimo y público del desempeño de actividades de la mujer y favorecer mecanismos de supervisión y seguimiento del cumplimiento de los tratados regionales e internacionales suscritos por los países.

IV. Violencia, masculinidad y pandillas

Las condiciones económicas y la creciente violencia urbana han puesto a los jóvenes latinoamericanos en el centro de la atención social. Representando casi a la mitad de la población del continente, la ausencia de políticas públicas focalizadas los convierte, junto a las mujeres, en las principales víctimas del sistema. Según el último informe de la Oficina Internacional del Trabajo, de los 106 millones de jóvenes latinoamericanos y caribeños comprendidos entre los 15 y los 19 años de edad, hay 22 millones que no trabajan ni estudian. La misma condición de ausencia de políticas orientadas a favorecer la permanencia de los jóvenes dentro del sistema escolar hace que gran parte de ellos empiece a abandonar la escuela antes de los 15 años y pasen a engrosar la masa de trabajadores poco calificados de la región. Los hombres jóvenes latinoamericanos entre los 25 y 30 años de edad son las principales víctimas y victimarios de la violencia, tanto por la acción de las pandillas, como por la de los aparatos de seguridad de los estados y otros grupos organizados que no necesariamente operan al amparo de la ley, pero que desarrollan acciones represivas contra los jóvenes (Solís Rivera, 2007:25).

Notas:

• [4]. Ciudad Juárez saltó a las noticias internacionales después de la muerte de 300 mujeres y la desaparición de 600. Guatemala ha acumulado en los últimos años mas de dos mil muertes violentas de mujeres.
• [5]. A partir de conceptos de diferentes publicaciones y entrevistas a Marcela Lagarde y de los Ríos, académica mexicana, Presidenta de la Comisión especial de Feminicidios del Congreso de la República de México.
• [6]. Según reportes del Procurador de Derechos Humanos, más del 70% de los casos no han sido investigados y se desconocen los móviles. Véase Muertes violentas de mujeres durante el 2003, Guatemala: PDH, 2004