I. Introducción

América Latina es hoy día, la región más insegura del mundo, con una tasa de homicidios seis veces mayor que el promedio mundial (Carrillo-Flórez, 2007: 181) concentrando dos quintas partes de la mortalidad asociada al uso de armas de fuego. En la actualidad, trece de los quince países que reportan las tasas más altas de muerte por armas de fuego en el mundo se ubican en América Latina. (Solís Rivera, 2007:23-27). Históricamente la violencia ha sido una constante en nuestro continente. En diferentes subregiones se han librado en las pasadas décadas conflictos internos, la mayor parte muy cruentos, mientras que en otras todavía éstos siguen vigentes.

Si bien las guerras internas han finalizado en su mayoría, la paz no ha representado el mejoramiento de las condiciones de vida de una gran parte de la población latinoamericana. A pesar de que en la región se ha avanzado en la consecución de la democracia formal, aún persisten o se han agravado los problemas estructurales que dieron origen a los conflictos armados. Hoy día en la región se vive un contexto de desigualdad económica y una exclusión que se traduce en un alto grado de inequidad. Prácticamente en todos los estudios sobre el tema se caracteriza a América Latina como la más desigual de las regiones del mundo (Hoffman y Centeno, 200:100). A esto debe sumársele el resabio de los regímenes autoritarios; la pervivencia de las secuelas intangibles de los conflictos armados y una debilidad institucional que no permite dar respuesta a las demandas de la población por una parte, y por otra, que se ve desbordada ante la presencia transnacional del crimen organizado y narcotráfico, lo que termina generando un círculo vicioso entre desigualdad, exclusión y violencia.

La violencia que prevalece como fenómeno creciente en la región es multicausal, ya que además de ser un producto histórico, es fruto también de procesos culturales e ideológicos; de situaciones estructurales en lo económico y lo político, que afecta a diferentes generaciones de una sociedad. La violencia repercute en sectores específicos: mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores de una forma diferenciada en cuanto a tipo e intensidad. La exclusión producto de la inequidad reflejada en las políticas públicas sectarias y en la carencia de los servicios y atención del Estado hacia los más pobres, perjudica principalmente a mujeres, jóvenes y población indígena.

Uno de los enfoques que pueden aplicarse para el análisis del comportamiento violento de una sociedad es el de violencia de género. El término violencia de género en general se usa como sinónimo de violencia contra la mujer, aunque en realidad prácticamente cualquier violencia tiene una dimensión de género en la medida en que el hombre y la mujer enfrentan diferentes riesgos tanto en cuanto a protagonizar un comportamiento violento, como en ser su víctima (Morrison, Ellsberg, Bott. 2005:2). En la última década, han hecho su aparición en varios de los países latinoamericanos dos fenómenos asociados al ejercicio de la violencia desde la perspectiva de género: el feminicidio y la violencia asociada a las pandillas juveniles. La explicación del surgimiento de esta violencia sectorial debe darse desde una perspectiva histórica del conflicto por una parte y por otra, el efecto de la violencia estructural en cada uno de ellos.

II. Postconflicto y violencia

Un conflicto armado genera dinámicas de violencia directas entre los bandos que no sólo se enfocan en el exterminio y reducción del enemigo, sino que adquieren facetas diversas que terminan afectando a la población en su conjunto. En América Latina los conflictos se dieron en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional centrada en la salvaguarda del Estado, aunque entremezclada con la supervivencia de la concentración económica ejercida por sectores minoritarios en los países. Todo, en un contexto ideológico en el que prevalecía el autoritarismo, la exclusión, la discriminación y la represión como mecanismos operativos de las fuerzas de seguridad y del Estado. En su lucha por enfrentar a los grupos insurgentes, estas fuerzas utilizaron métodos represivos contra la población organizada o no, que en el caso de Guatemala por ejemplo, llegaron a ser catalogados por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico [1], como un acto de genocidio contra los pueblos indígenas. La violencia fue selectiva hacia sectores determinados como estudiantes, sindicalistas, académicos, miembros de la iglesia y cooperativistas sin importar sexo o edad. En algunos casos se orientó hacia la población ubicada en las áreas donde operaban las fuerzas de los diferentes bandos, llegando a destruir comunidades enteras o asesinando públicamente a líderes identificados. La violencia se constituyó en ejercicio cotidiano que incluso utilizó a la misma población para cometer masacres contra aldeas vecinas [2]. Todavía hoy estamos viviendo las consecuencias del horror del conflicto, dentro de las cuales pueden señalarse algunas que pueden explicar las tendencias de la violencia actual:

Destrucción del tejido social. Las comunidades, sobre todo aquellas rurales, tienden a desarrollar redes de funcionamiento basados en confianza y códigos socialmente admitidos que logran mantener la cohesión, la solidaridad y una solución de conflictos a través de mecanismos que fortalecen la unidad del grupo y el control social necesario para no ver alterado el equilibrio interno. Una situación de guerra altera la toma de decisiones, la autoridad tradicional, la estructura de poder interno y la forma de enfrentar la conflictividad cotidiana. Se producen además, procesos de emigración hacia las áreas urbanas donde las familias se ven fragmentadas y desubicadas en un entorno diferente y deben enfrentar los problemas de sobrevivencia fuera de la red originaria, la cual, muchas veces tiene además, fuertes connotaciones culturales. Otra consecuencia es el alto número de viudas y huérfanos que no sólo pierden sus bienes, sino que se ven obligados a reubicarse para poder subsistir, convirtiéndose en familias monoparentales. En los casos en que se implica a poblaciones indígenas, no sólo es un cambio de idioma, espacio y contexto, sino también, de referentes culturales.

Debilitamiento del poder civil y comunitario. Las poblaciones que se ven atrapadas entre grupos armados en combate pierden la posibilidad de controlar sus propios procesos. Las decisiones son tomadas ya no por las autoridades legítimamente reconocidas, sino por fuerzas ajenas a la comunidad que actúan en función de las propias aspiraciones, anulando la capacidad de autogestión local. Se superponen las autoridades vinculadas al conflicto sobre las autoridades electas o legitimadas a lo interno [3]. La lógica del poder se modifica para dar paso al cumplimiento de los objetivos de las fuerzas en combate sobre las necesidades reales de la población. Así se vivió bajo los diversos regímenes militares a lo largo del continente, que llegaron a utilizar la mayor parte de los recursos del Estado para combatir al enemigo interno a costa de cumplir con la obligación de garantizar el acceso de la población a los servicios sociales básicos, incrementando la pobreza y la exclusión. Igualmente convirtieron a las fuerzas armadas en instituciones polifacéticas que atendían salud, educación, desarrollo e infraestructura. El resultado es una actitud social aprendida que tiende a despreciar el ejercicio político, que ha visto durante el conflicto las ventajas del uso de la violencia para lograr los propósitos de quienes detentaban el poder y las armas (Cruz, González, Romano y Sisti, 2000) y que por lo tanto ha internalizado el militarismo como valor positivo tendiendo a demeritar el Estado de Derecho y a las autoridades civiles y partidos políticos.

Pérdida de la autoestima. Según estudios sobre las secuelas psicológicas de procesos de violencia, quien la ejerce, crea justificantes alrededor de su legitimidad. Por ello, los represores no se ven afectados por el uso de la violencia ya que ella se concibe como parte de su responsabilidad o razón de ser. Sin embargo en la víctima se da el proceso contrario, es decir, una devaluación que genera la distancia social necesaria para que se produzca un proceso de desidentificación que protege al agresor y devalúa a las víctimas (Garavito, 2003:146-147). Los excesos cometidos por los diferentes bandos en contienda provocan huellas dolorosamente imborrables en los sobrevivientes. Niños que han presenciado la muerte de familiares a manos de alguna facción, huérfanos que se han visto adoptados por sus propios victimarios, mujeres y niñas violadas, hombres que han visto abusar de sus esposas e hijas. Todos se convierten en personalidades muy vulnerables, atemorizadas y con una baja autoestima. La violación como práctica de guerra genera disfuncionalidades permanentes en las familias y traumas psicológicos en las víctimas directas (las mujeres) y afecta al resto del grupo, sobre todo si fueron testigos del hecho. Los niños que observan agresiones son proclives a reproducir actos de violencia en su edad adulta, pasando de víctimas a victimarios. Las desapariciones forzadas, los secuestros y las torturas que formaron parte de la política contrainsurgente desarrollada por las fuerzas armadas en las décadas pasadas afectaron a hombres y mujeres por igual. La forma de pensar, la palabra y la libre expresión se convirtieron en acciones punibles y perseguibles. La sociedad se vio despojada de la posibilidad de expresarse libremente o de pensar en forma diferente, promoviendo actitudes de reserva, silencio y posteriormente desinterés en los procesos de participación. Los descendientes de esa generación sobreviviente del conflicto tenderán a vivir en ese temor permanente y a reproducir la violencia y el desprecio a la propia vida, producto de la impotencia de sus padres y a la ausencia de mecanismos culturales y sociales que proporcionen alivio y que permitan asumir y superar los procesos de victimización.

Racismo y discriminación. Pérdida de identidad. El racismo imperante en los países multiétnicos y que se expresa a través de la exclusión en el desarrollo, la educación y la salud, se exacerba durante los conflictos armados, convirtiendo a los más débiles en víctimas propicias de la represión. La violencia social que se genera solamente reproduce el racismo latente. Y los sobrevivientes muchas veces deben esconder su origen y cultura para poder escapar del círculo de exclusión y discriminación. El racismo se convierte en un elemento de doble victimización ya que en una sociedad que utiliza códigos culturales dominantes diferentes para obtener el respeto y la admiración, el indígena se ve amenazado por pertenecer a un grupo cultural distinto y tiene que negar su propia raíz, como mecanismo de competencia en la sociedad no indígena. Esto indudablemente lleva a una perdida de identidad y a un rechazo de sus orígenes, sobre todo en los jóvenes, buscando parecerse a los estereotipos raciales aceptados en su nueva realidad urbana, en el caso de la emigración, o simplemente a los modelos reproducidos por los medios de comunicación. Cultura del silencio. El temor producto de los procesos de represión indiscriminada afectó a todos los ámbitos territoriales de los países en conflicto. El silencio se transforma en la estrategia utilizada por las víctimas directas o los testigos, como medio para evitar repercusiones violentas (Moser y McIlwaine, 2001: 41). El miedo se convierte en la base de la autoexclusión de los procesos participativos y en la capacidad de expresar y demandar las propias necesidades. El silencio se instaura como práctica de no comunicación a lo interno de los hogares y de las comunidades, generando frustración y aislamiento, que tarde o temprano se va a expresar a través de la violencia, sea ésta interna (en el hogar) o externa (en la calle).

Identificación del poder con la fuerza y de ésta con la violencia. Los conflictos armados prolongados y los regímenes autoritarios rompen no sólo el tejido social, sino que alteran los procesos de autoridad reconocidos a lo interno de las poblaciones. Esta transposición termina asociando la imagen de poder con el uso de la fuerza que se ejerce además, de forma violenta. De ahí que se identifique la violencia como el recurso para imponer la autoridad y el respeto en las relaciones familiares, personales y sociales. En este contexto, la proliferación de armas de fuego, incrementada en el posconflicto, supone un detonador de la letalidad de la violencia. Aunado a la aceptación de la naturalidad del uso de las armas de fuego como símbolo de poder y autoridad y los marcos legales debilitados que permiten el fácil acceso a las mismas, la violencia posconflicto se transforma en una violencia armada indiscriminada que causa hoy día más víctimas que durante los conflictos bélicos pasados. Poblaciones que han vivido en el contexto del enfrentamiento armado, reclaman como forma de acabar con la inseguridad la actuación represiva de las fuerzas de seguridad. Esta forma de percibir la realidad traduce las relaciones de poder en relaciones violentas que van a desembocar en violencia intrafamiliar, en una conflictividad que se intenta resolver mediante el uso de la fuerza y en su grado más extremo, en los linchamientos como forma de castigo colectivo hacia quien se sospecha ha transgredido las normas.

Notas:

• [1]. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico actuó como fruto de los Acuerdos de Paz en Guatemala y elaboró un informe sobre los abusos cometidos por las fuerzas armadas en contienda titulado Guatemala, Memoria del Silencio.
• [2]. El caso más conocido es el de las Patrullas de Autodefensa Civil en Guatemala que llegaron a aglutinar al 10% de la población en el momento más álgido del conflicto y que fueron utilizados por el Ejército para apoyarlos en la lucha contrainsurgente, siendo responsables de gran parte de las masacres que se dieron en el país. Este modelo fue replicado en Perú como Comités de Autodefensa.
• [3]. En el caso de Guatemala, en una investigación llevada a cabo por IEPADES en 1993 sobre los efectos de las Patrullas de Autodefensa Civil en el tejido social, se determinó que a lo interno de las comunidades se diferenciaba la "autoridad por temor" y la "autoridad por respeto", refiriéndose a los comisionados militares o enlaces comunitarios con el Ejército y las autoridades tradicionales reconocidas.