Pero sí hay datos sobre la relación entre el impacto de la violencia contra la mujer y su capacidad para obtener ingresos. Morrison y Orlando (1999: 56) constatan una diferencia significativa entre las remuneraciones laborales de las mujeres afectadas por violencia física severa y las que no han experimentado este tipo de violencia. En Managua, Nicaragua, las mujeres que sufren violencia física severa ganan sólo un 57% de lo que ganan sus compañeras que no sufren abuso. En Santiago de Chile, este porcentaje es de 39%. En Chile, las pérdidas de ingresos para todas las mujeres representaron más del 2% del PIB chileno de 1996. En Nicaragua, las pérdidas constituyeron aproximadamente un 1,6% del PIB de 1996. Vale la pena recalcar que estas pérdidas incluyen solamente el impacto sobre el ingreso de la mujer y no captan el impacto sobre la participación laboral en sí, ni tampoco el impacto sobre el ausentismo.

El último costo económico de la violencia dentro del hogar es el impacto intergeneracional que ésta tiene en el futuro económico de los niños. Los niños que sufren o que son testigos de violencia doméstica tienen más probabilidades de tener problemas disciplinarios en el colegio, más probabilidades de repetir curso y, por consiguiente, menor probabilidad futura de obtener un empleo adecuado con un salario decente. En Colombia se encontró una relación significativa entre el abuso infantil y las tasas de repetición de curso; en Ciudad de México, el maltrato infantil se relacionó con menores ingresos adultos (Knaul y Ramírez, 2005). En Chile, a los niños que habían sufrido graves abusos, les fue considerablemente peor en el colegio, que al resto (Larrain et al., 1997).

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) auspició estudios acerca del impacto económico de la violencia criminal urbana en Brasil, Colombia, El Salvador, México, Perú y Venezuela. Los estudios desglosan los costos de la violencia en costos directos (impactos en la salud y pérdidas materiales, como ser gasto público y privado en policía, sistemas de seguridad y servicios judiciales); costos indirectos (productividad e inversión, trabajo y consumo) y transferencias (valor de bienes perdidos en robos, rescates pagados a secuestradores y sobornos pagados como resultado de extorsión). Los cálculos finales de costos se expresaron como un porcentaje del producto interior bruto de 1997. Los costos variaron entre un bajo 5,1% en Perú y un alto 24,9% en El Salvador, con una media de 14,2% para los seis países. La clasificación detallada de estos cálculos de costos se presenta en el Cuadro 2.

El impacto social

Los costos sociales incluyen la transmisión intergeneracional de la violencia, la erosión del capital social, una reducción de la calidad de vida y una menor participación en los procesos democráticos.

En países industrializados se ha constatado que existe un vínculo entre un hombre que ha sido testigo o ha experimentado abuso de niño y su conducta violenta con su esposa o compañera. Un estudio realizado por Strauss et al. (1980) en los Estados Unidos, muestra que la tasa de abuso por parte de cónyuges fue diez veces más alta en hombres que habían tenido una niñez violenta que en aquellos que no la tuvieron. Otros estudios en los Estados Unidos y Canadá indican que los niños expuestos a la violencia dentro del hogar tienen puntos de vista inadecuados en cuanto a la aceptación y a la utilidad de la violencia como un medio para resolver conflictos (Jaffe et al., 1989). Dichos estudios también muestran que esos niños tienen un mayor riesgo de ser víctimas y perpetradores de violencia. La conexión entre la violencia doméstica, la pobre actuación de los padres y el futuro comportamiento violento fuera del hogar no ha sido estudiada empíricamente en América Latina y el Caribe, pero no sería sorprendente encontrar dicha relación.

Sin embargo, los efectos de la violencia en los niños no se limitan solamente al hecho de reproducir comportamientos violentos de adultos. Niños que son víctimas o que son testigos de abuso tienen mayores probabilidades de tener problemas de comportamiento, incluso siendo aún niños. En el estudio sobre abuso infantil realizado en Chile, mencionado anteriormente, se comprobó que los niños que dijeron ser víctimas de violencia física seria tenían relaciones interpersonales insatisfactorias, no sólo con sus padres, sino que también con otros niños (Larrain et al., 1997). En un estudio realizado en los Estados Unidos donde se comparó a 102 niños que vivían en refugios para mujeres maltratadas con 96 niños de un grupo de control, se descubrió que la probabilidad de tener problemas serios de comportamiento o adaptación por parte de los niños del refugio era dos veces y media mayor (Wolfe et al., 1985).

Tiene especial importancia la erosión del capital social como consecuencia del aislamiento al que se someten las víctimas de la violencia de la pareja. Esta violencia en muchos casos es instrumental, es decir, el hombre usa la violencia como un medio para obtener un fin, en este caso, el control de la mujer y sus contactos con el mundo fuera del hogar. Al mismo tiempo, esto reduce simultáneamente la calidad de vida de la mujer y su habilidad para participar en actividades fuera de la casa, incluyendo la posibilidad de tener un ingreso y ser parte de las actividades comunitarias.

Moser y Holland (1997) señalan que la violencia a nivel comunitario en Jamaica se convierte en miedo generalizado, dando lugar también a una ausencia fundamental de normas de cooperación y comunicación, lo que a su vez destruye el capital social. Un impacto crucial de la violencia es la transmisión intergeneracional. Si los adultos, los medios de comunicación y la sociedad en general les enseñan a los niños y a los jóvenes que la violencia es una manera rápida de acumular riqueza, no hay que sorprenderse, cuando los jóvenes, especialmente los varones, adoptan conductas violentas.

V. Las acciones

Hay una creciente y rica gama de acciones en los países de la región destinadas a combatir la violencia, que abarcan todo el continuo desde la prevención al control de la violencia, desde las respuestas ‘blandas' a las respuestas ‘duras' para reducir su incidencia y sus costos económicos y sociales. Desafortunadamente, muy pocas de estas acciones han sido documentadas y evaluadas rigurosamente. La base empírica para saber qué es lo que funciona es muy débil.

Esta sección resume las acciones en el área de la prevención que han demostrado ser costo-efectivas o, al menos, que tienen promesa de costo-efectividad. El enfoque se centra en acciones de prevención (afirmando, sin embargo, que las acciones de lucha contra la violencia forman parte de un continuo que va de la prevención al control) porque la preocupación de este artículo es la violencia. Además está demostrado que la prevención es más costoefectiva, que el control de la violencia. Ésta es una razón de peso para que adopten medidas en este sentido los gobiernos de la región que tienen crónicas restricciones fiscales. Se estima que por cada dólar invertido en prevención de la violencia se ahorrarían hasta seis dólares en gastos de control, represión y atención a las consecuencias de los delitos.

Programas municipales de seguridad ciudadana

Las experiencias de Bogotá, Colombia, y São Paulo, Brasil, son ejemplos únicos de acciones a nivel municipal que han funcionado en reducir la violencia criminal. La tasa de homicidios en Bogotá se redujo de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 a 22 homicidios por cada 100.000 en 2004 (Guerrero, 2007:143). El éxito de la municipalidad de Bogotá en reducir la violencia demuestra la importancia central del compromiso político, reflejado en la creación de una oficina municipal destinada a la prevención de la violencia con recursos financieros propios, que ha sido sustentado a través de distintas administraciones municipales.

Además de este compromiso político mantenido a lo largo del tiempo, diversas evaluaciones de la experiencia en Bogotá indican que las estrategias más vinculadas a la reducción de la violencia incluyeron: campañas para controlar el consumo de alcohol (la ‘ley zanahoria' prohibió la venta de bebidas alcohólicas a las tres de la madrugada durante los fines de semana) y el porte de armas; la renovación urbana y del transporte en los barrios más violentos (Avenida Caracas y la zona del Cartucho); la creación de frentes de seguridad constituidos por la comunidad y la policía y estaciones de policía para las familias; y la profesionalización de la policía. Un sistema de vigilancia basado en la recogida de datos integrados sobre la violencia y el delito, utilizando mapas geo-referenciados apoyó todas las acciones antes mencionadas (Buvinic et al., 2005).

En el Estado de São Paulo, las tasas de homicidios se redujeron en un 29% en el período 1999-2004 (de 56 a 40 homicidios por 100.000 residentes). En la ciudad de São Paulo la reducción fue mayor, de un 41%, y aún mayor en barrios muy violentos dentro de la ciudad. Factores explicativos son similares a los de Bogotá e incluyen el uso de sistemas de información integrados que ha facilitado la acción policial; mejoras del transporte público y la ejecución de programas sociales como la renta mínima, y las bolsas de trabajo en barrios violentos; participación de las comunidades en programas de prevención de la violencia; y la restricción en la venta del alcohol (World Bank, 2006:7).

La gestión municipal presenta ventajas comparativas (versus el escenario nacional) para llevar a cabo programas de prevención de la violencia: porque opera en un ámbito territorial delimitado que circunscribe los desafíos, facilita la coordinación de distintas instancias, y permite concertar compromisos y responsabilidades.

Inversión en los jóvenes y en el desarrollo infantil temprano (prevención social)

La importancia de los programas de prevención dirigidos a los jóvenes se debe a la prevalencia de jóvenes entre los agresores y las víctimas de violencia.

Hay numerosos programas de prevención social en América Latina que se centran en modificar los factores de riesgo (aumentar los factores de protección) que llevan a los jóvenes a tener conductas violentas. Varían desde programas que enseñan técnicas de resolución pacífica de conflictos en las escuelas (prevención primaria), a programas que promueven la reintegración a la familia de jóvenes en riesgo o niños de la calle (prevención secundaria), al trabajo con los jóvenes delincuentes, como los programas de libertad asistida (prevención terciaria). Sólo en programas orientados a la prevención de la violencia en las escuelas, un estudio reciente identificó 37 iniciativas, la mayoría de ellas enfocadas a promover la convivencia pacífica en la escuela, como ser ‘Paz nas Escolas' en Brasil y el ‘Programa de Competencias Ciudadanas' en Colombia (Avalos, 2003).

Todavía no hay datos de evaluaciones rigurosas de los impactos de programas de prevención social dirigidos a los jóvenes sobre la conducta violenta de éstos. Sin embargo, evaluaciones en países industrializados demuestran que los programas preventivos son más costo-efectivos en cuanto a reducir la violencia. Por ejemplo, los programas que incrementan la permanencia de los estudiantes en las escuelas de secundaria a partir de becas y otros incentivos; los programas que utilizan la escuela para ofrecer actividades atractivas de utilización del tiempo libre de los jóvenes; y más recientemente en el desarrollo humano, programas de desarrollo infantil temprano y de visitas a madres con infantes en hogares de alto riesgo (Greenwood, 1998; UN y World Bank, 2007). Sería interesante investigar el posible efecto indirecto, preventivo sobre la violencia, de los programas de transferencias condicionadas a familias de bajos ingresos, tan en boga en la región.

Control de ventas de armas, alcohol y drogas

Se cuenta con evaluaciones sobre el efecto preventivo sobre la violencia, cuando se establece control en las ventas de alcohol, drogas y armas, que son los ‘gatillos' o detonantes de la violencia. El vínculo entre el consumo de alcohol y el crimen violento se ha demostrado en los países industrializados. Los crímenes cometidos bajo la influencia del alcohol ascienden a un 8,3% de todos los costos de la violencia criminal en los Estados Unidos en 1995 (Rosenberg, 2005). En Diadema, en el estado de São Paulo, la restricción en la venta de alcohol después de las 10 de la noche contribuyó a un descenso sustancial en la tasa de homicidios, de 76 por 100.000 en 2000 a 35 en 2004 (World Bank, 2006:7).