Pensamiento Iberoamericano
Número 2

Un balance de la violencia en América Latina: los costos y las acciones para la prevención

Mayra Buvinic

Banco Mundial

Número de páginas: 4

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TAMAÑO LETRA



Resumen: América Latina es la región con la tasa de homicidios promedio por habitante más alta del mundo
(27.5 homicidios por cada 100.000) y también con unas tasas muy elevadas de violencia doméstica. Esta violencia, que aumentó notablemente en las últimas décadas, tiene elevados costos económicos y sociales. La violencia acarrea costos directos —el valor de los bienes y los servicios usados en la prevención de la violencia, el tratamiento a sus víctimas y la captura y castigo a sus perpetradores— e indirectos, que incluyen impactos en salud, impactos económicos, e impactos sociales. Hay una creciente y rica gama de acciones en los países de la región destinadas a combatir la violencia, pero la base empírica para saber qué funciona es muy débil. En el área de la prevención, las acciones más costo-efectivas incluyen programas municipales integrados de seguridad ciudadana; inversión en los jóvenes y en desarrollo infantil temprano; control de ventas de armas, alcohol y drogas; y prevención situacional. A pesar de la múltiple causalidad de la violencia, el ensayo concluye recomendando dar preferencia a programas de prevención puntuales, de corto plazo, que están dirigidos a objetivos específicos, y cuyos resultados pueden cuantificarse.

Palabras clave: violencia, costos económicos, prevención situacional, acciones costo-efectivas, América Latina

Abstract: Latin America is the region with the highest average homicide rates in the world (27.5 homicides
per 100,000 people). It also records high rates of domestic violence. These high interpersonal
violence rates, which increased dramatically in the past two decades, exact huge economic and social costs. Violence has direct costs—the value of goods and services used in violence prevention,
treatment of victims, and capture and punishment of perpetrators—and indirect costs; the latter
include impacts on health, economic impacts, and social consequences. There is a growing and rich
variety of actions to combat violence in the countries of the region, but the empirical base to know
what works is very weak. In the prevention area, the most cost-effective actions include integrated municipal programs of citizen security; investment in youth and in early childhood development; control of alcohol, drugs, and gun sales; and situational prevention. Despite violence’s multiple causality, the essay concludes recommending giving preference to short term prevention programs with specific objectives and measurable outcomes.

Keywords: violence, economic costs, situational prevention, cost-effective actions, Latin America

Resumo: América Latina é a região com a taxa média de homicídios por habitantes mais alta do mundo (27.5 homicídios por cada 100.000) e também com taxas de violência doméstica muito elevadas. Esta violência, que aumentou notavelmente nas últimas décadas, tem elevados custos econômicos e sociais. A violência acarreta custos diretos – o valor dos bens e serviços usados na prevenção da violência, o tratamento às vítimas e a captura e castigo aos seus perpetradores – e indiretos, que incluem impactos na saúde, impactos econômicos, e impactos sociais. Há uma crescente e rica gama de ações nos países da região destinadas a combater a violência, mas a base empírica para saber o que funciona é muito frágil. Na área da prevenção, as ações mais custo-efetivas incluem programas municipais integrados de segurança cidadã; inversão nos jovens e no desenvolvimento infantil antecipado; no controle de vendas de armas, álcool e drogas; e prevenção situacional. Apesar da múltipla causalidade da violência, o ensaio conclui recomendando dar referência a programas de prevenção pontuais, de curto prazo, que estão dirigidos a objetivos específicos e cujos resultados podem ser quantificados.

Palavras clave: violência, custos econômicos, prevenção situacional, ações custo-efetivas, América Latina.

I. Introducción

La violencia es, junto al desempleo, la corrupción, la pobreza y los bajos ingresos, una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos en América Latina en este nuevo siglo, según las encuestas de opinión publica. Es también un tema cada vez más importante en la agenda de desarrollo de los gobiernos de la región. Este ensayo hace un recuento breve de la situación actual (prevalencia y antecedentes), lo que se ha documentado sobre sus costos, y las acciones que han sido efectivas en combatirla. Concluye con reflexiones sobre las diversas políticas y programas que se están llevando a cabo.

Es importante destacar que el tema central de este ensayo es la violencia y no el crimen. Esto incluye la violencia criminal, como también conductas violentas (especialmente en el ámbito privado del hogar) que pueden o no, ser catalogadas de criminal por el sistema de justicia. No incluye actos criminales no violentos o ‘sin víctimas’, como son el soborno y la corrupción. Tampoco incluye las lesiones producidas por accidentes, ya que la caracterización más importante de la violencia es su intencionalidad —el querer hacer daño a otra persona—. Su manifestación más extrema es el homicidio, e incluye, además del daño físico a una víctima, la violencia psicológica y la violencia sexual.

El enfoque en la violencia enfatiza conductas que tienen un componente emocional y no son enteramente explicables siguiendo reglas puramente racionales, lo que permite considerar las políticas de prevención, además de las políticas más tradicionales de control de la violencia.

II. La prevalencia de la violencia

Las estimaciones comparables más recientes (2000) indican que América Latina y el Caribe (incluye 32 países) es la región con la mayor tasa de homicidios promedio por habitante: 27,5 homicidios por cada 100.000 habitantes; le sigue África con 22,2 homicidios, mientras el promedio mundial es de 8,8 homicidios por cada 100.000 habitantes (WHO, 2002: 274). Sin embargo, si a los homicidios se le suma la mortalidad estimada a consecuencia de guerras y de suicidios, entonces América Latina se sitúa debajo del promedio mundial (WHO, 2002).

La región también muestra tasas muy altas de violencia que se producen en el ámbito privado del hogar. Datos de 15 países (1993- 2003) muestran que entre 7 y 69% de mujeres adultas con pareja, dicen haber sufrido abusos físicos en algún momento de su relación (Buvinic et al., 2005).

Investigaciones recientes revelan tasas también altas de victimización de los niños. En Colombia, los niños sufren castigos violentos en aproximadamente 23% de los hogares urbanos y en Ciudad de México, sufren violencia en más de 13% de los hogares (Knaul y Ramírez, 2005).

Estos datos confirman que en América Latina prevalece la violencia interpersonal, caracterizada por los homicidios, y no la violencia autodirigida (suicidios) o la violencia colectiva (guerras, terrorismo).

La incidencia de esta violencia interpersonal aumentó considerablemente entre mediados de la década de los ochenta y mediados de la década de los noventa; la tasa de homicidios promedio en la región se elevó en más de un 80% (Buvinic y Morrison, 2000). En la década actual, la tendencia al aumento de la violencia es menos clara: entre 2000 y 2005, la muerte por homicidio siguió en aumento en algunos países, como El Salvador (de 37 a 55 homicidios por 100.000) y Guatemala (de 25,8 a 42 por 100.000), pero disminuyó en otros, incluyendo Colombia (de 62,7 a 39,3 por 100.000), Honduras (de 49,9 a 35 por 100.000) y Argentina (7,2 a 5,8 por 100.00) (Alda 2007).

III. Los antecedentes

La violencia tiene múltiples causas que hace más compleja la investigación empírica de sus causas y el diseño de acciones para combatirla. El modelo ecológico para explicar la violencia incluye más de 30 factores de riesgo o de protección, distribuidos en el plano individual, en el hogar, en la comunidad y en la sociedad (WHO, 2002: 12).

El incremento notable de la tasas de violencia en la décadas recientes se ha atribuido sobre todos a factores que operan a nivel macro, de la sociedad, incluyendo la alta proporción de jóvenes en la población –el grupo de edad más dispuesto a ser agresor y víctima a la vez– el aumento en la desigualdad, que está altamente correlacionada con la violencia; el notable crecimiento de los mercados de armas y drogas asociados con la globalización y el crimen organizado; y las secuelas de los conflictos civiles de los años ochenta (Buvinic y Morrison, 2000). Existe además evidencia de que la violencia genera más violencia debido a una cierta inercia (Fajnzylber, 1997).

Es posible que una combinación de factores macro, incluyendo el repunte económico de muchos países, y acciones gubernamentales puntuales dirigidas a combatir la violencia, expliquen la reducción en las tasas de homicidios de algunos países en la década actual. Desafortunadamente, no existen los datos empíricos para poder atribuir esta reducción de los niveles de violencia a variables o cambios específicos.

Además de los cambios a nivel macro vinculados al aumento (o reducción) de la violencia, los factores en el plano institucional, comunitario, individual y cultural también están asociados a la alta prevalencia de la violencia en la región. Estos incluyen, notablemente, la debilidad de las instituciones de justicia y de aplicación de las leyes, y la corrupción, especialmente de la policía (Carrillo-Flórez, 2007). Hay también factores situacionales que desencadenan violencia. Entre estos últimos se encuentran factores relacionados con el deterioro del medio ambiente urbano (que han dado pie a la teoría de las ‘ventanas rotas’ para explicar la violencia urbana) y otros ‘gatillos’ o factores desencadenantes de la violencia, como la presencia de alcohol, drogas y armas de fuego. Similar es el papel de la cultura autoritaria, todavía imperante en muchos países o comunidades, que considera el dominio del hombre en el hogar y la violencia contra la mujer como un rasgo masculino aceptable.

IV. Los costos de la violencia

Todo tipo de violencia acarrea altos costos económicos y sociales porque frena el desarrollo. En el plano microeconómico, reduce la formación de capital humano porque induce a algunos individuos a desarrollar habilidades criminales, en vez de educativas; también disuade a algunas personas a estudiar de noche por miedo al crimen violento. En el plano macroeconómico, reduce la inversión extranjera y la nacional; también puede reducir el ahorro nacional si la gente tiene menos confianza en las posibilidades de crecimiento futuro del país.

La violencia dentro del hogar también daña los proyectos para el desarrollo, no sólo las vidas de sus víctimas. El abuso afecta el rendimiento de los niños en el colegio y, por lo tanto, su productividad futura y la rentabilidad de la inversión del Estado en educación. Las mujeres que sufren violencia doméstica son menos productivas en sus lugares de trabajo y esta reducción de su productividad es una pérdida directa para la producción nacional. El control de la violencia requiere del uso de cuantiosos recursos (incluyendo gastos en los sistemas policiales, judiciales y la provisión de servicios sociales) que podrían ser usados para otros propósitos. Los costos de la violencia generalmente se dividen en costos directos, que son consecuencia directa de los actos de violencia o intentos de prevenirla, y los costos indirectos, que incluyen el dolor y el sufrimiento, la pérdida de la productividad, y de la calidad de vida. El Cuadro 1 desagrega estos costos.

Los costos directos de la violencia

Los costos directos incluyen el valor de los bienes y servicios usados en la prevención de la violencia, el tratamiento a sus víctimas y la captura y castigo a sus perpetradores. Ellos incluyen gastos en el sistema policial y judicial (costos de prisión y detención, así como costos de enjuiciamiento y otros costos de los juzgados), gastos en tratamientos médicos (atención en salas de emergencia, hospitalización, atención en clínicas o en las consultas médicas, asistencia dental y el costo de tratamientos para enfermedades de transmisión sexual), terapia psicológica para víctimas y –en el caso de violencia doméstica– algunas veces para los víctimarios, vivienda (albergues y residencias provisorias para mujeres maltratadas y sus hijos) y servicios sociales (capacitación laboral, funcionarios encargados de los reos que están bajo libertad condicional, programas de educación sobre violencia doméstica, programas de refugio y capacitación para la policía, doctores y otros).

No existen cálculos comprensivos sobre los costos directos asociados con la violencia en países latinoamericanos; sin embargo, se considera que estos costos son elevados , aunque un poco menores que los cálculos en los países industrializados, donde hay una mayor disponibilidad de servicios y por lo tanto los costos son más altos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el costo directo del abuso infantil se calcula en 14 billones anuales de dólares. Esta cifra asciende a 94 billones anuales de dólares, cuando se le suman los costos indirectos (Rosenberg et al., 2005: 755).

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Se dispone de datos en varios países de América Latina en lo relativo a la cantidad gastada en los sistemas de seguridad pública y de justicia. En El Salvador, por ejemplo, los gastos de las instituciones de gobierno, los costos legales, las lesiones personales y las actividades de prevención representaron más del 6% del PIB de 1995 (Cruz y Romano, 1997: 32).

Los costos indirectos

Impactos en la salud

Los costos indirectos incluyen impactos en la salud que no necesariamente generan una demanda para la utilización de servicios de salud, como por ejemplo, mayor morbilidad, mayor mortalidad debido a los homicidios, al abuso de alcohol y las drogas y a los cuadros depresivos. Si se calcula el impacto de la violencia doméstica en el deterioro de la salud, los resultados son serios: el Banco Mundial estimó que anualmente hay 9 millones de años de vida saludable (AVISA) perdidos en el mundo en concepto de violaciones y violencia doméstica, cifra mayor que el total de mujeres víctimas de todos los tipos de cáncer existentes y más de dos veces del total de AVISA perdidos por mujeres en accidentes de vehículos motorizados (World Bank, 1993).

En un estudio donde se calculó el peso de las enfermedades en las mujeres de Ciudad de México, la violencia por parte de la pareja y otras formas de abuso contra la mujer fue la tercera mayor causa de pérdidas de AVISA, después de la diabetes y las afecciones perinatales (Lozano, 1999).

La violencia doméstica tiene también un impacto importante sobre la salud en los niños que sufren abuso. Varios estudios realizados en los Estados Unidos, por ejemplo, muestran que existe una relación entre el maltrato infantil y los problemas posteriores de abuso de drogas o alcohol por parte de la víctima. En América Latina, el maltrato infantil es uno de los factores claves que lleva a los niños a vivir en la calle (Knaul, 1995).

La muerte prematura por violencia es la mayor causa de años de vida saludables perdidos por los jóvenes en la región, resultando en una pérdida promedio de 30 a 40 años por muerte. El costo económico directo de estas muertes y discapacidad provocada por la violencia se estima en 10 billones anuales de dólares (Weaver y Maddalenno, 1999).

El impacto económico

Los costos económicos de la violencia se calculan a partir de contabilizar la menor acumulación de capital humano, una menor tasa de participación en el mercado laboral, menor productividad en el trabajo, mayor ausentismo, menores ingresos e impactos en la productividad de la generación siguiente; a nivel macroeconómico, la violencia frecuentemente lleva a menor capacidad de ahorro e inversión.

Existe evidencia de que las mujeres que sufren violencia doméstica tienen índices más altos de ausentismo laboral y mayores probabilidades de ser despedidas o de dejar sus trabajos. En Canadá, por ejemplo, el 34% de las mujeres maltratadas y el 11% de las víctimas de asalto sexual, indicaron que no podían trabajar el día después de la agresión, lo que genera pérdidas de 7 millones de dólares canadienses por año (Greaves, 1995). Desafortunadamente, no hay evidencia sobre la pérdida de trabajo y absentismo para países de América Latina y el Caribe.


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