Naciones Unidas, en Bolivia ha expresado su preocupación por el aumento de linchamientos en los dos primeros meses del año 2008. El año 2007 fueron reportados casos que afectaron a más de 15 personas en diferentes ciudades. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, indicó que la debilidad del aparato de justicia, sumada, en algunos casos, a la reacción tardía de los agentes, produce un cuadro de impunidad que alienta a la repetición de este tipo de conductas. El 1 de marzo de 2008, tres policías fueron asesinados por pobladores del pueblo de Epizana, Cochabamba, a los que los pobladores acusaron de extorsión y cobros irregulares a los conductores (Cable DPA, 2008).

En Guatemala, MINUGUA ha registrado 552 víctimas, la mayoría hombres entre 18 y 49 años. Entre 1999 y 2002, veinte y cuatro de las víctimas eran menores de edad y 8 con menos de 16 años. En los lugares en donde la Comisión de Esclarecimiento Histórico señaló que hubo graves hechos de violaciones a los derechos humanos y masacres es donde se realizaron el 64% de los linchamientos o intentos de linchamiento (MINUGUA, 2002). Los linchamientos "concentran en nuestro caso todas las crueldades y horrores del pasado conflicto armado. Revela también las tensiones y ambigüedades de una paz que no ha llegado a todo el país y que, en visión retrospectiva hace presente tiempo idos, atrae fantasmas que no podemos olvidar. Pesadillas de nuestro atrasado tiempo social" (Torres-Rivas, 2003). El Estado contrainsurgente dejó un Estado débil. A ello se une la dinámica de una cultura autoritaria heredada de la misma época, que privilegió la violencia y la coacción; así como la impunidad. Es una sociedad civil violenta y desprotegida, por lo que ante la ausencia del Estado busca protegerse por mano propia.

4. El terrorismo, una expresión ausente

La "guerra contra el terrorismo" es una de las principales políticas de Estados Unidos. El terrorismo de alcance global no ha tenido ninguna expresión en América Latina y el Caribe. Desde la región no han probado vínculos con las organizaciones terroristas globales ligadas a extremismos religiosos.

La región suscribió la Convención Interamericana Contra el Terrorismo que se encuentra vigente desde el año 2003. En forma paralela se creó un Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) cuya función principal es la prevención de estos actos.

Los actos de terrorismo en la región se han reducido de manera considerable. Colombia concentra la mayoría de hechos. En términos comparativos el terrorismo está ausente de esta región del planeta. No obstante, es crucial implementar medidas preventivas permanentes dado el daño que estos actos pueden producir.

V. El crimen organizado: el principal generador de violencia colectiva

La presencia del crimen organizado se manifiesta con gran fuerza en América Latina. Ello ha demandado conocer de mejor forma el fenómeno, para poder estudiar sus efectos negativos sobre la sociedad y a la vez considerar las mejores opciones de políticas para enfrentarlo.

Un primer debate se produce en la discusión teórica en torno a la definición de crimen o delito organizado. ¿Cómo se define crimen o delito, y si éste es organizado? Tal discusión, principalmente jurídica, señala la existencia de un tipo de delincuencia que se diferencia de lo que se denomina "delincuencia común" debido a los procesos de evolución o perfeccionamiento que caracterizan este antiguo fenómeno rejuvenecido con el advenimiento de la sociedad de la información. Varios elementos señalan esta diferencia: a) rebasa los controles gubernamentales, b) establece líneas especiales de operaciones basadas en un sistema complejo de tipo empresarial, bien estructurado para la comisión de hechos delictivos, c) persigue por medio de determinadas acciones violentas la búsqueda y obtención de poder económico y social, no tanto político d) la delincuencia está delante de lo que caracteriza a la delincuencia común tradicional y convencional. e) adicionalmente, se puede señalar que el delito organizado posee una marcada dimensión transnacional y una alta capacidad de adaptación al nuevo contexto, f) una fuerte especialización en los ámbitos específicos como lo son el tráfico ilegal de estupefacientes, armas, personas, así como el blanqueo de dinero asociado con los delitos anteriores.

La transnacionalización del crimen ha aumentado los problemas que de él se derivan. El crimen organizado cruza las fronteras y sus acciones se relacionan con los distintos tipos de amenazas de carácter global. Para poder enfrentar esta nueva forma de criminalidad es necesario contar con una perspectiva y visión transnacional; esto significa coordinar políticas globales y locales, convirtiéndose esto en uno de los principales retos que poseen los Estados, las sociedades y todos los actores que buscan enfrentar este flagelo.

El crimen organizado tiene un objetivo esencialmente económico, sin embargo, para poder recibir esos recursos ocupa la extorsión y la violencia como instrumentos fundamentales. Esta característica es la que representa el mayor peligro para las sociedades latinoamericanas y caribeñas. El crimen organizado posee una fuerte coherencia interna, altos grados de especialización y sofisticación. No es ideológico, no busca el poder político como tal, lo que busca es la influencia y la capacidad de decisión sobre los agentes del Estado, con independencia de la ideología de éstos. Es una empresa ilegal, aunque normalmente penetran empresas legítimas.

Para desarrollar una acción efectiva en este campo, se necesita una mirada sistémica, multifactorial y que recoja las visiones de una pluralidad de actores para, sobre esas bases, construir confianza como uno de los activos más importantes. Esto sólo será posible si se desarrollan miradas y percepciones integrales sobre el fenómeno, que a la vez puedan manifestarse en acciones locales, circunscritas, y específicas las cuales pueden ser evaluadas y revisadas para alcanzar los resultados propuestos. La cooperación internacional es esencial para enfrentar el fenómeno (Rojas Aravena, 2006). El crimen organizado se vincula a los más variados ámbitos, entre éstos destacan: 1 La democracia y el crimen organizado. 2. Corrupción y crimen organizado. 3. El crimen organizado y el tráfico de armas. 4.. El tráfico internacional de personas. 5. Políticas de deportaciones y el crimen organizado. 6. El crecimiento económico, el crimen organizado y el lavado de dinero. 7. Los medios de comunicación y el crimen organizado. 8. La ciberseguridad y el crimen organizado. 9. Crimen organizado y tráfico ilegal de especies naturales. 10. La institucionalidad y el crimen organizado.

VI. Los costos económicos de la violencia

Los países y las sociedades invierten cada vez más recursos para protegerse y mitigar los efectos de la violencia y la inseguridad. El gasto militar global en la región es bajo, sin embargo podrían establecerse acuerdos multilaterales que posibilitarán establecer acuerdos sobre limitación en las adquisiciones, pero ello requiere de acuerdos vinculantes, verificables primero sobre homologación de los gastos y luego dar cumplimiento efectivo a la convención interamericana sobre transparencia en las adquisiciones.

De igual forma, los estados deben destinar cada vez mayores recursos para prevenir, atenuar y reprimir la violencia interpersonal. Entre estos costos están los incrementos de policías y sus equipamientos, de patrullajes, costos vinculados a los procesos judiciales, servicios legales, la infraestructura carcelaria. Los costos de atención de emergencias en hospitales y otros servicios de salud, como atención psicológica y otras formas de atención a las víctimas. Muchos de estos costos directos se incrementan por la pérdida de oportunidades de inversión en desarrollo. El costo de tiempos implicados en atender estas situaciones son altos. Los costos en pérdidas de capital humano y social son difíciles de revertir. El incremento en los seguros y las bajas en la productividad. También en los casos más graves implican la salida de inversionistas extranjeros y nacionales. Así como el alejamiento o caídas del turismo.

Los costos directos asociados al crimen poseen una alta significación en todos los países. En el caso de Brasil se ha estimado entre un 3% y un 5% del PIB al año (Banco Mundial, 2006). En el caso de Jamaica el costo estimado es de un 3,7% del PIB (Banco Mundial, 2007). En el caso de Costa Rica el costo estimado es un 3,6% del PIB (PNUD-Costa Rica, 2005). El BID ha calculado que el costo en América Latina fluctúa entre el 2% y 15% del PIB (Carrillo-Flores, 2007). Sobre la base de estos números se ha proyectado para el caso del Ecuador un gasto cercano al 7% del PIB (Carrión, 2007). En el caso de El Salvador los costos estimados, para el año 2003, fueron de 11.5% del PIB (Betancourt, 2007). Pero no sólo están los costos efectivos sino la pérdida de oportunidades y la menor tasa de crecimiento como consecuencia del crimen y la violencia. Una caída en las tasas de homicidios a un rango de un 6 por cada 100.000/hab puede significar incrementos sustanciales del PIB. Si Jamaica y Haití lograran reducir la tasa de homicidios, al nivel de la de Costa Rica, podrían obtener un crecimiento anual del 5,4%. (Banco Mundial, 2007). Mejorar la calidad de la información permitirá mejorar los presupuestos y establecer políticas públicas más eficientes, con mejores grados de focalización en los problemas que buscan solucionar.

VII. Conclusión: la violencia inhibe el desarrollo humano en América Latina y el Caribe

La violencia inhibe el desarrollo humano, se transforma en un obstáculo para el crecimiento y limita las oportunidades de construir sociedades, en donde la libertad posibilite una plena y efectiva legitimidad democrática. La violencia limita, disminuye y reduce las opciones para una vida mejor, aspecto central en el desarrollo humano.

Como señalamos, una serie de factores inciden sobre el incremento de la violencia, el crimen, el despojo y la inseguridad, entre éstos se destacan: la inequidad y polarización económico- social; la urbanización; la pobreza y marginación; la informalidad y el desempleo; la ausencia del Estado y la debilidad de sus instituciones; las políticas represivas que criminalizan a la pobreza y a los jóvenes; la falta de integración y cohesión social, en especial de poblaciones nativas. Junto a estos factores, nuevos actores armados se hacen presentes. Éstos enfrentan a las policías y las FF.AA., en especial en zonas en las cuales la presencia estatal es débil. Entre estos actores se destacan: vigilantes, guardianes, paramilitares, guerrillas, narcos y sicarios, crimen organizado, maras. Junto a ellos crece el número de policías privados. Estos nuevos actores buscan imponer un "orden" por medio de la violencia, fuera del marco del imperio de la ley.

Los impactos de la violencia se manifiestan en diversas áreas: 1) sobre la calidad de vida, con más temor; 2) sobre la convivencia cívica, con menores grados de confianza; 3) en la convivencia democrática, con mayor desafección; 4) en las inversiones privadas, con un retraimiento; 5) en el gasto en seguridad, más gasto público y privado; 6) en el espacio público, con el abandono; 7) en la privatización de las respuestas; 8) en las políticas públicas, incrementando las complejidades de la gestión y los diseños institucionales; 9) sobre las decisiones; generando un sentido de urgencia y de carencia de efectividad. 10) los costos de la violencia reducen las oportunidades del desarrollo, en especial del desarrollo humano y sustentable.

Uno de los principales escenarios de inseguridad, en especial para las mujeres, es el propio hogar. Pese a que la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, "Convención de Belem do Para", de julio de 1994, ha sido plenamente ratificada por todos los países de la región.

Las situaciones anteriores reflejan problemas más profundos de las sociedades y sistemas políticos latinoamericanos. Nuestros sistemas no sólo son altamente polarizados e inequitativos, sino que poseen bajos niveles de inclusión social y política. Ello se expresa, entre otros, en la falta de reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas. Las dificultades para incorporar a los jóvenes y la ausencia de políticas para proteger a los más vulnerables, niños, mujeres y tercera edad. Todo ello se manifiesta en sociedades polarizadas con débil cohesión social.