Globalización y violencia en América Latina. Debilidad estatal, inequidad y crimen organizado inhiben el desarrollo humano.

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6. Corrupción: erosiona al Estado, debilita la democracia y abre espacio a la violencia

De los 9 mandatarios latinoamericanos destituidos o renunciados, entre 1995 y 2005, en buena parte de los casos la corrupción ocupó un lugar determinante en su destitución. La ausencia de capacidad estatal se ha constituido en una seria amenaza para el mundo desarrollado (Fukuyama, 2004). Las percepciones de erosión de la estatalidad y el desarrollo de "espacios sin ley" y la posibilidad de incremento de estados colapsados, generan grandes vulnerabilidades externas a las que los estados de la región deberán responder con nuevas formas de coordinación y nuevas maneras de enfrentar a fuerzas como el crimen organizado, para lo cual la cooperación internacional es esencial. Cuando se analizan los problemas de seguridad se destaca que la democracia es una condición indispensable para la estabilidad, la paz, la seguridad y el desarrollo, junto con ello se subraya que la corrupción es uno de los elementos que afectan con mayor fuerza a las democracias y generan espacios para la acción del crimen transnacional, el cual posee un alcance que va mucho más allá de las fronteras nacionales. Sólo en dos países se tiene una percepción de baja corrupción: Chile 7,0 y Uruguay 6,7. En 21 países la ponderación es menor que la mitad del índice, es decir, están bajo 5,0 y en Haití la ponderación es muy baja de 1,6 (Transparencia Internacional, 2007).

Fuente: Corporación Latinobarómetro Informe Latinobarómetro 2007. Santiago, Chile. 2007. En:http://www.latinobarometro.org; Corporación Latinobarómetro Informe Latinobarómetro 2006. Santiago, Chile. 2006. En:http://www.latinobarometro.org

Oponerse a la corrupción es una tarea esencial para la democracia. También lo es para enfrentar el crimen organizado. Adicionalmente el delito organizado posee una marcada dimensión transnacional y una gran capacidad para la adaptación y la especialización en ámbitos específicos como lo son el tráfico ilegal de estupefacientes, armas, personas y el blanqueo de dinero asociado con los anteriores. Las redes ilegales se manifiestan tanto en el mundo desarrollado como en los países en desarrollo. Para las Naciones Unidas éste es un tema de preocupación creciente (ONU, 2004). Tres obstáculos impiden una respuesta eficaz: I) cooperación insuficiente entre los estados; II) falta de coordinación entre los organismos internacionales; III) incumplimiento por parte de muchos estados. En general, los países más pobres y con mayores niveles de inequidad son más vulnerables a la corrupción y por lo tanto a la erosión de su institucionalidad. La lucha contra la corrupción adquiere cada vez mayor significación política. La erosión que produce genera intersticios para la intromisión del crimen organizado y con él de la violencia. Es una lucha compleja, con resultados a largo plazo y son pocas las buenas prácticas que permitan replicarlas inmediatamente. El rol de la sociedad civil es crucial en esta materia.

La corrupción se liga a la confianza. Los grados de confianza de las y los latinoamericanos es muy baja con relación a tres instituciones esenciales en la democracia: los tribunales, el parlamento y los partidos políticos. Ello incide en el bajo grado de participación de la ciudadanía, en el respaldo a la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho.

El grado de desconfianza de la ciudadanía y los altos niveles de corrupción facilitaron la participación del crimen organizado en Guatemala. Esto se evidenció con el asesinato de tres parlamentarios centroamericanos y el asesinato posterior de los policías involucrados y responsables materiales de dichas muertes. Un diputado fue sindicado como uno de los autores intelectuales. El ex-presidente Berger señaló que su país estaba sobrepasado por el accionar del crimen organizado (Nación 8/7/07). En ese contexto se aprobó por parte del parlamento una solicitud de ayuda a Naciones Unidas para crear la Comisión Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala (CICIG). La CICIG tiene como misión: a) determinar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos contra los derechos de los guatemaltecos; b) colaborar con el Estado en la desarticulación de esto por medio de la persecución penal; c) recomendar al Estado las reformas y las políticas públicas para erradicar estos cuerpos legales. A cargo de la CICIG fue nombrado el juez español Carlos Castresana Fernández. (Véase anexo).

IV. Algunas expresiones de la violencia en América Latina y el Caribe

1. El secuestro

Los secuestros se han transformado en una forma de extorsión cada vez más usual en las diversas regiones del mundo. Sin embargo, más del 50% de los secuestros ocurren en América Latina. Naciones Unidas ha estado preocupada por este tema. En el año 2003 realizó una encuesta entre los países para conocer la situación de este delito y avanzar hacia la "Cooperación internacional para prevenir, combatir y eliminar el secuestro y prestar asistencia a las víctimas" (ONU, 2003).

La Asamblea General de la ONU adoptó una resolución, en su 74° sesión plenaria, el 20 de diciembre del 2004, en la que además de su preocupación por el aumento de este delito, reitera que el secuestro de personas, en cualquier circunstancia e independientemente del propósito, constituye un delito grave y una violación de la libertad individual que menoscaba los derechos humanos. Además, la Asamblea General indicaba que, convencida de que los vínculos entre las diversas actividades ilícitas, incluido el terrorismo, y la delincuencia organizada plantean una amenaza adicional contra la seguridad y la calidad de vida, obstaculizado el desarrollo económico y social. Señala que la Convención de la UN contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ofrece el marco jurídico necesario para la cooperación internacional contra el secuestro (ONU, 2005).

Fuente: Coparmex. (Confederación Patronal de la República Mexicana) Casos denunciados: 1: 2001; 2: 2000; 3: 1999.

Uno de los casos más dramáticos en cuanto al número de secuestrados es el de Colombia. Allí la situación de Ingrid Betancourt ha puesto de relieve este grave flagelo que ha concitado el repudio mundial. Luego de una importante alza en el año 2000, se ha logrado reducir este delito a una cifra de 500 secuestros anuales, según la Fundación País Libre de Colombia. La mayoría, el 64,4% de los secuestros tiene fines extorsivos. El 52% de los secuestros tienen como actores responsables a los grupos irregulares de las FARC y el ELN. Un 22% sin establecer; y entre las Autodefensa y Delco un 21,4% (Fundación País Libre, 2007).

La "industria" del secuestro reportaría más de 1.500 millones de dólares anuales a quienes lo perpetran (Aznarez, 2008). La ONU identifica cuatro elementos comunes en este delito: 1) aprehensión ilegal; 2) empleo de la violencia; 3) retención de la víctima en un lugar donde no podría encontrarse; 4) el objetivo es obtener beneficios económicos o financieros y/o influencia política o de otro tipo, inclusive mediante la práctica de la extorsión. Todos los Estados lo consideran un delito grave

2. Las maras: ¿tema militar o tema social?

Las pandillas juveniles se han convertido en uno de los nuevos rostros de la violencia en América Latina y el Caribe. Han adquirido fuerza e importancia particularmente en Centroamérica y crecientemente en México, aunque son originarias de los Estados Unidos, especialmente de Los Ángeles. El análisis de la violencia juvenil ligado a la exclusión social, política, económica se ubica en el centro del problema. La principal conclusión a la que han arribado los investigadores de FLACSO (Savenije y Beltran, s/f ; Luis G. Solís, 2007; Rojas Aravena, 2005) en esta materia es que la violencia de las pandillas juveniles no es el resultado de conductas sin sentido o irracionales sino que es su respuesta a las necesidades y dinámicas que hayan por vivir en situación de exclusión social. Su identidad social se establece por su pertenencia a estas pandillas y la violencia se transforma en un instrumento de comunicación.

La exclusión, la marginación tanto de la educación como, principalmente, del acceso al trabajo y en especial al trabajo digno, son uno de los incentivos para que los jóvenes se agrupen en organizaciones que les otorguen identidad y protección; lo que en la actualidad no les entrega ni el sistema político, ni el sistema económico, ni la familia. El desempleo es un indicador crucial. Tradicionalmente las pandillas fueron analizadas como un fenómeno eminentemente local, jóvenes que compartían un vecindario y que establecían formas de organización para defenderse o disuadir a otros provenientes de comunidades distintas, promover la lealtad y la solidaridad. Sin embargo, en la actualidad reflejan esencialmente un problema transnacional, es decir, estos grupos se encuentran relacionados bajo una denominación común internacional, con fuerte identidad grupal, aunque poseen plena autonomía y no se evidencia una estructura jerárquica transnacional, ni nacional.

Fuente: Fundación Género y Sociedad GESO, 2005. Con base en datos de PNUD para Guatemala, Instituto de Medicina Legal y Policía Nacional Civil para El Salvador y Poder Judicial para Costa Rica.

Este fenómeno se liga a la política de deportación de los Estados Unidos de jóvenes que son apresados en ciudades estadounidenses y deportados hacia los países latinoamericanos y caribeños. La Mara Salvatrucha y la Mara 18 se han transformado en dos nombres relevantes a nivel internacional. El origen de ambas se encuentra en los barrios de Los Ángeles; en la actualidad su accionar se extiende por el norte de Centroamérica, México y los Estados Unidos.

El accionar delictivo de bandas juveniles violentas se ha incrementado de manera muy importante, han establecido "nuevos tipos de violencia", nuevas formas de delincuencia, las cuales corren el peligro de vincularse al crimen transnacional y con ello producir una escalada en el tipo de delitos y de la violencia asociada. Los jóvenes entre 18 y 29 años constituyen las principales víctimas y victimarios de las pandillas.

La respuesta estatal tiende a militarizarse. Por ejemplo, en el caso de El Salvador primero fue el Plan Mano Dura, luego vino el Plan Super Mano Dura. Las Naciones Unidas han expresado su preocupación por estas leyes dado que vulneran la convención de derechos de los niños. Como resultado específico se encuentra en que con el Plan Mano Dura en un año, entre julio del 2003 y julio del 2004 en El Salvador se detuvo a 17.162 personas, de estas el 91%, 15.618 fueron sobreseídas. Detenidas judicialmente quedaron 858 personas lo que representa un 5% del total de los detenidos y un 4% está pendiente de audiencia (Gamarra, 2005).

El tema de la posesión de armas livianas y las pandillas juveniles adquiere cada vez más importancia en particular en situaciones como las de la Favelas en Río de Janeiro. El tema de las maras muestra de mejor manera que cualquier otro tipo de violencia el vínculo con la exclusión y la falta de empleo, así como una débil cohesión social. De allí que los errores que se cometan en su combate tendrán no sólo graves consecuencias para los derechos humanos, sino para las posibilidades de reinserción de un importante número de jóvenes. La militarización no resuelve el problema; se requiere de políticas multidimensionales, acuerdos sociales y económicos permitirán reducir la violencia y mejorar las oportunidades de acceso, en especial al trabajo.

3. La justicia por la propia mano: linchamientos

La falta de acceso a la justicia, potencia la búsqueda de formas alternativas de justicia altamente violentas. Tal es el caso de los linchamientos. Estas situaciones ocurren en diferentes países, en especial en aquellos lugares donde los índices del Desarrollo Humano son desfavorables. En la región se han reportado linchamientos en Guatemala, México, Perú, Haití, Brasil. También ha habido intentos en Buenos Aires y Santiago. En muchos casos esto coincide con poblaciones originarias a las cuales se les han negado de manera sistemática sus derechos.

En México, una investigación que cubrió de 1987 a 1998, recogió 103 linchamientos. La definición operativa indicó que linchamiento se consideraba a: 1) una acción colectiva, 2) de carácter privado e ilegal, 3) que puede provocar la muerte de la víctima, 4) en respuesta a actos o conductas de ésta, 5) quien se encuentra en inferioridad numérica abrumadora frente a los linchadores. La mayoría de los casos fueron en zonas rurales, en torno a un 73%, y en un 54% el método usado fueron golpes. Esto último refuerza el sentido de justicia por "mano propia" en forma literal. Las víctimas en un 95,4% fueron hombres. En lo referido a la situación económica y social no hay diferencias, es una forma de violencia de pobres contra pobres. (Vilas, 2001) También se dan casos -en diferentes países- en los cuales las víctimas fueron autoridades acusadas de corrupción u otro tipo de abusos.