Globalización y violencia en América Latina. Debilidad estatal, inequidad y crimen organizado inhiben el desarrollo humano.

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Si correlacionamos los 10 países con más altas tasas de homicidios de la región y comparamos con los indicadores señalados encontramos una importante superposición en los primeros lugares con los otros indicadores. Esta situación se evidencia en el cuadro N° 2.

Allí encontramos que Colombia, que aparece con tasa mayor de homicidios, también ocupa uno de los 10 primeros lugares en el índice de inequidad, de pobreza, de desempleo urbano y juvenil. En el caso de El Salvador, 2° en la tasa de homicidios, surge sólo entre los 10 primeros lugares en el índice de pobreza. Venezuela, que se ubica en el tercer lugar de la tasa de homicidios, irrumpe entre los 10 primero en corrupción, urbanismo, desempleo urbano y juvenil. Brasil, ubicado en 4° lugar en la tasa de homicidios, emerge entre los 10 primeros lugares en inequidad, urbanización, desempleo urbano y juvenil. Guatemala, que es el quinto país con la mayor tasa de homicidios, se manifiesta entre los 10 primeros lugares en corrupción, inequidad y pobreza.

2. Acceso desigual a la justicia e impunidad

Las bandas criminales se han beneficiado más que algunos estados de la revolución en las comunicaciones y de la globalización. En América Latina y el Caribe existe una fuerte percepción sobre la incapacidad de los estados para hacer cumplir las leyes. Esto afecta las bases de la gobernabilidad y con ella de la estabilidad democrática. De acuerdo con el informe del Latinobarómetro, una preocupación fundamental de los ciudadanos de la región está vinculada a la incapacidad de los estados para que las leyes se cumplan. Los fundamentos de la incapacidad para hacer cumplir las leyes están radicados en, por un lado, la dificultad de ejercer un control territorial pleno, quedando zonas sin ley, urbanas y rurales. Por el otro, el país aparece que no está gobernado para el bien del pueblo, sino que está gobernado para los intereses de los poderosos. Consecuentemente en 16 países más de un 50% de los entrevistados señala que "un poco de mano dura del gobierno no viene mal" (Latinobarómetro, 2004). Lo que de aplicarse posee resultados contraproducentes. La percepción ciudadana es que no funciona el Estado de Derecho, que no se cumplen las leyes, lo que deteriora a los sistemas democráticos y a la vez menoscaba la cultura de la legalidad. Por otro lado, ello genera también inequidad, la ley deja de ser para todos. Sobre esto existe una clara conciencia entre los latinoamericanos y latinoamericanas, sólo el 22% estiman que existe un acceso con iguales oportunidades. Por el contrario, el 75%, es decir, 3 de cada 4 personas, consideran que el acceso es desigual. La erosión del Estado se incrementa, la confianza en la justicia disminuye y aumenta la sensación de impunidad.

Fuente: Corporación Latinobarómetro. Informe Latinobarómetro 2004 y 2005. Santiago, Chile. (1 ninguna ley se cumple, 10 todas ellas se cumplen). En:http://www.latinobarometro.org.

Como resultado tenemos una sensación de mayor inseguridad y de desprotección. Los espacios sin ley, los territorios donde está ausente el Estado aparecen como situaciones de "normalidad". Es allí, en esas zonas, surgen otros poderes para imponer "su orden" y sus normas" por medio de la violencia. Son actores armados al margen del Estado de Derecho.

Fuente: Corporación Latinobarómetro, Informe Latinobarómetro 2007. Santiago, Chile. 2007

Uno de los problemas más graves es la falta de conocimiento de los nuevos fenómenos de violencia y de sus efectos en los diferentes estados. Ello redunda en que los actores estatales están desarrollando políticas y estrategias con instrumentos ineficaces, sin coordinación internacional y en ausencia de acuerdos que generen las condiciones de una mayor cooperación y una reducción de los "espacios sin ley" en donde no llega la acción del Estado, ni el imperio del derecho. Esta situación es especialmente sensible y de gran vulnerabilidad en las fronteras. Allí actores armados ilegales usan esos territorios, como zonas protegidas, para accionar en diferentes espacios, burlando la débil soberanía que se ejerce por parte de los estados en esas zonas.

Esta situación es particularmente grave en América Latina y el Caribe si consideramos su alta inestabilidad. Ésta es una de las regiones en donde existe el peligro de desarrollo de "estados erosionados y debilitados". Es decir, estados sin capacidad para potenciar el imperio de la ley; detentar el monopolio de la violencia, proveer de servicios y bienes al conjunto de la población, en especial el de la seguridad. En estos casos se reducen las áreas donde opera el Estado de Derecho y se amplían los "espacios sin ley". El ejercicio del control territorial es responsabilidad nacional, de cada país. La acción del crimen organizado genera una fuerte desafección de la política, de sus partidos y en definitiva del sistema democrático; además de grandes costos. La percepción de corrupción generalizada recorre la región y con ella se erosionan las débiles instituciones y abren espacios al crimen organizado y se facilita la desafección democrática y se incrementa la violencia y el crimen.

3. El tráfico de armas livianas. Un factor acelerador de la violencia.

La proliferación de armas pequeñas, su tratamiento y su control, constituyen una amenaza constante a nivel internacional. Se estima que el 75% de las armas en el mundo se encuentra fuera de las manos del Estado. El impacto de las armas pequeñas debilita el Estado de Derecho, erosiona la democracia, desafía la paz y generan inestabilidad e incertidumbre.

Asimismo, en muchos de los casos las armas y municiones se encuentran en lugares inseguros desde donde son hurtados, contribuyendo al tráfico y proliferación de éstas. En América Latina las cifras de homicidios por armas de fuego convierten a la región en una de las más peligrosas, y en la que mueren más personas por armas de fuego sin estar asociadas a conflictos armados. De las trece ciudades con mayores tasas de homicidio de este tipo en el mundo, diez de ellas corresponden a América Latina y el Caribe, situación que evidencia la existencia de una alta circulación de armas y una carencia de instrumentos efectivos de control de éstas.

La desigualdad económica y social, sumada con la alta tenencia de armas de fuego por parte de la población civil, ha producido el aumento de la percepción de inseguridad ciudadana y de las tasas de mortalidad a causa de armas de fuego.

La proliferación de armas y su tenencia en manos de civiles no sólo tiene que ver con los grupos que se encargan de su comercialización ilícita, sino que, además, existe en diferentes casos, un traspaso ilegal entre militares/policías y la población. De hecho la desviación de arsenales desde el sector privado y público son uno de los recursos más importantes que tienen los criminales y otros grupos para armarse.

Cabe destacar que el control de estas "fugas" se complejiza aún más en los territorios post-conflicto, como por ejemplo en la mayoría de los países centroamericanos, en donde luego de finalizar el conflicto armado, la tenencia de armas en manos de civiles representa un desafío adicional. El área andina se debe incluir por el derrame del conflicto colombiano y los remanentes en el caso peruano. Diversos estudios muestran cómo el Caribe y la Centroamérica son puentes estratégicos de trasbordo para la droga y refugio para organizaciones que dirigen diferentes ilícitos internacionales, entre los que se cuenta el de armas livianas.

En síntesis, con respecto al control y regulación de armas, algunas deficiencias en la región son evidentes: existe poca confiabilidad de los datos en todos los países; concurre una urgencia por vincular las instituciones de control intraestatales, mediante la definición de políticas que establezcan entidades de coordinación con capacidad decisoria; la vinculación institucional debe hacerse también a nivel subregional, armonizando procedimientos y mecanismos. Por último, se debe tener claro que los esfuerzos en el diseño de políticas a nivel regional requieren partir de un análisis contextual, en donde el conflicto colombiano resulta un factor fundamental para comprenderlo.

En este contexto regional, producto de la preocupación internacional y regional con respecto al tema, el 13 de noviembre de 1997 fue aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA). La CIFTA ha sido firmada y ratificada por todos los países latinoamericanos con excepción de República Dominicana, que está pendiente de ratificación. En el caso caribeño, Surinam, San Vicente y las Granadinas, Jamaica, Guyana y Dominica no han ratificado la Convención. Cabe destacar que Estados Unidos y Canadá tampoco la han ratificado.

4. El tráfico de drogas. Estimulador de la violencia

En la "guerra en contra de las drogas" luego de más de una década los resultados son decepcionantes. La presencia de la droga es uno de los factores que incrementa la violencia en los hechos delictivos. Drogas y tráfico de armas livianas son sinónimo de más homicidios.

En el caso de la cocaína los países andinos son los principales proveedores. La producción de droga aumentó en el año 2007 o por lo menos se mantiene estable con una producción que emana de entre 178 a 255 mil hectáreas, lo que posibilita una producción cercana a las 1.000 toneladas. (International Crisis Group. 2008) Para distribuir estas inmensas cantidades de drogas las redes criminales trasnacionales se han expandido por todos los países de la región. Junto a ellas se ha propagado la violencia y la criminalidad, desde mayor corrupción hasta el sicariato. Uno de los fenómenos que explica esta situación es la lucha entre bandas rivales por el control de los mercados locales. Parte del pago por el tránsito dejó de efectuarse en dinero y se paga en droga, que debe ser vendida en los países de la región. El consumo se incrementa en todos los países y con ello la criminalidad asociada.

Una víctima menos visible, pero que posee graves consecuencias para las sociedades es la feminización del micro-tráfico, nacional e internacional. Las cárceles para mujeres se están llenando de internas vinculadas al micro-tráfico de drogas. Esto destruye las familias y erosiona los tejidos sociales de las comunidades de origen. En muchos casos el "llevar un encargo" aparece como una alternativa al desempleo y la privación. O el comercio ilícito como una alternativa de resolver en forma rápida la pobreza, incluso se percibe como "una opción laboral", que no es dañina y "más honesta que el robo" (Arias B, 2007).

Si la guerra contra las drogas no es posible ganarla y la ilegalización y las políticas de tolerancia cero no han dado resultados esperados es necesario buscar nuevos enfoques. Éstos se centran no en la reducción de la demanda sino en la reducción del daño. Es decir, disminuir el número de muertes, reducir la violencia de la delincuencia, de las enfermedades y del sufrimiento ligado al mal empleo de los narcóticos y las políticas prohibicionistas. Si esto es así, se requiere pensar nuevas políticas que no repitan el fracaso de décadas de una guerra que no se gana (Ethan Nadelmann, 2007).

5. Política de deportaciones: altos costos e impactos negativos

La política de deportaciones de Estados Unidos a los países del Caribe y Centroamérica realizada desde inicios de los años noventa, significó el regreso de un número significativo de convictos, éstos -para el caso del Caribe- alcanzan a un promedio superior a los 5.000 deportados anuales en 2004 y 2005 (UN y BN, 2007). Ellos emigraron muy jóvenes a EEUU y luego de ser detenidos y encarcelados son enviados a sus países de origen. Esto ha generado una percepción de que el incremento de la violencia encuentra una de sus causas en este hecho. No existen investigaciones que permitan fundamentar o desmentir estas percepciones. Lo que sí es claro es que los países receptores no poseen los recursos económicos para monitorear los deportados.

Éstos muchas veces han perdido completamente sus vínculos con sus comunidades de origen. Sus relaciones quedaron en EEUU y es hacia allí donde mantendrán sus relaciones, con lo que la transnacionalización de los vínculo se incrementa, sean éstos legales o ilegales.

Queda claro que con estas deportaciones se debilita la cultura de la legalidad, se deben destinar recursos a la prevención y a la atención de esta población. Los gobiernos necesitan establecer planes de reinserción. Son recursos que se distraen de otras tareas y se restan en definitiva al desarrollo. En síntesis, es un alto costo que transfiere EEUU a los países más pobres y vulnerables de las Américas.