Globalización y violencia en América Latina. Debilidad estatal, inequidad y crimen organizado inhiben el desarrollo humano.

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Una reunión Cumbre de las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política -Grupo de Río- reunidos en ocasión de la XX Reunión Cumbre en Santo Domingo, República Dominicana, alcanzó una solución satisfactoria para todas las partes. Allí se indicó "Son motivo de profunda preocupación para toda la región los acontecimientos que tuvieron lugar el 1 de marzo de 2008 cuando fuerzas militares y efectivos de la policía de Colombia incursionaron en territorio de Ecuador, en la provincia de Sucumbíos, sin consentimiento expreso del Gobierno de Ecuador para realizar un operativo en contra de miembros de un grupo irregular de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se encontraba clandestinamente acampando en el sector fronterizo ecuatoriano". Seguidamente y en lo que constituye un amplio, sólido e irrenunciable compromiso regional, los y las Jefes de Estado señalaron: "Rechazamos esta violación a la integridad territorial de Ecuador, y por consiguiente reafirmamos el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera fuera el motivo, aun de manera temporal". La reunión de Consulta de Cancilleres, mecanismo formal de la OEA, luego de largas negociaciones reiteró, el 17 de marzo de 2008, la vigencia del principio de soberanía territorial y de los principios referidos a la abstención del uso o amenaza de uso de la fuerza, así como el de la injerencia en asuntos de otros estados. A la vez, rechazó la incursión de fuerzas armadas y policiales de Colombia, del 1 de marzo 2008, las que constituyen una violación a los principios antes mencionados (OEA, 2008).

Los temas relativos a la soberanía territorial son los más sensibles para los estados. Más aún en el caso latinoamericano, en donde las intervenciones de la potencia hegemónica del continente han quedado marcadas en la memoria política de los países de la región. De allí la importancia de la institucionalización de mecanismos de fomento de la confianza y de resolución de conflictos. El desarrollo de medidas de alerta temprana posee gran importancia, al igual que los mecanismos de transparencia referidos a las adquisiciones y la homologación del gasto militar.

II. Percepción de temor y carencia de seguridad

Las estadísticas mundiales indican que 520.000 personas fueron víctimas de homicidio en el año 2000. De éstos se estima que 199.000 fueron homicidios de jóvenes. Las cifras reales son muchísimo más altas dada la baja calidad de la información en esta materia. (WHO. 2004) América Latina y el Caribe, considerados como región, poseen tasas de homicidios que obligan a pensar que este tipo de violencia constituye una pandemia. El Caribe presenta la tasa mayor con 30 homicidios por 100.000/hab. El promedio de Sudamérica es de 26 y el de América Central de 22 (UN-WB. 2007). Sin embargo, al mirar los casos nacionales, la región es tan diversa y heterogénea como en otras dimensiones. En efecto, algunas subregiones y países poseen cifras muy altas, por sobre la media regional y mundial; y en otros muestra cifras muy bajas. Es así como Chile, Costa Rica, Uruguay y Cuba, muestran cifras bajas, en contraste con el Caribe, Colombia, El Salvador, Brasil y Venezuela.

En la mayoría de los países de la región ha crecido la violencia y las tasas de homicidios. Las tasas de América Latina, en el período 2000- 2004, son de 25,4 por 100.000/hab. Para enfrentar este flagelo existe una frágil, débil e inconsistente institucionalidad regional, hemisférica e iberoamericana. Ésta es la única área en la cual no existe una Cumbre de los Ministros del tema. No hay una reunión de los Ministros del Interior y/o de Seguridad Pública de los países del hemisferio. Es una paradoja que se tengan encuentros regulares en prácticamente todas las áreas, desde finanzas a turismo, de la defensa a la salud; pero que no se desarrollen encuentros de los responsables de la seguridad pública. El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha convocado para el mes de octubre 2008, en México, la Primera Conferencia Ministerial sobre Crimen y Violencia en las Américas. En algunos esquemas subregionales se han establecido secretarías con un mínimo de institucionalidad en este tema, para generar más coordinación y cooperación, pero aún son débiles. Avanzar requiere de mayor integración y transferencia de competencias, lo que en el marco de los conceptos de soberanía vigentes es difícil. Se requerirá una mayor voluntad política para enfrentar mancomunadamente estas tareas.

La violencia deteriora la integración social; rompe el tejido social; impacta negativamente el crecimiento y desarrollo económico. Ahuyenta la inversión nacional y en especial la extranjera. Erosiona la legitimidad del Estado y aumenta la desconfianza de la ciudadanía; y reduce el apoyo a la democracia. Sin seguridad no hay predictibilidad y las incertidumbres aumentan. Sin seguridad no hay desarrollo humano. Los costos de la seguridad individual y de las sociedades aumentan, con ellos la inequidad y la fragmentación de las ciudades. La violencia aumenta la ingobernabilidad, debilita la democracia, incrementa la desconfianza y genera las condiciones para violaciones a los derechos humanos.

Fuente: World Bank. Crime,Violence and Economic Development in Brazil: Elements of Effective Public Policy. Poverty Reduction and Economic Management Sector Unit. World Bank. Washington DC. 2006

La seguridad pública, la seguridad doméstica, la seguridad ciudadana, son bienes públicos que deben reforzarse y perfeccionarse. Ésta es un área de déficit en la región. Allí se evidencian las mayores vulnerabilidades de los gobiernos democráticos; éstas afectan las capacidades de gobernabilidad democrática. Para poder enfrentar esta situación la construcción de políticas públicas de Estado es una condición esencial. Sin ellas surgirán propuestas autoritarias y populistas que agravarán los problemas, además de politizar y polarizar las opciones. Su carácter de Estado está dado por la construcción de una visión nacional y de largo plazo. Ésta va más allá de la del partido en el poder o de la coalición gubernamental; y de su período de gobierno. Ellas incorporan perspectivas de diferentes actores, con un horizonte temporal que cruza los períodos de gobierno. Es un tipo de política pública sobre la cual se ha construido una efectiva voluntad política. Es decir, metas y objetivos; un camino para alcanzarlas; y los recursos humanos y materiales necesarios para ello; expresado todo lo anterior en un marco institucional, con discursos coherentes de los diferentes actores. Ello no significa la ausencia de debates, por el contrario éstos son más profundos y profesionales y apuntan a mejorar la calidad de la política pública y los logros de ellas. Enfrentar la violencia en América Latina y el Caribe requiere de un conjunto de políticas públicas, desde las de seguridad y defensa a las relativas a la violencia intrafamiliar.

El apoyo a la democracia en América Latina y el Caribe se ha mantenido por sobre el 50% a lo largo de los últimos 12 años, con la excepción del año 2001, cuando cayó al 48 %. El año 2006, ascendió a un 58%, para caer al 54%, en el año 2007. En lo referente al grado de satisfacción con la democracia, el promedio regional es de un 37%. Es un nivel bajo de satisfacción con los gobiernos democráticos. Salvo Uruguay y Venezuela, que manifiestan un 66% y un 59% de satisfacción respectivamente, en el resto de los países está por debajo del 50%. Cuatro países están bajo el 30% y uno de ellos, Paraguay, el grado de satisfacción es sólo de 9%. (Latinobarómetro, 2007). En la región hay un descontento con los gobiernos democráticos, independientemente de su orientación.

En este contexto, se hace notar con más fuerza que las ciudadanas y los ciudadanos se sienten cada día más inseguros. La violencia, la inseguridad afectan y deterioran la calidad de vida de las personas. El miedo limita el pleno ejercicio de los derechos e inhibe las capacidades para el emprendimiento y relaciones sociales que propendan al desarrollo de sus comunidades. Un 63% de las personas en América Latina y el Caribe se sienten inseguras, es decir, sienten temor. Un 73% de las personas en la región teme ser víctima de un delito violento. Esta percepción se sustenta en el hecho que las víctimas de delitos han aumentado significativamente desde 1995, cuando el 29% fue víctima de algún delito; en el año 2006 subió a un 32% y en el año 2007, esta cifra aumenta al 38%. (Latinobarómetro, 2007). La violencia y la inseguridad adquieren cada día más relevancia en las agendas gubernamentales y políticas de los diferentes países. Ello demanda mejores y renovadas políticas públicas; diseñadas, ejecutadas y evaluadas con carácter de política de Estado.

III. Condiciones que generan la violencia

1. Inequidad, desempleo y falta de oportunidades: factores fundantes de la violencia.

Muchas de las políticas públicas aplicadas para combatir la violencia y la criminalidad lo que hacen es reprimir el delito, atacar a la delincuencia, pero con ello no se atacan las diferentes causas que los generan. Es esencial mirar a las causas junto con las manifestaciones que posibilitan su desarrollo. Sobre esta materia el presidente Óscar Arias señaló "He hablado de acciones nacionales e internacionales que responden a la pregunta de cómo tratar a la criminalidad, pero no responde a la pregunta de por qué existe la criminalidad" (Arias Sánchez, 2008) La violencia es un síntoma; debemos buscar las causas detrás de ese síntoma.

Una de las situaciones más graves en la región es su nivel de inequidad. La pobreza es grave, pese a que ha disminuido de manera lenta y progresiva desde el año 1990 cuando alcanzó al 48,3% de la población. En el año 2006 se había reducido en 10 puntos, alcanzando la cifra de 38,5% de pobres y de ellos un 14,7% eran indigentes. No obstante lo anterior, en términos del número de personas los pobres habían crecido de 200 millones en 1990, a 205 millones en el año 2006 (CEPAL, 2007).

La Organización Mundial de la Salud efectuó un estudio comprehensivo del estado del arte en relación con los factores que inciden en la violencia interpersonal. Allí, luego de revisar más de 21 trabajos internacionales, sistematizó los hallazgos más importantes (WHO, 2004). Entre éstos se destacan:

• La pobreza parece ser un factor agravante en todo tipo de violencias.

• La inequidad en el ingreso muestra una fuerte asociación con el crimen violento, mientras que éste tiene una débil asociación con niveles absolutos de pobreza.

• El desempleo motiva el crimen, pero las teorías que exploran las relaciones macroeconómicas como determinantes del crimen deben evaluar además aspectos de las políticas de control social.

• La relación entre inequidad y homicidios poseen un conjunto de factores intervinientes tales como desempleo, privaciones económicas, frustración y desintegración social; todo lo que hace complejizar dicha relación.

• Crecimiento urbano y crimen violento se ligan.

• Las inequidades socioeconómicas dirigen sus efectos sobre otros factores tales como pobreza, raza y localización geográfica de la violencia. Esto provee referencias útiles para argumentar que la inequidad más que la privación absoluta producida por la pobreza, es un riesgo para la violencia interpersonal.

• La inequidad es un mejor predictor de la violencia que el desarrollo económico. El incremento de las inequidades predispone para la violencia letal.

• Inequidad en los ingresos están fuertemente correlacionada con el crimen violento armado. Por otra parte, pobreza y homicidios demuestran sólo una débil relación.

• La relación entre inequidad económica y tasas de homicidios no fueron consistentes para diferentes rangos de edad o género, en general fueron más fuertes para jóvenes y hombres

• El alcohol -las drogas- impactan todo tipo de violencias

Del conjunto de factores descritos podemos destacar una serie de factores que generan condiciones para las manifestaciones de violencia y crimen. Entre éstos están la inequidad, que se puede visualizar con el índice de Gini; la pobreza, el grado de urbanización, las tasas de desempleo, en especial el juvenil. También la corrupción como indicador de impunidad se debe incluir.