Poco hace falta para reconocer la incapacidad del Estado -ya sea actuando conforme a la ley o transigiendo, como la había venido haciendo, con el crimen- para regular, controlar y vigilar este boyante y cada vez más violento mercado. Los vínculos de obligación se desdibujaron, los compromisos de reciprocidad se desgarraron, en ocasiones violentamente, y antes las circunstancias, las autoridades vieron palidecer su capacidad para gestionar la coexistencia pacífica y disciplinada de las organizaciones criminales. Da la impresión de que ante la impotencia, los presidentes de la Madrid y Salinas no tuvieron otra opción que elevar el narcotráfico al plano de las amenazas a la seguridad nacional [52].

La privatización de la violencia

Difícilmente puede pensarse que la regulación del mercado ilícito fue una tarea impecable o deseable. Como hemos apuntado, las autoridades mexicanas participaron en el régimen de la prohibición, pero lo hicieron a su manera. Es cierto, que la prohibición no fue continuamente respetada. Pero también lo es que con frecuencia, las autoridades no encontraron otras maneras de mantener el orden y la estabilidad que contando con la colaboración subordinada y sometida de los empresarios criminales.

El problema es que la prohibición en México no fue siempre viable. La conjugación de la prohibición en EEUU, de una la demanda constante y clandestina en el mercado contiguo y de la presencia de restricciones geográficas y materiales, se tradujo en un control precario de la actividad económica criminal. No sólo no había sustitutos obvios o efectivos a la regulación de la actividad ilícita, sino que esta solución "subóptima" llevaba consigo la posibilidad de crear condiciones de orden y de estabilidad. Para ello la autoridad central debía probar su fuerza y eficacia y ello dependía de su capacidad para someter y disciplinar a las organizaciones criminales.

Como hemos apuntado, todo este andamiaje se vino abajo con los cambios que se sucedieron, uno a otro a partir de la década de los ochenta. Eso no quiere decir que las soluciones no fuesen ya necesarias. Aún la solución por la vía de la regulación se mantuvo como única opción, el problema es que su engranaje había sido destrozado. Al conjunto de hechos y circunstancias que llevaron a alterar el tamaño y composición del mercado, se sumaron otras dificultades. En efecto, los ochentas fueron también los años de la deuda y en ese contexto de falta de liquidez, la idea de imponer controles a la entrada de dinero -sucio o limpio- tampoco resultó particularmente atractiva [53]. Las presiones desatadas por la crisis de la deuda y la persistente atonía de la economía fueron creando, desde la década de los ochenta, un sector de la población sin empleo fijo. Aunque en los noventa la negociación y firma del Tratado de Libre Comercio de Norte América parecía abrir un resquicio para la recuperación económica, hoy sabemos que entre sus éxitos no figuró un aumento importante en el crecimiento económico o el empleo [54]. En estas condiciones, el desempleo fue el motor, sino la causa última, del mayor flujo de indocumentados en la historia de la migración de mexicanos, de la concentración de un sector sin empleo fijo, que algunos hoy llaman informal y, por consiguiente, de una reserva importante de mano de obra para una floreciente economía ilícita. Una economía dominada ya por los servicios de transporte, tránsito y comunicación, a los que se sumaron poco después los servicios de distribución de drogas y de protección privada.

En otras palabras, la participación de la población en las actividades ilícitas no sólo aumentó de manera gradual y sostenida, sino que también se diversificó. En las décadas anteriores, el rasgo más característico de esta participación había sido la presencia de campesinos en los campos de cultivo, estimada a mediados de los setenta en cerca de 50 000 jornaleros y, quince años después, en alrededor de 200-300 mil campesinos [5]. Aunque no contamos con cifras o estimaciones para las décadas siguientes, lo que es claro es que la actividad ilícita no se restringió más al cultivo, sino que incorporó nuevas actividades y requirió también del talento de las profesiones y del mundo de los negocios [56]. Por consiguiente, en la nueva, boyante y diversificada economía ilícita de los noventa -con sus ramificaciones en la industria del robo de autos, del secuestro y otras actividades- nos topamos por igual con la presencia de transportistas, cargadores, conductores, pilotos, que abogados, secretarias, asesores e ingenieros financieros y, no faltaron, por supuesto, los vigilantes y sicarios. Para 1997, once mil personas habían sido arrestadas por delitos contra el narcotráfico y el crimen organizado [57].

El narcotráfico y el crimen organizado no sólo se habían convertido en un ingrediente importante de la economía, sino también en una trama cada vez más visible y torcida de la política. No debe, pues, sorprender que en el curso de una década el andamiaje visible de las políticas antinarcóticos se viniera abajo. Al desmantelamiento de la DFS en 1985 siguió la creación de la dirección general de investigación y seguridad nacional y poco después la subsecretaría para la investigación y el combate al narcotráfico. Estas instituciones fueron poco después reemplazadas por la agencia para la atención de los delitos contra la salud, el instituto nacional para el combate al narcotráfico, la oficina especial de la PGR para los delitos contra la salud y la más reciente eliminación de la subsecretaría para la delincuencia internacional organizada. Aunque el catalizador de estos cambios fue, en la mayor parte de los casos, algún escándalo de corrupción, la contraparte de este reacomodo institucional fue el despido masivo y cada vez más frecuente de policías y de agentes de seguridad. Entre 1983 y 1996 sólo en la ciudad de México más de 2000 policías salieron de la policía judicial y en el curso de una década (1986-1996) más de 7000 elementos de las fuerzas de seguridad fueron removidos [58]. Mientras que al cierre de la administración Zedillo (1994-2000) más de 1200 oficiales de la policía judicial habían sido despedidos y una tercera parte de las fuerzas dependientes de la PGR purgadas. Al año siguiente, en 2001, la PGR removía de nuevo a más de mil agentes de la policía judicial federal [59]. El poder judicial no escapó tampoco al impacto de la corrupción. Para finales de los noventa, algunas estimaciones concluían que el narcotráfico habría logrado comprar cerca del 30% del sistema de cortes penales en el país [60]. Basta, pues, lo dicho para entender que la columna vertebral del sistema había sido quebrada.

Pero esto no quiere decir que los empresarios criminales no siguieron buscando la protección y el amparo de las autoridades locales y federales. Para ello contaron con cifras estratosféricas, según estimaciones de finales de los noventa, en ocasiones, su presupuesto anual para comprar agentes y autoridades pudo haber representado hasta el 50-60% de sus ingresos, calculados entonces en alrededor de 30 mil millones de dólares y pudo haber rebasado, también, los 500 millones de dólares anuales. Cifra que, en 1999 duplicaba el presupuesto total asignado a la Procuraduría General de la República [61]. Las anotaciones del traficante Juan García Ábrego ofrecen algunas pistas sobre los montos asignados a cada autoridad: 1 millón de pesos para el jefe de la policía judicial, medio millón para los jefes de operaciones y 100.000 para los jefes de policía en ciudades importantes como Matamoros [62]. En la práctica, sin embargo, los hechos dejaron ver que la capacidad de las agencias estatales para regular el mercado y garantizar una protección efectiva había decaído de manera irreparable. A medida que la competencia en el mercado aumentó y que el poder de las organizaciones criminales se acrecentó, la credibilidad del andamiaje regulador fue puesta en duda.

En un contexto caracterizado por la creciente competencia y la fragmentación y desorganización de un mercado, intermitentemente asediado por los golpes desordenados, pero no menos rudos, de las agencias mexicanas -sujetas a su vez a la incesante presión de Washington- la confianza se convirtió en el bien más escaso y los antiguos socios mutaron en acérrimos enemigos [63].

Ante la pérdida de credibilidad de la fortaleza y eficacia de las autoridades que hasta entonces habían asegurado no sólo su tajada del mercado, sino también su integridad física, las organizaciones criminales se dieron a la tarea de crear sus propias fuerzas de seguridad. La demanda de protección era tan necesaria como apremiante, ya que para ese momento competían no sólo por el mercado interno de heroína, marihuana y metanfetaminas, sino también por el control del 70-80% del flujo de cocaína con destino en EEUU. Lo que es claro es que en el proceso de organización de sus ejércitos no encontraron grandes obstáculos. No sólo los crímenes a manos de estas organizaciones -en 1999, más de 2000 en sólo tres estados, Baja California, Guadalajara y Sinaloa- no fueron siquiera investigados, sino que se toparon con una reserva sumamente útil de personal de seguridad en los cientos de policías y oficiales que habían sido removidos de las agencias de seguridad y en grupos de desertores de las fuerzas armadas [64]. El papel desempeñado hasta entonces por las agencias de seguridad fue entonces transferido a guardias y organizaciones paramilitares como los Zetas al servicio del cartel del Golfo o las Barbies bajo el mando del cartel del Pacífico. Aunque desde finales de los ochenta encontramos indicios que sugieren que las fuerzas "públicas" de seguridad se habían convertido en blanco del narcotráfico -sólo en un año, 1989, más de 70 policías y miembros de las fuerzas armadas habían sido asesinados y para 1996 la cifra anual alcanzaba los 200- al cambio del siglo, la violencia desatada por estas organizaciones pondría el número de bajas totales en México, en más de 2000 en 2006, muy cerca del registrado en lugares como Afganistán [65].

Es justamente en la fragmentación y la feroz competencia por el mercado, como en la reciente y pavorosa escalada de la violencia que encontramos los indicios de una privatización del mercado ilícito de las drogas. Aunque en con los operativos, iniciados con el despliegue de más de 7000 elementos de las fuerzas armadas a su estado natal, Michoacán, Felipe Calderón ha buscado la "recuperación del territorio", lo cierto es que el estado aparece arrinconado entre el aradicción (o dependencia) desarrollada por algunos sectores de la sociedad a los dineros provenientes de estas actividades ilícitas.

Notas:

• [5]. La diplomacia antinarcóticos de Washington fue una expresión temprana de la hegemonía ejercida por EEUU en negociaciones multilaterales.
• [52]. La "securitización" del narcotráfico no sólo reflejó el peso de la influencia de EEUU. Algunos expertos explican este giro en función del creciente
• [53]. A finales de la década de los ochenta Reuter y Ronfeldt estimaban que los ingresos provenientes del narcotráfico representaban entre 1.25 y
• [54]. Las repercusiones de estas tendencias en las relaciones de seguridad entre México y EEUU las analizo con más detalle en Serrano "Integration
• [56]. El tema de la mutación del narcotráfico en crimen transnacional organizado lo trato con más detalle en los capítulos que aparecen en Berdal y Serrano, Transnational Organized Crime and International Security.
• [57]. Smith, "Semiorganized international crime" pp. 210-211
• [58]. Beatriz Martínez de Murguía "Autonomía policial y orden social en México", Tesis de Doctorado, Universidad Complutense de Madrid/Instituto Universitario Ortega y Gasset, pp.3 4-35
• [59]. Schulz op.cit., p. 3 y Michael Shifter, "Latin America's Drug Problems" Current History, Febrero 2007, p. 61
• [60]. Schulz, op.cit., pp. 3-4.
• [61]. A su vez, el 60% del presupuesto de la PGR se encontraba ya asignado a los programas de erradicación. Reuter y Ronfedt, op.cit., p. 116
• [62]. Schulz, op. cit., p. 15 y Smith, "Semiorganized international crime" p. 204
• [63]. La idea de un control oligopólico de este mercado ha sido objeto de serios cuestionamientos. La tendencia en México apunta a un mercado con altas tasas de cambio en la cima de las organizaciones pero en donde la continuidad es asegurada por los vínculos familiares. En las primeras etapas el mercado de heroína mostró mayores niveles de centralización, con 12 organizaciones, mientras que la marihuana fue siempre más descentralizado.
• [64]. Blancornelas, op.cit., p. 145 y 151
• [65]. La cifra de 1989 se encuentra en Reuter y Ronfeld, op.cit., p. 109