A diferencia de lo que ha sido el caso en otros países, las puertas de la participación política también se mantuvieron también cerradas. Mientras que en Colombia la descentralización política y partidista pudo haber facilitado la penetración y participación de actores criminales, la centralización del entramado político en México y la presencia de estas reglas limitaron la entrada independiente de empresarios criminales a la política. En los niveles de violencia encontramos otro rasgo que nos permite contrastar el comportamiento del narcotráfico en uno y otro país [36]. A diferencia de lo que ocurrió en Colombia, en México la presencia de estos pactos y acuerdos se tradujo en umbrales contenidos de violencia. En la declaración atribuida a Sánchez Celis, gobernador de Sinaloa en los sesentas, advertimos la lógica de estos acuerdos: "Váyanse de Sinaloa. Mátense fuera. Aquí nomás trabajen" [37].

Había pues normas -todas ellas informales- que regulaban la organización del mercado y el comportamiento de los actores criminales. La estabilidad, en este mundo ilícito, descansó sobre estas reglas y sobre los compromisos y obligaciones contraídos por unos y otros actores. Al lado de las reglas que buscaron restringir la violencia, encontramos aquéllas que al depositar en manos de "empresarios" mexicanos el mercado, buscaron impedir el desarrollo del consumo interno de drogas. Un empresario criminal podía vender su mercancía ilícita en EEUU, pero mientras dejara ver su anti-americanismo, mantuviera su dinero en el país y no perjudicara a mexicanos, podía contar con el respaldo de las autoridades competentes [38]. Poco hace falta para reconocer el papel que en todo esto desempeñó el margen de maniobra de un régimen político autoritario. En efecto, al gestionar la efectiva regulación de este mercado, al imponer sus decisiones y mandatos, las autoridades mexicanas no siempre tuvieron que reparar en consideraciones de transparencia, de legalidad, de debido proceso o de respeto a los derechos humanos.

En las décadas de oro del narcotráfico en México encontramos pues relaciones corruptas pero celosamente vigiladas entre el Estado y las organizaciones criminales. Todo parece indicar que en ese período, el contrabando no era considerado como una actividad inherentemente criminal o situada fuera del sistema, sino incrustada en el propio andamiaje institucional [39]. Había allí algo para todos: seguridad y certidumbre para los empresarios criminales, una posición prominente y una diversidad de roles y funciones para las fuerzas de seguridad, pero también una importante dosis de protección política -aunque crecientemente selectiva- para aquéllos dispuestos a incursionar en este mercado.

La crisis del modelo regulador

El sistema aquí descrito no terminó con la industria ilícita de las drogas, pero parecía encaminarse hacia una solución; subóptima, pero a fin de cuentas solución. Aunque esta solución no fuese siempre del agradado de Washington, lo cierto es que las prácticas, acuerdos y componendas de la regulación fueron, desde luego, de su conocimiento. Allí están para probarlo los reportes enviados por la embajada de EEUU a Washington sobre supuestos vínculos entre narcotraficantes y la recién creada DFS [40]. Como en la víspera de la guerra, durante la guerra fría, en la balanza de las prioridades pesaron más las consideraciones estratégicas y la lógica de la contención. Sin embargo, con el despliegue de la distensión las presiones sobre México se reanudarían y con ellas aflorarían los primeros síntomas de agotamiento del sistema regulador.

El despliegue de la Operación Intercepción I y el cierre de la frontera durante veinte días en 1969 dejó ver con una claridad contundente los límites internos y externos del modelo. Aunque la inspección de más de 4.5 millones de mexicanos no llevó al arresto de grandes traficante una serie de indicios irían advirtiendo el posible quiebre de este sistema regulador.

Por un lado, la conjunción del auge del consumo de sustancias ilícitas y el renovado endurecimiento de la prohibición en EEUU, no sólo alteró de manera importante la estructura de incentivos para la participación en la industria criminal, sino que incrementó de golpe los requerimientos de protección, regulación y gestión del mercado [41]. Pero a ello habría que añadir el impacto, en términos de oportunidad, del retiro de Turquía en 1971 del mercado ilícito de opio. En ese año, con el apoyo de 23 millones de dólares en ayuda estadounidense, Estambul logró erradicar de golpe el cultivo de amapola en su territorio. Se abrió así una ventana de oportunidad para una docena de empresas criminales en México que, en menos de tres años, lograron incrementar su cuota de abasto de heroína al mercado estadounidense de 10-15% a 80% en 1974 [42].

La conjunción de estos desarrollos y del despliegue de una maniobra masiva pero sin mayores consecuencias, como fue la Operación Intercepción, persuadió a las autoridades estadounidenses de la necesidad de establecer un marco efectivo de cooperación con México. Del lado mexicano, peso también la preocupación de una posible conexión entre la organización de estos cultivos y la presencia de grupos guerrilleros en esas zonas [43]. Es así como se echa a andar uno de los ejercicios más exitosos de cooperación bilateral y de la historia de control de producción y tráfico de drogas. Los éxitos como los fracasos de este ejercicio han sido tratados de manera tan extensa como competente por la literatura existente [44]. Aquí sólo vale la pena señalar que en México, como en Turquía, en la ecuación del éxito pesaron por igual, la fuerza relativa de la autoridad central, la escasa dependencia de la economía nacional de ingresos provenientes de estas actividades ilícitas y la presencia de un mercado ilícito de cultivos, estructurado en grandes plantíos susceptibles a la erradicación [45].

Hoy sabemos que el éxito de este ejercicio fue tan notable como efímero. A los primeros síntomas de agotamiento del modelo regulador se sumaron aquéllos que acompañaron al eclipse de esta operación. Para principios de los ochenta, no sólo el control, sino también la gestión y administración centralizada de este mercado, se volvió una faena imposible. En la relación negativa de los hechos podemos comenzar por considerar las dificultades que la propia operación trajo consigo. Es cierto que la operación logró reducir el tamaño de la economía ilegal, sin embargo, los actores criminales pronto dejaron ver una notable capacidad de adaptación no sólo en su dispersión geográfica, sino también en la fragmentación y encubrimiento de los plantíos ilícitos y en su reorganización crecientemente centralizada.

Pero a ello habría que añadir la presencia de una nueva generación de empresarios criminales dispuestos a desafiar las restricciones impuestas al uso de la violencia. La dispersión geográfica de las bandas criminales bien pudo haber aflojado las riendas sociales que durante años habrían contenido los impulsos más violentos de los narcotraficantes. A su vez, como suele ser el caso en estos mercados, la eclosión repentina de una oportunidad de mercado, también pudo haber propiciado los brotes de violencia. Y a esto se suman, los primeros contactos con las más violentas organizaciones colombianas [46].

Estas tendencias, sin embargo, no concluyeron con la recuperación, para mediados de los ochenta de 30% del mercado de marihuana y cerca del 40% del mercado de heroína en EEUU, sino que se vieron agravadas por la repentina y brutal apertura de un mercado de tránsito de cocaína a través de territorio mexicano [47].

Una consecuencia inevitable del impacto de estas tendencias fue el desgaste y agotamiento de las viejas prácticas de regulación y control. Aunque en ocasiones se pudo advertir el aguante de estos mecanismos de regulación - como ocurrió a principios de los ochenta cuando los delegados del Cartel de Medellín, aterrorizados ante la brutalidad de la policía judicial federal, decidieron recurrir a los servicios de intermediarios mexicanos- lo cierto es que el escenario era cada vez más complicado [48].

Sin duda los síntomas más claros de este agotamiento se van a mostrar en dos planos: en la corrupción que va a anidarse en las entrañas de las agencias antinarcóticos y en los crecientes niveles de violencia que van a acompañar a estas actividades ilícitas. Pero aún aquí el cambio no se dio de un golpe. Aunque los escándalos van a ser más frecuentes y los umbrales de violencia van a ir aumentando, en un inicio la tendencia parecía seguir una lógica gradual, geográfica y hasta cierto punto diferenciada.

Los esporádicos "excesos" cometidos en los sesenta por agentes y exoficiales de la DFS, como es el caso de Enrique Rocha Chavarri, el de los dos oficiales de Sinaloa, aprehendidos con 750 kg de marihuana y 6 kg de heroína respectivamente, el del diplomático detenido en Nueva York en 1965 o el arresto en 1973 del jefe de la policía judicial en San Antonio por cargos de tráfico de heroína, se van a repetir con más y mayor frecuencia.

Algo similar ocurrirá con los niveles de violencia. Desde finales de los setentas, la presencia de miembros de las fuerzas de seguridad en cruces de fuego comienza a ser recurrente y los enfrentamientos entre agentes de las fuerzas locales y federales y entre éstas y narcotraficantes van a brotar también con una mayor frecuencia. Así pues, desde 1970, las fisuras pudieron comenzar a detectarse en el asalto con metralletas a la casa del jefe de la policía de Culiacán, en el asesinato siete años después de Alfredo Reyes Curiel, un alto oficial de la policía judicial del estado o de Gustavo Sámano, un asesor militar, al inicio de las campañas de erradicación. Pero de manera especialmente trágica en el asesinato del ex-procurador de Sinaloa en la ciudad de México y del cardenal Posadas en 1993 [49].

Con la avalancha de cocaína precipitada por el despliegue de la operación Tricks y el desvío del 60% de la destinada al mercado estadounidense por territorio mexicano, las fisuras se abrieron en grandes grietas. Los cambios asociados a esta avalancha y al impulso de la nueva guerra contra las drogas modificaron de tajo no sólo el tamaño y la dimensión del mercado, sino también su estructura y organización. En las nuevas condiciones el Estado sencillamente no pudo imponer su autoridad y el sistema regulador se desplomó ante el cada vez más violento poderío de los carteles.

Si, como hemos visto más arriba, el mercado ilícito de las drogas se había caracterizado por la presencia de niveles relativamente bajos de violencia, la especialización en el cultivo de dos productos y una relativa concentración regional y geográfica, para mediados de los ochenta esta industria se había transformado en una pujante y cada vez más violenta economía de servicios y de tránsito. Al terminar los ochenta, los mecanismos de control y regulación habían hecho agua. Aunque las zonas de cultivo perduraron, la organización geográfica del mercado se desvaneció, el control de las plazas fue corrompido con sumas inimaginables y abierta y violentamente desafiado por las organizaciones criminales. Al avanzar la década los carteles fueron dividiendo al país y repartiéndose sus territorios. En Mexicali, por ejemplo, Rafael Chao, un exigente de la DFS se apoderó de la zona y con la ayuda de sus colegas logró cerrar la carretera Mexicali-San Luis Río Colorado para recibir allí a aviones cargados de cocaína [50]. En Sinaloa, el Chapo Guzmán estableció los cimientos del cartel del Golfo. De igual modo, en Tijuana la organización de los hermanos Arellano Félix, herederos de Félix Gallardo, controló los movimientos de droga con la intimidación y la violencia. Mientras que desde Ciudad Juárez, Amado Carrillo, el "señor de los cielos" fue extendiendo el dominio de las rutas aéreas hasta el corazón del país en las ciudades de Cuernavaca y Guadalajara [51].

Notas:

• [36]. La literatura sobre el narcotráfico en Colombia es copiosa. Para efectos de esta comparación véase Rensselaer W Lee III y Francisco E Thoumi "Drugs and Democracy in Colombia" en Godson, ed., Menace to Society; Krathausen C, Padrinos y Mercaderes. Crimen Organizado en Italia y
• [37]. La cita se puede encontrar en Astorga, El Siglo de las Drogas, p. 101 & 157.
• [38]. Reuter y Ronfeldt subrayan la importancia del nacionalismo en el sistema de corrupción que arraigó en torno al dominio del PRI. Véase op.cit.,
• [39]. Ibid, p. 100-101
• [40]. La referencia a estos reportes se encuentra en Astorga "Mexico: Drugs and Politics", p. 88 y nota no. 9.
• [41]. El endurecimiento de la prohibición no logró prevenir, ni contener el consumo "poli-droga" desatado por las respuestas sociales a Vietnam. Véase David Musto, "Pautas en el abuso de las drogas y la respuesta en los EEUU", en Smith ed., El combate a las drogas en América, p.82.
• [42]. La prohibición fue impuesta con éxito durante dos años y reemplazada por un sistema de producción legal de opio. Para 1975, gracias a la
• [43]. Reuter and Ronfeldt, se refieren a esta preocupación como el temor a la "colombianización". Ambos autores subrayan, sin embargo, cómo en las campañas de erradicación el énfasis se puso en la destrucción de plantíos y en la confiscación de drogas y no en la captura o arresto de campesinos. Véase op.cit., p. 100, nota 13 y p. 103
• [44]. Pero entre las referencias obligadas se encuentran, desde luego, Richard Craig, "La campaña permanente: Mexico's Anti-Drug Campaign",
• [45]. Reuter, "Eternal Hope", p. 90
• [46]. Los más bajos umbrales de violencia en México se vieron gradualmente modificados por todos estos factores. Reuter y Ronfeldt, op.cit., p. 131 y
• [47]. Aunque los primeros contactos entre narcotraficantes colombianos y mexicanos se registran en 1973, es hasta los ochenta que se abre el mercado
• [48]. Lupsha, "Transnational Narco-corruption, p. 89- 90.
• [49]. Astorga, El Siglo de las Drogas, pp. 109-110 & 115-118 y Smith, "Semiorgansied international crime" p. 205
• [50]. Jesús Blancornelas, El Cártel, México D.F. Plaza Janés, 2003, pp. 48 y 153.
• [51]. Smith "Semiorganised international crime" p. 196-199.