Por otra parte, el Método Abierto de Coordinación de la UE ha venido impulsando la diseminación de las mejores prácticas europeas para la regulación del mercado de trabajo, que aconsejan equilibrar la legislación protectora del empleo, reduciendo al mismo tiempo la rigidez de los contratos indefinidos y la flexibilidad de los temporales. La Estrategia Europea de empleo trata de que las empresas puedan externalizar el coste y las funciones de la transición desde unos empleos a otros, mediante una adecuada protección del desempleo y fortaleciendo los servicios de apoyo a la búsqueda de empleo, la cualificación profesional, y las políticas dirigidas a los grupos desaventajados, otorgando prioridad absoluta a estas tres últimas -denominadas genéricamente "políticas activas de empleo"-. La "activación" de la política de empleo y la "flexiseguridad" consisten precisamente en aumentar el peso relativo de estas últimas en relación a las denominadas políticas pasivas - o de simple protección-, que aumentan la dependencia y el riesgo de que los desempleados queden atrapados en la precariedad y las redes de protección.

Además, las políticas neocorporatistas cambian de signo paulatinamente a medida que madura el Estado de Bienestar, hasta convertirse en políticas erga omnes, de alcance universalista, sin que por ello estén abocadas a perder el apoyo de los interlocutores sociales, ya que, a medida que aumenta el peso del Estado de Bienestar, las políticas de servicios sociales hacen crecer la presión fiscal, por lo que los salarios pierden peso relativo en el coste del trabajo y las políticas sociales se dirigen por igual a insiders y outsiders y no pueden emplearse en la concertación social como contrapartidas dirigidas a compensar la autolimitación salarial de los insiders. Por esta razón, las dos partes del intercambio neocorporatista ven limitadas sus posibilidades de reciprocidad en la etapa de madurez del EB (Flanagan, 2002) [10].

Sin embargo, la generalización de políticas monetarias claramente predecibles -autónomas respecto a los gobiernos, siguiendo la "regla de Taylor"- ha hecho que la inflación pase a estar gobernada por una "nueva curva de Phillips" que relaciona directamente los costes laborales unitarios (CLU) con el empleo, convirtiendo a la coordinación salarial en el principal instrumento de lucha contra el desempleo y abocando a una negociación colectiva responsable. Por su parte, los gobiernos han venido experimentando dificultades para seguir construyendo coaliciones ganadoras sin el apoyo masivo de los outsiders, por lo que están adoptando políticas activas, servicios sociales y nuevos pilares del Estado de Bienestar, configurados como derechos erga omnes -y muchos de ellos van dirigidos prioritariamente hacia los outsiders (Rueda, 2006)-. Nada de eso conduce, sin embargo, al desentendimiento de los gobiernos respecto a la concertación, porque en el contexto global su capacidad de actuación económica se ve muy mermada y la conveniencia de la coordinación aumenta, convirtiendo a la solidaridad interna dentro de los grandes subgrupos sociales y económicos en recurso público y haciendo descansar sobre la cooperación con ellos parte de las funciones atribuidas tradicionalmente a las burocracias estatales (Streeck-Kenworty, 2005, p. 454 y ss.). E igual ocurre con los sindicatos, ya que la apertura de su abanico reivindicativo hacia los problemas de la segmentación social aparece como una cuestión de supervivencia a largo plazo, básicamente, mediante la captación de audiencia entre jóvenes, mujeres e inmigrantes.

Conviene hacer notar, en cualquier caso que, con relativa independencia de la dinámica de concertación social, el carácter universalista del sistema español de bienestar social se ha ido configurando desde el comienzo a través de cuatro grandes pilares:

1. Educación.- Regulada por la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (1985: LODE) y la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (1990: LOGSE). Esta última estableció la educación obligatoria gratuita hasta los 16 años, estructurándola en tres etapas: infantil, hasta los seis años; primaria, hasta los doce años, y secundaria obligatoria, hasta los 16 años (ESO). A su término, los estudiantes pueden optar entre cursar formación profesional de grado medio, o bachillerato. A su vez, al término de éste pueden optar entre formación profesional superior y enseñanza universitaria. Quienes abandonan el sistema al finalizar la ESO o el Bachillerato disponen de formación profesional específica, como iniciación al mundo laboral. En 2005 el segmento más carencial era todavía el de la educación infantil, entre cero y dos años, en el que para una población de 1,25 millones de niños, las plazas disponibles no llegaban a 200.000. La nueva Ley Orgánica de Educación (2006: LOE) prevé la implantación generalizada de este primer ciclo de educación infantil en el curso 2008-2009.

2 Sanidad.- La Ley General de Sanidad (1986: LGS), que creó el Sistema Nacional de Salud (SNS), concebido desde sus inicios como resultado de la coordinación de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas. La LGS definió el Área de Salud como la unidad básica territorial de asistencia y prestación integral de servicios sanitarios, estableciendo al mismo tiempo una senda de universalización del derecho a la cobertura sanitaria pública, que ya en 1990 alcanzaba al 99% de los ciudadanos españoles o extranjeros residentes.

3 Garantía de renta mínima.- Este "tercer pilar" comprende las prestaciones que garantizan una renta mínima a quienes no disponen de otros recursos de subsistencia. Dentro del mismo se encuentran: a) los complementos para alcanzar niveles mínimos en todas las clases de pensiones contributivas; b) las pensiones no contributivas (1990: LPNC); c) los subsidios de desempleo (tanto general, como especial para jornaleros del campo), cuya duración e intensidad protectora crece a medida que avanza la edad del beneficiario, y la "renta activa de inserción (RAI), para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultades para encontrar empleo," mayores de 45 años, implantada entre 200 y 2006; c) el subsidio de garantía de ingresos mínimos para los minusválidos (1982: LISMI), y d) las Rentas mínimas de inserción (RMI), adoptadas entre 1989 y 1995 por todas las Comunidades Autónomas, previa comprobación de carencia de ingresos mínimos. Modalidades particulares de la RMI y la RAI (durante un período máximo de tres años) se asocian a la protección dada por los Ayuntamientos a las víctimas de violencia doméstica, a partir de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (2004).

4 La "Ley de dependencia" (2006), que recubre igualmente mecanismos de protección diseminados por otras normas -como las pensiones de gran invalidez, de la Seguridad Social, o las ayudas a tercera persona en las pensiones no contributivas y en las prestaciones de la LISMI-, regulando con carácter universalista las condiciones básicas para la configuración de un "Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia" (SAAD) de los discapacitados, y definiendo una protección mínima -con financiación garantizada por la Administración General del Estado- y sistemas complementarios, cofinanciados entre el Estado y las CC AA, que pueden establecer prestaciones adicionales.

La implantación y desarrollo de los cuatro pilares puede seguirse a través de: Carabaña (2007), sobre el Sistema Educativo; Rico et al. (2007), sobre el Sistema Sanitario; Moreno (2007), sobre Renta Mínima, y Herce et al. (2006), sobre Sistema Nacional de Dependencia. Menos el último, recién implantado, todos ellos se sitúan entre los mejores del mundo -a la vista de la satisfacción manifestada por sus usuarios- y entre los más eficientes económicamente hablando, a la luz de los datos comparativos recogidos en el cuadro 2, del que puede inferirse también que la principal carencia del sistema español en términos comparados proviene de la política de apoyo a la familia y de la menor intensidad de la política educativa y de recursos humanos, aspectos ambos que ya se encuentran en vías de corrección, a través de la implantación progresiva del SAAD, de la educación infantil prevista en la LOE y de la nueva política de natalidad anunciada por el Gobierno, cuyas estimaciones de gasto a medio plazo igualarán estos epígrafes en España con la media de la UE. Por lo que se refiere al sistema de pensiones, la separación del gasto entre España y los países nórdicos y la media de la UE (situada en torno al 15%, agregando los tres tipos de pensiones) es un simple espejismo, derivado de la "juventud" del sistema español, cuyos coeficientes paramétricos garantizan ya un crecimiento del gasto equivalente o por encima de la media, con unas perspectivas de envejecimiento todavía más rápidas, como consecuencia de unos indicadores de fecundidad muy por debajo de la media (Espina, 2007b), que obligarán a elevar la edad de jubilación.

V. Conclusión

Puede afirmarse que en muchos países de América Latina las políticas de protección social se encuentran en la fase naciente del Estado de bienestar, por lo que existen todavía buenas oportunidades para ensayar políticas de concertación social como las descritas, que aumentan la densidad de relaciones sociales y cuya práctica continuada minimiza los costes de transacción, facilitando las negociaciones entre los operadores económicos en orden a alcanzar resultados económicos eficientes -en el sentido del teorema de Coase (Freeman, 2007)-. Sin embargo, la transición entre la primera y la segunda fase atraviesa etapas muy diferentes a lo largo y ancho de la región. En cualquier caso, la práctica de políticas neocorporatistas -allí donde resultan útiles- no debería dejar de prestar atención a la eventual aparición de problemas de segmentación, como los observados en España, para prevenirlos y corregirlos. Las políticas óptimas para anticiparse a la segmentación se enmarcan dentro del modelo de Estado de Bienestar universalista, recomendado por Lord Beveridge. Además, las políticas sociales más efectivas y que producen resultados con mayor impacto a largo plazo sobre el bienestar de la población son las que implican inversión en capital humano y, principalmente, sanidad, educación e inversión en la infancia. Finalmente, las políticas de protección social tienen rendimientos marginales decrecientes, por lo que la prioridad absoluta debe otorgarse a la cobertura de necesidades básicas.

Referencias bibliográficas

Alonso, J. A. (2007). "Estado de Bienestar y Competitividad: ¿Entre Escila y Caribdis?", en Espina (Coord.).

Baker, Andy (2003), "Why Is Trade Reform so Popular in Latin America?: A Consumption- Based Theory of Trade Policy Preferences", World Politics, Vol. 55, No. 3. (Apr., 2003), pp. 423-455.

Bassanini, Andrea y Danielle Venn (2007), Assessing the Impact of Labour Market Policies on Productivity: a Difference-in-Differences Approach, OECD Social, Employment and migration Working Papers Nº. 54, DELSA/ELSA/WD/SEM(2007)9, disponible en:http://www.oecd.org/dataoecd/27/20/ 38797288.pdf

Carabaña, Julio (2007), "Estado y educación en la España democrática", en Espina (coord.).

Carbajo Vasco, Domingo (2007), Políticas de reforma fiscal en América Latina desde la perspectiva española. Propuestas para Perú y México, Fundación Alternativas, Documento de Trabajo Opex nº 6/2007, disponible en:http://www.falternativas.org/base/download/ef 9c_20-02-07_OPEX%2006.pdf

Coatsworth, John y Jeffrey Williamson (2002), "The Roots of Latin American Protectionism: Looking Before the Great Depression", NBER WP nº 8999:http://www.nber.org/papers/W8999

Conde-Ruiz, J. Ignacio y Paola Profeta (2007), "The Redistributive Design of Social Security Systems", FEDEA, DT 2007-07:http://www.fedea.es/pub/Papers/2007/dt2007- 07.pdf

Notas:

• [10]. Especialmente cuando una proporción creciente de la fuerza de trabajo es suministrada por la inmigración, consumidora preferente de servicios sociales universalistas.