Estado de bienestar, empleo y competitividad: España y la agenda iberoamericana

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Las tres etapas de crecimiento salarial que aparecen nítidamente en las series históricas de los salarios españoles -y su impacto sobre la marcha de la dotación de capital/trabajo y sobre la productividad del mismo (gráfico 5) son una buena ilustración de los efectos del "modelo latino" de políticas salariales.

En general, el estudio de Kurtz (2004) muestra que los problemas de polarización social observados en Latinoamérica se encuentran asociados a las pautas tradicionales de organización económica estatista, mientras que la implantación y consolidación de regímenes democráticos con economías abiertas se enfrenta habitualmente a problemas de articulación de la acción colectiva, que mejorarían considerablemente empleando políticas de fortalecimiento de los interlocutores sociales, al estilo de las practicadas por la democracia española, como prerrequisito para ensayar políticas de concertación social y como mecanismo para reforzar la legitimidad de la representación democrática, ya que una densidad adecuada de representación sindical y de negociación colectiva contribuyen a reducir la desigualdad salarial (Rueda y Pontusson, 2000). Se trata de políticas en las que los gobiernos asumen siempre ciertos riesgos, como ponen de manifiesto los estudios comparados (Burgués, 1999; Murillo 2000), pero aumentan también el capital social y la estabilidad del sistema, como puede observarse en el tramo final de todas las curvas del gráfico 5.

Uno de los factores distintivos que explican el moderado éxito de la senda española para superar la mayor crisis de empleo experimentada por un país occidental en los últimos treinta años -reflejada en la doble uve que describe la tasa de ocupación entre 1973 y 2006 en el gráfico 5- es la coordinación neocorporatista del crecimiento de los salarios con las políticas macroeconómicas y la administración responsable de las diferencias salariales llevadas a cabo de forma autónoma por los interlocutores sociales a través de la negociación colectiva. A la luz de la experiencia española, es posible desarrollar una estrategia de coordinación salarial de carácter neocorporatista aun cuando no se disponga de tradición, de experiencia previa, ni del tipo de instituciones laborales más proclives a impulsarla (Molina, 2006). Ello presupone la presencia activa del Estado en el establecimiento y la promoción del ejercicio práctico de los derechos de asociación y acción colectiva y, generalmente también, el impulso de la concertación social a través de alguna forma de intercambio político entre moderación salarial y prestaciones sociales. En la Europa de la segunda posguerra estas políticas fueron impulsadas sobre todo por los gobiernos socialdemócratas y centristas. En cambio, los gobiernos conservadores han mostrado mayores reticencias hacia él, por su preferencia hacia mecanismos salariales completamente descentralizados y por su temor a las negociaciones sectoriales -acerca de cuyo efecto perjudicial sobre el empleo y la inflación, sintetizado por la relación "parabólica" entre nivel de centralización salarial y eficiencia económica, existió un amplio consenso analítico, hoy insostenible (Freeman, 2007) [6]-. En todo caso, de admitirse tal relación en U y la preferencia socialdemócrata, la España democrática habría sido una excepción, ya que no se percibe tal relación negativa y la concertación social ha superado razonablemente bien el turno político.

Por lo que se refiere a la administración de las diferencias salariales los datos disponibles resultan contundentes: aunque la negociación colectiva española suele ser caracterizada en los estudios comparativos como predominantemente sectorial y con coordinación intermedia, los abanicos salariales alcanzan un grado de apertura similar al de los países con negociación colectiva desarrollada predominantemente en el ámbito de la empresa y con baja coordinación (cuadro 1). Esto se debe a una adecuada articulación de los diferentes niveles de la negociación -lo contrario de lo que sucede en la "negociación en cascada", en la que cada nivel negociador revisa el del nivel superior-, que permite a las mismas categorías profesionales experimentar amplísimas variaciones de tarifa salarial en razón del sector de actividad y/o de la Comunidad Autónoma o provincia en que se sitúan los establecimientos. Aunque el fenómeno no ha sido bien explicado -y frecuentemente había sido ignorado- una hipótesis plausible consiste en relacionar esta peculiaridad con la otra gran singularidad del caso español, que consiste en medir la audiencia sindical, no a través de la afiliación, sino mediante elecciones periódicas a órganos unitarios de representación de los trabajadores en la empresa -tuteladas por la autoridad laboral-, lo que facilita que con muy baja afiliación exista una legitimidad incontestable de la representación y un control directo de los representantes, con periodicidad no superior a cuatro años. El resultado de las elecciones sindicales de 1995 fue precisamente el factor desencadenante de la reorientación de las estrategias salariales de los dos grandes sindicatos, que explican en parte la pronunciada tendencia creciente de la tasa de empleo durante el último decenio (gráfico 5).

Fuente: Fernández-Meixide-Simón (2006), Cuadro A.2. (Datos extraidos de la Encuesta Europea de Estructura Salarial 1995)

IV. Concentración y segmentación social: entre el corporativismo y el estado de bienestar universalista

Las tres primeras columnas del cuadro 1 ofrecen una imagen probablemente distorsionada de la realidad. Hay que tener en cuenta que en 1995 el empleo se encontraba en el punto más bajo de la doble uve del gráfico 5 y España soportaba una tasa de desempleo del 23%, duplicando a la de la UE-15, lo que explica parcialmente el elevado nivel relativo de dispersión salarial -y puede interpretarse como una prueba de negociación colectiva responsable-. Sin embargo, entre 1994 y 2005 la distribución general de ingresos entre la población experimentó tendencias contrapuestas en las distintas zonas a las que se refiere el gráfico: el cociente entre las percentilas 90ª y 10ª de la distribución aumentó rápidamente y se acerca ya a cinco en EEUU; en los países centrales de Europa y en España se encuentra algo por encima de 3, mientras que en los países nórdicos se sitúa en torno a 2,5. España fue uno de los tres países -junto a Irlanda y Japón- en que la desigualdad de ingresos disminuyó durante este decenio, y aquél en que la reducción fue más fuerte (OCDE, 2007), pero tal reducción no se debió tanto a la evolución de los salarios, como a las transferencias del Estado de bienestar (Espina, 2007a), contribuyendo a la eficiencia económica.

La menor desigualdad registrada en Europa -y muy especialmente en los países nórdicos- está relacionada con el mayor apego del Continente hacia las prácticas de diálogo y consenso social (Levy y Temin, 2007), fruto en parte de los excelentes resultados de la aplicación del tipo de políticas al que la sociología política denomina "neocorporatismo," a las que Edmund Phelps (2006) considera, no obstante, responsables de la menor capacidad europea para innovar y para incorporarse a la nueva onda larga de crecimiento económico, frenando su dinamismo durante los últimos quince años. Sin embargo, el caso de los países nórdicos demuestra que una acertada coordinación "neocorporatista" de la negociación salarial,junto a políticas de bienestar con hondo calado redistributivo, no están reñidas con la innovación ni con la competitividad (Alonso, 2007). Además, las prácticas de dialogo y concertación social han experimentado profundos cambios, tanto en España como en otras zonas del continente, hasta aproximarse a las mejores prácticas de los países nórdicos. Finalmente, el progreso y el crecimiento duraderos no dependen exclusivamente del dinamismo de la oferta y la innovación tecnológica, sino que incluyen también complejos avances en las interacciones en red de todo el tejido social - cuya escala y grado de diferenciación aumentan exponencialmente, a medida que se avanza hacia el mercado global-, y su evaluación debe tomar en consideración paralelamente la sostenibilidad de la demanda agregada a largo plazo -cosa que no sucede en EE UU, como señala Leijonhufvud, en su comentario crítico al artículo de Phelps (2006).

Es cierto, sin embargo, que el método "neocorporatista" empleado para la implantación del Estado de bienestar durante la transición democrática española ralentizó la dinámica del cambio y dejó subsistentes regulaciones adoptadas durante la etapa anterior, en que se obligaba a las empresas a internalizar la cobertura de los riesgos de mercado de trabajo -con instituciones tales como la autorización administrativa previa a los ajustes de empleo, o indemnizaciones por despido muy elevadas-, que habían venido funcionando en el pasado como elemento sustitutivo del seguro de desempleo. Estas reglas dificultaron considerablemente la adaptación de las empresas a las circunstancias del mercado competitivo, que requirió la intervención masiva del Estado en la reestructuración sectorial. Además, como compensación a la rigidez de la legislación protectora de los contratos indefinidos hubo que ampliar desmesuradamente la posibilidad de usar la contratación temporal, lo que relanzó el crecimiento del empleo pero elevó la precariedad y la segmentación laboral, repercutiendo además negativamente sobre el crecimiento y la productividad [7].

En general, el procedimiento consensuado de implantación del Estado de Bienestar de la democracia española otorgó a éste mayor legitimidad a los ojos de los trabajadores, pero produjo asimetrías en las políticas sociales y no otorgó suficiente prioridad a la segmentación social, concediendo atención preferente a los problemas y las demandas de los insiders, en detrimento de los outsiders, dada la limitación de recursos y de disponibilidades de políticas públicas. Tal asimetría se observa en el aumento, hasta mediados de los años noventa, de la segmentación por razón de edad, sexo y situación o status contractual. Las dos primeras fueron consecuencia de la política implícita de "reparto de trabajo", que priorizó el mantenimiento a elevado coste de los empleos existentes -o su amortización mediante jubilaciones anticipadas-, dificultando la creación de nuevos empleos. Como paliativo a las barreras de entrada al mercado de trabajo, jóvenes y mujeres elevaron su escolarización y su participación en las diferentes modalidades de empleo temporal y precario, admitiendo elevados niveles de sobreeducación, lo que contribuyó doblemente al descenso de la tasa de fecundidad (por su influencia sobre el retraso general en la edad del emparejamiento de ambos sexos y sobre el acortamiento del periodo de fertilidad de la mujer). Además, la prioridad otorgada a la moderación salarial redujo la de las políticas dirigidas a combatir la discriminación en el empleo, lo que se tradujo en elevados diferenciales salariales entre hombres y mujeres y entre jóvenes y adultos.

El diagrama III utiliza el teorema de la imposibilidad, de Kenneth J. Arrow, para interpretar el problema de elección social que se planteó en España al término de la primera etapa de concertación neocorporatista -entre 1977 y 1986-, que quedó interrumpida hasta 1996, para recuperarse en el último decenio, aunque sobre bases compatibles con las nuevas circunstancias, que eran ya las de adaptación de la economía a la Unión Económica y Monetaria Europea y al proceso de implantación del euro. Tomando los tres regímenes de bienestar y los tres tipos sociales ideales definidos por Esping- Andersen (en razón de su grado de aversión al riesgo y de sus preferencias a priori) [8], a la vista de las preocupaciones manifestadas por la población y sus preferencias políticas -expresadas en las encuestas de opinión y reveladas a través del voto- puede considerarse que hasta 1995 los outsiders fueron pacientes en su espera de que los daños colaterales del método neocorporatista, que habían venido perjudicándoles, serían temporales y acabarían beneficiándoles. Todos los indicadores hacen pensar, sin embargo, que entre 1996 y 2004 el juego de preferencias cambió, y que los outsiders decidieron probar suerte con la opción "individualista" como segunda preferencia, a la vista de que la opción universalista no prosperaba a suficiente ritmo. Pero la alternancia política no modificó sustancialmente su posición en el mercado de trabajo y la oleada de inmigración, que ocupó rápidamente la periferia más inestable del mercado de trabajo -junto al crecimiento económico autosostenido, que permitió ampliar el núcleo estable-, hizo que la posición objetiva de los outsiders mejorara, lo que, unido a otros factores políticos y demográficos, permitió volver a la posición anterior -en parte porque sus expectativas de convertirse en insiders aumentaron-, aunque ahora todos los agentes habían realizado su aprendizaje y comenzaron a aplicar políticas de bienestar de tipo universalista, abandonando la preferencia absoluta por los insiders. [9]

Notas:

• [6]. El régimen salarial de la última etapa franquista fue sectorial -tras fracasar su política de congelación de salarios-, y tuvo pésimos resultados para la inflación y el empleo del decenio 1975- 1985 (Espina, 2007a, pp. 4 y 6). Precisamente,
• [7]. El análisis realizado por Bassanini, y Venn (2007) para el Employment Outlook de la OCDE -con datos que cubren en general el período 1979/2003- tiende a situar a España en la posición extrema de los dieciocho países estudiados en lo que se refiere al impacto negativo de las instituciones laborales sobre la productividad multifactorial.
• [8]. En Espina (2007a) explico la elección racional principalmente a partir de la posición en el mercado de trabajo. Conde Ruiz y Profeta (2007) lo hacen en razón de la preferencia en materia de pensiones.
• [9]. Además, el núcleo principal de los outsiders de los años ochenta y noventa pertenecía a la generación española del Baby Boom (nacidos entre 1960 y 1975), que fue seguida de una generación muy mermada, cuya escasa presión de entrada en actividad facilitó el acomodo laboral de la primera.