El gráfico 3 refleja la evolución del comercio exterior de España desde los inicios del sistema internacional de comercio. El nivel de apertura comercial de comienzos del siglo XX no se volvió a recuperar hasta comienzos de los años setenta, lo que produjo fragilidad en todo el proceso de crecimiento y de competitividad de la economía, reflejada en el desfase de más de veinte años entre la apertura comercial y la respuesta en la capacidad para reducir el déficit relativo. Raíces históricas proteccionistas tan firmes como las detectadas en España aparecen en la historia de Latinoamérica, mucho antes de 1929 (Coatsworth y Williamson, 2002) y parecen deberse preponderantemente a razones fiscales, ya que los ingresos aduaneros actuaron como sustitutivos de los impuestos. En conjunto, aproximadamente a partir de 1885 las tarifas arancelarias de la zona fueron las más elevadas del mundo y sólo experimentaron un corto período de liberalización en el decenio que siguió a la Primera Guerra Mundial, antes de 1929 (Williamson, 2004). Sin embargo, la mayor parte de los indicadores disponibles muestra que a comienzos del siglo XXI Latinoamérica ha emprendido también un camino hacia la apertura comercial que parece irreversible (Fisher- Meller, 2001).

El cuarto factor se refiere al gusto por la expansión artificial y al control de la inflación mediante políticas ficticias de estabilización del tipo de cambio, que favorecen a los gobiernos que buscan la reelección, a las clases medias perceptoras de rentas y a los países dominantes en los intercambios internacionales, pero resultan volátiles, incompatibles con el avance en el proceso de apertura comercial, e impiden seguir una senda de desarrollo autosostenido. La ortodoxia de la estabilidad forzada de los tipos de cambio, salvaguardada durante varios decenios por el FMI, se ha demostrado profundamente nociva para los países emergentes. El ejemplo español es la mejor prueba contrafactual de lo erróneo de esa política.

Durante el primer tercio del siglo XX el sostenimiento de la cotización de la peseta obligó a practicar políticas monetarias draconianas y a adoptar aranceles a los que, con razón o sin ella, se denominó "del hambre". El franquismo relajó al máximo la política monetaria pero cerró todavía más los aranceles e introdujo controles cuantitativos al comercio exterior, interviniendo directamente el mercado de divisas y fijando artificialmente su cotización, sometiendo al país a devaluaciones periódicas, hasta el punto de que el comercio exterior llegó a funcionar en la práctica como comercio de Estado. La destrucción del sistema de incentivos provocó fluctuaciones económicas violentas e innecesarias, distorsionó la asignación de recursos y produjo artificialidad en el funcionamiento de todos los mercados -y, muy especialmente, en los mercados de factores-. Finalmente, también la etapa democrática experimentó una crisis cambiaria aguda, aunque breve -pero con resultados para el empleo igualmente nocivos-, tras la entrada de la peseta en el Sistema Monetario Europeo, aunque en este caso la causa fue la decisión de integrarla en la moneda única, que se estaba diseñando por entonces, de modo que el coste de aquella crisis puede contemplarse como una inversión de cara al futuro.

El examen de lo ocurrido en dieciocho países de América Latina entre 1970 y 1999 indica que las políticas de anclaje de los tipos de cambio -no acompañadas de políticas consistentes con ella, de muy difícil aplicación por tener rentabilidad electoral negativa- proporcionan a los gobiernos que las practican una rentabilidad electoral inmediata, al producir breves "edades de oro" para las clases rentistas -en paralelo con graves empeoramientos de los sistemas productivos3-, que la mayoría de los gobiernos trata de corregir en los períodos postelectorales. El caso de Argentina durante los años noventa se distingue precisamente por su duración inusitadamente larga [4] -reforzada además con políticas de laxitud impositiva y apoyada en la ortodoxia monetaria del FMI, que permitió un endeudamiento obviamente insostenible-, y por haber conseguido diferir los costes del ajuste hasta 2002, tras el cambio de orientación del gobierno, con el resultado de la peor crisis cambiaria conocida hasta la fecha (Schamis-Way, 2003). La única ventaja de semejante catástrofe nacional es que la ortodoxia económica internacional ha terminado por admitir algo que era evidente desde hace tiempo y que ya venían diciendo los economistas críticos de los países centrales -cuando colgaban por un momento su "sombrero FMI" y se ponían el del Banco Mundial-: "conviene hacer lo que nosotros hacemos, no lo que decimos que conviene hacer". La política adecuada es la que impone la mejor teoría económica disponible: procurar que el tipo de cambio efectivo se corresponda con el de paridad de poder adquisitivo, respecto al contexto internacional relevante. Consecuentemente, los regímenes de tipo de cambio actualmente practicados en la región parecen garantizar que no se repetirán en el futuro las graves crisis cambiarias -que consumen directamente un 8% del PIB-, coste que se duplica al ir frecuentemente acompañadas de crisis bancarias, según los cálculos de De Gregorio (2006, p. 15), cuyo diagnóstico de sección cruzada coincide con nuestro análisis histórico.

En general, el fracaso del primer intento de modernización español se debió en quinto - aunque no último- lugar a la incongruencia y el desarrollo desigual entre los diferentes subsistemas sociales. La experiencia comparada ayudó a detectar tales inconsistencias y sugirió modos de corregirlas. La principal incongruencia consistió en el desigual ritmo de modernización entre el sistema cultural -cognitivo, de valores, instituciones y creencias- y las prácticas y los sistemas jurídico y económico. Esto se observa también hoy con carácter general en la gran disparidad en los avances que se están registrando en el proceso de globalización de muchas normas legales que afectan a los diferentes campos de regulación económica y financiera, ya que cuanto más alejados se encuentran estas normas del núcleo básico de creencias locales, más fácil resulta avanzar en el proceso de armonización, y viceversa. Por poner un ejemplo bien estudiado, la globalización de la legislación empresarial está encontrando menores resistencias que la de igualdad de género o los derechos de la mujer (Halliday-Osinsky, 2006). Aunque el avance modernizador, para ser sostenido y no entrar en colisión retardataria, ha de producirse simultáneamente en todos los subsistemas, la modernización de la regulación económica es probablemente el campo que más se beneficia de la adopción por cada país singular de las mejores prácticas jurídicas en el ámbito global, lo que significa que la congruencia entre subsistemas no se produce solo en el interior de cada sistema social, sino en el contexto internacional, mucho más estable a largo plazo. Además, la armonización institucional permite beneficiarse de los avances del conocimiento de las ciencias económicas y sociales registrados en el ámbito global, ya que sus modelos analíticos sólo resultan aplicables a contextos institucionales relativamente homogéneos (lo que explica la aparición de "clubes de convergencia"). La estrategia de crecimiento debe poner énfasis en la cooperación internacional para difundir el conocimiento y proporcionar asistencia técnica para adoptar aquellas prácticas (Stiglitz, 1999), en lugar de aplicar simplemente una "estrategia de lucha contra la corrupción", como pretende el Banco Mundial, de legalidad muy dudosa y de implementación enormemente arriesgada (Martí, 2007).

La experiencia española permite evaluar muy positivamente la aportación a la modernización institucional derivada de la cooperación y la asistencia técnica, sucesiva y cada vez más estrecha, del Banco Mundial -ya desde el Plan de Estabilización de 1959-, de la OCDE, de la OIT, de la adopción del derecho derivado -con carácter previo y como prerrequisito para el ingreso en la CE- y, finalmente, de la cooperación entre iguales en el seno de la UE a través del "Método abierto de Coordinación" (MAC), que proporciona una excelente experiencia colectiva de la progresión desde los modelos de "presión exterior" y de "imitación normativa dirigida" hasta el modelo más sofisticado de "aprendizaje racional", como refleja el diagrama II. En este sentido, el caso español puede servir de contraste con la experiencia latinoamericana de difusión institucional, en la que parecen haber prevalecido hasta ahora otros modelos de difusión, marcados en la última etapa por las limitaciones del modelo "cognitivo- heurístico", en el que la escasez y los sesgos de conocimiento disponible inducen a adoptar los aspectos adjetivos de las instituciones imitadas, que suelen verse neutralizados enseguida por los intereses dominantes, siempre idiosincrásicos5.

III. Sistemas de relaciones industriales (RR II), mercado de trabajo y salarios

El diagrama I constata simplemente una tendencia latina hacia la heterorregulación del mercado de trabajo, pero en relación con los salarios puede hablarse de verdadero intervencionismo, especialmente con motivo de la irrupción de los regímenes autoritarios, que han sido relativamente frecuentes. La injerencia de las políticas autoritarias sobre el proceso de negociación colectiva libre de los salarios satisface obviamente los intereses inmediatos de los empresarios más ineficientes, pero resulta a la larga contraproducente y retroalimenta el intervencionismo económico porque elimina los incentivos para la coordinación salarial voluntaria, basada en el avance equilibrado de la productividad, la demanda interna y la inversión productiva. La experiencia de las dos dictaduras españolas del siglo XX (1923-1930 y 1939-1975) muestra que las políticas salariales dirigistas no resultan sostenibles en el medio plazo, ni siquiera implantando regímenes políticos apoyados en la represión (a las que se denomina "antagonistas", o "políticas de rama torcida"). Cabe señalar que el embalsamiento de las demandas de crecimiento salarial durante las etapas represivas resulta perverso en cuatro sentidos: 1) en el estadio inicial de desarrollo, prolonga innecesariamente la denominada "etapa clásica", frenando la inversión y la innovación empresarial; 2) suele provocar reacciones desmesuradas, que devuelven los salarios a la posición que hubieran alcanzado en ausencia de tales políticas, generando dinámicas de desbordamiento que pueden resultar irrefrenables; 3) desaprovecha el impulso paulatino de la demanda sobre el crecimiento, el ahorro y la formación de capital, y provoca desequilibrios en las proporciones relativas de los factores utilizados por las empresas, que resultan obsoletas e ineficientes cuando se registran ulteriormente cambios bruscos en los precios de esos mismos factores, y 4) además, las políticas "de rama torcida" resultan consecuencia casi obligada de las de intervención del tipo de cambio, en orden a compensar la pérdida de competitividad derivada de la sobrevaluación, pero ésta suele imponer finalmente su ley, provocando devaluaciones desordenadas que agudizan el impacto de los shocks externos, traumatizan la estructura sectorial de la producción y trastocan las ventajas competitivas previamente alcanzadas.

Finalmente, la intervención cambiaria -acompañada normalmente de intervención comercial- elimina las señales provenientes del mercado internacional y desresponsabiliza a los agentes negociadores de los salarios de la marcha de los equilibrios económicos, que acaban recayendo sobre los gobiernos. Por el contrario, la experiencia de los pequeños países europeos pertenecientes a la antigua EFTA (Kaztenstein, 1984, 1985; Danthine-Hunt, 1994) indica que las políticas comerciales y cambiarias abiertas empujan a los interlocutores sociales a asumir la coordinación y la autocontención salarial como tarea propia, auto-obligándose los empresarios a mantener ellos mismos la disciplina negociadora, porque en su ausencia no encontrarán el paraguas paternalista de los gobiernos, cosa que es igualmente comprendida por los sindicatos, lo que contribuye a un crecimiento sostenido de la renta y el empleo.

Notas:

• [4]. La laxitud de los lazos entre el partido justicialista y los sindicatos peronistas y la atipicidad de estos últimos explica su falta de respuesta y la transformación de su orientación, desde un sindicalismo orientado hacia los trabajadores