Por eso es fructífero relacionar el concepto de identidad con las opciones éticas. Por ejemplo, como orientación dentro de opciones morales que no siempre son fácilmente jerarquizables y que, a menudo, son contradictorias. O bien, considerar que la identidad, aunque puede apoyarse en datos objetivos, es una interpretación subjetiva de ellos, con lo cual no está directa y obligatoriamente determinada por ningún condicionante natural o social (Appiah, 2007). Esta idea es congruente con el concepto de cohesión social de la CEPAL que involucra el sentido de pertenencia, como elemento de la subjetividad.

La diversidad social, por sí sola, no representa un valor democrático absoluto, sino en tanto potencie la autonomía, los derechos de libertad y el igual respeto a todas las diferencias. En ese sentido, formas comunitarias o tradiciones culturales que -por ejemplo- nieguen los derechos políticos de libertad no son consistentes con una cohesión social democrática. También debe tenerse en perspectiva el entrecruzamiento de los diversas condiciones sociales subalternas. Por ejemplo, la transversalidad de las asimetrías de género, a lo largo y ancho de la sociedad.

En términos de un horizonte político democrático, resulta sugerente relacionar la identidad con la incertidumbre y con la búsqueda de lo que se demanda respecto de lo que se es, y con el carácter inconcluso de lo que se es: es decir, con la identidad vista como proyecto o como postulado (Bauman, 2003b). También subrayar que la identidad, lejos de constituir una esencia o núcleo estable, tiene un carácter estratégico y posicional, construido mediante discursos, prácticas y posiciones, a menudo contradictorios, y que los deslindes de los procesos de diferenciación, por naturaleza, no son construidos de manera definitiva o plena: comprender la identidad como derrotero (Hall, 2003, pp. 17-19).

2. Calidad de la democracia y cohesión social

Los principios de la democracia postulan que todos los ciudadanos gocen de los derechos civiles de libertad e igual respeto de las diferencias; los derechos económicos sociales y culturales plasman la reducción de las desigualdades y requieren de financiamiento. La gobernabilidad democrática defiende las libertades políticas y las garantías de la democracia política y los derechos civiles de toda la población, vela por una adecuada agregación de intereses sociales y establece cauces para la participación política y reglas de resolución de conflictos. Cabe tener presente los períodos en que campeó la negación de los derechos políticos en tantos países de la región, cuántos esfuerzos costó recuperarlos y cuántos ciudadanos aún no disfrutan de ellos. También, como vasta asignatura pendiente, considerar la persistente fragilidad del Estado de derecho, debido a la debilidad y segmentación de la dimensión legal del Estado, recrudecidos por la ¨informalización¨de la legalidad, por la efectividad irregular de la ley en el territorio y la "accountability" endeble respecto de la validez y la legalidad de acciones del Estado (O´Donnell, 2001).

En la medida que el sujeto es heterogéneo y no universal, su unidad es ficticia. Ello tiene relevancia respecto de la representatividad, la movilización política y la gama de discursos en torno a la identidad. La democracia entendida como el ámbito y las reglas institucionales en cuyo marco se desarrollan procesos democráticos de construcción de identidades, significa que nadie puede reclamar para sí la exclusividad de la representación de identidad alguna, tampoco la de grupos subalternos que han estado excluidos a lo largo de la historia. Ello es válido tanto respecto de las instituciones propias de la democracia representativa, como de la democracia participativa, ya que las consultas ciudadanas y otras formas de participación requieren la presencia de una amplia gama de organizaciones.

Las democracias, entre otros factores, se encuentran presionadas por el proceso de globalización y por la revolución de la información que genera la centralidad de la imagen, la tendencia a una "doxocracia" sin límites, y los peligros de una relación perversa entre política y espectáculo, que pone cuestionamientos no menores al rol de los partidos políticos, del parlamento, a la relación entre electores y elegidos, y a la producción de sentido de la política. La fragilidad política de América Latina y el Caribe refleja tanto problemas comunes a los sistemas democráticos en todo el mundo, como la pesada herencia de las discontinuidades democráticas, las profundas desigualdades y exclusiones, los miedos e incertidumbres que generan los procesos de globalización, a los que se suman fenómenos de creciente extensión como la narcoeconomía, con sus secuelas criminales, delictivas y en la corrosión institucional. La diversificación de canales para visibilizar y procesar demandas tensiona el sistema consagrado de mediaciones entre el sistema político -gobierno, partidos, parlamento- y la sociedad civil. De allí que el nudo gordiano en la región reside en la legitimidad de los sistemas políticos, y en la falta de solidez institucional (Ottone y Torres, 2007).

Según encuestas dirigidas a medir la percepción de la gente sobre la democracia en la región, si bien ésta sigue siendo considerada mayoritariamente como el sistema preferible, los niveles de satisfacción son sensiblemente más bajos cuando se refieren a su funcionamiento y eficacia para responder a las demandas de la población. La demanda ciudadana exige más Estado, más institucionalidad, más sistemas de justicia y de seguridad ciudadana, más gestión pública (CEPAL, 2007, p. 79; PNUD, 2004). No responder a estas demandas anida el peligro de que se instaure un nuevo ciclo de populismos, ya sea de izquierda o derecha, integrista identitario o modernista autoritario. Parafraseando a Bobbio, encarar estos retos exige construir una "democracia exigente, que supone una relación no contradictoria, sino relativa y armoniosa entre libertad e igualdad, para que la aspiración de justicia social no termine cercenando las libertades y jibarizando la democracia" (Ottone, 2005).

En ese horizonte, encarar la "negación del otro" implica actuar a la vez contra la fragmentación social y el refugio comunitario particularista que busque negar al antiguo negador (Ib.). El reconocimiento de la diversidad cultural no puede ir de la mano de un cierto relativismo en relación con la libertad y autonomía de las personas. Cabe advertir contra una sumatoria de "ciudadanías diferenciadas", sin los vasos comunicantes de valores universalistas compartidos y vertebradores de una nación (Torres, s.f.) y resaltar que la sociedad democrática aunque no es una sociedad homogénea, tampoco es una federación de tribus y requiere basarse en valores comunes y consensuados, y que el ejercicio de las libertades y los derechos es el mejor de ellos (Cebrián, 2006). De allí que ante los procesos de unificación y diferenciación, expansión y contaminación, orden y conflicto, plantee Marramao un "programa teórico de un universalismo de la diferencia" (Marramao, 2006, p. 27).

Vencer los escollos requiere actuar en múltiples dimensiones. Restaurar y crear confianzas, desterrar la relación amigo-enemigo desarrollando espacios y posibilidades donde poder dirimir conflictos de intereses, exige un camino gradual y laborioso de construcción de compromisos de todos los actores y sectores sociales, que respeten las reglas procedimentales de la institucionalidad democrática. Articular los grupos sociales heterogéneos dentro de un sistema político capaz de representar sus demandas, fortalecer relaciones de solidaridad y responsabilidad social, e impulsar una cultura pluralista que favorezca mejores niveles de inclusión, confianza, convivencia y comunicación. Fortalecer un talante de diálogo "de escuchar las razones del otro", como base y como cemento de la convivencia social en un mundo cada vez más incierto y carente de verdades absolutas. Alentar la filiación progresiva de grupos sociales a redes de apoyo o interacción que les permita una mayor integración y participación. Es, por lo tanto, un esfuerzo que supera ampliamente la sola modernización del Estado, o una batería de políticas públicas -por justas que ellas sean- y que permitirá recuperar el liderazgo y la capacidad de conducción política (Ottone, 2005), que no se basa en caudillismos, o en el "facilismo" de promesas que no son sostenibles por los recursos económicos o políticos que están en juego.

Fortalecer la democracia y elevar su calidad operará a favor de una estabilidad política sustentada en el sentido de pertenencia y, con ello, consolidará las bases en que se asienta el desarrollo de la política ordinaria, garantizando mayor eficiencia y consensos en los procesos políticos. Por ejemplo, en las discusiones parlamentarias, en la emisión de leyes ordinarias, y en la especificación posterior de normas y reglas que afinan su ejecución. De esta manera podría precaverse la emergencia de momentos políticos discontinuos y excepcionales, tales como reformas constitucionales o procesos plebiscitarios que emerjan por problemas de política ordinaria o por situaciones de ventaja política coyuntural y que puedan debilitar el campo de la política ordinaria, al hacer menos claras, más precarias y menos confiables las reglas del juego.

IV. Por un contrato de cohesión social [8]

El uso genérico del término contrato ya evoca varios elementos que resultan significativos en el contexto específico de la cohesión, a saber: la participación de una serie de actores; un procedimiento de negociación; el establecimiento formal de obligaciones mutuas y la obligación de su cumplimiento; la vigencia de mecanismos de exigibilidad en caso de incumplimiento.

El contrato de cohesión social precisamente busca comprender y plantear el papel y los deberes del Estado y de los miembros de la sociedad respecto del logro de una cohesión social democrática y apelar al cumplimiento de tales deberes. Apela a legitimarla como objeto de las políticas públicas, y contribuye a designar el papel de las instituciones que son pertinentes para promoverla: destacan las vinculadas con el logro del bienestar social y con la creación de las condiciones políticas, jurídicas e institucionales requeridas. Requiere sinergias entre interacciones políticas, disponibilidad de recursos y un entramado institucional.

Consagra y privilegia una relación de largo plazo entre las partes, y considera que los términos pactados pueden adaptarse periódicamente a eventuales modificaciones de la coyuntura, mediante mecanismos consensuados de diálogo, de negociación y de reajuste. En aras de tal objetivo, es conveniente establecer procedimientos permanentes de negociación, de renegociación y de repartición solidaria de cargas en la sociedad [9].

Claramente su uso es metafórico, y no jurídico en sentido estricto. Tampoco expresa un nuevo momento político de carácter fundacional sobre bases inciertas, en el cual contratantes reales refunden el Estado, le delegan poderes y le asignan nuevas obligaciones (Courtis y Espejo, 2007). La noción tradicional de contrato social es funcional a la concepción liberal clásica de Estado; por tanto, enfatiza el respeto de las libertades y de la seguridad jurídica, con la correlativa carga para el Estado de llevar a cabo funciones de policía, defensa del orden público y justicia -condiciones todas que también son indispensables para la cohesión social-. El contrato de cohesión social tampoco modifica las obligaciones tradicionales que asumen los ciudadanos en la perspectiva clásica de contrato social, a saber, la aceptación de la legitimidad del ejercicio del poder, la imposición de obligaciones por parte del Estado, la renuncia a la violencia privada, y la aceptación del monopolio estatal de la coerción. Menos aún, designa una serie indefinida de actos discretos, protagonizados por distintos sujetos.

Considerar las obligaciones del Estado -o, visto de otro modo, de la comunidad entera- hacia los individuos respecto de la cohesión social es un objetivo exigente. Porque traducir -aunque sea metafóricamente- a términos contractuales la noción de cohesión social implica una exigencia adicional para el Estado: reconocer los derechos sociales -los cuales tienen un carácter dinámico e históricamente variable- y su goce efectivo en una forma tal que se reconozca y se priorice el interés de grupos y de identidades sociales que han sido excluidos tradicionalmente.

Notas:

• [8]. Este apartado sintetiza literalmente algunos planteamientos del capítulo VI de CEPAL (2007). Aquel capítulo se basó latamente en una consultoría realizada por Christian Courtis y Nicolás Espejo para la CEPAL, que tuvo como
• [9]. Del bagaje de la filosofía política sobre la comprensión del término contrato, como puede inferirse, esta perspectiva adopta la concepción contemporánea de contrato relacional, que en varios sentidos dista de la teoría contractual tradicional. Por razones de espacio y énfasis, las distinciones entre ambas teorías no se exponen acá, y se remite a Courtis y Espejo (2007), de donde se toman los planteamientos.