En cuanto al empleo, centro de la mayoría de los debates cuando se pretende extraer enseñanzas del análisis de la experiencia europea, es para Javier Polavieja clave para América Latina. En efecto, si España ha sido particularmente exitosa en materia de inclusión en los sistemas de protección social, en primer lugar la educación y la salud y posteriormente las pensiones, en materia de calidad del empleo el país no ha salido de un cierto nivel de vulnerabilidad. El panorama laboral español presenta importantes asignaturas pendientes, entre las cuales cabe destacar el número elevado de empleos precarios, de bajas remuneraciones (de los 15 estados que hasta 2004 pertenecían a la Unión Europea, sólo Portugal cuenta con un salario mínimo inferior al español (437 euros al mes, según datos de Eurostat). Polavieja insiste sobre el hecho de que para comprender las dinámicas de desigualdad es necesario prestar a la calidad del empleo una atención particular, hecho que en el caso de los países de América Latina tiene especial relevancia. En efecto, la región también adolece de condiciones laborales estables que abren derechos a la protección social y como en el caso español los jóvenes se encuentran entre los más afectados por esta precariedad y baja calidad laboral.

Otro sector de la protección social particularmente decisivo en materia de reducción de las desigualdades y erradicación de la pobreza es sin lugar a dudas la salud. Nuevamente, como señala Ana Rico, el caso español y su rápido desarrollo de un sistema de salud universal permiten sugerir a otras regiones algunas pautas que han sido particularmente exitosas puesto que Europa ha reconocido explícitamente la calidad de la sanidad española. Una de las apuestas más efectivas ha sido la prioridad absoluta de la atención primaria unida a la complejidad de los procesos de descentralización. ¿Cómo se ha operado este cambio? José Manuel Freire, recalca la importancia que tuvo la participación del Estado en el financiamiento directo de una proporción destinada a los médicos privados a cambio de la prestación de servicios gratuitos a la población más desfavorecida y a las zonas rurales, tradicionalmente menos atractivas para los médicos. Se logró de esta manera, a un coste relativamente modesto, ofrecer el acceso a la sanidad a una población tradicionalmente excluida de este servicio y ampliar de esta manera la cobertura geográfica de la sanidad. Progresivamente, este sistema de subvención directa se ha trasladado hacia una incorporación progresiva de los médicos de atención primaria al sistema de salud como empleados públicos.

Como recalca Ana Rico, otro elemento de vital importancia en materia de reforma sanitaria consiste en prestar al "marketing social" una atención particular, puesto que es un buen instrumento para lograr el respaldo y colaboración de la sociedad civil en las reformas impulsadas por el estado. El contexto latinoamericano, que se caracteriza lamentablemente con un bajo nivel de confianza en las instituciones, tendría mucho que ganar con un uso adecuado de este instrumento combinado con una labor de transparencia y de rendición de cuentas de las instituciones públicas. Finalmente, Luis Moreno presenta algunos elementos de reflexión, precisamente, sobre la última red de seguridad del Estado de bienestar español, que, como su propio nombre indica, actúa como elemento de cierre de todo el sistema de protección. Si bien es necesario considerar que en el contexto europeo y más concretamente en el español las últimas mallas de seguridad no tienen la misma magnitud que en los países de América Latina. En la región, el elevado nivel de informalidad en las actividades económicas de la mayoría, hace de las políticas dirigidas a atender las necesidades mínimas de muchos grupos de población casi las únicas políticas practicables para combatir la pobreza y la necesidad. Como recalcó la Secretaria de Estado para la Cooperación Internacional, Leire Pajín, la originalidad del caso español, radica en el hecho de que este tipo de políticas está constitucionalmente reservado a las comunidades autónomas, por lo que la experiencia de cooperación entre todos los poderes públicos territoriales para conformar una red de seguridad que garantice un mínimo de protección a todos resulta ilustrativa para América Latina. Sin embargo, como todo proceso de descentralización, ello conlleva numerosos riesgos, dejando a criterios de cada unidad administrativa descentralizada un papel clave en la reducción de la pobreza. Adicionalmente, el interés del modelo español radica también en los rasgos compartidos con América Latina, como, por ejemplo, ser una transición tardía (en la segunda mitad del siglo veinte en el caso de España) desde una producción eminentemente agraria a una economía de servicios e industria. Y, a pesar de esta modernización económica reciente, España ha privilegiado el fomento de mayores niveles de protección social y de cohesión. Pero la Secretaria también reconoce que este camino no ha sido fácil. El caso español, por el delicado contexto de la transición y consolidación democráticas, dejó algunos errores y tareas pendientes en materia de avances coordinados y sincronizados en esos seis grandes subsistemas sociales (político, el económico, el legal, el educativo, social y cultural, y el propio sistema de bienestar), debido a la necesidad de formar coaliciones políticas y pactos sociales. Sin embargo, este compromiso inicial en aras del consenso dio posteriormente su solidez y legitimidad social a las reformas, sobre todo en el periodo de los gobiernos socialistas entre 1982 y 1996. Y lo que quedó por hacer ha sido un objetivo prioritario del actual Gobierno que, desde 2004, ha dado un fuerte impulso a las políticas sociales, como demuestra la aprobación de las leyes contra la violencia de género, de reforma de las pensiones, de regularización de inmigrantes, de dependencia o de igualdad entre hombres y mujeres. España ha mantenido subyacente a una multiplicidad de reformas, que han pautado la historia de su consolidación como Estado democrático una apuesta política irrenunciable por la distribución equitativa de los beneficios del crecimiento y por la universalidad de los derechos. Esto, independientemente de las fórmulas técnicas de financiamiento y de los programas sociales que han venido eligiendo. Por su parte, la experta brasileña Sonia Draibe reconoce que uno de los mayores problemas de los sistemas de protección social en América Latina radica en la separación y descoordinación de sus diferentes elementos. Consecuentemente, la mayoría de los programas focalizados de atención a la pobreza, no consiguen mantener a los beneficiarios de estos programas en un nivel "aceptable" de pobreza. ¿Cómo favorecer la articulación de los diferentes programas para que constituyan un sistema dentro del cual exista movilidad? Es probablemente el mayor reto que encara la región.

La protección social y la competitividad

La Conferencia no podía cerrar sin abordar algunas preguntas fundamentales sobre la pertinencia de la protección social y su relación con la economía y la competitividad de los países ¿Hay que elegir entre crecimiento y distribución del producto? ¿Nos enfrentamos al dilema de maximizar la riqueza frente al de minimizar la desigualdad? ¿Resulta contradictorio establecer objetivos de bienestar -aún modestos- con el mantenimiento de la competitividad internacional de los países? En un nivel superior se encuentran interrogantes todavía más complejos, como el que se pregunta por límites al crecimiento derivados de la pobreza y la desigualdad, o sea, por la contribución de las políticas de bienestar al crecimiento y la modernización de nuestros países.

O -si se quiere plantear la cuestión en términos más sencillos- cabe preguntarse si resulta sostenible en el medio plazo una política de crecimiento económico que no lleve incorporada otra de distribución y de reducción de la desigualdad, que estimule la participación en el esfuerzo colectivo de capas cada vez más amplias de la población. El experimento histórico europeo es la prueba más consistente de que la aspiración a disfrutar el tipo libertad proporcionada por las políticas de bienestar no es sólo un fin en sí mismo, sino que constituye también el principal instrumento para impulsar el desarrollo económico y cultural.

Las respuestas del experto español José Antonio Alonso reflejan la complejidad de la cuestión: si no se ha podido demostrar plenamente la relación directa entre el desarrollo de los sistemas de bienestar y la competitividad económica, tampoco se ha podido demostrar que la protección social constituya un lastre para el desarrollo de los países. Economías muy sanas cohabitan con sistemas de protección social muy desarrollados como en el caso sueco.

A pesar de una ausencia clara de correlación entre inversión social y competitividad de las economías nacionales, es razonable pensar que una inversión de calidad en capital humano para la mayoría de la población, aumentará el mercado de trabajo, que constituye el mayor valor en las economías de alta tecnología y de servicios y que son las más competitivas, y ello tendrá de forma ineludible efectos positivos en el posicionamiento internacional del país. Por otra parte, una inversión del Estado para reducir los riesgos a los cuales se encuentran expuestos la población, como el desempleo, la vejez o la enfermedad permite al mercado funcionar asumiendo un coste relativamente bajo de estos riesgos. Además, la consolidación de la protección social constituye para las sociedades una mayor garantía de estabilidad de sus instituciones democráticas y de la estabilidad en general, al reducir la incertidumbre y la precariedad de los ciudadanos y, como es notorio, las empresas suelen valorar muy positivamente la estabilidad de un contexto nacional a la hora de elegir un destino para sus inversiones productivas.

En definitiva, es fundamental e incuestionable que, para que la consolidación de los sistemas de bienestar no genere tensiones con el crecimiento económico, las medidas de protección deben tener incentivos compatibles con el trabajo formal.

Conclusiones

Los debates de la Conferencia Internacional han permitido, más allá de las peculiaridades de cada uno de los casos presentados, identificar tanto retos comunes, como oportunidades.

Indudablemente, el estudio y la discusión de experiencias nacionales ofrecen valiosos elementos a la hora de pensar y diseñar reformas en los respectivos regímenes de bienestar.

Las recomendaciones que puedan extraerse a la luz de la experiencia europea sólo pueden ser buenas para América Latina si son buenas y sostenibles a largo plazo para Europa, habida cuenta de las diferencias de ritmo y de nivel de desarrollo. Porque nos encontramos en un mundo cada vez más interrelacionado en el que no caben excepciones. La convergencia empieza a contemplarse como un valor en sí misma. No cabe pensar que todas las políticas resultan aplicables siempre y en todas partes por igual. En particular, es imprescindible que las políticas de bienestar se adapten a los diferentes puntos de partida de los que arranca cada país. Pero hablar de la Europa actual exige pensar en un conjunto abigarrado de países que reúne en su seno experiencias, niveles de desarrollo, preferencias y enfoques culturales extraordinariamente diversos, hasta convertir a este continente en un verdadero microcosmos.

De ahí que esta Conferencia haya tratado de aprovechar la sinergia de la reflexión que se viene realizando en Europa durante el último decenio -en orden a reasentar, redefinir, reformar y reinventar el Estado de Bienestar- para proyectarla hacia Latinoamérica. Y esto exige introducir sus propias perspectivas y universalizar nuestra propia reflexión, obligándonos a razonar en términos globales.