Sin embargo Juan Francisco Jimeno, basándose también en la experiencia española, alerta sobre el riesgo de crear una brecha demasiado importante entre los niveles de contribución y los niveles de redistribución en aras de fomentar la afiliación. Destaca en este sentido la importancia de complementar un programa de incentivos a la afiliación de la población con desgravaciones fiscales y subsidios directos. Entendiendo por supuesto que por otra parte la región necesita fomentar una reforma fiscal para salir del efecto regresivo de la recaudación que conocemos hoy en América Latina.

Para Jesús Ruiz-Huerta y Mario Marcel, es imprescindible articular coherentemente la política social con la política económica y con la política fiscal. Pensar estos tres ámbitos como un sistema con efectos mutuos, a pesar de la tradicional división del trabajo intelectual por área de especialización, permitirá ofrecer a la sociedad y a las economías soluciones más resistentes a los choques externos. Los desafíos tanto en Europa como en América Latina requieren de un complejo andamiaje de políticas públicas que combinen diferentes instrumentos (alianzas público privadas, fiscalidad, solidaridad, etc.). Los nuevos regímenes de bienestar están saliendo de la dicotomía entre modelo norteamericano y modelo europeo, la clave del éxito y de la sostenibilidad radicará probablemente en la capacidad de innovación y de combinación de instrumentos por parte de cada país.

En este sentido la cohesión social se revela como un indicador de éxito de los sistemas de protección, articulándose como una síntesis entre eficiencia y equidad.

La formación de capital humano

La sostenibilidad tanto de los sistemas de protección social como del desarrollo de los países depende en gran medida, como se ha venido exponiendo, de la identificación de modalidades novedosas de financiamiento y de adaptación a los nuevos contextos (demográficos, ciclos vitales, empleo, etc.), pero también depende de la adecuada atención que las sociedades junto con las familias deciden prestar a la infancia y a la juventud. De la calidad de la formación y educación que se ofrece a las nuevas generaciones depende la sostenibilidad a mediano y largo plazo de la protección social basada en la solidaridad intergeracional, la competitividad fuertemente vinculada a la capacidad de innovación pero también depende la cohesión social fortalecida por principios de ciudadanía y de democracia.

Para Alvaro Marchesi, es fundamental pensar la educación desde una perspectiva de sistema, teniendo claro cual es el ideal al cual aspira el sector. Sin embargo, las reformas deben aplicarse de forma progresiva y sostenida en el tiempo. En este sentido la consecución de acuerdos nacionales respaldados por la sociedad civil es clave para garantizar que las diferentes etapas de la reforma tengan lugar independientemente de los eventuales cambios de gobiernos. Partiendo de esta base el experto plantea cuatro pilares para una educación que contribuya al desarrollo social y económico con un enfoque de igualdad: un mínimo de 12 años de escolarización basado en al menos cinco horas lectivas diarias, un control de la uniformidad de la calidad en los diferentes centros escolares y finalmente una apuesta por la mejora de las condiciones laborales de los docentes. Marchesi recalca la importancia de considerar estos cuatro pilares como el primer paso y la base de progresos en materia educativa para la región de América Latina, reiterando la importancia de pensar la educación como sistema solidario con diferentes etapas, que a su vez contribuyen a la formación de futuros agentes sociales y económicos.

Reafirmando la educación como potente instrumento para la reducción de las desigualdades sociales, el experto danés Gøsta Esping- Andersen señala que estudios relativos al contexto europeo demuestran que los factores no económicos de la desigualdad (capital cultural, tiempo dedicado a los niños, participación de los padres en la educación) tienen un peso más fuerte que los factores puramente económicos (renta, formación en centros educativos privados, etc.). Esping-Andersen señala la especial relevancia en materia de igualdad de oportunidad y de desarrollo del potencial del estudiante, de una educación inicial de calidad. Adicionalmente, recalca la importancia de la regulación del estado en materia laboral para permitir a las familias asumir un tiempo cualitativamente satisfactorio en la educación de sus hijos y de esta manera reforzar los efectos positivos de la educación inicial en la formación de los futuros ciudadanos. Y finalmente, señala el valor de medidas de atención a la pequeña infancia para promover el trabajo de las madres: de este modo se aportarían nuevas competencias al mercado por una parte y por otra, se produciría una mayor inversión en la educación de los hijos como demuestra el patrón de las madres trabajadoras.

Este campo, la educación inicial, es sumamente relevante en el contexto de América Latina. Sabemos que la región cuenta con fuertes problemas de calidad de la educación ya en los niveles primarios y segundarios. Adicionalmente, otros problemas como el trabajo infantil, en muchos casos de riesgo, la desnutrición infantil, la violencia constituyen amenazas al desarrollo de los niños y niñas procedentes de los sectores desfavorecidos de la región.

A pesar de que la situación de América Latina diste mucho del contexto europeo, políticas de atención a la primera infancia, como guarderías gratuitas y de proximidad, apoyo a madres solteras, pueden mejorar significativamente el potencial de buen desempeño escolar de los niños al:

• exponer los niños desde la temprana edad a los libros y actividades estimulantes para su desarrollo intelectual y neuromotor

• evitar riesgos de accidentes domésticos que se producen cuando los niños se quedan solos en casa mientras los padres trabajan

• mejorar una alimentación deficiente que puede en algunos casos comprometer las posibilidades de adquisición futura de conocimientos y transmitir pautas de higiene personal a los niños

• liberar el tiempo de las mujeres para una actividad retribuida económicamente que mejore la situación del ingreso familiar

• realizar un seguimiento de la salud de los niños y prevenir enfermedades que puedan comprometer el futuro escolar

• transmitir patrones de comportamientos cívicos, cooperativos, de respeto y solidarios entre los niños.

Por lo tanto, la apuesta por una mayor inversión en la pequeña infancia aparece como sumamente relevante y de alta prioridad en el contexto latinoamericano. Sin embargo, y retomando los planteamientos de Álvaro Marchesi, ésta debe inscribirse en un esfuerzo orientado a todos los niveles de la educación. No se trata de promover la inversión en la pequeña infancia en detrimento de la educación primaria sino de apoyarles en una visión de continuidad y de refuerzo mutuo. Aquellos niños que no se hayan beneficiado de una alimentación suficiente, que hayan sido expuestos a elevados índices de violencia y cuya inteligencia no haya sido estimulada, difícilmente se encontrarán en igualdad de condiciones para enfrentar el resto de la vida escolar. Consecuentemente, situar la educación inicial en el núcleo duro de la educación en la región permitiría contribuir a mejorar el nivel educativo de la población, prevenir comportamientos futuros de desafiliación, de anomia social y de delincuencia así como en definitiva aumentar la productividad económica del país.

La sostenibilidad de los sistemas de pensiones

El aumento de la esperanza de vida de la población, trayectorias profesionales interrumpidas, períodos inactivos más largos en la vida de los individuos son algunos de los múltiples retos a los cuales se enfrentan los modelos tradicionales europeos de pensiones.

El sistema sueco de pensiones había gozado en Europa de amplio predicamento hasta el punto de convertirse en un tipo ideal para otros muchos países. Por lo tanto, el vuelco registrado en Suecia durante el pasado decenio respecto a los sistemas clásicos de pensiones de toda la Europa continental -que, salvo el caso de Holanda, ha utilizado el régimen de reparto- es particularmente importante en un contexto europeo de reformas. De ahí que la reforma sueca señale un antes y un después en la forma en que se conciben los sistemas de pensiones.

Edward Palmer ha expuesto, como una posible solución que podría considerarse adaptar a otros países, las peculiaridades del sistema de dos cuentas individuales -uno "nocional" y otro financiero- basado en la capitalización de contribuciones a lo largo de toda la vida de los beneficiarios. La opción sueca tiene entre otras ventajas la de no haber optado por un sistema basado exclusivamente en la capitalización individual o en un modelo nocional. Es probable que cada país encuentre en el abanico de soluciones intermedias, y una de combinación de instrumentos guiada por un principio de igualdad, una fórmula óptima de reforma de su sistema de pensiones.

Una reforma estructural puntual, como la realizada en Suecia no es la única alternativa en materia de sostenibilidad de los sistemas de pensiones. Axel Börsch-Supan, y todo su equipo, han demostrado como la reforma alemana que consiste en una serie de modificaciones llevadas a cabo entre 1992 y 2007 combina cambios parciales en la estructura del sistema con variaciones en las condiciones y los umbrales de aplicación. Nuevamente, la existencia de este tipo de alternativas es una llamada de atención contra cualquier modalidad de "pensamiento único".

Otro aprendizaje de utilidad procedente del régimen de pensiones alemán radica en la importancia de la "economía política" de las reformas, y por lo tanto la gran relevancia de los procesos de consultas sociales y de pactos para la toma de decisiones en este sector.

José Antonio Herce ha puesto en evidencia otro de los retos a los sistemas de pensiones que obliga a ampliar el análisis fuera de las fronteras nacionales: la movilidad de las personas. Tanto en el ámbito de los límites de la Unión Europea como entre Europa, América Latina y África, los individuos tienden a tener trayectorias laborales en diferentes países y por lo tanto tributan (cuando se da el caso) a sistemas diferentes durante determinados períodos. Adicionalmente el experto señala que en el caso de América Latina, siendo en su gran mayoría una población joven y cualificada la que migra, ello constituye un riesgo a futuro pues esta fuerza laboral no tributa a sus sistemas nacionales, dejando un vacío generacional en la cadena de solidaridad intergeneracional. Es por ello preciso pensar en primer lugar las dinámicas poblacionales, no sólo en términos de envejecimiento sino también en función de movilidad, lo cual implica buscar soluciones para la "transportabilidad" de los derechos a las pensiones. Lo cual implica buscar una concertación regional y extraregional en materia de políticas públicas.

¿Cómo puede el caso español alimentar la reflexión?

Basándose en la evidencia del caso español que se caracterizó por un relativo fracaso de edificación del estado de bienestar en una primera etapa y posteriormente por un aprendizaje de los errores cometidos, Álvaro Espina comparte algunas de las claves de esta recuperación.

En primer lugar, Alvaro Espina reafirma la necesidad de fortalecer la coherencia y complementariedad entre los diferentes sectores del sistema de protección social. Así como insiste en prestar una atención muy particular al fortalecimiento del sistema educativo como principal motor del desarrollo de los países.

En cuanto al financiamiento del sistema de protección social, el experto reafirma la centralidad de la fiscalidad, y dentro de ella la imposición sobre la renta, para que el Estado disponga de los recursos necesarios para su política social. España se ha caracterizado por la formulación de consensos y de pactos sociales (los Pactos de la Moncloa entre otros) para garantizar el fundamento democrático y dotar de legitimidad pública a las principales políticas sociales.

En último lugar, Espina insiste sobre los efectos perversos del aislamiento tanto político como económico sobre la economía y el desarrollo social de España. En este sentido la transición democrática y la incorporación a la Unión Europea han permitido al país convertirse en una de las economías las más dinámicas de la región.