La Conferencia Internacional sobre Estado de Bienestar, celebrada en Madrid en abril de 2007, tenía como objetivo reflexionar y debatir sobre la experiencia del estado de bienestar y la competitividad europea, tratando de extraer lecciones que contribuyan a la construcción de una nueva agenda de reformas en América Latina y el Caribe, y específicamente sobre la protección y bienestar sociales. Lejos de la imitación del modelo europeo, el taller apuesta por extraer algunos aprendizajes de las prácticas exitosas -y también de los errores- para contribuir a la conformación de modelos propios en América Latina.

Esta actividad se inscribe en el programa "Una nueva agenda para América Latina y el Caribe. Reformas que funcionan: lecciones para decisores políticos", que la Fundación Carolina ejecuta junto con la Corporación de Investigación Económica para Latinoamérica (CIEPLAN) de Santiago de Chile y el Instituto Fernando H. Cardoso (IFHC) de Sao Paulo, y que cuenta con el patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).

Previamente, en 2006, se celebró un seminario internacional en Madrid cuyos documentos fueron presentados en esta Conferencia Internacional con el fin de ajustar el análisis de la experiencia europea a los desafíos y especificidades de los escenarios latinoamericanos. Así mismo, los documentos de trabajo presentados y discutidos durante la Conferencia, coordinada por el profesor Álvaro Espina, de la Universidad Complutense de Madrid, han sido publicados por la Fundación Carolina en su colección de libros con la Editorial Siglo XXI.

Para analizar la universalidad y sostenibilidad de los sistemas de protección, uno de los ajustes más controvertidos, el caso del régimen de bienestar británico permitió examinar en profundidad la problemática de la financiación del Estado de bienestar, que es una de las columnas básicas para su sustentación futura.

El profesor Glennerster ha recalcado el hecho de que la consolidación de los Estados de Bienestar europeos están sometidos a una fuerte tensión causada por una parte por las demandas democráticas basadas en la reivindicación de derechos, y por otra por los retos internos de los propios sistemas de bienestar que necesitan adaptarse a los cambios que operan en la sociedad y en última instancia a los imperativos de competitividad económica.

Ante esta situación, el experto británico ha formulado una serie de propuestas dirigidas a la reforma del Estado de bienestar británico, pero son aplicables según el autor a las políticas sociales de los países de América Latina:

1 Estimular a los perceptores de beneficios sociales en la búsqueda de un empleo remunerado, introduciendo incentivos para ello y penalizando a quienes no lo hacen.

2 Mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios de bienestar, especialmente en los campos de la sanidad, la educación y la atención a la vejez, introduciendo competencia y mayor libertad de elección del consumidor.

3 Garantizar la sostenibilidad del Estado de bienestar apelando a una mezcla de financiación pública y privada que estimule especialmente la participación de los más pobres. Su propuesta para la financiación de la educación universitaria es un ejemplo de ello.

4 En cuanto a las pensiones, el profesor Glennerster propone afiliar automáticamente a todos los trabajadores a fondos privados de pensiones en régimen de capitalización, tutelados por el Estado, dando libertad para elegir entre los fondos autorizados y los planes de empresa, o para salir fuera del sistema. Para que las pensiones puedan financiarse y resulten adecuadas a las expectativas de la población, la edad de jubilación debe aumentar, hasta que el tiempo de jubilación equivalga al 30% de la vida adulta.

A su vez Howard Glennerster insiste sobre la necesidad de fomentar un cambio de mentalidad en la población. Las nociones de previsión y de provisión deben ser asumidas por los ciudadanos, pues de esta corresponsabilidad depende la sostenibilidad de los sistemas de bienestar. Los recursos privados deben ser movilizados en relación al nivel de los ingresos de los particulares.

Si bien América Latina seguirá gozando durante las próximas décadas de un bono demográfico, que permite a la región aplazar sus preocupaciones en cuanto al desequilibrio entre población económicamente activa y población dependiente; tanto la experiencia británica como la alemana han demostrado la virtud de planificar este riesgo y de anticipar sus consecuencias mediante un proceso de ajustes progresivos. La comunicación social que permite legitimar por una parte la necesaria búsqueda de soluciones a largo plazo para mejorar la cobertura social, y por otra parte para fomentar en la ciudadanía una actitud de previsión y de corresponsabilidad en la planificación de la previsión del riesgo. En muchos países europeos la entrada de la necesidad de reformas en los debates públicos ha permitido facilitar la adopción de nuevas políticas pero también de aceptar y asumir por parte de la población modelos de gestión de financiamiento público-privados. Sin embargo esta modalidad público-privada no debería implementarse como se ha visto en algunos casos, como una "venta salvaje" al sector empresarial de parte o de la totalidad de un servicio social, sino que debe ser una asociación entre un Estado que norma y regula el sector, y otorga licencias, por un tiempo definido y bajo estrictas condiciones, al sector privado para ofrecer estos servicios. En este sentido es clave que los Estados negocien condiciones específicas con cada entidad privada, como por ejemplo que una escuela subsidie el estudio de un determinado porcentaje de estudiantes procedentes de familias de escasos recursos, que regule los servicios prestados y las tarifas aplicadas y ante todo que desarrolle su capacidad de control y sanción. De esta manera se evitará que la privatización de prestaciones sociales se convierta en la retirada del Estado ante un ámbito de su competencia: la protección social.

La experiencia francesa se diferencia del modelo británico pues, tal como lo presenta Jean Claude Barbier, la reforma del Estado de bienestar ha pasado del modelo latino, centrado en el mantenimiento del status, a otro más universalista. Según el experto, esta transición de un modelo contributivo hacia otro basado en la recaudación fiscal, es la única solución para garantizar la universalidad de las prestaciones, y por lo tanto evitar el riesgo de la fragmentación y de la desigualdad.

Este análisis resulta especialmente interesante para el debate sobre los sistemas de protección social en Iberoamérica, cuyas políticas sociales se incardinan generalmente dentro del modelo latino -aunque con niveles de desarrollo muy diferentes-.

Jean Claude Barbier inscribe además las reformas francesas dentro de la dinámica general de las políticas sociales de la Unión Europea, inspiradas en el principio de activación y en el imperativo de configurar mercados de trabajo de transición. El objetivo de este tipo de políticas consiste precisamente en acompañar y facilitar los procesos de transición a lo largo del ciclo vital de los individuos: desde la escuela y la universidad al mercado de trabajo; desde las múltiples situaciones de interrupción de la actividad laboral a la vida profesional activa, y desde esta última a una situación adecuada de jubilación.

La noción de lucha contra la exclusión social ha tenido en el contexto francés una relevancia especial y constituiría para muchos países de América Latina un planteamiento político de gran efectividad social en un contexto de elevados índices de desigualdad económica, de marginación económica social y cultural de amplios segmentos de la sociedad y de escasa incorporación al empleo formal. En efecto, la intervención social francesa se caracterizó por la puesta en marcha de mecanismos puente como el Ingreso Mínimo de Inserción (RMI-Revenu Minimum d'Insertion) que pretendía integrar a las familias sin techo en la sociedad francesa o como ayudas al primer empleo de los jóvenes que ofrecía exenciones a las empresas para incentivar la contratación de jóvenes. La idea subyacente a estas políticas es la inclusión en la sociedad de aquellos colectivos excluidos. La crítica principal a las políticas focalizadas impulsadas en varios países de América Latina se refiere a la dificultad que han encontrado para articular los beneficiarios de los programas de ayuda a los sistemas de protección social nacionales, ni superar su condición de pobreza. De la misma manera que se habla de trampa de pobreza se puede hablar de trampa de los programas focalizados.

Por otra parte también, en el caso de América Latina, la adaptación del sistema a nuevos patrones de ciclos vitales agravados por los elevados índices de informalidad de la economía, se enfrenta a un problema adicional: la falta de estabilidad temporal de las instituciones públicas o privadas proveedoras de protección social y su débil legitimidad en la población. En efecto afiliarse a un sistema de protección implica poder esperar razonablemente que esta institución siga existiendo cuando se requieran sus prestaciones en el momento en el cual el sujeto estará expuesto al riesgo.

Por tanto, gobernabilidad y sostenibilidad parecen emerger como pilares claves para la viabilidad de las reformas en este contexto.

Sin embargo, el principio de universalidad hacia el cual el modelo francés ha venido avanzando, no está exento de polémicas y de posibles efectos perversos. En este sentido, desde la perspectiva holandesa, Ruud de Mooij plantea que la universalidad de derechos en materia de protección social no siempre coincide con un sistema adecuado de incentivos para la inserción laboral. Para evitar entrar en una lógica oportunista de los individuos de abandono de la actividad económica a favor de una dependencia de los subsidios y de la ayuda estatal, de Mooij recalca la importancia de prestar una atención muy particular al cálculo preciso de los umbrales de incentivos . La economía política de los tres escenarios de reforma que propone de Mooij ofrece un abanico de opciones y resultados que sólo podrán materializarse en una u otra dirección a través de los procesos de elección social propios de las sociedades democráticas, ya que ninguna receta técnica puede escamotear a los ciudadanos de las sociedades modernas la capacidad de elegir su futuro colectiva y responsablemente, de acuerdo con sus preferencias y opciones vitales.

Dados los niveles de pobreza en América Latina, y aunque la tensión entre universalidad de derechos e incentivos para la inserción activa en la economía sea extremadamente relevante en el contexto de toma de decisión para los procesos de reforma de los regímenes de bienestar, no debe perderse de vista el riesgo de poner los niveles de protección social por debajo del umbral de la pobreza extrema. Por lo tanto, a esta lógica de cálculo de los umbrales, en el caso de esta región, debe complementarse con un intenso desarrollo de la vertiente de fomento de la oferta de empleo formal. Puesto que no siempre se puede atribuir a un cálculo oportunista individual de maximización de los beneficios con relación a una minimización de su contrapartida (sea trabajo u otro). En determinados casos sencillamente no existe para los individuos alternativa o elección puesto que el mercado de trabajo no les ofrece oportunidades para incorporarse. Por otra parte, si bien no debemos descartar la posibilidad del riesgo moral, es importante no orientar exclusivamente las políticas sociales desde la perspectiva de un análisis de los comportamientos individuales de tipo homo economicus. La inserción en el mundo laboral formal no ofrece a los individuos únicamente beneficios materiales como el salario y la cobertura social, sino que también es fuente de estatus y roles sociales y de reconocimiento público que pueden para determinados individuos tener mayor relevancia que un cálculo puramente económico del coste-beneficio de ser beneficiario de la ayuda pública o de ser trabajador.

Es por lo tanto, fundamental orientar las políticas públicas hacia la generación de condiciones reales de integración a la vez que se fomentan incentivos individuales y colectivos para éstas. Como recuerda Almudena Durán, a pesar de que América Latina se caracteriza por bajos niveles de afiliación de la población a los sistemas de protección social, el caso de España puede inspirar algunas políticas públicas. En efecto, España se encontraba en los años sesenta en una situación muy similar a la que conoce la región en estos momentos. Para alcanzar los elevados niveles actuales, España optó por fijar unas contribuciones muy modestas como incentivo a la afiliación. A partir de los años setenta se fueron incrementando paulatinamente estas cuotas contributivas hasta lograr los niveles actuales. Optar por un amplio subsidio estatal que progresivamente se aligera con el aumento de las contribuciones parece ser una opción a considerar para revertir los bajos niveles de afiliación a la protección social en la región.