Al ser los derechos sociales "derecho de desigualdades", en tanto instrumentos de equiparación, igualación o compensación social, y ser además indivisibles de los derechos políticos, ambos derechos constituyen un crucial basamento axiológico de la cohesión social democrática. Siendo América Latina una región pluriétnica y pluricultural, los indígenas, la población afrodescendiente y otros grupos sociales sufren distintas formas de discriminación y/o exclusión. A pesar de ciertos avances, las asimetrías de género en el ámbito público y privado siguen vigentes, afectando de diversas maneras a la mitad de la población. Según el caso, los excluidos y discriminados conforman mayorías y minorías en los países; aunque ello evidentemente expresa una dimensión del fenómeno, no es una condición unívoca para convertirlo en objeto de políticas, ya que es válido tanto para minorías como para mayorías.

La negación del otro constituye una marca secular de ciudadanía incompleta en la región, y la articulación política y discursiva de las tensiones étnicas hace que esta dimensión actualmente esté presente de manera inédita en la arena política. Con énfasis en los afrodescendientes, Sérgio Costa (2007) discute las tensiones entre racismo, anti-racismo y solidaridad en Brasil, mediante un análisis de los principales hitos históricos -como los relativos al mestizaje- que se extiende hasta las políticas afirmativas actuales, y explora los contrastes entre la construcción de la solidaridad moderna en Brasil con el modelo occidental europeo. En los años recientes, los movimientos sociales contra el racismo han reivindicado una igualdad efectiva de oportunidades y originado políticas públicas, tales como las cuotas de acceso a las universidades públicas y a puestos de prestigio. Los críticos de tales medidas temen que ellas dividirán la nación, obliterando las bases de la cohesión y de la solidaridad.

Resuenan allí discusiones en torno a la modificación de la matriz social en cuyo marco toman forma la identidades, y a los llamados "estereotipos normativos" presentes en leyes contra la discriminación, que apuntan hacia la construcción de una individualidad digna, y que buscan transformar las normas que sustentan la degradación y la exclusión hacia prácticas congruentes con una superación del menoscabo, en este caso, de la identidad de la raza negra. Proscribir la discriminación o introducir formas de "discriminación positiva" puede contribuir a reformar la concepción social de la identidad racial y, por medio de efectos positivos que reforman la identidad tradicional asociada con la exclusión, mejorar la realización de la vida de las personas negras (Appiah, 2007, pp. 55 y 291) y, como en aquel caso, puede ser polémico.

En otro orden de cosas, tal como elocuentemente lo advertía Bourdieu (1999, pp. 161-166), el espacio habitado o apropiado funciona como una especie de simbolización espontánea del espacio social, expresando las jerarquías y distancias sociales: las estructuras sociales tienen como una de sus mediaciones las sordas conminaciones y llamados al orden de las estructuras del espacio físico.

De allí la importancia de la dimensión espacial o territorial de la cohesión social. En esa perspectiva es pertinente reflexionar sobre la naturaleza y los determinantes de la fragmentación del tejido social en las grandes ciudades de América Latina. Kaztman (2007) parte de que las matrices socioculturales nacionales de las sociedades latinoamericanas reflejan las huellas de, al menos, tres periodos históricos: el pasado colonial, la industrialización, y las nuevas modalidades de acumulación ligadas a la "ampliación de las fronteras de competitividad". Considera tres dimensiones de las relaciones entre las clases sociales: las desigualdades de ingreso y riqueza, el aislamiento físico y social entre ellas, y el peso de las jerarquías adscriptivas en la definición del trato mutuo, los cuales requieren de intervenciones específicas para modificar o neutralizar sus efectos. Por su parte, Julián Salas (2007) bosqueja para América Latina políticas no convencionales de vivienda, que reconozcan que la pobreza es multidimensional e influida por diversas características culturales, locales y sociales y según género, edad, etnia y habilidades, y que abarquen también los espacios públicos, infraestructuras y servicios elementales que, conjuntamente, constituyen un asentamiento propicio.

La legitimidad política del orden social se asienta también en recursos simbólicos y culturales, respecto de los cuales los discursos políticos y las ideologías cumplen un papel importante. Entendiendo los procesos sociales como conjuntos de prácticas sociales que se combinan con discursos de sentido que las justifican, Víctor Pérez-Díaz (2007) se refiere a los encuentros y los desencuentros entre elites y sociedad, cuyo forcejeo habría impedido que emerja en América Latina una sociedad abierta; mediante narrativas que comentan algunos procesos políticos, sociales y culturales, propone que las elites actualmente están bastante desconcertadas, mientras la sociedad busca a tientas nuevos mensajes de sentido.

Las identidades que reclaman reconocimiento lo hacen por razones diversas y ciertamente no todas las cosas buenas lo son por añadidura. Que lo que es aplicable a una no necesariamente lo es a todas las identidades, que haya parciales oposiciones -por ejemplo la transversalidad de las asimetrías de género en identidades diversas- muestra que consolidar un sentido de pertenencia es un gran desafío en Latinoamérica. Parafraseando a Marshall, por ser el Estado productor de identidades, las tareas son ingentes, y la inclusión es una tarea estratégica, a construir con cautela, en la medida que el sentido de pertenencia es un complejo punto de intersección de la construcción democrática, que debe enraizarse fuertemente en la indivisibilidad de los derechos civiles, políticos y sociales.

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Notas:

• [3]. Los artículos referidos únicamente con 2007 son los contenidos en el presente número.