Asimismo, se ha invitado a Venezuela a incorporarse a este proyecto pero sus pasos se dirigen, de momento, en otra dirección promoviendo una versión propia de la integración energética regional (Isbell, 2006: 3) y del Gran Gasoducto Sudamericano. En concreto, enuncia la construcción de un "alter" Gasoducto del Sur que transportaría gas de Venezuela a Brasil hasta llegar a Argentina y al que, según palabras de Chávez, se incorporará Bolivia. Algunos expertos opinan que la construcción de gasoductos de más de 3000 km (como en este caso) no resulta rentable y es más conveniente licuar el gas y transportarlo por mar; sin embargo países como Venezuela o Brasil han cambiado los planes de construir plantas de gas licuado y los han sustituido por los proyectos de gasoductos regionales.

Bolivia por su parte, sigue siendo un socio codiciado por sus recursos aunque su implicación en proyectos de cooperación energética regional dependerá de su capacidad para ofrecer seguridades tanto a terceros Estados como a aquellas compañías extranjeras que se muestren interesadas en participar en la explotación de los recursos energéticos bolivianos. La Unión Europea, sin ir más lejos, no es ajena a este problema. Con ocasión de la Cuarta Cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe, celebrada el 12 de mayo de 2006 en Viena, se reconoció explícitamente el interés de colaborar a nivel regional e internacional en el sector energético. En concreto, se subrayó la importancia de desarrollar e invertir en las infrestructuras energéticas necesarias para garantizar la disponibilidad y el acceso a sistemas energéticos fiables y asequibles así como el respeto al medio ambiente. El hecho que la Unión Europea anunciase la apertura en el BEI de una nueva línea de créditos para América Latina puede dotar de contenido la Declaración de Viena, aportando mayor credibilidad a una retórica ya empleada con anterioridad en los acuerdos de cooperación firmados con los países de la zona, en los que ya se mencionaba la necesidad de cooperación energética entre las Partes y el apoyo europeo a los procesos de integración regional. Sin duda, este apoyo en infraestructuras y know-how puede constituir un elemento positivo.

El recurso a la cooperación multilateral: el Acuerdo Marco sobre Complementación Energética Regional

En Sudamérica, la opción por los tratados internacionales bilaterales y multilaterales para asegurar la cooperación energética está teniendo avances relativos. Expertos en la materia sostienen que, en realidad, los avances más significativos se están llevando a cabo a nivel de cooperación bilateral (Ruiz-Caro, 2006: 76). Así, la conclusión de tratados internacionales bilaterales en los sectores de la electricidad, gas y petróleo está teniendo resultados relativamente satisfactorios desde la perspectiva de seguridad en la interconexión y suministro. La pregunta es si estos acuerdos por si solos son suficientes para avanzar en un proceso de integración energético o por el contrario, deben incardinarse dentro de estrategias y proyectos de integración sudamericanos. En particular, PETROAMÉRICA defiende que justamente uno de sus objetivos es imprimir celeridad a los acuerdos energéticos bilaterales. No obstante se tienen dudas sobre si no sería más acertado concluir acuerdos energéticos "apolíticos" alejados de una posición ideológica determinada en el que prime el interés por la cooperación energética en lugar de otro tipo de intereses. De hecho conviven tratados expresamente suscritos a raíz de estas iniciativas junto con otros concluidos fuera de las estrategias de integración. En particular, hay uno que ha centrado nuestro interés: el Memorando de Entendimiento en materia de interconexión gasífera entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia, de 8 de julio de 2006. Pese a que se trata de un Memorando, denominación que normalmente se utiliza para los acuerdos políticos jurídicamente no vinculantes, de su redactado se desprende lo contrario: se establecen obligaciones concretas para las partes, que van desde la valorización del gas hasta la construcción del gasoducto cuya vida se prevé por un período de veinte años; se establece la creación de un Comité negociador; se ha previsto un sistema de solución de controversias así como cláusulas de entrada en vigor, modificación y terminación de este acuerdo. En conjunto se acerca más a la naturaleza vinculante de los tratados internacionales que a los acuerdos de buenas intenciones. Este Memorando, además de no estar expresamente vinculado a ninguna iniciativa regional, resulta muy curioso porque Venezuela cuando se retiró de la Comunidad Andina se lamentó de que Colombia se había plegado a los objetivos de los tratados de libre comercio de Estados Unidos en lugar del interés genuino de cooperación entre todos los miembros de la organización. Esto hacía pensar, junto con otros factores, que la relación energética entre ambos países iba a resentirse, lo cual en algunos casos no ha sido así.

Ya entrando propiamente en la cooperación multilateral, la reunión de MERCOSUR de diciembre de 2005 tenía que encumbrar el texto de un tratado sobre el Gasoducto Sudamericano, pero al final se aprobó un Acuerdo, de 9 de diciembre de ese año, protocolizado por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), entre los Estados miembros de MERCOSUR y Estados Asociados, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador sobre Complementación Energética Regional. Su importancia reside en que establece un marco legal para la integración energética cuyo fin es asegurar los suministros y establecer las condiciones necesarias para minimizar los costos de las transacciones de intercambio energético entre los Estados parte.

Sin embargo, desde una perspectiva de efectiva integración energética este tratado adolece de algunas carencias que se consideran relevantes: en primer lugar, el hecho que se trata de un acuerdo-marco, por tanto, se requiere la conclusión de nuevos tratados internacionales que especifiquen en qué sectores y cómo se va a traducir dicha cooperación. Para más detalles, el tratado prevé que sus miembros celebrarán acuerdos regionales, subregionales o bilaterales en lo concerniente a intercambio comercial de hidrocarburos; interconexión de las redes de transmisión eléctrica; interconexión de redes de gasoducto y, finalmente, cooperación en la prospección, exploración, explotación e industrialización de los hidrocarburos.

En segundo lugar, se prevé que ninguna disposición del tratado ni de los acuerdos que se concluyan posteriormente en su desarrollo puedan modificar los derechos y obligaciones existentes de una Parte en otros tratados bilaterales o multilaterales de los que sea parte (art.12). Es fácil conjeturar, pues, que algún Tratado de Libre Comercio concluido con Estados Unidos sea contrario a los acuerdos que se implementen en virtud del Acuerdo de Complementación Energética.

En tercer lugar, el tratado no establece un sistema propio de solución de controversias para resolver problemas sobre la interpretación, aplicación o incumplimiento de sus términos. Únicamente se establece que, para los miembros del MERCOSUR se resolverá por el sistema previsto en este organismo y para las disputas entre miembros del MERCOSUR y Estados Asociados el sistema será el que prevean las partes en cada caso, mecanismos que quizás demoren una solución.

Así, el Acuerdo Marco de Complementación Energética puede constituir una interesante alternativa que permita avances en el ámbito de la cooperación energética y el hecho que se trate de un acuerdo marco no tiene por qué constituir, en principio, un obstáculo insalvable. En este sentido, cabe recordar que dicho Acuerdo evoca en su esencia al Tratado de la Carta de la Energía, liderado por la Unión Europea, y un ejemplo de cooperación intergubernamental en el sector de la energía entre 49 Estados. El Tratado sobre la Carta estableció un precedente importante a nivel internacional al ser pionero en aplicar una visión horizontal en el tratamiento de la problemática de la energía, incluyendo disposiciones para proteger inversiones, facilitar el comercio y garantizar el transporte en un ámbito material concreto al mismo tiempo, cubriendo de este modo prácticamente todas las facetas de un mismo sector económico de carácter estratégico y previendo incluso medidas para garantizar su cumplimiento, con un mecanismo propio de solución de controversias (Zapater, 2002: 317 ). Desde esta óptica el Acuerdo Marco de Complementación Energética es más limitado, al no contemplar, como se ha puesto de manifiesto, un mecanismo propio de solución de controversias o un régimen de inversiones multilateral. Al tratarse de un acuerdo marco, sin embargo, nada impide que en un futuro se avance en ese sentido, ya sea consolidando la cooperación energética inicialmente prevista en el tratado, ya sea a través del lanzamiento de nuevas iniciativas más ambiciosas. Todo dependerá finalmente de la voluntad de los países que apuesten por esta vía.

Reflexiones finales

La actual situación de los mercados energéticos ha posicionado a los Estados "petrolistas" o "gasistas" en un lugar privilegiado en la escena internacional, de modo que la geopolítica de la energía se halla bien presente en las agendas de los gobiernos. Tanto los Estados productores como aquellos que son consumidores se hallan inmersos en un debate en el que seguridad energética, explotación de recursos e inversiones aparecen como temas clave. En este contexto, y salvando las distancias nacionales, tanto Bolivia como Venezuela disponen de un potencial energético de suficiente entidad para situarse con peso propio en el escenario internacional. Ahora bien, únicamente en la medida en que consigan revertir los beneficios derivados de los recursos energéticos en inversiones duraderas y diversificadas podrán registrarse avances decisivos en materia desarrollo. En este sentido, y especialmente en el caso de Bolivia, las expectativas por parte de la población son, legítimamente, muy elevadas y pueden condicionar claramente las políticas internas.

La integración regional constituye un instrumento idóneo para superar este riesgo. Al margen del contexto actual, hay que tener presente que el papel de la energía en los procesos de integración regional ha sido importante ya desde el pasado. El propio proceso de construcción europea es un ejemplo de cómo, a partir de un sector concreto, el carbón y el acero, ha sido posible avanzar mucho más allá incorporando elementos políticos. Al tiempo, este proceso se ha revelado favorable, no sólo para el crecimiento económico de los Estados participantes, sino también para la estabilidad política y el desarrollo social. En numerosas ocasiones se ha mencionado que la integración regional sudamericana parece tomar como ejemplo dicho proceso de integración, pero en América del Sur, a diferencia del modelo europeo, no se percibe una clara necesidad de cooperar en el sector energético, particularmente en los hidrocarburos. En cambio, los miembros de la Unión Europea no poseen la riqueza de recursos de América del Sur y la mayoría de ellos comparten la necesidad de resolver su dependencia energética lo que les empuja a buscar soluciones más inmediatas.

En parte por esta realidad y porque cualquier proceso de integración implica una cierta pérdida de soberanía, las iniciativas energéticas sudamericanas no avanzan necesariamente en la misma dirección y en su mayoría se hallan todavía en una fase inicial. Se malogran numerosos esfuerzos en tratar de idear proyectos de cooperación energéticos que resulten a un tiempo rentables y convincentes tanto a los principales proveedores de suministro como a los potenciales consumidores de la región.

Desafortunadamente, en el escenario actual de América del Sur, no se puede cumplir todavía la hipótesis de Robledo y Rojas según la cual "el incremento de la interdependencia económica ha creado un vínculo estructural que sustenta y da origen a relaciones de cooperación en el largo plazo, puesto que -con mayor o menor medida- han vinculado el crecimiento económico de cada país a la existencia de una buena relación económica con los otros países del entorno, especialmente el vecinal, ya que la integración física es fundamental para el éxito de la integración o asociación económica" (Robledo-Rojas, 2002: 14).

Notas: