La nacionalización de los hidrocarburos bolivianos también ha generado tensión con Brasil y su empresa Petrobras. Las negociaciones iniciadas a raíz del Decreto no han empezado de la mejor manera: Bolivia pretende que el precio de compra sea 8 dólares por millón de BTU, que es el doble de lo que hasta ahora pagaba. Las diferencias de precio respecto de Argentina se deben a que Bolivia ha recibido de este último contrapartidas en forma de créditos y asimilables que no ha obtenido de Brasil. En suma este país se encuentra, tras la nacionalización, en una delicada situación ya que ha perjudicado a la estatal Petrobrás y a su liderazgo en la región. Sin embargo, Brasil precisa de Bolivia para cubrir sus exigencias energéticas, que son cada vez mayores, y aunque ha anunciado nuevas inversiones para no depender, como ahora, del gas boliviano, la realidad es que este gas abastece buena parte de la creciente industria de Sao Paulo.

También se cuestiona la viabilidad de las exportaciones entre Bolivia-Venezuela a pesar de la buena sintonía política; ambos países suscribieron en enero de 2006 un Acuerdo de Cooperación Energética que permitirá suministrar a Bolivia crudo, productos refinados y GLP. Asimismo, han consensuado un convenio entre PDVSA y YPFB para la formación y adiestramiento de profesionales y técnicos bolivianos en el sector; Sin embargo, la petición de asesoramiento y financiación que Bolivia ha solicitado de Noruega para la extracción y posterior comercialización de los hidrocarburos teniendo a Venezuela como vecino que pudiera, tal vez, desempeñar mejor dicho cometido, no hacen más que aumentar los recelos sobre el alcance de las propuestas de cooperación en este terreno. Incluso, algunos expertos y representantes del partido opositor boliviano Podemos han afirmado que lo que pretende el gobierno de Morales no es nacionalizar los hidrocarburos sino traspasar los recursos a Petróleos de Venezuela. Dudas aparte, lo cierto es que el Gobierno de Morales trata de buscar nuevos socios; las últimas conversaciones con el consorcio estatal Gazprom, de nacionalidad rusa, para descubrir nuevos campos que permitan, después, exportar gas natural licuado a México y Estados Unidos, muestran que el país andino posee una deficiente infraestructura estatal para explotar y comercializar los hidrocarburos.

En síntesis, la actual coyuntura internacional favorece de entrada a los Estados "petrolistas" y "gasistas" ya que los precios récord registrados durante 2006 suponen una fuente privilegiada de beneficios rápidos. Ahora bien, rentabilizar dichos beneficios en inversiones e infraestructuras a medio plazo que repercutan en el desarrollo socioeconómico del país y que permitan diversificar los ingresos y la capacidad productiva, constituye un objetivo complejo, sometido a presiones internas e internacionales de diversa índole. A ello, deben sumarse las tensiones derivadas de las complicadas pero al tiempo necesarias relaciones de vecindad. Sin duda, uno de los instrumentos idóneos para avanzar en la modernización y desarrollo tanto de Venezuela como de Bolivia puede proceder de la vía de la integración regional, por lo que las propuestas de integración y de cooperación energética multilateral en América del Sur merecen, pues, un análisis aparte.

El estado de la integración energética a partir de las iniciativas regionales propuestas

La integración de los países sudamericanos es una constante en la doctrina y en la política de la región. Prueba de ello son los distintos organismos instituidos en las últimas décadas, como la Comunidad Andina (1969), reformada en 1996, el Mercosur (1991), o la Comunidad Sudamericana de Naciones, establecida en 2004, los cuales han acogido esta idea en todas sus vertientes. El modelo de integración parece también extenderse al ámbito energético y, de hecho, de las resoluciones y documentos emitidos por los gobiernos y los organismos de la zona, como en el caso de la Organización Latinoamericana de la Energía (OLADE) [5], se desprende una voluntad clara de instaurar una cooperación energética multilateral en América del Sur que debería permitir garantizar el suministro de la región y, en consecuencia, facilitar el crecimiento económico, a través de iniciativas conjuntas suficientes para asumir los altos costes derivados de la exploración y explotación de los recursos en tecnología, infraestructuras y personal especializadas.

No obstante, es difícil conciliar la integración regional y el impulso de instrumentos de cooperación energética, especialmente en el sector de hidrocarburos, con los intereses individuales de los Estados que parten de estrategias de mercado opuestas e, incluso, de distintas maneras de concebir la integración. Todas ellas conviven dentro de los organismos de integración de América del Sur, puesto que el marco integrador es amplio, pero no se logra alcanzar grandes resultados. El propio proceso de integración tiene sus dificultades: la salida de Venezuela en abril de 2006 de la Comunidad Andina ha provocado una nueva crisis institucional y ha repercutido en la integración regional sudamericana (Malamud, 2006: 7). Relacionado con esta crisis y pese a las felicitaciones de los miembros de Mercosur por la entrada de Venezuela, el pasado mes de julio de 2006, hay quien vislumbra nuevas fisuras en las relaciones entre los dos grandes socios, Brasil y Argentina, y los dos más pequeños, Uruguay y Paraguay. Además el modelo de integración energética que propone el Presidente Chávez, basado en un fuerte control estatal en el sector hidrocarburífero y su rechazo a Estados Unidos, difiere de los postulados tradicionales de Mercosur, al tiempo que se enfrenta al liderazgo de los otros dos países grandes (Viola, 2006).

La Comunidad Sudamericana de Naciones, creada en diciembre 2004, abanderada por Brasil y compuesta por los países de Mercosur y de la Comunidad Andina, más Chile, Guyana y Surinam, generó en su momento grandes expectativas que, de momento, no se han materializado. Desde sus inicios, quedaba claro que el éxito del proyecto dependía de la voluntad de los Estados, puesto que otorga a la coordinación y a la diplomacia un papel estelar, que aún no ha sido aprovechado (Sau, 2005: 22).

Y ante este panorama surge una nueva alianza, el acuerdo ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas) entre Cuba-Venezuela-Bolivia que aparentemente contradice otros procesos de integración, como los impulsados por la Comunidad Andina, y trata de convertirse en una alternativa a las propuestas de Tratados de Libre Comercio suscritos por Estados Unidos con algunos de los países de la región como Chile y Colombia, que no convencen a todos.

En el ámbito de la integración energética también han surgido distintas iniciativas que no acaban de definir cuáles son los objetivos y fines a alcanzar. Las iniciativas que en materia energética se adscriben a estos organismos y los foros de diálogo son numerosas, pero también es cierto que nacen debilitadas por la falta de voluntad y de recursos para generar auténticos compromisos vinculantes. En efecto, el nivel de implantación de la integración energética sigue teniendo un perfil bajo; más que integración se trata, en términos jurídicos, de un estadio de cooperación, por más que los textos que instituyen organismos o proyectos regionales se refieran a integración en el sector de la energía. A veces, incluso, dichos textos aluden en realidad a sistemas de concertación o de mera coordinación de políticas interestatales.

La paradoja, a juicio de algunos economistas (Rebolledo, 2005: 23), es que en el mercado energético regional existen suficientes recursos para asegurar los suministros de la región durante más de 100 años, pero la realidad demuestra que hay un déficit energético regional debido a la fragmentación de los mercados, que imposibilita estructurar una demanda adecuada, y falta un marco normativo adecuado que aporte seguridad a los potenciales inversores, ya sean públicos o privados.

En suma, la mayoría de las iniciativas parte de resoluciones y declaraciones políticas solemnes; entre los hitos más relevantes destaca la Declaración Presidencial de la Cumbre de América del Sur de 2000 en la que se acordó la creación de un Mercado Energético Regional Sudamericano sobre la base de la Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Bajo esta premisa, la integración energética se está diseñando para asegurar, en principio, la distribución de las distintas energías (sobre todo electricidad, gas y petróleo) y, en menor medida, se coopera para la extracción- explotación conjunta de dichos recursos.

Similares avances se prevén para la iniciativa de la Comunidad Andina Alianza Energética Andina de 2004, cuyos ejes principales giran en torno a la construcción de mercados energéticos integrados en la subregión; inserción en los mercados internacionales de hidrocarburos; clusters energéticos y energías renovables. Sobre estos ejes se adoptó en el ámbito jurídico comunitario de la organización la vinculante Decisión 536 con el objeto de armonizar las legislaciones de sus miembros en relación a las interconexiones e intercambios de electricidad. Desde 2005 dicha medida se pretende trasladar al sector del gas pero a fecha de hoy sigue todavía pendiente, probablemente ralentizada por la salida de Venezuela. Con todo es difícil que la Comunidad Andina logre cumplir su objetivo de "desarrollo autónomo de la región" sin el país bolivariano [6].

La iniciativa PETROANDINA constituye un proyecto más liderado por Venezuela y respaldado inicialmente por la Comunidad Andina en el Congreso Presidencial Andino de 2005, cuyo objetivo principal consiste en la creación entre sus miembros de una plataforma de entes estatales petroleros y energéticos que impulse la "interconexión eléctrica y gasífera, la provisión mutua de recursos energéticos y la inversión conjunta en proyectos de exploración, exportación e industrialización de dichos recursos" [7]. Uno de los potenciales beneficiados de este proyecto va a ser Ecuador, que aunque sea exportador neto de petróleo necesita importar combustible, por lo que un acuerdo con la vecina Venezuela para refinar su crudo le ahorrará, en principio, costes económicos.

En cualquier caso, la Comunidad Andina sostiene que su gran aporte a la Comunidad Sudamericana de Naciones es precisamente la "integración y el desarrollo energético" (Wagner, 2005). Esta apuesta por la Comunidad Sudamericana puede paliar la pérdida de Venezuela en términos de cooperación energética, es decir, los pactos que ya no se puedan articular desde la organización andina podrían auspiciarse, a partir de ahora, bajo la égida de la Comunidad Sudamericana de Naciones. En efecto, el liderazgo de Brasil en este organismo, máximo consumidor de energía de América del Sur, más el impulso de Venezuela, artífice de las estrategias energéticas de los últimos años y principal proveedor de hidrocarburos de la región, auguran un buen comienzo [8]. Así, a este organismo regional se ha incorporado la estrategia venezolana PETROAMÉRICA que persigue establecer mecanismos de cooperación e integración energéticas a fin de mejorar las condiciones socio-económicas de sus pueblos [9]. A tal fin se promoverá una alianza entre Estados en la que se garantice principalmente el suministro energético de la región a través de la coordinación de políticas públicas. En dicha iniciativa convergen la citada PETROANDINA, PETROCARIBE, compuesta por países caribeños y PETROSUR integrada por Argentina, Brasil, Venezuela y Uruguay. Esta última iniciativa subregional de 2005 tratará de convertirse en el marco político bajo el cual se concluyan pactos en materia energética [10]. Bajo estos planteamientos, Venezuela ha suscrito entre 2005-2006 varios Memorándum de Entendimiento (sin valor jurídico) y algún tratado internacional en el sector energético con Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Si bien PETROAMÉRICA y sus tres pilares fomentan la cooperación entre empresas estatales, ello no impide que, junto a estas iniciativas, convivan otras estrategias energéticas en América del Sur.

Precisamente, uno de los proyectos más esperados pero que, según la opinión de algunos expertos, no es rentable en términos económicos es el denominado antes anillo energético y ahora Gasoducto Sudamericano. Esta propuesta, auspiciada en la reunión de MERCOSUR de junio de 2005, trata de establecer una red de gasoductos en América del Sur entre Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay (también se ha invitado a Bolivia a participar) para regular el tránsito de gas y asegurar el abastecimiento de combustible. El objetivo es utilizar las infraestructuras que ya existen y ampliarlas para que circule el gas entre estos países. Ya existe conexión de gas natural desde Bolivia, a Argentina y Brasil, de Argentina con Uruguay y Chile y quedan por desarrollar las infraestructuras desde Perú. En particular se está estudiando el transporte de gas desde Perú a Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. El hallazgo en la zona de Camisea (Perú) de grandes yacimientos de gas ha generado grandes expectativas no sólo para Perú, sino también para los países que requieren del hidrocarburo. Pero hay quien duda, incluso desde el mismo lado peruano, sobre el alcance de las reservas, lo que condiciona futuras alianzas estables para su extracción y posterior distribución.

Notas:

• [5]. La OLADE, con sede en Quito, fue creada el 2 de noviembre de 1973 mediante la firma del convenio de Lima por 22 países, en el marco de la tercera cumbre latinoamericana de Ministros de Energía y Petróleo. La entrada en vigor del Acuerdo se produjo el 18 de diciembre de 1974 y el Secretariado Permanente comenzó a ser operativo en 1975. Surgida en plena culminación de la crisis energética, fruto del boicot decretado por la OPEP, esta organización es una entidad pública internacional de cooperación, coordinación, asesoría y con el propósito principal de conseguir la integración, conservación, aprovechamiento racional, comercialización y defensa de los recursos energéticos de la región.
• [6]. Comunidad Andina, Alianza Energética Andina, 10 de noviembre de 2004
• [7]. Comunidad Andina, Conclusiones del Debate Presidencial, 18 de julio de 2005
• [8]. "La Comunidad Sudamericana de Naciones...es un instrumento fundamental para la promoción de los intereses de los países de la región en el escenario internacional y para la integración y complementación de sus economías, con el objetivo de superar los mismos flagelos del hambre, la pobreza y la exclusión social". Comunicado Conjunto sobre Alianza Estratégica Venezuela- Brasil, Caracas, 14 de febrero de 2005.
• [9]. Comunidad Sudamericana de Naciones. Declaración de Caracas en el marco de la I reunión de ministros de energía de la Comunidad Sudamericana de Naciones, 30 de septiembre de 2005.
• [10]. Declaración de Montevideo sobre PETROSUR, 3 de marzo de 2005