Tras la experiencia de los últimos veinte años, la sociedad chilena ha llegado a ciertos consensos en torno a aquellas cosas que se han hecho bien: mantener el equilibrio fiscal, una baja inflación, la concesión a actores privados de ciertos servicios públicos y de la infraestructura, y fundamentalmente, la apertura comercial. Sin embargo, también parece existir acuerdo en aquellas reformas pendientes: la necesidad de reducir la brecha entre los más ricos y los más pobres, principalmente a través de una profunda reforma del ineficiente sistema educativo y sanitario. En esta línea, como señala Ocampo (2001:16), la política social debe guiarse por tres principios básicos: universalidad, solidaridad y eficiencia. Sin embargo, la experiencia muestra como en los últimos años se ha producido una gran confusión ya que han sido los instrumentos -focalización, equivalencia entre contribuciones y beneficios, descentralización, participación del sector privado-, y no los principios, los que han guiado las reformas del sector social. Por lo tanto, las reformas de los años venideros deben ir en esta dirección; es decir, los instrumentos deben estar claramente subordinados a esos principios.

Esta necesaria convivencia entre Estado, Mercado y Sociedad obliga a replantearnos el papel que cada uno debe jugar en el proceso de transformación de estas sociedades. En el caso chileno, los años ochenta y noventa han significado una profunda transformación económica (la liberalización) y política (la democratización), pero quizás el eslabón más frágil sea el social. La sociedad chilena ha venido perdiendo el sentido de pertenencia a una comunidad y de identificación con propósitos colectivos. En este sentido, el ámbito de lo público debe concebirse como el punto de encuentro de los intereses colectivos más que como sinónimo de las actividades del Estado. Sin duda, la dimensión política de la reforma del Estado es muy importante, pero también muy compleja; la historia de los últimos veinte años de transición democrática en la mayoría de los países de la región latinoamericana es la historia de un fracaso. No es cierto, como se ha planteado reiteradamente por académicos y políticos, que la crisis de los años ochenta y noventa fuera esencialmente una crisis económica, sino que asistimos también a una crisis política del Estado. Y es por ello que el error en el diagnóstico puede conducirnos a un error en los medios y fines para solventar con éxito la "crisis" con mayúsculas. De este modo, desarrollo económico, equidad social y democracia son los desafíos que deben definir los papeles a desempeñar por el Estado democrático en América Latina.

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Notas: