• La tendencia de la criminalidad a globalizarse exige enfoques y estrategias transnacionales y regionales. Los estados se muestran incapaces para enfrentar acciones que reclaman cooperación internacional, compromisos internacionales y capacidad de acción conjunta desde lo global para tener resultados en lo nacional y en lo local. Temas como una efectiva cooperación judicial y policial internacional son la pauta a seguir en el futuro.

• Estamos frente a una cuestión cuya resolución hunde sus raíces en lo mas profundo de la temática de la gobernabilidad democrática en América Latina, con todas las especificidades que ello conlleva. Lo anterior implica de nuevo que tanto la reforma de la policía como la reforma de la justicia penal son ante todo reforma del estado, que requieren de un tratamiento integral orientado a mantener un equilibrio entre las acciones de control y represión, y las acciones de prevención. Expresiones recientes de violencia social en la región latinoamericana así lo demuestran. Las acciones comienzan en la familia y la escuela y pasan por los sistemas de salud, policial, de justicia, el poder ejecutivo y aún las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. Este último para crear oportunidades de reinserción a los infractores de la ley.

• No basta con proclamar retóricamente la exigencia de que la reforma policial sea democrática, sino ubicarse en el mas amplio campo de la articulación de las Fuerzas Armadas y de policía en un Estado democrático de Derecho, con todo lo que ello significa. Por una parte, se trata de identificar la necesidad de innovar y producir nuevas ideas sobre el manejo de la relación entre las fuerzas de seguridad y la ciudadanía; y por otra, de replantear las relaciones entre las fuerzas de seguridad y la sociedad misma en el devenir propio de la democracia.

• Respecto de la institucionalidad pública, es claro que la falta de legitimidad y eficacia de las instituciones políticas es un factor de conflicto y potencial causa de violencia. De ahí la importancia de la implementación de una agenda de desarrollo institucional orientada a fortalecer la credibilidad de las instancias públicas como el nivel idóneo de solución de conflictos y de espacios modernos y eficaces de gestión pública en el área de la seguridad.

• Las consideraciones exclusivamente sociales asociadas al problema de la violencia y la inseguridad pueden llevar a una visión unidimensional que deje al margen, por un lado, la responsabilidad primigenia institucional del Estado en este campo y que lleve, por otro, a la estigmatización de determinados grupos sociales, "criminalizando" la política social. Se trata sin duda y en primer lugar de un problema político que exige estrategias y políticas públicas como premisa mayor para resolver el problema. Las acciones de control y represión de la violencia dentro de un Estado de derecho son complementarias y no incompatibles con aquellas de prevención.

• En el terreno de las políticas públicas, serían tres los escenarios que se vislumbran: el primero, la puesta en marcha de mecanismos no violentos de solución de conflictos propios de una cultura de paz; en segundo lugar, el robustecimiento del Estado de derecho por la vía del sistema de justicia -el marco normativo, el sistema judicial, las fiscalías, las instituciones de resocialización y rehabilitación del contraventor y delincuente-, librando las batallas contra la violencia en los despachos judiciales y no en la calle; y en tercer lugar, la consecución ex post de la armonía, la paz y la convivencia mediante el ejercicio de la coerción a través de programas focalizados en el aparato del Estado - modernización y fortalecimiento institucional de la policía, y el sistema penitenciario, sin dejar a un lado el papel cada vez más preventivo que se le entrega a las policías comunitarias.

• El andamiaje institucional de la reforma penitenciaria debe estar radicado en instituciones civiles que apunten a la rehabilitación, administradas por esferas de gobierno distintas de la Fuerza Armada y la policía y cuyo objetivo primario sea el fortalecimiento institucional de la administración penitenciaria. La coordinación con otros organismos del sistema de justicia es crítica. La relación entre la administración penitenciaria, los funcionarios penitenciarios y los reclusos es una variable esencial a tomar en cuenta. La formación del personal penitenciario es inexistente, mínima o incorrecta, y requiere de un marco ético claro y un régimen disciplinario que funcione. Ello incidirá en el tratamiento a los internos y redundará en la creación de oportunidades educativas, laborales, culturales y religiosas.

• Como ya parece un lugar común afirmarlo, la principal deficiencia del sector público en esta área es de gestión y capacidad gerencial para controlar y reducir el crimen y el conflicto violento, mucho más que la ausencia de recursos económicos. Y para ello, la cuantificación del fenómeno y una adecuada interpretación de las correlaciones de variables es insustituible, pues resultará inmanejable lo que no es cuantificable y/o adecuadamente interpretado. En síntesis, hay que construir una institucionalidad para la lucha contra la violencia y para la paz y la convivencia basada en información confiable, integral y periódica.

• Finalmente, desde el ángulo de las responsabilidades ciudadanas, la sociedad civil dispone de medios propios e irremplazables para controlar la violencia y sobre todo para prevenirla. La necesidad de políticas de Estado que confieran continuidad y permanencia a las acciones que emprenda la sociedad civil va a ser un dispositivo clave para asegurar la sostenibilidad de los esfuerzos de reforma.

Notas: