La participación de las mujeres no supera en promedio el 10% en la región en los ámbitos de poder local con República Dominicana con el 28% de mujeres en esos cargos, en un extremo y en el otro Uruguay, donde ninguna mujer ha ejercido el cargo de alcaldesa desde 1995 a 2003. (Valdés et al, 2004). República Dominicana, Bolivia, Brasil y Ecuador cuentan con una legislación de cuotas para las elecciones municipales. No obstante, en estos países -con excepción de República Dominicana- el avance de las mujeres en los gobiernos locales ha sido limitado, alcanzando apenas el 6% del total de los municipios durante 2003. Por lo que respecta a la inclusión de mujeres en los gabinetes de ministros -ministras de Estado o secretarias ministeriales- queda en evidencia que la misma depende casi exclusivamente de la decisión del gobierno. En Uruguay la histórica designación de tres mujeres en cargos ministeriales durante 2004 quebró la tradición de este país de excluir a las mujeres de los altos cargo de gobierno. Las mayores inclusiones en este ámbito han tenido lugar en Chile y Colombia: durante 2000 y 2003 casi un tercio de sus ministros han sido mujeres. (Valdés et al, 2004). Aunque Colombia no tiene cuotas para cargos electivos, establece una cuota mínima de 30% de mujeres para las designaciones en cargos públicos de alto rango (Bareiro et al, 2004). Por eso era el país latinoamericano con más mujeres en cargos ministeriales, antes de la llegada de Michelle Bachelet a la presidencia chilena . Con Bachelet se instauró la paridad en los tres primeros niveles de gobierno: secretarías, subsecretarías e intendencias.

Aunque hay consenso de que las cuotas han contribuido de manera significativa a incrementar la representación política de las mujeres en la región, es evidente que no son suficientes para garantizar la plena participación de las mujeres en la toma de decisión en todos los niveles de la vida política y social. De ahí lo imprescindible de la participación ciudadana. El activismo feminista ha desempeñado un papel crucial al filtrar a la conciencia de millones de mujeres el mensaje de que tienen derechos y al abrir cauces para una acción dirigida a obtenerlos. Pero es evidente que, en su conjunto, la región está lejos de alcanzar una presencia adecuada de la mujer en altos puestos políticos.

Excursus feminista latinoamericano

El feminismo se ha desarrollado en América Latina al abrigo de una vida política muy fértil y en ocasiones muy polarizada. De un lado estaban las mujeres que se radicalizaron en las luchas armadas de sus países: montoneras, tupamaras, sandinistas e integrantes del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), M19, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), etcétera. Como militantes revolucionarias, estas mujeres con frecuencia relegaron sus necesidades e intereses de género. De otro lado se hallaban las que formaron movimientos de derechos humanos, como los de madres de desaparecidos, surgidos a la sombra de las dictaduras militares que gobernaron a más de la mitad de los países de la región. En medio de ambas, las feministas generaron una lucha política a partir de tres demandas incómodas que ningún grupo político quería asumir: la maternidad voluntaria (que implica el derecho a la educación sexual, al uso de anticonceptivos y al acceso legal al aborto voluntario); el alto a la violencia sexual y el respeto a la libre opción sexual. Con estas demandas, que se convirtieron en los ejes principales del activismo, los grupos feministas construyeron su impertinente presencia en el espacio público. Hoy en día la existencia de una heterogénea multitud de grupos feministas es una realidad en todo el continente (Morant 2005).

Una parte importante de la discusión política en el movimiento se ha llevado a cabo en los Encuentros Feministas Latinoamericanos y del Caribe. Escenarios simbólicos del feminismo latinoamericano, estos espacios son ejemplo de lo que Boaventura de Sousa Santos (1998) denomina globalización contrahegemónica: un proceso de organización transnacional surgido desde la base de grupos en defensa de sus intereses comunes. Los Encuentros Feministas se inauguran en 1981 y se han venido celebrando cada dos o tres años en diferentes países [3]. Los Encuentros han condensado los conflictos internos del movimiento. Durante su realización, las diversas posiciones confrontan sus distintos paradigmas políticos mientras que muchas activistas realizan sus acting out [4]. A los Encuentros asisten feministas de todos los colores y sabores, mujeres de organizaciones políticas, activistas de los movimientos populares, madres de desaparecidos, cuadros de organizaciones campesinas y sindicales, cristianas de la teología de la liberación, grupos de exiladas y un número enorme de militantes de partidos provenientes de varios países. Toda iniciativa tiene cabida: desde el tema de las alianzas y las propuestas para generar una mayor presencia política hasta temas de identidad y cuerpo. En los Encuentros se planteó la necesidad de estrategias compartidas, conmemoración de fechas unitarias y campañas para articular acciones conjuntas. Así surgió el 25 de noviembre el "Día de Lucha contra la Violencia contra la Mujer" en el I Encuentro de Colombia en 1981 y, en 1990, durante el V Encuentro en Argentina, se fijó el 28 de septiembre como "Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y el Caribe". Poco después, en la reunión promovida por la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) y coordinada por Católicas por el Derecho a Decidir fue creada la Coordinación Regional de la "Campaña 28 de septiembre por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe". Esta coordinación ha sido rotativa [5].

Bajo los lemas Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir y Las mujeres deciden, la sociedad respeta, el Estado garantiza y la Iglesia no interviene, la Campaña 28 de septiembre ha sido impulsada por siete redes regionales de mujeres y organizaciones de 21 naciones. También los países coordinadores de la Campaña han organizado reuniones especiales con abogados y personal judicial (ministerios públicos, fiscales); con periodistas [6] y parlamentarios, para sensibilizarlos hacia el tema del aborto [7].

Frente a los usos y costumbres en materia de presión eclesiástica, las feministas sostienen que se requiere una acción más comprometida en defensa de la laicidad del Estado. Por eso durante la plenaria final de la reunión "El Aborto en América Latina y el Caribe - los derechos de las mujeres frente a la coyuntura mundial" (Río de Janeiro 2001), 98 mujeres representantes de grupos en 27 países y siete redes regionales aprobaron una declaración, la Carta de Guanabara, donde se afirma que: Para que se consolide una vida social democrática es preciso que mujeres de todas las clases, razas y etnias, de todas las edades, de todas las culturas, con distintas religiones y diversas orientaciones sexuales, puedan controlar sus cuerpos y tomar decisiones que deben ser respaldadas por un Estado laico. Por otra parte, en el Segundo Foro Social Mundial, en Porto Alegre (2002), las activistas de la Articulación Feminista Mercosur denunciaron la relación entre la agenda económica neoliberal y el fundamentalismo religioso para restringir los derechos humanos de las mujeres, subrayando la importancia creciente de la secularización para el continente latinoamericano. Aunque el conjunto de las estrategias impulsadas por las feministas en ámbitos variados ha permitido el avance de la lucha regional, una clave de la resistencia gubernamental se encuentra en las creencias religiosas de parlamentarios y jueces. Para enfrentarlas ha sido crucial la labor de Católicas por el Derecho a Decidir. Esta organización ciudadana, que se creó en Uruguay desde 1989 y que actualmente cuenta con oficinas en Brasil, México, Bolivia, Colombia, Argentina y Chile [8], discrepa de los planteamientos del Vaticano relativos al lugar de las mujeres en la Iglesia y rechaza sus prohibiciones en materia de sexualidad, reproducción y aborto. Su visión ha sido fundamental en la estrategia latinoamericana, sobre todo de cara a las mujeres de sectores populares, pues pese a que es precisamente ese sector el que más padece las consecuencias de la penalización del aborto, rara vez asume la demanda justamente porque el peso cultural de la Iglesia católica sigue siendo muy fuerte.

Mujeres indígenas, trabajo y migración

En América Latina, los cambios políticos desatados por el feminismo y por la modernización democrática han desembocado en la formación de organizaciones o instancias de mujeres que reivindican la equidad y defienden distintas variantes del derecho a decidir. Existe, por un lado, una coordinación regional del movimiento feminista que ha ido extendiendo sus acciones a los más remotos confines del continente y, por el otro, la autoorganización de las mujeres indígenas y afroamericanas, que cada vez más articulan una triple lucha: de género, de clase y de etnia/raza. En ocasiones ambas ramas de esta movilización popular se encuentran, como fue el caso del X Encuentro Feminista en Brasil (2005), donde se criticó el uso de conceptos como diversidad y multiculturalidad para referirse a la cuestión racial, pues ambas expresiones constituyen peligrosas abstracciones que ocultan la relación entre el poder, la desigualdad racial y la discriminación. Al confrontar la manera en que el sistema capitalista se articula con el racismo y el sexismo, creando situaciones de opresión y dominación que es necesario quebrar, hubo señalamientos contrarios a las acciones afirmativas: la cuestión del racismo subyacente no debía darse por saldada. En dicho Encuentro surgió el término "afroindecisas", para referirse a aquellas mujeres que no terminan de reconocer sus raíces raciales africanas y que, como consecuencia del racismo dominante, niegan un aspecto de su identidad. Se destacó, asimismo, la relevancia de conocer la historia de las feministas negras que lucharon por sus derechos y los de sus pueblos desde los tiempos de la esclavitud en el continente americano.

Con mucha más fuerza y organización se han manifestado las mujeres indígenas. Tres son sus cuestionamientos más importantes: a) la desvalorización de la mujer en sus usos y costumbres, b) su "invisibilidad" política ante las autoridades y c) las cargas exageradas de trabajo en las comunidades. Los esfuerzos más notables en el intento de hacerse visibles se han dado en espacios como los Encuentros Continentales de Mujeres Indígenas de las Américas (Ecuador 1994, México 1997, Panamá 2000 y Perú 2004), que dieron pie a la creación de comisiones específicas de mujeres dentro de las organizaciones indígenas mixtas. En la reunión de líderes de los pueblos indígenas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela en mayo de 2006, presentaron 20 recomendaciones a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en el marco de la consulta regional para la participación de las mujeres indígenas en ese organismo. Estas recomendaciones destacan la necesidad de hacer visible la participación de las mujeres indígenas en la Mesa Indígena.

El trabajo doméstico asalariado suele ser el peor pagado y es realizado en gran medida por mujeres de origen indígena. En países con gran población indígena, como Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú, las condiciones laborales de estas trabajadoras son precarias y el trato que reciben corresponde más a una relación de servidumbre (Peredo 2004). El surgimiento de sindicatos y organizaciones laborales de trabajadoras del hogar es un signo alentador hacia la protección jurídica y social (UNIFEM, 2005). La Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (Conlactraho) acaba de celebrar su quinto seminario-congreso en Lima en 2006. Componen esta confederación grupos, sindicatos y federaciones en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y República Dominicana. Además hay organizaciones de trabajadoras en Venezuela y Uruguay. Entre los logros de estas organizaciones se encuentran las recientes modificaciones a la legislación laboral en Perú y Bolivia; el diseño de políticas gubernamentales no asistencialistas sino de reconocimiento a las empleadas del hogar como ciudadanas con derechos en Brasil y Perú; y la inclusión de sus organizaciones como interlocutoras legítimas en agendas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y algunos gobiernos (Goldsmith, 2005). El país donde las trabajadoras del hogar tienen más fuerza es Bolivia, justamente donde casi la totalidad de esas trabajadoras son indígenas. La anterior secretaria general de Conlactraho, Casimira Rodríguez, es la actual ministra de Justicia de esa nación.

Notas:

• [3]. I Encuentro Feminista en Bogotá, Colombia, en 1987
  II Encuentro Feminista en Lima, Perú en 1983
  III Encuentro Feminista en Bertioga, Brasil en 1985
  IV Encuentro Feminista en Taxco, México en 1987
  V Encuentro Feminista en San Bernardo, Argentina en 1990
  VI Encuentro Feminista en El Salvador en 1993
  VII Encuentro Feminista en Cartagena, Chile en 1996
  VIII Encuentro Feminista en Juan Dolio, República Dominicana en 1999
  IX Encuentro Feminista en Playa Tambor, Costa Rica en 2002
  X Encuentro Feminista en Sao Paulo, Brasil, en 2005
  El próximo Encuentro está programado para llevarse a cabo en México en 2007
• [4]. Acting out es un término psicoanalítico que denomina una forma de conducta, la mayor parte de las veces inconsciente, que se ofrece para que otra persona la descifre. Es una "actuación" que pone en escena cuestiones no asumidas.
• [5]. La coordinación de la Campaña 28 de Septimebre ha estado de:
  1993 - 1994 en Católicas por el Derecho a Decidir de Uruguay
  1994 - 1997 en el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) de México
  1997 - 1999 en el Centro de Investigación DEM (Bolivia)
  2000 - 2002 en la Rede Nacional Feminista de Saúde (Brasil)
  2003 - 2005 en el Centro de la Mujer Peruana "Flora Tristán" (Perú)
  2006 - 2007 en el Movimiento de Mujeres de Nicaragua
• [6]. La Campaña organizó en México en 1997 el Primer Encuentro Latinoamericano de Periodistas sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.
• [7]. Esa labor la hacen varias organizaciones localmente, pero la primera reunión regional, que juntó a parlamentarios de varios países con las feministas y el personal de salud fue la que se llevó a cabo en la Universidad Externado de Colombia en 1998.
• [8]. La fundan tres ex-monjas norteamericanas en 1973, el mismo año que la Suprema Corte de Estados Unidos despenalizó el aborto. Producto del feminismo y del Concilio Vaticano II, Catholics for a Free Choice reivindica la primacía de la conciencia y a ha publicado muchísimos trabajos sobre la Iglesia Católica y el aborto. Ver Navarro y Mejía 2006.